Hotel Espera: la cuarentena oculta que afrontan 16 líderes sociales en Medellín | ¡PACIFISTA!
Hotel Espera: la cuarentena oculta que afrontan 16 líderes sociales en Medellín
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Hotel Espera: la cuarentena oculta que afrontan 16 líderes sociales en Medellín

Colaborador ¡Pacifista! - Marzo 22, 2020

Mientras el mundo entero vive sus primeras semanas en aislamiento y encierro por una pandemia, 16 líderes sociales amenazados llevan meses en una cuarentena similar en un hotel de Medellín.

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Una crónica de Santiago Cembrano:

Jota se ha movido toda su vida. De Puerto Rico-Tiquisio, Bolívar, donde nació y creció, salió a los 17 años para evitar ser reclutado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Desde entonces, no ha parado de correr y mudarse: Carmen de Bolívar (Bolívar), Barrancabermeja (Santander), Zarzal (Valle del Cauca), Bogotá y Necoclí (Antioquia) han sido algunos de sus hogares de paso a lo largo de 36 años.

Desde el 23 de noviembre de 2019, cuando llegó a Medellín, Jota ya no se mueve: solo espera.

Donde quiera que haya estado, Jota ha trabajado para mejorar y aportarle a su comunidad, por eso lo llaman líder social: luchó por el acueducto de Carmen de Bolívar, por el derecho a la vivienda en Barrancabermeja y por la seguridad de los habitantes del Zarzal. En Zarzal lo apuñalaron. Sobrevivió y huyó a Bogotá, donde la Unidad Nacional de Protección (UNP) le asignó medidas de protección blandas, es decir, un chaleco antibalas y un celular. Luego de un tiempo se fue a vivir a Necoclí, donde estaba su compañera. Allá empezó a trabajar en una emisora radial, un trabajo que lo apasiona y que ejerció en distintos lugares.

Apenas llevaba un mes en eso cuando fue retenido por el Clan del Golfo. Jota estaba montando una tienda de ropa con su esposa y su suegra, y no había pedido los permisos necesarios a ese grupo armado para poder operar en ese municipio del Urabá antioqueño. “Este no es el patio de su casa, donde usted puede hacer lo que quiera”, le dijeron. Cuando lo detuvieron y lo requisaron, le encontraron los papeles que lo vinculaban con la UNP. Apenas días antes, dos escoltas de la UNP habían sido asesinados en la subregión. A Jota lo secuestraron y duró unos días atado a un árbol, no muy lejos de Necoclí. En una noche de tormenta, logró escapar y llegar a Apartadó. Desde allá, nuevamente, pidió ayuda real a la UNP. El celular y el chaleco no le habían servido de nada.

Todas las fotos de: Liberman Arango

Por eso Jota llegó a Medellín el 23 de noviembre de 2019, en el marco de la ruta de protección de la Gobernación de Antioquia para proteger la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el departamento.  Esta ruta protege a los líderes sociales mientras la UNP define su situación y emite su valoración. Por eso, desde que Jota llegó a Medellín, no hace sino esperar: a volver a ver a su familia; a que la UNP estudie su caso y nivel de riesgo; a que lo reubiquen o le ratifiquen las medidas blandas; a que se las aumenten (un vehículo con escoltas, por ejemplo) o a que se determine que no pasó nada, en el peor de los casos; a salir del hotel en el que se hospeda junto con 16 líderes sociales (35 personas, sumando las familias de algunos) que también esperan. Espera a que pase algo. Se enfrenta a la presión de actuar, pero volver a su casa sería ponerse en riesgo de nuevo. Esa tensión entre movimiento y quietud es constante en su día a día.

***

En las últimas semanas, y especialmente en los días recientes, los colombianos han atendido el llamado mundial a no salir de sus casas para prevenir el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). Ya hay personas lamentándose porque no soportan estar encerrados, no poder verse con sus amigos, no poder aprovechar el puente festivo, no poder seguir con su vida normal por el llamado al aislamiento social en una cuarentena que todavía no es oficial. Hay que señalar la paradoja. Colombianos como Jota llevan en una cuarentena real y extendida varios meses sin saber cuándo acabará, sin entender bien cuál es la ‘vacuna a la enfermedad’, sin tener idea de qué vendrá. Ni el encierro más prolongado y estricto por Coronavirus en el mundo se compara con el de los líderes sociales que llevan más de hasta 15 semanas en ‘cuarentena’. En ambos escenarios, la solución parece la misma: afrontar la espera con disciplina y radicalmente. No ceder.

En el hotel (en medio de la pandemia tal vez uno de los lugares más seguros de Medellín), Jota recibe hospedaje, alimentación y útiles de aseo personal. La ubicación (que no se puede decir), la comida y la atención son excelentes, dice Jota, pero reconoce rápidamente que la vida es mucho más que comer y dormir. Va mucho más allá de estar vivo, de sobrevivir. No nos damos cuenta (bueno, ahora sí) de todo lo que hacemos afuera de la casa, de todo lo que necesitamos salir, hasta que llega la directriz que limita la movilidad y restringe las salidas.

“La Gobernación de Antioquia habla de medidas complementarias que te permitan desenvolverte en sociedad, como temas de movilidad, tener recursos para moverte de un lado al otro; tener para hacer una llamada; tener para comprar un preservativo si te provoca. Eso no pasa aquí, y hace parte de la dignidad humana, de llevar una vida tranquila. Tampoco hay acompañamiento psicosocial. Debería estar pasando, hay un incumplimiento de las medidas complementarias. Somos como conejos de laboratorio para ver si este proyecto funciona”, denuncia  Jota, en una sala del hotel.

