Divergentes presenta un recorrido por las iniciativas, las batallas y el futuro del activismo medioambiental en el país.
Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y organizaciones sociales. Para ver todos los contenidos haga clic acá.
Por: Juan Pablo López M.
Todos alguna vez hemos sacado pecho diciendo que Colombia es el país más biodiverso del mundo. El dato preciso, en realidad, es que somos el segundo, justo después de Brasil.
Según compila el centro de estudios para la justicia social Tierra Digna, los colombianos tenemos la mayor variedad de tipos de aves, el segundo puesto en plantas, anfibios y peces de agua dulce, el tercero en reptiles y el cuarto en mamíferos. Además, el territorio se extiende en 32 biomas terrestres y 311 tipos de ecosistemas continentales y costeros. Y como si fuera poco, la tierra del sagrado corazón posee 53 por ciento del territorio continental en bosques naturales y 2 por ciento en páramos, los cuales aportan 70 por ciento del agua que consume la población colombiana.
Pero las cifras no sirven solo para sacar pecho en conversaciones con amigos foráneos. La riqueza ambiental colombiana acarrea múltiples desafíos en la protección de los recursos naturales. Solo para comenzar, pensemos en esta cifra: Colombia, por tres años consecutivos, ha sido el segundo país con más asesinatos de líderes ambientales en el mundo.
La génesis
Los inicios del activismo medioambiental en el país se remontan al siglo XVI, cuando los europeos atravesaron el Atlántico y en medio de la conquista se encontraron con el territorio colombiano, el cual era, en su mayoría, selva espesa y pura. Allí, en esas primeras luchas entre las comunidades indígenas y los españoles, iniciaron las luchas por la protección de la tierra. Siglos tuvieron que pasar para que denuncias y grupos sistematizados comenzaran a surgir y operar en Colombia.
A mediados del siglo XX iniciaron cambios intensos en algunas zonas rurales, acompañados por un aumento dramático del número de habitantes en las ciudades, principalmente a causa de la industrialización y la guerra. Este último suceso fue determinante, pues la lucha bipartidista derivó en que la gente del campo tuviera que abandonarlo masivamente para buscar refugio en las ciudades. Así se fueron catalizando la contaminación, el consumo de agua potable y otras problemáticas medioambientales.
Entre tanto, entre 1958 y 1959, en la periferia del país, se comenzaba a atentar contra la fauna y flora del amazonas con fines comerciales. Quien para muchos activistas es el padre del ambientalismo en Colombia, el señor Julio Carrizosa Umaña, dice que en realidad uno de los fundadores del activismo ambiental en el país fue el cura Enrique Vélez Arbeláez, el primero en denunciar la cacería de animales silvestres y la exportación de los mismos alrededor de Leticia, Amazonas.
Carrizosa cita otros dos hechos, según él, determinantes en la lucha por la protección del patrimonio ambiental. En la década del setenta la discusión sobre si se debían construir o no hoteles en el Parque Tayrona suscitó una de las primeras manifestaciones públicas relacionadas al tema medioambiental. Por otro lado, en la década del ochenta, las primeras voladuras del Oleoducto Caño Limón-Coveñas ocasionaron controversias incluso de carácter político. Era la primera vez que una acción revolucionaria afectaba el medio ambiente colombiano.
Durante los años setenta y ochenta operó el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), la entidad pionera de la gestión ambiental en Colombia, que creó dependencias como el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. La entidad liderada entonces por el académico y político Manuel Rodríguez Becerra, además del conjunto de eventos mencionados anteriormente, hicieron que el medio ambiente tuviera un espacio más relevante en la agenda nacional.
Justamente, se decretó la Ley del Medio Ambiente (ley 99 de 1993), y con ella se reorganizó el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, además del Sistema Nacional Ambiental (Sina).
