El silencio de Duque durante la minga le salió caro y las promesas que hizo después siguen sin cumplirse.
Iván Duque cumplió un año como presidente. El gobierno tiene su propio balance sobre lo que se ha logrado en estos primeros 365 días y las organizaciones sociales otro muy distinto. Esta vez quisimos ahondar en el diagnóstico que han hecho los pueblos indígenas sobre las políticas de este gobierno. El comienzo no fue muy bueno: en el segundo semestre de 2018 Duque no asistió a la minga indígena nacional y no supo sortear toda la movilización que se presentó en el Cauca. Empecemos por ese punto:
1. La reunión que nunca ocurrió
El primer año de Duque en el poder estuvo marcado por grandes movilizaciones y por paros en diferentes ciudades y vías del país. Desde el 4 de agosto de 2018, miles de indígenas salieron a las calles a protestar por los planteamientos del nuevo gobiernos. En el Cauca, los indígenas Nassa permanecieron 27 días y bloquearon la vía Panamericana, exigiéndole al gobierno que sostuviera una inversión por 4,6 billones de pesos para salud, vivienda y educación y que trabajara por la formalización de 40 mil hectáreas en Cauca. Duque envió a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para que se hiciera cargo de las negociaciones con los indígenas. Pasaron los días y la movilización se extendió en Nariño y Valle del Cauca.
Esta minga le dio ánimos a los estudiantes y a los trabajadores, quienes marcharían después. En total, de todas los paros que hubo este año, contado los 27 días de la minga, se suman 98 días en que el gobierno no pudo apaciguar las movilizaciones a tiempo, que le generaron varios costos económicos y políticos. Finalmente, a pesar de las reuniones del 9 de abril en que el Presidente fue a Caldono, Cauca no fue posible que hubiera un encuentro entre la Minga y el Presidente.
2. Creció la desconfianza
El gobierno reportó pérdidas económicas calculadas en 130 mil millones de pesos por la minga. Eso fue lo primero que hizo, cuestionar desde el punto de vista económico la protesta. Después Duque criticó las “vías de hecho” de los indígenas y por eso justificó su ausencia durante el paro. Después, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señaló que había “guerrilleros infiltrados” en la minga, una tesis que apoyó Álvaro Uribe. Con estas declaraciones creció la desconfianza con las comunidades indígenas, las cuales se sintieron estigmatizadas.
Incluso, Aida Quilcué, consejera de derechos de los pueblos indígenas en el pueblo Nassa, le dijo ¡Pacifista! que este Gobierno “es uno de los que más nos ha estigmatizado, pues llegó a decir que el movimiento era terrorista y estaba lleno de disidencias”.
Y lo dijo haciendo referencia a lo que aseguró en repetidas ocasiones el ministro de Defensa, quien en un punto dijo incluso que la marcha estaba infiltrada por disidencias de las Farc. En su momento, la Asociación Colombiana de Antropología rechazó las estigmatizaciones y aseguró que el gobierno estaba actuando bajo una lógica de “un fuerte racismo, que vuelve a poner a los indígenas en las narrativas de “los salvajes que obstruyen al desarrollo”.
3. Promesas sin cumplir
Los pueblos indígenas han denunciado en varias ocasiones que los acuerdos a los que llegaron con Duque el año pasado y que incluso aceptaron para terminar con la minga no se han cumplido. A los indígenas se les ha incumplido desde hace cuatro gobiernos. De hecho, es necesario decir que el gobierno de Santos fue el que les prometió las 40mil hectáreas de tierra con el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, pero nunca cumplió esa promesa.
Específicamente sobre los acuerdos con Duque, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció falta de voluntad política e incumplimiento directo del gobierno al no especificar que se invertirían 800 mil millones de pesos para las comunidades indígenas. Y aunque se pactaron algunas reuniones (la última fue en abril) el presidente y la minga no han logrado conversar en el Cauca directamente con las familias afectadas.
El CRIC lo denunció en un comunicado oficial, que asegura que no se está incluyendo el presupuesto acordado con las comunidades: “acciones de desconocimiento a los compromisos firmados en la minga social del sur occidente colombiano, el el cual el artículo 4 no se especifica el Plan de Inversión acordado en la Minga del suroccidente”. Incumpliendo a lo acordado en el punto 1 del acta 011 del 6 de abril de 2019 entre la Minga del suroccidente y el Gobierno Nacional, con la que finalizó el paro.
Adicionalmente, las comunidades campesinas denunciaron que había un incumplimiento a su petición de que se les reconociera como sujetos políticos de derechos, así como son reconocidos los pueblos indígenas y afros. Los campesinos denunciaron que no se incluyó el artículo que hacía referencia a esta ley en el Plan Nacional de Desarrollo, que marcaba el camino para discutir la ley en el Senado. Si bien la minga se compone de todas estas poblaciones, sus exigencias son variadas de acuerdo a los intereses de cada uno.