La ausencia de su familia es lo que más tortura a Jota día tras día. Lo alivian las llamadas una vez a la semana con su esposa. “Yo tengo obligaciones con ella, con mis hijos y con mis papás, y ya son más de tres meses sin ganar un peso. La mujer me empieza a preguntar que qué va a pasar. Hay días que no son fáciles por lo que tú estás viviendo, y a veces te llaman o te escriben y uno piensa rico que llamen de la casa, pero es para montarte más carga a los hombros”, dice Jota. Respira hondo antes de continuar hablando, quizás para calmarse. Quiere contar su historia, pero cuando desvía su mirada es evidente que esa historia lo desespera y lo tortura. Luego se recupera y vuelve a la carga.

La espera (7 AM)

En los momentos de mayor desespero, Jota sube corriendo por las escaleras. Baja al primer piso y sube hasta el sexto, con la fuerza de seguir corriendo e irse, pero con la conciencia de que debe seguir esperando. Corriendo al menos acelera el ritmo cardiaco, explica: “Soy un amante del deporte, así se hacen amistades, pero acá no puedo hacer nada”. Hay días en los que amanece en el piso, aunque la cama es buena: “Cojo la toalla o una cobija gris y me tiro ahí. Si no, no concilio el sueño en la cama después de haber estado acostado todo el día”. A veces se baña más de una vez al día aunque no haya sudado en absoluto, una vez con agua caliente y otra con agua fría: cualquier cosa que sirva para quemar el tiempo y distraerse.

Se despierta mecánicamente alrededor de las 7 A.M. todos los días, sin despertador. Una hora después desayuna arepa, chocolate y jugo; quizás calentao’.  Luego vuelve a su habitación, ve televisión un rato y se mete a WhatsApp a ver qué pasó en los grupos en los que está. Tira el celular por ahí cuando ya no lo distrae y se recuesta un rato en la cama. Luego la cama fastidia”, reconoce. Sale de su habitación a media mañana y se come una fruta o un croissant, y se toma un jugo o un tinto. Vuelve a subir hasta que sea la hora del almuerzo. Baja y almuerza. Sube de nuevo y hace dos horas de siesta. A media tarde se come otra fruta o cualquier cosa, y se toma un jugo. Sigue bajando y subiendo a lo largo de la tarde, quema tiempo hasta que sea la hora de la comida. Aunque luego de comer, debe quemar más tiempo hasta que lo alivie  el sueño.

Así pasan los días. Todos los días. Cuando surge alguna reunión y le preguntan por su disponibilidad de tiempo, finge y lo piensa por un segundo, para luego acceder. No, dale, yo saco el espacio. “Decimos eso, sí, pero acá no hacemos un carajo”. 

Son días parecidos a los de su compañero Andrés, que pasa el tiempo jugando en el celular y cuando se aburre de estar aburrido sube a la terraza. Él, otro líder social resguardado en el hotel, viene de Apartadó, de donde huyó perseguido por liderar procesos de restitución de tierras. Andrés cuenta que descargó una aplicación que le indica rutinas de flexiones de pecho, y la usa cuando no soporta más estar sin hacer nada. La cuarentena ya ha hecho su efecto: ambos hablan con cierto fastidio de estar confinados a un lugar particular, de no poder salir o de arriesgar su vida si lo hacen.

Jota no tiene más posesiones que las que alcanzó a cargar cuando huyó del secuestro en Necoclí, más lo que tenía puesto. Unas zapatillas, un pantalón, dos camisetas (una se la regaló un compañero del hotel, que también hace parte de la ruta de protección) y una gorra; tiene tres o cuatro calzoncillos y algunos pares de medias. No tiene suerte, como Andrés, de tener un primo en Medellín que le compre ropa y le lleve algo de plata. Lava ropa en el lavamanos y por la noche la pone a secar en el ventilador de la habitación –prendido siempre para combatir el calor que emite el protector del colchón–.

Es la misma ropa que usa al día siguiente. Lava en el lavamanos porque en el hotel le dijeron que el programa de protección no cubre el servicio de lavandería. También carga consigo sus documentos: la cédula, las denuncias de los casos de Zarzal y Necoclí y los papeles de la medidas de protección blandas que le asignó la UNP luego de que atentaron contra su vida en Zarzal. Cuando lo retuvieron en Necoclí había recibido un pedido de ropa para un negocio que iba a montar con su suegra. Todo ese pedido se perdió, pero él se quedó con un peluche y un sonajero para su hija de ocho meses (aunque eso no se lo ha dicho a su esposa; quiere que sea una sorpresa para cuando se encuentren de nuevo). Imaginar ese momento, cuenta, le da fuerza para seguir; para seguir esperando.

La habitación no da signos de estar habitada. Parece, en cambio, que una persona estuviera de paso por apenas unos días. Al lado de la puerta, de un gancho cuelga el morral con el que llegó y en el que le cabe la vida. Un cuadro genérico e impersonal —como el que uno esperaría en una situación así— se eleva sobre la cabecera de la cama. Hay varios ganchos para colgar ropa apilados en un armario sin puerta. Él solo necesita uno. La nevera está vacía, salvo por un pedazo de panela, un limón y una botella de agua a medias. Cuando tiene sed, prefiere bajar a la recepción a tomar agua: una excusa para salir del cuarto, al menos por unos minutos.

En la esquina de la habitación hay un minicomponente y unos audífonos de diadema que también cargaba cuando le tocó dejar Apartadó “Cuando estoy muy aburrido o deprimido, me conecto a la emisora 1130 para escuchar vallenato. Eso me conecta con la región: es identidad, es tierra. Me gustan Diomedes, Zuleta, Iván Villazón, Peter Manjarrés, Pipe Peláez, Jorgito Celedón, Jean Carlos Centeno… no hay una preferencia”, cuenta. Cuando está viendo televisión, sintoniza los deportes, History Channel o Animal Planet; si es fin de semana, quizás una película. Le gusta leer de todos los temas, pero en el hotel no hay biblioteca.