Entre 2002 y 2010, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decidió fusionar el Ministerio de Ambiente con el de Vivienda. Para muchos activistas, la medida fue lamentable. Julio Carrizosa explica que “fue un ejemplo de cómo una idea que parecía ser buena, porque el ambiente debería estar integrado con la vivienda, en la práctica terminó siendo un fracaso, por las circunstancias reales del país”. Y añade: “Fracasó porque no hubo una ejecución completa, nunca se logró una integración entre la gente que estaba manejando los planes de ordenamiento, el agua, el ambiente… Nunca se cohesionó el sistema, y la mayoría de los recursos se enfocaron, naturalmente, en la construcción”.
En 2010, el gobierno de Juan Manuel Santos restableció el Ministerio de Ambiente, ahora con Luis Gilberto Murillo a la cabeza. En el periodo, la dependencia ha ejecutado leyes como la 1844 del Acuerdo de París, ley que permite abordar la problemática del cambio climático de una forma más balanceada; la Política de Pago por Servicios Ambientales (ley 870 de 2017), decreto que pretende controlar la deforestación otorgando incentivos económicos para la preservación o restauración de ecosistemas ambiental y socialmente estratégicos. También ha incrementado sus campañas pedagógicas frente a las principales problemáticas que atacan la flora y la fauna del país, y han implementado un modelo de gobierno abierto, el cual busca mayor participación, transparencia, colaboración e innovación en la gestión pública.
Inflexión digital
En los últimos años, las nuevas tecnologías han jugado un papel fundamental para el activismo medio ambiental en Colombia. Para Carrizosa Umaña, los jóvenes colombianos ya están convencidos de que el tema ambiental es prioritario, pues esto está ligado a la información que reciben a través de las redes sociales.
“Hoy están al tanto de lo que sucede en zonas del país en donde antes no salían noticias. El hecho de que un campesino en los Llanos Orientales pueda informar cómo están afectando el sistema en los Llanos, o inclusive que un jefe indígena pueda contarle al resto del país lo que está sucediendo en la selva es determinante”, explica. “Eso antes no pasaba, antes era imposible, esto influyó mucho en la reciente conciencia ambiental de la juventud colombiana”.
Para Camilo Quintero Giraldo, líder estratégico de la Unidad de Gobierno Abierto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las redes sociales permitieron que las entidades públicas tuvieran un mayor diálogo con los activistas y ciudadanos. “El uso adecuado de las redes sociales y el uso de las TIC permiten que más personas conozcan oportunamente las decisiones ambientales. Hoy cualquier ciudadano puede hacer uso de los mecanismos de control existentes para vigilar la gestión pública ambiental y trabajar juntos en la defensa de los recursos naturales”, asegura Quintero.
Es innegable que para la sociedad colombiana la agenda verde ha venido teniendo cada vez más espacio en la conciencia colectiva, pero de la conciencia a la acción todavía hay un largo trecho, pues el drama ecológico del país es una realidad. Y esta, lamentablemente, va en aumento en varios frentes.
Batallas por la tierra
El Ideam reportó en 2017 que la deforestación había aumentado 44 por ciento en relación a 2016. La cifra concreta indica que se han talado 178.597 hectáreas de bosque. “Omar Franco, director del Ideam, recordó, hace menos de un mes, al presentar una de las alertas tempranas de deforestación, que 95 por ciento de la tala de bosque está concentrada en tan solo 30 municipios y que 60,2 por ciento corresponde a la región del Amazonas”, informó el diario El Espectador en julio de 2017. Otras zonas afectadas alarmantemente por la deforestación están en Caquetá, en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, pero también en el Guaviare, Meta, Norte de Santander, Chocó y el suroccidente de Córdoba.
En cuanto a la minería ilegal, la cosa es preocupante: la Contraloría General de la Nación publicó un informe que evaluó el estado de los recursos naturales en el país en el período 2016-2017. El documento vislumbra un panorama poco alentador, sobre todo en departamentos como Chocó y Antioquia y en toda la zona del Pacífico colombiano. Señala, por ejemplo, que 80 por ciento de la explotación minera en Colombia es ilegal y alarma sobre el hecho de que la mayor parte de la superficie de ecosistemas de páramo aún no se encuentra delimitada, lo que equivale a cerca de 2 millones de hectáreas, de las cuales 60 por ciento no están protegidas mediante el sistema de áreas protegidas.
