Colombia: país agrícola vs. país industrial ¿Qué es mejor?
Leer

Colombia: país agrícola vs. país industrial ¿Qué es mejor?

Colaborador ¡Pacifista! - Mayo 21, 2018

Elegir cuál ruta productiva convendría más en este momento no es tan fácil de vislumbrar. Expertos le hacen recomendaciones a quien quiera que llegue a la Casa de Nariño.  Por: Silvia Margarita Méndez

Compartir
Fotos: Archivo ¡Pacifista! y Portafolio.co.

Conozca las posturas de los candidatos presidenciales sobre este y otros temas en www.candidater.co

El 2018, sin duda, representa un año de grandes cambios para el país. Sin las Farc como guerrilla armada, un escenario político aún bastante nubloso y un ambiente de polarización general, el modelo económico que decida seguir Colombia en los próximos años resulta crucial; como también lo será la persona elegida para ocupar la Casa de Nariño en unas elecciones que tendrán su primera vuelta este domingo.

La clase de gobierno de quien los colombianos decidan como su primer mandatario definirá, por consecuencia, las reglas del juego del funcionamiento del aparato productivo nacional y el nivel de desarrollo que los diferentes sectores le puedan dar al país en el próximo cuatrienio. Esto, sumado a las típicas propuestas populistas que la mayoría de candidatos formulan en medio de la contienda electoral y un gobierno calado en escándalos de corrupción que alimentan el déficit fiscal, parece darle razón a la “incertidumbre” en la que dicen estar sumidos los grandes inversionistas y empresarios en la actualidad.

Mientras unos le apuestan a la industria como motor indispensable para el aceleramiento económico, otros ven en el campo la más prometedora vía de éxito productivo. Esto en razón del histórico potencial agropecuario que tiene el país y que en los últimos años se ha visto reflejado en cifras: en diciembre de 2017, por ejemplo, este sector protagonizó un crecimiento en su Producto Interno Bruto (PIB) de casi cinco puntos frente a los 5,5 en los que cayeron sumadas la construcción, la manufactura y la explotación de minas y canteras según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Lo cierto es que elegir cuál camino le convendría más a Colombia en este momento no es tan fácil de vislumbrar. A pesar de que el Ministerio de Hacienda se ha mostrado optimista frente al impulso que se pueda proyectar en 2018, ya que asegura que “nunca” un año electoral en el país ha significado grandes quiebres, los distintos riesgos y desafíos que representa para la economía nacional la futura época de posconflicto puede traer reveses.

El cierre anual del déficit de cuenta corriente (con un gremio exportador prometedor pero aún no muy maduro), el tema de consultas previas en el desarrollo de grandes obras de infraestructura vial, energética y de explotación de recursos mineros y/o petroleros, así como las metas que impone la regla fiscal para este año de sufragios, son premisas clave que el país debe tener en cuenta antes de trazar cualquier ruta. También está en juego la distribución de recursos, siempre ligada al presupuesto nacional, la urgencia de austeridad fruto de la reforma tributaria de 2016 y la convergencia en el precio del petróleo como centro de debate.

Ante esta realidad, y muy pese al positivo desempeño que ha mostrado la agricultura y la ganadería en los últimos meses, expertos aseguran que la industria, por lo general, siempre encarnará menos riesgos que los del sector agropecuario, especialmente en cuestión de rentabilidad, inversión, cambio climático y trabajo.

“El agro, por ser el sector más barato de la economía, tiene ciclos de producción mucho más lentos, con una utilidad más baja y un incentivo en la oferta sin promover la demanda. Esto, sumado a factores de riesgo externos como consecuencia propia del calentamiento global (gases de efecto invernadero y deforestación), hacen que el campo esté mucho más desprotegido que la industria, la cual así caiga en puntos PIB, en rentabilidad siempre será mejor”, asegura el economista Santiago Iregui, egresado de la Universidad de la Sabana.

Ahora, para el director ejecutivo de Dignidad Cafetera y uno de los líderes visibles de la nueva Dignidad Agropecuaria de Colombia, Óscar Gutiérrez Reyes, el problema radica en la no contraposición del desarrollo de ambos sectores ya que, dice, debe ser este el eje principal del fortalecimiento económico nacional.