Cada mes le entregan lo que el programa considera necesario para su higiene personal: un desodorante Arben For Men (una versión pirata de Arden For Men) que, según Jota, no hace mucho efecto; un champú que le produce caspa (rechaza la hipótesis de que sea por el estrés, como le han dicho), “un mal producto”; una crema dental Colgate; un cepillo de dientes al que mira con algo de desconfianza; una cuchilla de afeitar Gilette Prestobarba (“y es solo una”, enfatiza). El jabón que usa  es de los pequeños que hay en los hoteles: si quiere uno de mayor tamaño le toca comprarlo. Al lado del champú hay pequeñas ampolletas de diclofenaco, un analgésico y antiinflamatorio que tuvo que tomar después de la golpiza que recibió en cautiverio.

“Esta habitación me asfixia. Acá he tenido que soportar que mi mujer me diga que mi hija está enferma y ella no tiene un peso. Estas cuatro paredes son los testigos de mi realidad. Acá hablo solo, canto, lloro. Prefiero desahogarme acá”, comenta Jota.

Su familia sigue en Necoclí, amenazada y castigada por el Clan del Golfo: no pueden salir de la zona. Son la garantía de que Jota vuelva. Mientras tanto, se mantienen con la ayuda de su familia, que también vive en Necoclí. La angustia crece para Jota cada día, por no poder ayudar a solucionar los gastos de su familia. Le duele no poder estar allá. Le duele saber que si vuelve es probable que lo maten. Le duele saber que para que todo esté mejor lo que debe seguir haciendo es nada: esperar.

Mientras todo eso pasa, o nada pasa, Jota teje balacas de hilo. El hilo se lo regaló un compañero. Las que ya están terminadas están sobre el televisor. Ese remedio es temporal, pues después de un rato la desesperación vuelve. El encierro le ha servido para empezar a escribir una historia (que puede ser un libro) sobre su fuga. Me la resume rápidamente.

Había pasado varios días amarrado a un árbol de mamoncillo, sufriendo tortura psicológica por parte de sus captores: que lo iban a matar con un tiro o a machete; que lo iban a picar. Una madrugada, durante una tormenta, se dio cuenta de que los amarres se habían soltado en sus pies. Se demoró un rato revolcándose e intentando pasar sus manos, que estaban atadas a su espalda, hacia adelante. Esto le dejó la cara y los oídos llenos de lodo. Cuando lo logró, llegó hasta dónde estaban sus captores, borrachos y dormidos. Los golpeó para asegurarse de que no se despertaran y buscó sus pertenencias. Recuperó el morral, el peluche y la ropa de su hija y su chaqueta. Salió del lugar y empezó a caminar, aunque el cuerpo, golpeado, ya no le daba más. Descansó un momento al lado de una quebrada y luego se subió y se amarró a un árbol para dormir y, luego, decidir hacia dónde caminar. Llegó hasta donde estaba un ángel que le dio cama, comida, lo ayudó a lavar la ropa y le prestó plata para coger un bus a Apartadó. En Apartadó llamó a la UNP. Lo recogió el Gaula y, desde entonces, está en la ruta de protección de la Gobernación.

La ruta (12 PM)

En Colombia, la protección de los líderes sociales le corresponde a la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, en muchas ocasiones estos líderes sociales pueden quedar totalmente expuestos mientras que denuncian las amenazas de las que son víctimas y la UNP actúa. Ahí es cuando intervienen las gobernaciones y los municipios, a los que Presidencia ha exhortado a acompañar el proceso de garantía de derechos y defensa de los líderes sociales, a través de medidas complementarias y temporales para proteger a los líderes mientras la UNP estudia su caso y actúa. Aunque en condiciones normales las funciones de protección de los colombianos les corresponden a la UNP (y a instituciones como la Policía Nacional), la situación en muchos casos es urgente, y los departamentos deben intervenir.

En enero de 2019, la Gobernación de Antioquia reconoció el llamado de Presidencia y se comprometió a participar en la protección de líderes sociales amenazados con medidas complementarias mientras pasan los tres meses reglamentarios en los cuales la UNP, desde Bogotá, debería estudiar los casos respectivos y asignar las medidas de protección pertinentes. Así nació esta ruta de protección en la que están participando Jota y los demás líderes, que es, entonces, subsidiaria a la labor de la UNP, la institución que tiene asignada la obligación principal de protegerlos.

La calidad complementaria y transitoria de la participación de la Gobernación de Antioquia en la protección de líderes sociales amenazados es algo en lo que enfatiza con fuerza María Fernanda Posada, Directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia. Es más, resalta que está también debería ser la labor de los municipios, que deberían implementar medidas de protección en los territorios, antes que de la Gobernación. Posada recalca que el sistema está saturado de líderes sociales amenazados y que las medidas duras de protección (dos escoltas y un carro) son costosas. También comenta que ha pasado que la ruta dura más de los tres meses planeados  si la UNP no ha fallado para entonces.

Posada insiste en que no se puede entender a la Gobernación como garante de la vida de los líderes sociales, pues esto corresponde a las instituciones que tienen la capacidad para esto: el Inpec (cuando priva de la libertad), la Fiscalía (con su ruta de protección de testigos), la Unidad de Víctimas (con la implementación de la Ley de Víctimas 1448 de 2011) y, claro, la UNP.

Aunque recibe esta competencia de la Presidencia, la Gobernación no recibe recursos específicos o adicionales para este fin. Esta ruta no está prevista en el presupuesto de la Gobernación. Posada invita a pensar esta situación como una estructural, en la que la capacidad estatal no da y en la que la necesidad de los departamentos y municipios de intervenir surge de esa situación, en vez de entender la ruta como como una medida regular. Añade, además, que no conoce de otros departamentos que estén implementando una ruta como esta.