Por otro lado, el debate por la adjudicación de licencias en el Páramo de Santurbán sigue latente. Si bien muchos gobernantes y partidos utilizaron la coyuntura con fines electorales, restándole altura a la discusión, lo cierto, a la fecha, es que aún no hay una licencia ambiental concedida. En este momento se están escuchando las posturas de varios actores claves en el proceso. El trámite está en manos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad que justo ahora está analizando si la conceden o no. Para el proceso se han abierto mecanismos de participación como audiencias públicas.
“Como Ministerio escuchamos todas las posiciones. Aquí se tiene que reconocer y resaltar la labor de las comunidades que han estado en la defensa del páramo”, apuntó Camilo Quintero, del Ministerio de Ambiente.
Entre tanto han sido de conocimiento público las férreas posturas de influyentes políticos, en particular la del senador del Polo Democrático Jorge Robledo. En una alocución pública, Robledo sostuvo que “el capital extranjero no puede venir a este país a hacer lo que se les antoje, ese proyecto de Santurbán o el del Marmato significan acciones agresivas e intolerables contra el país”. También dijo que considera “inaceptable que ese capital extranjero, con la alcahuetería del Gobierno, quieran arriesgar el agua. El proyecto amenaza el agua potable de un millón de personas en Santander. Si no fuera por las manifestaciones, ya hubieran regalado el páramo”.
A estas tres problemáticas se suma la mayor coyuntura ambiental global, que es el cambio climático. El Ministerio de Ambiente adelanta múltiples campañas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en diferentes zonas del país. Sin embargo, los efectos del calentamiento global tiene repercusiones ambientales y económicas.
Según un informe realizado del Banco Interamericano de Desarrollo, la Cepal y el Fondo Mundial para la Naturaleza, para 2050 los desastres naturales podrán ocasionar pérdidas por 100.000 millones de dólares en América Latina. Además, el documento advierte que “la región debe aumentar dramáticamente sus inversiones en adaptación al cambio climático y la mitigación en las próximas décadas”.
Según una nota de la revista Semana sobre los cinco efectos más visibles del cambio climático en el país, 84 por ciento del área glaciar que existía en Colombia ha desaparecido. El artículo señala como problemas el blanqueamiento de glaciares y las pérdidas de playas y erosión costera, además del aumento de inviernos o veranos más extremos. Además, Semana expuso que “por cada grado centígrado que aumente la temperatura, 10 por ciento de las especies podría tener un riesgo más alto de extinción, según el IPCC”.
Otra preocupación latente sobre el patrimonio natural y que también va en detrimento del desarrollo sostenible, según estudios, es el denominado fracking. En agosto de 2017, el Ministerio de Ambiente dio luz verde para comenzar a ejecutar el fracking en Colombia. La viceministra de Energía, Rutty Paola Ortiz, le dijo al diario El Tiempo que “el Ministerio de Ambiente revisó y ajustó los lineamientos para el desarrollo sostenible de este tipo de hidrocarburos, en los cuales se usa el fracturamiento hidráulico en la roca que los produce”.
Pero ojo: estos son solo algunos de los casos que llegan a la prensa. El primer inventario de los conflictos por el medioambiente, compilado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, en alianza con el Atlas Global de Justicia Ambiental, reveló que Colombia es el segundo país con mayor cantidad de conflictos ambientales en América LAtina, con 72 casos reseñados a marzo de 2014. Además, muchos de estos conflictos son los mismos de hace décadas, y las soluciones del Estado a las problemáticas se quedan cortas o, simplemente, no llegan.
Victorias del ambiente
El panorama medioambiental en Colombia es desalentador en algunos sectores, pero hay luces de cambio y esperanza que alumbran en algunos colectivos, organizaciones, comunidades indígenas e incluso hasta iniciativas de transparencia y trabajo colectivo del Ministerio de Ambiente. Seguramente se escaparán muchísimos triunfos valiosos difíciles de documentar, pero veamos algunos casos recientes.
