OPINIÓN | Héctor Riveros escribe sobre el cambio de estrategia de comunicación del Gobierno frente a los Acuerdos
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El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, durante la presentación del acuerdo de cese al fuego. Foto: Archivo
Por Héctor Riveros*
El gobierno, encabezado por el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, y los exguerrilleros de las Farc, encabezados por Timochenko, se reunieron hace pocos días para hacer el balance del proceso de implementación del acuerdo que suscribieron para hacer posible la desmovilización y el desarme voluntario de esa guerrilla.
Llamó la atención que no hubo foto del encuentro entre las cabezas de las partes, lo que parece ser el inicio de una nueva etapa en la que el gobierno quiere que la comunicación esté más concentrada en las ventajas que el acuerdo tiene para la ciudadanía que en los beneficios que se les otorgan a las Farc por su desarme voluntario.
Se ha sabido poco de los detalles de la reunión, pero parece haberse desarrollado en un ambiente cordial. Así tuvo que haber sido porque las partes han cumplido lealmente los aspectos más gruesos del acuerdo: la guerrilla se desmovilizó y se encuentra en proceso de desarme y el gobierno consiguió la ratificación del acuerdo con el apoyo de la mayoría del Congreso y el aval de la Corte Constitucional, aprobó la amnistía pactada, ha brindado las condiciones de seguridad a los exguerrilleros y, en general, ha hecho aprobar y ha adoptado las medidas que permiten la reintegración de los miembros de las Farc.
Habrá habido reclamos menores: que las zonas veredales no están completamente adecuadas; que las Farc no han acelerado la entrega de los menores reclutados, y algún otro comentario que está lejos de poner en riesgo la solidez del proceso: los mayores reclamos siguen estando afuera, donde la mayoría de la ciudadanía mantiene su opinión adversa a las concesiones que se le hicieron a la guerrilla a cambio de su desarme y no percibe aún grandes beneficios para sí, a pesar de que en las zonas más afectadas últimamente por el conflicto la disminución de la violencia y el miedo son evidentes.
A pesar de ese ambiente adverso, el presidente Santos se había concentrado en garantizar que el acuerdo, en lo que a las Farc se refiere, se cumpliera. Por eso personalmente visitó zonas de concentración de los ex guerrilleros, y su gobierno, encabezado por el Ministro del Interior, dedicó todas las baterías del primer semestre del año a asegurar las mayorías en el Congreso para la aprobación de las normas básicas que garantizan la reincorporación y le dan estabilidad jurídica al acuerdo.
Nada de eso le genera más apoyo ciudadano. Los que estaban contra el acuerdo el 2 de octubre de 2016, cuando por un leve margen ganó el NO, siguen en esa misma posición, y el cumplimiento del acuerdo por parte del Estado les ratifica su posición que califican de claudicación. Por eso resulta urgente que la acción y la comunicación se dirijan ahora a la implementación de los componentes del acuerdo que representarían bienestar material para la gente, más allá de la terminación de la confrontación que ha sido poco valorada incluso donde el cambio de condición de vida es evidente.
Ya el gobierno anunció que promoverá una modificación constitucional por la vía del fast track para destinar parte de los recursos provenientes de las regalías mineras y petroleras para financiar la implementación del punto 1 de desarrollo rural integral, el cual supone inversiones en vías terciarias y planes de desarrollo territorial en al menos 170 municipios. Serán más de 15 billones de pesos de los cuales 1,5 están en la caja.
La batalla por la opinión que se perdió en el plebiscito también se ha perdido en la primera fase de la implementación. No hay una percepción generalizada de que con la desmovilización de las Farc haya habido una mejora en las condiciones de seguridad. Se ha dejado difundir la especie de que en las zonas que copaban las Farc ahora hay bandas criminales, como si esas organizaciones se reprodujeran como la aguamala y como si fuese simple reemplazar un ejército de más de 7.000 personas que se había construido durante décadas.
Sin mayor comprobación empírica en los medios se repite lo que afirman los opositores del proceso: que no hay más tranquilidad en los lugares donde estaban las Farc y que la guerrilla aún no ha dejado de delinquir y que puede seguir en el narcotráfico como lo afirmó, sin ninguna prueba, el gobernador de Antioquia.
El gobierno ha estado a la defensiva en materia de política contra las drogas ante la evidencia de que los cultivos ilícitos aumentaron en forma considerable durante la fase de negociación. Y no ha atinado a mostrar el enorme resultado que significa haber desmovilizado a un grupo que actuaba como el mayor coordinador logístico del procesamiento de la hoja de coca hasta la entrega a los narcotraficantes.
El cuidado en la austeridad de la reunión del fin de semana, que se llevó a cabo en la sede de la Gobernación de Bolívar en Turbaco y no como esperaban los opositores en la Casa de Huéspedes de Cartagena, y la calculada falta de la imagen del encuentro de Santos con Timochenko es una muestra de que las partes parecieran haber entendido mejor el ambiente de opinión. También augura que en el inmediato futuro la comunicación se centrará en destacar los beneficios que recibirán las personas que habitan los que eran hasta hace poco escenarios de la guerra.
Ojalá con eso los medios y las organizaciones que apoyan el proceso también cambien el foco, lo dejen de tener en las Farc y lo pongan en el bienestar de los campesinos e indígenas. Esperemos que la curiosidad se traslade de las zonas donde están concentrados los exguerrilleros a las veredas donde estaban antes, en las que los niños no iban a las escuelas por temor a terminar en medio de las balas. Ahora pueden ir, pero para ello hay que reconstruir la escuela. Necesitamos un cubrimiento similar al que se le dio a la adecuación de las zonas veredales.
*Abogado y analista político
** Este es un espacio de opinión. No compromete la visión de ¡Pacifista!