“La Gobernación está atada de manos”, sentencia Posada. El problema, como suele serlo siempre, es la plata. Si no les asignan presupuesto, dice, es difícil atender debidamente a los líderes, que además, en ocasiones, vienen con sus familias.

Al ser líderes sociales amenazados no pueden quedarse en albergues sino en hoteles, lo que eleva el costo del programa. Insiste en que la acción de la Gobernación es complementaria, y confiesa que ha sido un reto para la institución comunicarles efectivamente a los líderes sociales que la ruta es transitoria, no una medida permanente en la que van a pasar a vivir en el hotel, ese en el que ahora esperan durante su cuarentena extendida.

Hasta ahora, la ruta de protección es ejecutada por el Hospital Mental de Antioquia, que funciona como el operador del contrato. Ese operador había sido el elegido por la gestión pasada, durante el mandato de Luis Pérez, y ahora, bajo la gobernación de Aníbal Gaviria, va a cambiar. El Hospital, entonces, ha sido el encargado de contratar con el hotel, de entregar y determinar el kit de aseo, y de encargarse de la implementación del proceso según las directrices de la Gobernación. 

“Entendemos que la vida va más allá de estar vivo, entendemos el derecho a la vida digna. Entendemos la necesidad de un subsidio, de un mínimo vital. Y entendemos los reclamos por acompañamiento psicosocial. Se ha hecho un esfuerzo por encontrar educación para los niños y las niñas, por hacer lo posible en términos de acompañamiento psicosocial. Hicimos una jornada de salud. Son muchas las necesidades y las variables”, admite Posada, y señala que en esas situaciones es cuando es más complejo que la Gobernación asuma esas competencias.

Su presupuesto es limitado, insiste, y pregunta por el papel de los municipios con su presupuesto, por el papel del Estado en pensar políticas integrales que prevean estas situaciones.  Su visión de los líderes sociales es clara: “Son pilares de una democracia sana, en nuestro país nunca deberían estar en una situación de desarraigo”. 

***

Mientras esperan, Jota y sus compañeros se quejan de que reciben información escasa e incompleta respecto a cómo avanzan sus procesos. Tener claridad frente a los pasos y los tiempos de éstos les permitiría entender mejor su situación y saber cuánto tiempo más deberían estar en esa espera. Ante la confusión y la poca comunicación, el tedio pesa más, al no saber qué se está esperando ni cuándo debería llegar. La incertidumbre ante el futuro afecta el presente, hace de su cotidianidad una existencia incierta. Necesitan información constante, clara y precisa, pero no la tienen. Es como nadar a la deriva sin saber qué tan cerca está la orilla, ni en qué dirección, pero seguir dando brazadas para no ahogarse.

“Dicen que son 90 días para que la UNP estudie el caso y decida. Unos compañeros llevan ocho meses o más de un año. Es un futuro incierto. La información que dan es confusa. De la Gobernación dicen que no hay presupuesto. Lo primero es que no sabemos qué va a pasar con nosotros. Además, no hay políticas de integración a la sociedad, de proyectos productivos, de oferta institucional, de nada. El vacío es total. Se pasaron propuestas para mejorar la ruta y no las tuvieron en cuenta”, denuncia Jota.

Otro problema crucial es que no tienen plata ni forma de obtenerla. Jota cuenta que cuando llegó recibió 90.000 pesos de parte de la Alcaldía. Los dividió en mitades y las mandó a sus familias. Se ha ido dado cuenta de las grietas en el discurso de protección de víctimas que le habían construido. Dice que la ruta no les permite buscar ni conseguir trabajo. En todo caso, explica que cuando compañeros suyos han buscado trabajo, varias empresas les han cerrado las puertas: no quieren personas protegidas por la UNP, con chaleco antibalas, que pongan en peligro al resto de la empresa y se vuelvan en un problema para los compañeros. Temen un atentado contra ellos durante las horas laborales.

Para otros como Andrés es importante ser útil y productivo mientras espera y vive su encierro, su cuarentena, que ya se extiende por varios meses. Para luchar contra el hastío de estar tirado en la cama todo el día y de no hacer nada, quiso sacar una certificación del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Se echó para atrás porque le recomendaron no crear rutinas, cosa que inevitablemente iba a hacer yendo a clase. Además, no recibió garantías de estar protegido si iba a estudiar: nada le garantizaba que no lo atacaran en camino a sus clases. Con todo y eso, reivindica la necesidad de que los derechos a la educación y a la salud, entre otros, se cumplan.

Ante esta situación, la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Antioquia le comenta a Pacifista! que, al ser la ruta una medida transitoria que debería durar tres meses, la Gobernación debe ser muy juiciosa en su papel como garante de derechos de trabajo y educación con los líderes sociales que están en riesgo.

Por un lado, no tendría sentido empezar un proceso educativo que se viera truncado con el fin de la ruta luego de que la UNP decidiera sobre el caso; eso podría, incluso, generar revictimización, señala Posada. Por otro lado, la Gobernación no puede garantizar la seguridad de los líderes, por lo que todo lo que implique salir del hotel es un riesgo. 

Además de Andrés, uno de los compañeros con el que Jota tiene buena relación es ‘El Abogado’, también un líder social amenazado. Le dicen así porque organiza las actas y grabaciones de las reuniones, los documentos de las peticiones y, en general, todos los papeles que explican su situación. Según las cuentas de El Abogado, basándose en lo que dicen las personas que trabajan en el hotel, en el contexto de la ruta de protección la Gobernación paga más de 3 millones al mes por cada persona.

Yo llevo ocho meses acá. El valor total que han pagado es más alto de lo que me tienen que indemnizar. Sería más lógico que me dieran 24 millones y yo me las arreglara. Esa plata ha sido mal invertida. Ha habido mala administración de recursos de la Gobernación”, dice el Abogado.