Investigaciones de Greenpeace (organización que oficialmente aterrizó en Colombia en 2013) pusieron en evidencia que la minería en la zona de páramos acidifica el agua y pone en peligro el hogar de cientos de especies de animales y plantas que viven en estas zonas del país. Después de un par de años de campañas, el 16 de febrero de 2016 la Corte declaró inconstitucional la minería en páramos, fuentes claves del líquido vital para los colombianos.
A comienzos de 2015 ocurrió un triunfo inédito. La organización Tierra Digna, después de una investigación exhaustiva, presentó un tutela contra el Estado colombiano que pretendió proteger el río Atrato y las comunidades aledañas. “En una sentencia inédita, el alto tribunal consideró al río ‘sujeto de derechos’ y especial protección constitucional. Por eso le ordenó al Estado un plan de choque para salvar este afluente de la minería desbordada y el mercurio”, escribió en El Espectador Juan David Laverde.
Pero los triunfos del activismo no son exclusivos de las organizaciones. Ya fuimos testigos de la presión que metieron las movilizaciones en el caso del Páramo de Santurbán. Por otro lado, iniciativas como las de la activista Mariana Gómez, coordinadora en América Latina de la red de solidaridad global Yes To Life Not to Mining, ha tenido una injerencia en varios municipios de Colombia para que por fin las comunidades utilicen los mecanismos democráticos que están consignados en la Constitución de 1991 en aras de proteger su territorio de los proyectos extractivos mineros.
En 2013, Mariana fue promotora para que su natal Piedras, en el departamento del Tolima, fuera el primer municipio en realizar una consulta popular para defender su patrimonio ambiental. El ejemplo de Piedras lo siguieron otros municipios como Tauramena, en Casanare, Cabrera, en Cundinamarca o Cumaral, también en Casanare, donde lograron frenar proyectos mineros. “Aquí lo importante va más allá de decirle ‘No’ a la minería, aquí también las comunidades están pidiendo que se cambie el discurso y el paradigma de desarrollo a través del cual se define el sustento en muchas zonas del país”, concluyó Gómez.
Una causa de muerte
La cifra es escalofriante: según Global Witness, organización inglesa especializada en temas de Derechos Humanos, corrupción y delitos medioambientales, Colombia es el segundo país en el mundo con más activistas medioambientales asesinados, con 37 homicidios registrados en 2017, alcanzando así un máximo histórico en el país. Pero en estos números, lamentablemente, venimos bien ranqueados. En 2014, 25 defensores fueron asesinados, y en 2016, 26. La estadística va en ascenso.
El Espectador informó que en 2016 hubo 200 casos, de los cuales 40 por ciento fueron dirigidos contra indígenas. Además, el periódico indicó que “entre las causas principales de estos crímenes están la protección de tierras, bosques y ríos de las empresas mineras, madereras y agrícolas”.
Lo más desalentador del caso es que un informe de la Universidad Antonio Nariño señaló que este tipo de crímenes tienen un índice de impunidad altísima, pues solo en 1 por ciento de los casos los victimarios son condenados.
Ahora, ¿quiénes son los victimarios detrás de estos asesinatos medioambientales? ¿Cuáles son las causas y por qué semejante tasa de impunidad?
Julio Carrizosa explica que en Colombia hay una serie de conflictos ambientales directamente ligados con conflictos sociales y económicos. “Pasa en un país donde la violencia se ha vuelto costumbre, casi la única solución a un conflicto. Esto, una vez más, revela que el tema ambiental es extremadamente complejo, y que no se puede entender si no se trata integralmente”, apunta Carrizosa Umaña.
Capítulo aparte: el posconflicto
El lector desprevenido se preguntará qué tiene que ver el medio ambiente con el posconflicto. La respuesta es: todo. Como lo repasamos anteriormente, la guerra en Colombia ha sido uno de los grandes victimarios del medio ambiente, afectándolo de una manera tan compleja que ha sido un daño transversal, arrastrando consigo problemáticas económicas, políticas y sociales.