4. Violencia contra el pueblo indígena
Como ha contado ¡Pacifista! en varias ocasiones, la situación de seguridad de los pueblos indígenas está en cuidado intensivos. El asesinato sistemático de diferentes líderes de los pueblos del Cauca y Chocó ha empeorado notablemente desde el inicio del Gobierno Duque. Más de 50 indígenas han sido asesinados desde que Duque tomó posesión del gobierno. Pues contando que hasta diciembre del 2018 la ONIC registró 46 asesinatos, y sumado a que hemos reportado por lo menos 10 otros homicidios a indígenas este 2019, la suma darían 56 indígenas asesinados desde que Duque es Presidente.
Sin embargo, no son únicamente los homicidios los que tienen contra las cuerdas a los pueblos indígenas. Los hechos victimizantes como el desplazamiento forzado y las amenazas son frecuentes. En Catatumbo, el pueblo Barí está confinado en medio de los enfrentamientos entre Los Pelusos y el ELN y es el lugar del país con más desplazamiento forzado. En el Chocó los desplazamientos de los pueblos Embera y Wounaan ha dejado desplazados del municipio de Juradó a comunidades enteras de 400 personas, que hasta Julio no han tenido garantías de regreso a sus tierras.
Este viernes la ONIC, de la mano de los diferentes organismos de gobierno de los pueblos indígenas, emitieron un comunicado oficial en el cual se declaran en estado de emergencia por una amenaza constante de genocidio. Aida Quilcué, la consejera de derechos humanos de los pueblos indígenas, nos dijo que muchos de sus pueblos en el sur han sido amenazados de ser masacrados por no permitir que se cultive y produzca narcóticos en sus territorios. Pese a la resistencia pacífica del pueblo Nasa, por ejemplo, la situación tiene completamente llenos de temor a todos los habitantes de estas tierras.
5. Crisis humanitaria permanente
El profundo desconocimiento de las necesidades de los pueblos indígenas, manifestadas en la poca importancia que ha dado el gobierno a su situación; o, la negligencia para entender que políticas como la aspersión de glifosato afecta directamente la vida y subsistencia de estos pueblos; deja en evidencia que este gobierno, como ocurrió con los anteriores cuatro, está muy poco interesado en salvaguardar la vida de los dueños ancestrales de estas tierras.
Entre 1999 y 2015 se fumigaron 1’800.000 hectáreas y solo dos años después los cultivo habían crecido un 17%. Hasta el 2018 se había estabilizado el número de 169mil hectáreas. Como lo dijo el ex ministro de salud, Camilo González Posso, para los años en que empezó la aspersión en Colombia, muchos de esos cultivos ilícitos estaban ocultos entre cultivos de plátano, yuca y árboles frutales. Eso representó un riesgo para la salud de muchos pobladores, pues varios estudios, entre ellos de la Organización Mundial de la Salud, han demostrado que el herbicida es cancerígeno.
Las propuestas de sustitución voluntaria de cultivos, contempladas en los acuerdos de paz, son la estructura fundamental para la superación de la violencia en el territorio indígena, así lo ha dicho La Fundación Ideas para la PAz (FIP) y el CRIC junto con la ONIC. Muchos de los intereses que están detrás de la violencia contra los indígenas, como lo contamos antes, se debe a la llegada de nuevos carteles del narcotráfico, como el Cartel de Sinaloa que amenaza con masacrar a los indígenas en el Cauca y el Valle; igual que el Clan del Golfo, que ha desplazado cientos en el Chocó y el bajo Cauca en Antioqueño; o los carteles del ELN y EPL, que en el Catatumbo siguen dejando la estela de desplazamiento más grande en el país.
Por eso resulta frustrante para los líderes de los 32 cabildos, que el presidente sostenga, contra todo pronóstico científico de la OMS, que deben hacerse fumigaciones y erradicaciones de este tipo en sus territorios. Incluso la Corte Constitucional ha dicho que hay ciertas condiciones en las que no debe usarse dicha sustancia. Como nos dice Aida Quilcué y la FIP, deberían ofrecerse oportunidades a los cocaleros para que cambien sus modelos de subsistencia.
Las crisis humanitarias que se viven en las zonas del pacífico y del norte más extremo de nuestro país resultan tan dramáticas y tan extremas, que incluso la ONU ha alertado en un reciente informe, del que hablamos en Pacifista, que debe atenderse la situación con urgencia inmediata.
Desde octubre del 2018, hasta denuncias recientes del mes de Julio, se han reportado muertes de niños indígenas y afro en el Chocó por desnutrición y malaria. Fueron 25 niños el año pasado y en lo corrido de este se han contado por lo menos 10 que han muerto por causas de este tipo.
También el pueblo Awá se ha declarado en crisis humanitaria desde el año pasado, a propósito del fallo de la Cote Constitucional que lo declaró como un pueblo en vía de extinción física y cultural a causa de la violencia en sus territorios. Desde principios de ese año han estado reclamando al Estado incumplimiento de las medidas cautelares que ordenó la Corte.
Igualmente, en ¡Pacifista! también reportamos la crisis humanitaria por la que han estado pasando algunos miembros del pueblo Amorua en Puerto Carreño, Vichada a quienes han sido negadas unas tierras que les arrebataron durante el conflicto armado y que han sufrido profundamente la crisis en Venezuela.
