Nariño es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado durante los últimos años. La diversidad de causas y la amplia presencia de grupos armados han desencadenado décadas de señalamientos y estigmatizaciones.
“Nosotros somos las trizas de la paz. A pesar de que los grupos sociales levantamos banderas que los grupos armados tratan de destruir. Tenemos la capacidad para renacer en cada momento”, quien habla es Harold Montúfar, exalcalde de Samaniego. Lo hizo el sábado pasado en un nuevo espacio de escucha: Afectaciones e impactos del conflicto armado a la movilización social y política en Nariño. Allí, miembros de organizaciones y líderes políticos nariñenses conversaron sobre la persecución sistemática, el papel pasivo del Estado para garantizar la protección de los líderes y la permanente inseguridad que padece el departamento.
En Nariño viven casi dos millones de personas, según el último censo. Hay distintos ecosistemas y comunidades étnicas. Al oeste del departamento está la costa del Pacífico y allí la población es en su mayoría afrocolombiana. En el sur, la población la componen principalmente los pueblos indígenas que viven a 3.000 metros sobre el nivel del mar. El norte, principalmente está poblado por campesinos mestizos y su capital, es decir, Pasto reúne un poco de todo.
Esa diversidad se ha traducido en motivaciones políticas diversas, precisamente. Los movimientos de reivindicación étnica como las mingas, los sindicatos y agremiaciones campesinas se extendieron en esta región del país y forjaron procesos comunitarios dentro de las poblaciones, algunas de ellas pioneras en Colombia.
Un poco de contexto histórico: a mediados de los años ochenta del siglo pasado, movimientos de izquierda como la Unión Patriótica (UP) empezaron a tener cada vez más representatividad en Nariño. Sin embargo, como ocurrió en el resto del país, los líderes de ese partido, además de sindicalistas, estudiantes y organizaciones, fueron víctimas de amenazas, extorsión, señalamientos y, en muchos casos, fueron asesinados.
Como pasa casi siempre en Colombia, el sector rural fue el más afectado por la violencia. Según Indepaz, en Nariño los conflictos por la tierra y los recursos naturales representaron el 70 por ciento de los asesinatos. “El aporte de los campesinos como mártires en esta lucha es bastante grande”, subrayó Gerardo Burbano Sansón, cofundador de la UP y el Partido Comunista en Nariño.
Los integrantes del partido que estuvieron en el conversatorio coincidieron en recordar el caso del municipio de Leiva. Allí, ganaron las elecciones de 1988 a la alcaldía y las dos siguientes. Pero frente al genocidio de la UP los miembros de ese partido desistieron de presentarse a nuevos periodos.
Burbano señaló que a esa persecución clandestina se sumó la censura política que padeció la UP con la pérdida de personería jurídica en el 2002. Para ese entonces desistieron de participar ante las pocas garantías de seguridad, por lo que no consiguieron los votos mínimos. Como respuesta, el Consejo de Estado les retiró el reconocimiento y apenas en 2013 revertiría esa decisión.
Fueron tantas las amenazas y persecuciones por motivos políticos en Nariño que colectivos y organizaciones tuvieron que cambiar su nombre y su acción social para no verse tan vulnerables. Según cifras de la Unidad de Víctimas con corte en noviembre de este año, Nariño reporta 10.741 homicidios, 1.644 casos de desaparición forzada y al menos 2.636 víctimas de secuestros en el marco del conflicto armado.
“Lamentablemente nosotros vivimos en un país donde se habla de democracia, donde se habla de derechos. Pero en la práctica esa garantía no la hemos tenido ni la hemos sentido”: Yovany Cárdenas Pantoja, líder de la Mesa Agraria, Étnica y Popular de Nariño.
“Aquí, en Nariño, uno no puede elevar las denuncias en contra de funcionarios públicos que vulneran los derechos humanos, porque llega el panfleto amenazando”, reflexionó Julián Burgos, defensor de derechos humanos en el departamento. Este departamento es el tercero más peligroso para ejercer liderazgos. Tan solo este año, al menos 34 líderes sociales fueron asesinados, 27 de ellos, miembros de comunidades indígenas y uno de ellos afrocolombiano.
La paz en Nariño se ve muy lejana. Esta percepción es resultado de situaciones como las masacres, el tercero con más casos este año, entre ellas la ocurrida en Samaniego donde murieron ocho jóvenes. Es válido recordar que, a la fecha y según la Fiscalía, en Nariño hay por lo menos una docena de grupos armados organizados y al margen de la ley.
Alejandra Miller, comisionada de la Verdad, se sumó a la preocupación por la persistencia del conflicto en la región. Concluyó que un gran paso para empezar a consolidar un ambiente menos violento y ganarse la confianza de las comunidades es la correcta implementación del Acuerdo de paz.
Los miembros del conversatorio insistieron en que la seguridad de Nariño está pasando también por una actitud negligente y facilista, en donde la presencia del Gobierno Nacional se limita a enviar soldados. Por lo pronto, los líderes políticos, sindicales y étnicos persistirán en la defensa de los derechos de sus comunidades, en medio de intentos de censura y la vulnerabilidad.