Según Posada, el costo por noche de la habitación ronda los 90.000 pesos, aunque varía según las personas (pues algunos líderes están con sus familias) y el tipo de habitación. Recalca que es un precio alto, por ser un hotel. Frente a esa situación, tanto la Gobernación como los líderes sociales amenazados han considerado la posibilidad de implementar la figura del autoalbergue: que den la plata que invierten en su hospedaje y alimentación para que ellos mismos se organizaran su vida. Para Jota, eso sería un subsidio, no autoalbergue, porque autoalbergue sería que él mismo se pudiera sostener.

La falta de dinero también es un obstáculo para salir a calle e interactuar con la ciudad, aunque no es el único factor. “Tampoco hay acompañamiento de seguridad. La mayoría venimos de zonas apartadas. No tenemos georreferenciación de qué es la ciudad, dónde podemos estar, a dónde podemos ir y a dónde no. Nos traen aquí y nos sueltan. Podemos salir con acompañamiento policial, pero llamamos a pedir ese acompañamiento y los policías no llegan”, explica Jota. Añade que prefiere siempre acudir a la Cruz Roja en vez de a la Policía, como todos los que han trabajado en temas de Derechos Humanos. Es claro que no confía en la Policía, una institución con la que ya había tenido problemas cuando vivía en Zarzal, Valle del Cauca y que puede aportar a la revictimización en casos como el suyo.

Ante los reclamos y denuncias para buscar mejores condiciones, que han planteado ante las entidades como la Gobernación de Antioquia, Jota habla de un funcionario que les respondió que no pueden tener pan y pedazo, es decir, que podían estar ahí pero no exigir más. Por eso, para conseguir cupos en colegios para los niños del hotel les tocó saltarse los canales de  la Gobernación, que no consiguió los cupos a tiempo: “tocó conseguir los cupos por nuestra parte, por algo somos líderes sociales”.

La directora Posada explica que, por un lado, la competencia de asignar cupos en colegios no es de la Gobernación sino del municipio de Medellín, por lo que la participación de la Gobernación en este aspecto fue de  acompañamiento, más allá de sus competencias. Plantea también que estaría bien que los líderes sociales autogestionaran su propio proyecto de vida, incluyendo dimensiones como esta. Eso sí, agrega, “queremos modificar los protocolos para que estas medidas no surjan de la ayuda sino de la responsabilidad; que no dependan de la disposición de los servidores, así no puede funcionar el Estado. Para eso, es importante que no todas las responsabilidades caigan en la Gobernación, sino cada una en las entidades competentes”. 

La comunicación transparente y respetuosa entre los líderes sociales y defensores de derechos humanos que esperan en el hotel, la Gobernación de Antioquia y la UNP aún no se ha logrado. “Se supone que la Unidad Nacional de Protección es responsable de garantizar la seguridad y la vida de uno. Uno manda correos y se acerca a ellos y no pasa nada: ni recibes una respuesta donde te informan qué se va a hacer o en qué está el proceso. También debería poder intervenir la Unidad de Víctimas. Me dijeron en la Gobernación que una reubicación es posible, pero como hay un nuevo alcalde, los recursos no se han asignado los recursos para la reubicación de víctimas. No hay fechas, uno queda en un limbo”, explica el Abogado, que en su habitación guarda más de 80 documentos: peticiones, reuniones, actas y más.

A Jota y al Abogado lo que les preocupa es que, sin previo aviso, el programa concluya y los saquen de ahí sin definir nada sobre su situación de protección. “El temor es que el día que ellos digan pico y chao, nosotros quedemos desadaptados en una ciudad donde perdimos cuatro, cinco o seis meses, sin saber qué va a pasar con nosotros”, plantea Jota.

Ese temor se cumplió en el caso del Abogado, al que le habrían avisado súbitamente que su participación en la ruta había acabado. Por eso salió del hotel y ninguno de sus compañeros supo más de él. En todo caso, la versión de la directora Posada es distinta. Explica que el Abogado ya había obtenido su valoración de riesgo desde el año pasado, por lo que, desde entonces, había estado en la ruta más de lo permitido y presupuestado. Una vez tuvo el requisito de egreso, era hora de que saliera de la ruta de la Gobernación e ingresara al protocolo de la UNP. Por eso, insiste Posada, es fundamental que se entienda la ruta como transitoria, que encuentra un fin una vez la UNP emita su valoración. El problema es cuánto tiempo es “transitorio” para personas que deben luchar su día a día confinados.

Según le dijo un funcionario de la UNP al Abogado, días antes de su salida, se están asignando las mismas medidas de forma generalizada para todas las personas en su situación: medidas blandas. El problema, señala, es que en el territorio no se garantiza nada con un chaleco antibalas y un celular.

“Sin recursos es difícil ir a otro lado. En el territorio hay hogar y no tiene que gastar arriendo. Allá uno sabe defenderse para el alimento y lo demás. En otro lugar, no sé cómo. A uno lo mandan a la casa sin nada, ya usted defiéndase. Y con el chaleco antibalas usted es más boleta”, explica, haciendo evidente la desconexión que percibe entre lo que considera posible la UNP y la forma en que funciona la (in)seguridad en los territorios de los que vienen y de los que salieron huyendo por amenazas. 

Desde la Gobernación, Posada invita a pensar en los líderes sociales y sus problemas a través de un marco más amplio que el de la ruta de la Gobernación en particular. Admite que es un camino muy largo el que hay que recorrer en temas de pedagogía y desestigmatización, pero este es un camino que concierne también al Estado y a la sociedad civil. “Debemos entender que los líderes sociales construyen democracia en el territorio. Entiendo que a la institucionalidad puede incomodarle esa voz, entonces no siempre se toman las medidas necesarias y le dicen al líder que se vaya para Medellín. Este trabajo también involucra a los medios de comunicación, para buscar cómo empoderar a los defensores de derechos humanos”, propone Posada.