El conflicto colombiano tuvo, y sigue teniendo en gran medida, lugar en el espacio rural. Naturalmente, una de las víctimas del conflicto colombiano ha sido el ambiente. Ahora, en esta nueva etapa, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), “por cada año de paz, Colombia ahorraría 7,1 billones en degradación ambiental”.
Sí, la paz también significa disminuir los ataques contra la fauna y flora colombiana, y este proceso requiere acciones estatales importantes y decididas. “También es importante que las comunidades se empoderen, que los entes territoriales locales se comprometan con el tema ambiental”, aseguró Camilo Quintero. “Solo como Ministerio no podemos cumplir con la tarea, necesitamos aliados en todos los sectores para que cumplamos con la defensa del ambiente”.
Ante una política ambiental en un país que, según los expertos, está bastante rezagada, pensando en soluciones el profesor Carrizosa siente que es necesario aplicar un proyecto que concentre la restauración de ecosistemas con la generación de empleo y que sea un proyecto de índole nacional, que reúna al Estado, la oposición y los particulares.
“También es necesario modificar la red de ciudades que crecieron tan desordenadamente por la guerra, pues les están urbanizando los mejores suelos, como sucede en Bogotá. Deberían dar pie a otro tipo de ciudades, no tan invasoras, no tan contaminadoras, necesitamos un mejor modelo del manejo del territorio”, concluye el académico.
¿Qué pasa entonces en el campo? El también exministro Carrizosa sostuvo, esta vez para el diario El Tiempo, que “las Farc, les guste o no, eran la autoridad ambiental en muchas zonas. Tenían prohibida la tala masiva de árboles”. Esta cuestión suscita una pregunta crucial: ¿quién protegerá la fauna y flora de los territorios que antes estaban custodiados por las Farc? Y esa no es la única preocupación. Con el cambio de Gobierno en 2018, el jefe de estado de turno podría volver a las fumigaciones de cultivos ilegales con glifosato y, con ellas, a todos los desastres ambientales y sociales que la fumigación trae consigo.
Por otro lado, surge la pregunta de si las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), los entes corporativos de carácter público integrados por las entidades territoriales, están en la capacidad de operar en todo el territorio colombiano, libres de corrupción. Aquí las organizaciones protectoras del patrimonio verde jugarán un papel crucial de veeduría y denuncia.
Un futuro incierto
¿Hay garantías para que el activismo medioambiental pueda seguir defendiendo los recursos del país? ¿O los seguirán asesinando? ¿Cederán las corporaciones ante las presiones populares? ¿Crecerá la conciencia ambiental? ¿Se quedarán las quejas en reclamos o se transformarán en acciones? ¿Qué postura tomará el nuevo Gobierno frente a las políticas ambientales de la patria?
El padre del ambientalismo colombiano, Carrizosa Umaña, deja el tema así de clarito: “Si el próximo presidente de Colombia no comprende lo que significa vivir en Colombia, el panorama será difícil. Para resolver los problemas ambientales del país hay que tener una conciencia mucho más detallada de este territorio”. Y agrega: “Esa conciencia no es fácil encontrarla a nivel político. Las personas generalmente no le han puesto mucho interés a la geografía e historia del país. Solamente entendiendo a fondo las características ecológicas del país es posible que mejoren las circunstancias: solo si esa comprensión llega a la gente que tiene el poder para mejorarlas”.
Para la activista Mariana Gómez, es clave que haya una coherencia, no solo para sostener, sino también para potencializar los compromisos internacionales asumidos en años anteriores, independientemente de que haya cercanía o no con el gobierno Santos. Sin embargo, a Mariana le preocupan altamente ciertos escenarios: “Por ejemplo, si queda Vargas Lleras, casi que ni tendríamos trabajo, o espacios políticos para llevar a cabo nuestras luchas. Mejor dicho, nos tocaría dar una batalla muy pesada, más que nunca”.
***
Divergentes es posible gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer –KAS– en Colombia y de Open Society Foundations. Las opiniones que aquí se comparten son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no expresan necesariamente el pensamiento ni la posición de la Fundación Konrad Adenauer.