“No se puede tener confección, textiles, zapatos si no se tiene agro. Este sector, junto con la industria, es lo único que crea riqueza en el país. Sin embargo, la realidad es que tenemos una política económica contraria el desarrollo agrícola e industrial, ya que su esencia actual se basa en el extractivismo. Y aunque al agro lo incluyen ahí, no hay respaldo suficiente. Nada mas basta mirar la cifra del presupuesto nacional para el desarrollo agrícola. Es un chiste”, puntualiza el líder cafetero.

Gutiérrez Reyes se refiera a lo anterior en razón de la polémica reducción que realizó el gobierno en la inversión estatal para el sector agropecuario, la cual pasó de $2,3 billones en 2017 a $1,5 billones en 2018, lo que significa una caída de 34,6 % y $ 800.000 millones menos para el trabajo de los campesinos colombianos. Pero hay datos que alarman más a los productores del campo: el 95 % de la cebada, el 93 % del maíz amarillo, así como todo el ajonjolí, la lenteja y los garbanzos que consume Colombia, según él, es importado.

“En ninguna parte he encontrado una crítica seria a los Tratados de Libre Comercio (TLC). Nuestros agricultores están en parte quebrados porque lo que llega al país es subsidiado por gobiernos extranjeros, como el estadounidense, lo que destruye la producción nacional. Es que estamos trayendo 14 millones de toneladas de arroz, eso es el 35 % de la dieta básica de un colombiano. La supuesta ‘apertura de la economía’ que se dio desde el gobierno de César Gaviria le quitó a la nación la oportunidad de expandirse como potencia agrícola. Tenemos la suficiente diversidad, población, riqueza natural y variedad de climas como para desaprovecharlo como efectivamente está sucediendo”, agregó el director de Dignidad Cafetera.

Así las cosas, lo ideal no sería buscar una recuperación sostenida con un solo frente de batalla, sino lograr que la alta rentabilidad industrial soporte el riesgo operativo del sector agropecuario. Es decir, industrializar el agro generando maquinarias no perjudiciales para la tierra, las cuales optimicen tiempos y puntos de producción de cultivo. Esto partiendo de lo que la misma palabra industrializar significa: no solo exportar el producto sino procesarlo, desarrollarlo y entregarlo terminado. De esta forma también se genera investigación, se amplían fronteras de conocimiento, y se impulsa la industria de productos derivados de la materia prima.

Así lo propone la Asociación de Medianas y Pequeñas empresas (Acopi), en cabeza de su presidente Rosmery Quintero, cuando dice que el Estado debe invertir una cantidad mayor de recursos, beneficios y tecnificación en aquellos sectores en donde se pueda generar valor agregado e inserción en mercados internacionales. “El modelo económico debe transformarse a una integración donde el agro aporte materias primas de gran valía en industrias como alimento, cosmético, farmacéutico e industria química. Basta con mirar el caso de Brasil, donde han industrializado sus procesos agrícolas, que el sector actualmente representa el 30 % de la producción nacional; mientras que en Colombia solo representa el 6 %”, afirma Quintero.

En lo anterior también concuerda el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya Vizcaya, aunque con una teoría homónima. Bedoya asegura que ni el agro ni la industria pueden ser excluyentes y que, en ese sentido, Colombia tiene que procurar asegurar, como concepto básico, la seguridad alimentaria bajo un espectro de competitividad. Sin embargo, desde la SAC la palabra “industrializar” no parece la más adecuada, ya que quieren que este sector deje de entenderse como un concepto de mero tamaño y se convierta en un proceso de generación de valor.

“Nosotros lo que venimos impulsando es la tesis de ‘empresalizar’ el agro. ¿En que sentido? Si se mira el desarrollo agropecuario de nuestro país, y en particular muchas de las crisis que tienen los productores, es porque no tenemos una visión de empresarios sino una visión de oferta. Es decir, producimos para vender en lugar de vender para producir. Esto implica, primero, una gran transferencia de conocimiento y educación para que se soporte la base de que no solamente hay que ser productivo en la tierra o con los animales, sino también en el desarrollo de cadenas de logística, y distribución, aunque en particular en la cercanía con el consumidor”, comenta Bedoya.

La consecuencia de esto es que los productores dejen de estar sujetos a los intermediarios, así como a las oscilaciones inesperadas de los precios mayoristas y al efecto de los incrementos en la oferta de ciertos productos. De hecho, ya la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) había advertido sobre la necesidad de priorizar el sector agropecuario, particularmente con la provisión de infraestructura regional, punto que además resulta clave para el posconflicto.