La espera se da en una cuerda floja: en teoría, nada les impide volver a su territorio, pero si salieron de allá es porque están amenazados. Por eso esperan, para buscar más protección y salvar su vida, o para ser reubicados a un lugar donde puedan reconfigurar su proyecto vital. A la vez, la espera se puede volver una experiencia miserable, al punto de que los hace querer volver a donde empezó todo, de dónde escaparon.

Durante la cuarentena, como se habrán dado cuenta los colombianos que no han salido de sus casas en los últimos días, hay tiempo para pensar las cosas una y otra vez, para darles vueltas y considerar distintos ángulos. La respuesta siempre vuelve a esa cuerda floja, a esa tensión entre esperar y actuar para estar en peligro de nuevo, pero, al menos, en movimiento. Quizás en este contexto, la mayor acción posible sea la espera radical de la que han sido partícipes.

Las emociones (3 PM)

Durante sus ratos libres –es decir, durante todo el día, todos los días– Jota pasa por todas las emociones. Siente rabia consigo mismo por las oportunidades que dejó pasar. Había trabajado como salvavidas en Cartagena y sus compañeros ya se pensionan este año, luego de 20 años de servicio. Piensa en qué habría pasado si se hubiera quedado ahí, si se estuviera pensionando él también. También imagina qué habría sucedido si se hubiera ido al seminario, como le insistió un cura una vez.  Se pone triste cuando piensa en sus hijos, en que si sale del programa quizás no pueda verlos de nuevo. Se aferra a lo que le queda, confiar en que si espera será más fácil reunirse con ellos.

Jota siente impotencia al no ser libre. Sabe muy bien qué es la libertad porque la ha perdido varias veces. Además del secuestro, estuvo cuatro años en la cárcel,  entre mayo de 2005 y diciembre del 2009. Como él lo cuenta, fue acusado de tener vínculos con el ELN y condenado por rebelión (con delitos conexos de terorismo) a 78 meses de prisión, que cumplió en la Cárcel Judicial de Valledupar y, el último año, en La Tramacúa, también en Valledupar. “En ese tiempo ya había mesa de víctimas y de desplazados. En Valledupar yo, con un compañero, empecé a hacer conferencias para la gente, para que defendieran sus derechos y no se dejaran robar. Empezamos a crear sentido de pertenencia por lo que habían dejado, su territorio, su cultura. Y bueno, al que pensaba diferente lo terminaban deteniendo”, explica Jota, cuyo abogado en el juicio fue uno asignado por la Defensoría del Pueblo. Cumplió la condena completa por no aceptar los cargos, pues podría haber salido antes si se hubiera declarado culpable. Para Jota, lo suyo fue un “falso positivo” judicial:

“No fue un juicio justo, sino la necesidad de meter presos a los que pensaran distinto”. Ahora, desde su habitación en el hotel, acepta que hay similitudes entre su situación actual y la cárcel. “Cuando te encierras en la pieza se siente parecido”, afirma.

En sus peores momentos siente cómo despiertan los demonios que lo han perseguido. Un intento de asesinato, un secuestro, estar huyendo durante la mitad de su vida y ahora estar encerrado en este hotel afectan la salud mental de cualquiera. La primera vez que los funcionarios del Hospital Mental de Antioquia, operador del contrato, se acercaron a Jota para hacer actividades lúdicas y psicosociales fue tres meses después de haber ingresado a la ruta. Sin embargo, insiste, estas son acciones aisladas, que no hacen parte de un programa integral que trate con consistencia la salud mental y la parte psicosocial de los participantes de la ruta de protección. Aún así, pidió ayuda a la Cruz Roja y pudo hablar con una psicóloga de esa institución, porque sabe que tiene esa necesidad de aclarar algunas cosas en su cabeza para no quebrarse durante el encierro.

“Acá sufro y lloro. A veces son las 4 de la mañana y no me he dormido pensando en cómo ayudar o solucionar. Que mi hija está enferma, que no tiene pañales, que se le acabó el pote, que están cobrando la plata de la mercancía que se perdió, que están subiendo los intereses. Yo quedé endeudado con eso. Toda la mercancía se perdió. Mi suegra hizo un préstamo en el banco, toca pagarlo mes a mes. Ella está enferma. Mi compañera ha estado delicada de salud. No tenemos posibilidad de nada”, confiesa Jota.

Le llegan los impulsos de salir corriendo y llegar a ver a su familia. Los impulsos se quedan ahí, mientras él acata lo que dicta la ruta de protección. Por ahora, ha podido soportar la cuarentena de varios meses.

Sobre la salud mental también habla Andrés, lo hace después de mostrar en su cuarto la comida que le mandaron de su casa y que ya se dañó porque no tiene nevera. La conserva, dañada y todo, como un recuerdo. Cuenta que tanto los servicios médicos como psicológicos (que, para él, deberían haber sido inmediatos, apenas los líderes llegaban al hotel) se han tardado demasiado en llegar. Hay días en que no duerme por no poder ayudar a su familia. Aunque ha mejorado, cuando llegó pasaba los días “paniquiao”, no salía a la calle por ninguna razón. Al igual que Jota, su cara manifiesta una tranquilidad artificial, un intento de no quebrarse en público, pero admite que sufre de depresión y que ha engordado por no poder hacer nada.

Hace unas semanas hubo una reunión en la que participó la Mesa de Víctimas y uno de sus miembros murió en la madrugada en un accidente de tránsito. Eso le enseñó, dice Jota, que debía “aprovechar cada día y empezar a valorar esas poquitas cosas” que tiene. Incluso una de las empleadas del hotel notó el cambio, y le preguntó por qué estaba tan feliz y radiante. Así se asoma la felicidad en estas condiciones.

