Según un informe del programa Somos Defensores, en 2019 se registraron 844 actos violentos contra quienes ejercen algún liderazgo social en Colombia.
Como lo hemos dicho y registrado en Pacifista!, 2020 pinta como otro año violento para los líderes sociales y defensores de derechos en Colombia. No ha pasado ni mitad de año y ya se sobrepasó la cifra de 100 líderes y defensores asesinados según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz —Indepaz—. Hasta la publicación de esta nota, su contador de crímenes contra quienes ejercen algún tipo de liderazgo social iba en 111.
La violencia contra los líderes y defensores en 2020 puede ser igual o peor que en 2019. El año pasado se contabilizaron 844 agresiones individuales, que incluyen amenazas, atentados, detenciones, robos de información y asesinatos. Este dato lo entregó el programa Somos Defensores al comienzo de esta semana en su informe anual sobre la situación de los líderes y defensores en el país. “En promedio, se agredieron 2,3 personas por día durante 2019, convirtiéndose en el año más agresivo de la década”.
Según el informe, el año pasado fueron asesinados 124 líderes y defensores. Algunos casos emblemáticos son el de María del Pilar Hurtado, quien lideraba un asentamiento en un barrio de Tierralta, en Córdoba (este es muy recordado por el video donde su hijo llora y grita de rabia por el crimen); el de Carlos Arenas Salinas, quien era defensor ambiental en el Tolima y promovía la Ruta del Cóndor; y el de los cuatro guardias indígenas del resguardo Tacueyó en Toribío, norte de Cauca, asesinados por la columna Dabogerto Ramos de las disidencias de las Farc.
El futuro es incierto para los hijos de María del Pilar Hurtado
Aunque en el 2019 se redujo el número de lideres sociales asesinados con respecto a 2018, donde se presentaron 155 crímenes, el total de agresiones aumentó. “Esta cifra (844) revela un aumento de 39 casos frente a 2018, en el que se documentaron 805 agresiones. Esto significa un incremento del 4,8 por ciento en hechos de violencia que obstaculizaron la labor de defensa de los derechos humanos”, se lee en el documento.
El informe también detalla cuáles fueron las zonas donde más los agredieron. En 30 de los 32 departamentos del país se presentó al menos un acto violento. Pero en 11 de ellos ocurrieron la mayoría de agresiones: Cauca (237), Antioquia (60), Arauca (52), La Guajira (41) Valle del Cauca (42), Chocó (32), Córdoba (34), Risaralda (28), Bolívar y Norte de Santander (27 cada uno), Nariño (21) y Huila (20). En Bogotá se registraron 22 casos.
“Los departamentos donde hay concentración de las agresiones son lugares donde antes la antigua guerrilla de las FARC controlaba la vida social, económica y política. Sin embargo, después de la salida de este grupo de los territorios se ha presentado un aumento en las disputas por el control de los cultivos de uso ilícito y del procesamiento de drogas (particularmente de la cocaína); presencia de extracción de minería ilegal y reconfiguración de bandas paramilitares, a pesar de la importante presencia de las fuerzas militares. El resultado es el incremento de violencia contra los líderes y defensores”.
Otro dato que resalta Somos Defensores en su informe es el tipo de liderazgos agredidos. De los más de 800 casos, 271 corresponden a defensores y líderes indígenas, 128 a defensores de derechos humanos, 97 a líderes comunitarios, 91 a miembros de Juntas de Acción Comunal, 87 a líderes campesinos, 46 a víctimas del conflicto (que encabezan procesos de reparación), 21 a líderes sindicales y 13 a defensores ambientales. Lo demás casos son contra líderes de la población LGBTI+, defensoras de derechos de la mujer y líderes estudiantiles.
“Es evidente el incremento de ataques contra el liderazgo indígena, de quienes se registró 148 agresiones en el Cauca, la mayoría en la zona norte y oriente del departamento”, señala el documento.
Ahora, ¿quiénes los están agrediendo y asesinando? De acuerdo con Somos Defensores, el 47 por ciento son estructuras o grupos paramilitares, el 32,4 por ciento son agentes desconocidos (es decir, aún no se tiene la identidad de los responsables), el 13 por ciento son disidencias de las Farc, el 4,2 por ciento son el ELN y el 3,5 son las fuerzas armadas.
“Es preocupante el alto número de agresiones cometidas por actores desconocidos o sin identificar. En el 2019 se registraron 265 casos en los cuales no es claro quién pudo haber perpetrado la agresión”, dice el programa en su análisis. Y agrega que eso puede obedecer a que hay miedo a denunciar por temor a retaliaciones o que al momento de la agresión los responsables están ocultos tras una capucha o sirven de intermediarios de alguien o algún grupo armado.
“Para los que defendemos la paz, todo esto se está convirtiendo en un holocausto”
¿Qué pasa con la respuesta estatal?
En el informe, Somos Defensores señala que el ‘Pacto por la Vida’ anunciado por el presidente Iván Duque en su discurso de posesión y en el Plan Nacional de Desarrollo no se ha cumplido. “En realidad los pactos propuestos se quedaron en enunciados. Es el caso del ‘Pacto por la Vida y la Protección de los líderes y lideresas sociales y las personas defensoras de derechos humanos’, suscrito en San José de Apartadó el 23 de agosto de 2018. De ese pacto solo queda el nombre, pretexto para titular algunos documentos publicados por la Consejería de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior”.
Para el programa, el Gobierno debería ser el primero en dar ejemplo en la protección a los líderes y defensores y en la lucha contra los grupos armados que los agreden. Sin embargo, el crecimiento de organizaciones paramilitares y de disidencias de las Farc demuestra que la fuerza pública no está haciendo mucho para contener a los agresores de quienes ejercen algún tipo de liderazgo social en el país.
Con el pacto firmado en agosto de 2018 se esperaban nuevas medidas para mejorar la seguridad de los líderes y defensores de derechos. Pero la respuesta fue la de siempre: militarización de los territorios como única forma de protección, lo que por lo visto no dio resultado en 2019 ni lo que va de 2020.
“Uno de los primeros anuncios hechos por Duque fue reforzar la seguridad con 5.000 hombres más en la región del Catatumbo. Hizo lo mismo con al menos 2.500 militares para el norte del Cauca. Sin embargo, en esas regiones no han cesado la violencia y expansión del narcotráfico, dejando más interrogantes que certezas frente a la utilidad de la militarización y el gasto en defensa”.
A manera de conclusión, Somos Defensores afirma que las políticas o campañas del Gobierno Duque para proteger el liderazgo social en Colombia distan bastante de lo que quedó pactado en el Acuerdo final de paz sobre este tema.
Pueden consulta el informe acá.