“Cuando uno mira las zonas que fueron afectadas por la guerra, en ellas se requieren muchas de las cosas que hemos venido sosteniendo en la SAC. Primero la importancia del tema de las vías terciarias, luego el tema de la educación para que niños, adolescentes y técnicos desarrollen emprendimientos rurales con visión de mercado, y por último la formalización de la mano de obra,  la irrigación de créditos a los campesinos y desmovilizados, y por su puesto la despolitización de las entidades publicas. Todo eso permitirá, o por lo menos es lo ideal, la coexistencia de sistemas de explotación de pequeños, medianos y grandes empresarios del campo. Si ese es el modelo económico que toma el país no solo para las zonas del posconflicto sino para las demás, sin duda alguna puede ser algo positivo”, agrega el presidente de la SAC.

Como factores críticos, el gremio subraya el tema de las vías secundarias y terciarias para el desarrollo agropecuario, pues son fundamentales para la conectividad de los centros de producción con los consumidores. Inclusive, aseguran que muchos de los fenómenos ilegales que afectan la economía nacional, como lo es la minería ilegal y la producción de cocaína, con esta fórmula terminarían debilitándose, pues haría mucho más asequibles y rentables las economías legales. Así que lograrlo, también podría significar una reducción en el margen de acción de los grupos irregulares que controlan dichos negocios, como lo son las Bacrim, las disidencias de las Farc, el Eln, entre otros.

Sin embargo, industrializar o ‘empresalizar’ el agro para impulsar la producción no es una ambición de poca monta. Para nadie es un secreto que este 2018 es un año especialmente difícil para la economía nacional. La construcción de vivienda y de oficinas se encuentra en declive, la industria textil hasta ahora está repuntando luego de la crisis de 2017, y la actividad minera enfrenta enormes limitaciones, en su mayoría medioambientales, para su avance. Esto sin contar con el tenso escenario político que vive el país y los recientes escándalos por el manejo de los recursos del Estado y de la cooperación internacional destinados al posconflicto.

Por eso muchos analistas hacen su apuesta no por la industria o el agro colombiano, o como se ha sugerido, una integración equilibrada entre estos dos, sino por una migración al sector servicios. Este, por el 57,5 % que representa en el PIB nacional, se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales para el país. No obstante, algunos gremios aún consideran al sector como el “mundo de la obra barata” o, por el contrario, como un escenario utópico para la realidad productiva del país. Es decir, si ni siquiera hemos sido capaces de optimizar la tierra ni la industria, mucho menos tenemos para llegar a la intangibilidad de los servicios.

“Migrar a este sector por completo resulta absurdo porque no creo que un país se pueda ver asimismo sin producción de alimentos. Al final del día hay un mercado de 50 millones de personas para alimentar y, a través de los mercados internacionales hay muchas oportunidades para nuestros productos. Si dejamos ese gran mercado atrás alguien mas lo va a llenar. Segundo, tenemos un enorme potencial en explotación de tierras para actividades agrícolas y pecuarias que no podemos olvidar. Claro, hay limitantes en materia de vías, educación y acceso a bancarización, pero la capacidad de mercado que tiene Colombia es impresionante”, concluye Andrés Bedoya, de la SAC.

Por último, en cuanto a cuál de los candidatos se acerca más con sus propuestas a las necesidades económicas reales del país, que pide a gritos una mirada objetiva de la producción y desarrollo agroindustrial, las opiniones siguen divididas. Algunos del gremio de agricultores consideran que Gustavo Petro puede ser quien más le haga daño al sector con una eventual destrucción de las formas avanzadas de producción que Colombia viene implementando.

Desde la otra orilla, analistas internacionales como Allison Benson, del London School of Economics and Political Science (LSE), y Andrés Trejos, estudiante de PhD en Economía del University College London, quienes redactaron un análisis para El Espectador en el pasado mes de marzo, consideran que Iván Duque, con sus promesas de bajar impuestos y “revisar la regla fiscal” solo produce contradicción, “pues asegura muchos créditos, subsidios y exenciones sin explicar de dónde saldrán los recursos”, escribieron en el especial.

A Germán Vargas lleras, por su parte, los empresarios lo ven como una continuación a lo que ya se viene haciendo en materia de política económica en el país, enfocada en la minería, la energía y el extractivismo en general, mientras que Sergio Fajardo, por su propuesta de revisar los TLC y modificarlos para proteger la producción nacional para el mercado interno y la exportación, parece ser el punto neutro.

Esperemos que el panorama empiece a despejarse después del próximo domingo de elecciones.