En Buriticá, Occidente de Antioquia se enfrentan intereses de una multinacional, los mineros informales y Los Urabeños.
Que el anterior alcalde haya terminado su periodo en la cárcel y su secretario de Gobierno fuera capturado hace apenas unas semanas debería ser razón suficiente para entender que el problema en el municipio de Buriticá, en el Occidente de Antioquia, va más allá de la disputa entre dos bandos por el derecho a explotar el oro en la región.
Es cierto. El oro es el centro del problema, pero a la conflictividad social que normalmente implica su extracción, se suman los intereses de una multinacional con mucho poder y una mafia que extorsiona y amenaza.
Mientras Los Urabeños tratan de adueñarse del negocio, las autoridades, con el argumento de garantizar la seguridad de las personas del pueblo y enfrentar la criminalidad, ordenan desalojar cientos de socavones. Para los mineros informales, la justificación no es otra que preservar los intereses de Continental Gold (CG), una de las compañías mineras más grandes de Colombia.
Por lado y lado quienes pierden son los mineros ancestrales, los miles de trabajadores que llegaron de otras regiones persiguiendo la promesa de una montaña de oro inexplorada y también los antiguos pobladores de un municipio mucho más cafetero que minero, que en poco más de cinco años han visto el deterioro de la vida en su pueblo y cómo su territorio se transforma en una mercancía en disputa.
Así es el mapa de la minería en Buriticá
Hace una semana llegaron a Buriticá cerca de 1.500 hombres entre Policía y Ejército y este lunes la Fuerza Aérea anunció que dos aviones estarían sobrevolando el municipio para apoyar en lo que fuera necesario a las autoridades en tierra. La orden de la Agencia Nacional de Minería, que aún hoy se cumple en medio de tensiones, es desalojar a cerca de 6.000 mineros informales, que trabajan en una población que hasta hace pocos meses tenía 3.000 habitantes.
Ese paisaje plagado de Esmad, Ejército y Policía no es una novedad. Algo similar había pasado en 2013, cuando la Gobernación de Antioquia ordenó el desalojo de cientos de bocaminas y de las viviendas que se aferraban a una montaña en la vereda Los Asientos, en la entrada del pueblo, un desvío en la vía que comunica a Medellín con Urabá.
Esa vez, los operativos dejaron dos personas muertas y un mensaje claro: era cierto que los asentamientos en las montañas del pueblo y la explotación de oro en cientos de túneles hechizos podrían generar una tragedia, pero los mineros que viven de esa actividad estaban dispuestos a dar la pelea por mantenerse en la región, no iban a dejar que “los gringos”, con sus influencias en el Gobierno, lograran expulsarlos.
Esos “gringos” son una pieza clave en el mapa de la minería en Buriticá. Continental Gold (CG), una compañía cuyas acciones se negocian en la bolsa de Toronto, es la propietaria de un proyecto de 61.874 hectáreas que, de acuerdo con organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), se ha desarrollado paralelamente con un marcado fenómeno de despojo y desplazamiento[1]. Lo cierto es que una vez empiece a operar, el proyecto Buriticá duplicaría la actual producción legal de oro en Colombia.
Esa empresa es también la propietaria del proyecto Berlín, en el Norte de Antioquia. En esa región, el área de la concesión suma 38.103 hectáreas y dentro de ella se encuentra la vereda Orejón, donde se desarrolla el plan piloto de desminado humanitario.
Pero en Buriticá se concentran buena parte de sus intereses actuales. Allí, su proyecto ya se encuentra en una etapa de exploración avanzada y está prevista una inversión de casi 400 millones de dólares en todas las obras de infraestructura que se requieren para poner en funcionamiento la explotación de oro subterránea más grande de Colombia.
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Sin embargo, el papel de CG no se habría limitado a defender sus títulos mineros. Isabel Zuleta, vocera del Movimiento Ríos Vivos, explica que en un primer momento esa compañía promovió la entrada de los mineros de otras regiones. Su objetivo, dice, fue lograr un deterioro progresivo del territorio para derrotar los argumentos sobre las implicaciones ambientales de su propio proyecto. Entonces, según esa hipótesis, los mineros informales aparecen como depredadores ambientales y en ese escenario la opción “menos peor” es la que ofrece la gran minería.