La compañía (5 PM)

La soledad que siente Jota podría combatirse, en parte, ‘parchando’  con sus compañeros. A la larga, todos están pasando por el mismo drama. Pero esas relaciones son tensas, aclara, y se lo atribuye a que hay distintas formas de liderazgo. Hay conflictos entre derecha e izquierda, frente a posturas ante la vida e, incluso, frente a personas que tienen su pasado, según Jota, en economías ilícitas. También se queja de las veces que han intentado sumarlo para comunicados unitarios, pues siente que buscan utilizarlo, y él sabe para dónde va y de dónde viene.

“No tengo amigos. Hay compañeros, algunos con los que tengo más feeling o química. Cada uno está con sus problemas, cargados. Casi no hablo con ellos, para evitar fricciones”, explica.

Su principal molestia es que le digan cómo actuar, pensar o qué decir. “Sobreviví a un atentado, a ataques de la guerrilla, paramilitares, el Estado. No pueden venir a decirme cómo vivir la vida si están arrancando. En la cárcel tumbé uno o dos caciques: no me gusta que me digan qué tengo que hacer. Todas las sociedades se basan en el respeto. En la cárcel aprendí que hay que tener palabra. Me enseñaron a decir las cosas de frente”, afirma, ya con un tono más alto.

En esta cuarentena también parece regla el aislamiento social. Al caminar un rato por el hotel, y entre algunos de los líderes sociales que hacen parte de la ruta de protección, reluce la fragmentación entre ellos. Cada uno se preocupa por lo de cada uno. Esto parece ser, en parte, producto del enfoque grupal de la Gobernación, que no tiene la capacidad para lograr un enfoque individual que considere cada caso por aparte. Por eso queda en cada uno luchar por lo suyo: es difícil adoptar una mentalidad colectiva. No necesariamente hay una competencia, pero tampoco hay incentivos de ningún tipo, según como lo cuentan en un tono bajo como de rumor, para trabajar en conjunto por un mejor desenlace.

La misma desconfianza que se tienen entre ellos se manifiesta en su reticencia a hablar sobre cómo conviven y cuál es su relación. No necesariamente es algo personal: después de lo que han vivido, confiar es difícil. Con la comunicación opaca que tienen con la Gobernación y la UNP, sus experiencias previas de violencia y la ansiedad que genera la cuarentena permanente, la coexistencia tensa es un desenlace lógico. Esta atmósfera puede ser un resultado de las presiones con las que cargan, esas a las que hacían referencia Jota y Andrés cuando manifestaban la necesidad de un programa continuo de apoyo psicosocial y de salud mental. Jota prefiere desahogarse solo en su cuarto, donde puede llorar o hablar solo.

“Aprendí que el confidente termina siendo tu verdugo después de escucharte”, afirma. 

Los comentarios que hacen de ellos, entre ellos, vienen más en forma de chisme. A inicios de marzo, el Abogado fue a la Gobernación de Antioquia porque su participación en la ruta iba a acabar. Allí pidió que le dieran un pasaje para poder irse lo más lejos posible: San Andrés. Mientras se lo tramitaban, viajó a su territorio y, desde entonces, nadie supo más de él. Desde la Gobernación, la directora Posada complementa que, en este protocolo, la entidad financia el transporte hacia donde el líder deba ir. El Abogado pidió que se lo mandaron por correo y rehusó a firmar documentos. Nunca recogió el pasaje. A partir de esa situación, una participante de la ruta de protección comentó insistentemente que el Abogado no era quien decía ser. Casos como ese solo aumentan la brecha de confianza que los separa. Mejor resguardarse en sus habitaciones, mejor no hablar entre ellos.

La pensadera (8 PM)

Allá a donde ha ido, Jota ha estado envuelto en procesos sociales. Le han preguntado si eso es por terquedad. Él responde: “¿Cuántas veces las personas con grandes historias tuvieron que volverlo a intentar? No es terquedad. Es necesidad de que haya un cambio”.

Cuando lideró la lucha por el acueducto del Carmen de Bolívar se aceptó como líder social. Cuando fue a Zarzal, Valle del Cauca, quiso darse el espacio, salirse de los temas sociales y no pensar más en eso. “Lo estaba logrando, hasta que empezaron a pasar episodios de muertes y desapariciones. Cuando eres humano sientes la necesidad del otro. Eso me ha pasado a mí”.

Esta experiencia de los últimos meses no lo ha desanimado para seguir trabajando por ese cambio que considera necesario.

“Si hablamos nos matan y si nos callamos también nos van a matar. Somos objetivo militar. La única manera de seguir respirando es seguir siendo visible. Cuando te alejas, te vuelves más vulnerable. Miedo a la muerte como tal, no tengo. Le tengo miedo a no poder ver los sueños cumplidos de mis hijos. Eso me roba la tranquilidad y me rompe el alma. A mis hijos mayores no he podido acompañarlos en varios momentos. No pude estar cuando a mi hija se le salió el primer diente. A veces pienso en retirarme porque mis hijos no tienen que pagar el precio del camino que yo elegí. Mis papás a veces me recriminan que por qué me meto en esto si tengo como ganarme la vida”. Dice que, a pesar de todo,  su vida no funciona necesariamente así, tomando decisiones ni hablando con periodistas: “Ser líder no se puede explicar, como el sabor de la Quatro”, bromea.

Sus reflexiones mirando hacia el techo lo han llevado a concluir que las políticas de protección de líderes sociales (o la falta de ellas, más bien), por paradójico que suene, van en detrimento de los líderes y de sus procesos.

