De acuerdo con cifras de Medicina Legal, en el transcurso de 2018 han sido reportados 1.671 casos de personas desaparecidas; 1.010 hombres y 661 mujeres.
Colombia sigue buscando a sus desaparecidos. Basta observar casos concretos para dimensionar el problema: en los últimos 10 meses, en el municipio de Samaná, Caldas, la organización Equitas documentó 85 casos de personas desaparecidas que no aparecen en los registros del Estado. Este es tan solo el comienzo de un trabajo de investigación liderado por ocho organizaciones que buscan respuestas para las familias que el Estado no ha reconocido como víctimas y también para las de 82.998 personas que, según el Centro de Memoria Histórica, fueron desaparecidas forzosamente entre 1958 y noviembre de 2017.
El caso de Samaná fue tan solo uno de los ocho que las organizaciones le presentaron a los representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la mañana de este lunes. En un evento en el Palacio de Justicia que no tuvo mayor eco mediático, víctimas e investigadores hablaron sobre sus preocupaciones por el futuro de la búsqueda de personas desaparecidas. En la misma mesa en donde expusieron sus casos estaba sentada Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas como Desaparecidas, creada bajo el Acuerdo de Paz de La Habana.
Ese lunes se cerraba un proyecto financiado por el PNUD y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos para fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Las organizaciones lograron recopilar, en un lapso de 10 meses, más de 500 casos de personas desaparecidas en nueve regiones del país. Todos los casos, como señalaron, son desconocidos para el Estado, para el país. No aparecen en los registros ni de Medicina Legal ni de la Fiscalía. El cierre del proyecto, como lo dijo el director del PNUD en Colombia, Pablo Ruiz Hibera, no significa que la búsqueda no vaya a continuar: “Estamos comprometidos con las víctimas, así como con el fortalecimiento institucional en aras de la reivindicación de sus derechos”, dijo.
Con este evento, además de entregar los resultados de las investigaciones, las organizaciones querían que la directora de la Unidad de Búsqueda las escuchara, que se comprometiera a seguir trabajando por las víctimas. “Esta unidad es el principal escenario de esperanza”, dijeron en el evento. En estos momentos, la Unidad tiene todo para hacer el trabajo que el Estado no pudo realizar en los últimos años: las Farc están dispuestas a entregar toda la información sobre personas desaparecidas y también se cuenta con el respaldo de las familias en el territorio. Algunas, como nos contaron, se han convertido en expertas forenses para encontrar las respuestas que el gobierno nunca les dio.
De acuerdo con cifras de Medicina Legal, en el transcurso de 2018 han sido reportados 1.671 casos de personas desaparecidas; 1.010 hombres y 661 mujeres. Monzón sabe que el problema no se ha resuelto y que es necesario tomar medidas para garantizar las jornadas de búsqueda. Después de la reunión lo dijo: “Este es un esfuerzo importante por parte de las organizaciones y de las víctimas. Es un trabajo que nos da una base muy importante para planificar nuestro trabajo. De esta reunión concluimos que existe una necesidad para seguir apoyando estos procesos y que es necesario fortalecer la cooperación con la Unidad de Búsqueda. Además de seguir en el proceso de búsqueda, necesitamos protección para las personas que están en riesgo en los territorios”.
Una de las mujeres que ha tomado la vocería de las víctimas por desaparición es Gloria Gómez, secretaria general de la Asociación de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes). Para ella, con este nuevo gobierno, es necesario que las organizaciones demuestren por qué es importante seguir con la búsqueda de personas desaparecidas: “Hicimos un trabajo en 10 departamentos con comunidades campesinas, comités de derechos humanos locales y recopilamos información valiosa para familias que llevan más de 35 años esperando información sobre sus familiares desaparecidos. No es un tema menor y el PNUD nos está respaldando”.
Para Gómez, este momento de la historia es crucial: “Antes no se reconocían estos hechos, tampoco a las víctimas. Ante la incapacidad del Estado para responder, Naciones Unidas y la comunidad internacional nos han respaldado y hemos avanzado con las familias. Con la Unidad de Búsqueda tenemos una oportunidad para seguir trabajando. Nuestra organización hoy cuenta con 700 familias y ocho seccionales en el país. Es un trabajo que necesita continuidad”. Aunque Gómez reconoce que el gobierno de Iván Duque genera preocupaciones, también es clara en que tanto la comunidad internacional como la legislación colombiana – con leyes como la Ley de víctimas y desaparición forzada – son sus principales herramientas para exigirle al gobierno compromisos frente a las víctimas de desaparición.
De manera urgente, dijo Gómez, el gobierno de Iván Duque deberá pronunciarse sobre “las amenazas que estamos recibiendo las organizaciones. A raíz del trabajo de campo hemos recibido amenazas que podrían obstaculizar la investigación. Esperamos que el gobierno y la comunidad internacional nos apoyen para seguir avanzando. Nos conforta que el PNUD manifieste su apoyo. También sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos respalda”.
Diana Arango, directora de Equitas, organización que desde 2004 trabaja en la investigación de casos de desaparición con un equipo forense independiente, nos dijo que el trabajo apenas comienza y que los 500 casos que hallaron son tan solo una muestra de la dimensión desconocida del problema. “Estamos haciendo aportes de casos nuevos y nueva información. Tenemos cartografías, mapas y documentos para que sean tenidos en cuenta por la Unidad de Búsqueda. Estamos trabajando en un sistema de información georeferencial para comenzar a revelar tendencias y tipologías que caracterizan el fenómeno de la desaparición. Estamos en el proceso de sistematizar toda la información relacionada con esos 500 casos y presentárselos a la sociedad civil”.
Por el momento, Arango está convencida de que existe un “problema serio de subregistro” de personas desaparecidas en el país. Para avanzar en este trabajo, la posición del nuevo gobierno será fundamental: “Estamos preocupados por las declaraciones de paralizar o incluso hacer trizas los Acuerdos de Paz. Sería un golpe muy duro para los derechos de las víctimas. Las organizaciones internacionales y las agencias de derechos humanos tienen que estar muy vigilantes frente a las acciones del nuevo gobierno”.
El presidente electo, Iván Duque, no ha profundizado en sus propuestas para “hacer efectivos los derechos de las víctimas”. De momento, su primera misión consiste en reformar la justicia transicional que se acordó con las Farc, a partir de la cual se creó la Unidad de Búsqueda para personas desaparecidas. Un pronunciamiento suyo podría darle claridad a estas organizaciones que, desde más de tres décadas, están buscando respuestas para más de 82.000 familias. A pesar del escenario de incertidumbre, Arango dice que el compromiso sigue intacto. “Nos abruma la resiliencia y la valentía de las familias que siguen buscando a sus seres queridos. Más allá del gobierno, nosotras vamos a seguir trabajando”.