Y efectivamente lo que hoy alega Continental es que la informalidad tiene un fuerte impacto sobre el medio ambiente, que además su inversión y cerca de 1.500 empleos directos que generaría en la zona se ven amenazados por la actividad de casi 300 minas informales ubicadas dentro de los títulos que les pertenecen.
Voceros de la compañía aseguran que se trata de “minería criminal” y no simplemente de la actividad de unos cuantos mineros informales. Pero, aparte del adjetivo que se utilice, es contra esas minas que se enfilan los operativos de las autoridades en la región.
El negocio de Los Urabeños
Representantes de los mineros de la región rechazan el calificativo de “minería criminal” que ha acuñado Continental Gold y aseguran que en realidad son víctimas de chantajes y extorsiones, tanto por parte de Los Urabeños como de la Fuerza Pública.
“No es un tema únicamente del Occidente antioqueño, recientemente el Clan Úsuga hizo un paro armado y demostró cómo esa presencia que tiene en zonas mineras está consolidada por la fuerza de las armas. Los mineros han visto como esas armas se convierten en una autoridad. Eso es falta de presencia del Estado y nosotros hemos sido revictimizados, porque también la Fuerza Pública ha extorsionado y chantajeado a los mineros en todas las regiones”, dice Rubén Darío Gómez, secretario General de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), entidad que agrupa a pequeños y medianos mineros de todo el país.
Sin embargo, a juzgar por los acontecimientos recientes, esos chantajes de los grupos armados y de funcionarios públicos no parecen responder a voluntades aisladas sino a la estructura de una mafia que ha encontrado en la minería una muy importante fuente de ingresos. Una evidencia de eso fue la captura, a mediados de marzo, de 15 personas entre las cuales estaba Eduardo Otoya, exvicepresidente de Asuntos Corporativos de Continental Gold, Diego Alejandro Guzmán, anterior secretario de Gobierno de Buriticá, y cuatro agentes de la Policía.
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Todos, de acuerdo con la investigación que permitió a las capturas, tendrían diferentes tareas en todo ese entramado criminal. Pero el común denominador es que estarían al servicio de Los Urabeños para favorecer la entrada de dinero de la minería a las arcas de esa organización armada. Para la Policía, casos como ese demuestran que el papel de grandes estructuras criminales en la zona en relación con la economía del oro no se limita a la extorsión.
Hicieron un despliegue de guerra para coger un paquete de cigarrillos de marihuana.
“Grupos como el Clan Úsuga, en Segovia, se dedican a la extorsión, igual en Bajo Cauca, pero aquí encontraron un aliado perfecto que fue este señor Otoya y entonces, en vez de extorsionar, les queda fácil explotar a los mineros ilegales y tienen una ganancia mucho más rentable cuando invierten en esas bocaminas”, le dijo a ¡PACIFISTA! el coronel Wilson Pardo, comandante de la Policía en Antioquia, días después de esas capturas.
Por su parte, la Cuarta Brigada del Ejército, al presentar su balance sobre los operativos de desalojo de la última semana, aseguró que la minería en Buriticá representa para Los Urabeños ingresos por más de $200 mil millones anuales. En un comunicado, esa institución aseguró que se trata del “más duro golpe a las finanzas del ‘Clan Úsuga’”.
Sin embargo, para el secretario general de Conalminercol, los desalojos dejan intactas las redes criminales, vulneran el derecho al trabajo de miles de mineros y solo pretenden despejarles el camino a los negocios millonarios de las multinacionales.
“Si es como dice el Ejército, felicitaciones, ojalá capturen a todos los individuos que hacen parte del ‘Clan Úsuga’ en este territorio —dice Rubén Darío Gómez— pero enviaron 1.500 hombres para desplazar a las personas de la comunidad, impedir el paso de los ciudadanos y limitar todos los desplazamientos. Están violando todos los derechos y lo más delicado es que lo que han encontrado son 55 gramos de marihuana. Hicieron un despliegue de guerra para coger un paquete de cigarrillos de marihuana”.
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[1] De acuerdo con datos recogidos por el IPC, entre 1997 y 2007 fueron despojadas por paramilitares 10.400 hectáreas en el municipio de Buriticá. Eso lo ubica como el segundo municipio con mayor despojo en Antioquia solo superado por Yondó.