“Nos sacan del territorio para que no seamos un número más en homicidios, para que no los castiguen por fallas en seguridad. Nos traen a este sitio a comer y dormir. Estamos como en el cuarto de Sanalejo del país: quietecitos ahí, no molesten ni hagan nada. No les interesa que sigamos dinamizando las actividades que veníamos realizando en territorio. Su política de Estado es de desigualdad: el mensaje claro apunta a romper procesos sociales en las comunidades. El ataque a los líderes es porque sienten que están perdiendo espacio en los territorios, entonces los que estamos haciendo esa réplica de que es posible un cambio estamos perseguidos y nos matan. El Estado cumple con que vivamos, pero nos margina de los procesos”, sentencia Jota.

Casi podría celebrarse que, después de haber estado cerca de la muerte en un par de ocasiones, Jota todavía pueda contar el cuento, tener tres platos de comida caliente al día y una buena cama. Esto, en un país en el que ser un líder social es cada vez más peligroso mientras el Gobierno niega la sistematicidad de los asesinatos, podría parecer un triunfo: un líder que fue amenazado y atacado no murió, sigue vivo. Sin embargo, una vida digna va más allá de sobrevivir y alimentarse. La suya, entonces, también es una lucha por el orgullo, por no tener que agachar la cabeza y hablar en un tono lastimero por ser una víctima del conflicto armado y la violencia en Colombia, por poder hablar con fuerza para garantizar que sus derechos sean cumplidos y respetados. “Nos hemos convertido en cifras y números”, concluye.

Quiere, por ejemplo, quejarse del champú que le dan. No lo hace de quisquilloso, siente que necesita tener autonomía para decir qué quiere y qué le gusta, por dignidad, que no lo traten como a una planta a la que la ponen en una matera y la riegan algunas veces al día. Que no baste con que esté vivo, sino que importe lo que hace con su vida.

“Algunos de acá pudieron salir con dos o tres mudas de ropa. Yo salí con una sola. La Gobernación en diciembre no tuvo la delicadeza ni de decir señores, un mensaje: feliz navidad, próspero año. Sabemos que no es lo mejor por lo que están pasando, pero aquí estamos acompañándolos. Nada de eso. Hay un vacío muy grande”, enfatiza.

El primero  de enero hizo un juramento para reacomodar su vida. “No sé cómo. Debo tener mi espacio con mi familia. El tiempo va pasando y pasando, no quiero que me coja la vejez –ya estoy llegando a los 40, se está acabando la vida útil laboral– y desgastarme en qué va a pasar. Necesito hacer algo antes”, reconoce mientras regula su respiración, tal vez camuflando la angustia o reprimiendo las lágrimas.

La salida (11 PM)

A mediados de marzo, el gerente del hotel en el que se han hospedado los líderes sociales a lo largo de los últimos meses les anunció en una reunión que este 31 de marzo acababa el contrato del hotel con el Hospital Mental de Antioquia. Lo comunicó a título personal, aparte de los canales oficiales de comunicación de la ruta de protección; canales que, en todo caso, no han sido muy activos a lo largo de la ruta. Para Jota y los demás líderes sociales, el mensaje estaba claro: su miedo se iba a cumplir e iban a quedar en la calle.

María Fernanda Posada explica que si bien el contrato sí termina el 31 de marzo, ese día no termina la ruta. El Hospital Mental de Antioquia era el operador que venía desde la gestión de Luis Pérez, por lo que se celebrará un nuevo contrato bajo la gobernación de Aníbal Gaviria. Posada garantiza que la ruta continuará y que los líderes sociales no van a quedar en la calle. Sin compartir muchos detalles, deja claro que ya está elegido el nuevo operador. Eso frenaría la expulsión de los líderes sociales del hotel, insiste.

En todo caso, ante las inquietudes que le transmitió Pacifista!, la funcionaria reconoce que en la Gobernación han escuchado con atención los reclamos de los líderes respecto a lo inconveniente que puede ser vivir en enclaustrados en un hotel. En este momento, dice, desde la Gobernación se está buscando replantear la ruta de protección y explorando la posibilidad del autoalbergue y la autoprotección.

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El 3 de marzo, el hermano de Jota fue asesinado en el sur de Bolívar. Era un campesino minero de la zona que vivía con su esposa y cinco hijos. La noche del 2 de marzo, llegaron personas no identificadas a su casa y le pidieron que los acompañara. Al otro día lo encontraron muerto con tres tiros en su cuerpo, a unos pasos del camino cerca de su casa. Jota aún no sabe qué pasó. Solo dice con la voz quebrada:

No sé qué pasa con la vida. Otra vez me tocó la guerra. Me están tocando la familia y a mis seres queridos. Desafortunadamente le tocó a mi hermano. Estoy en una encrucijada aquí porque no tengo cómo viajar ni hacer nada. No puedo solucionar nada. Estoy a la espera”.

A la fecha de publicación de este texto, no había recibido ningún informe institucional que le explicara a Jota qué venía en su proceso, ni una aclaración de la UNP respecto a los plazos de su caso. “Con todo lo que está pasando, con la cuarentena por el coronavirus, el futuro es aún más incierto de lo que era. No tenemos ninguna claridad frente a lo que está pasando. Eso nos está generando intranquilidad al máximo”, insiste Jota.

Aún cuando el final de la ruta y de su paso por el hotel parece estar a pocos días de distancia, él sigue esperando como si fuera el primer día. Con una pandemia mundial a bordo, él ya estaba preparado para estos días de cuarentena. Entre risas cuenta lo poco que le sorprende tener que estar en su cuarto todo el día sin salir. Es un experto en eso.

Cuando nos despedimos, le pregunto a Jota cuándo nos vamos a volver a ver. Él lo piensa un momento y me responde, a sabiendas de que ya conozco la coreografía, pero resistiéndose a dejar de bailarla conmigo: “Avísame, yo saco el tiempo”.

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Al momento de esta publicación no obtuvimos respuesta a las preguntas puntuales que le hicimos a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

A Santiago lo pueden leer acá