Aunque el pie de fuerza aumentó este 2020 en ese departamento, la violencia produjo 13 masacres y 94 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. Organizaciones sociales y voceros comunitarios, a pesar del miedo, denuncian una supuesta connivencia entre la fuerza pública y los grupos ilegales.
Por: La Liga Contra El Silencio
A principios de este año el presidente Iván Duque anunció desde Popayán nuevos contingentes militares, unos 2.500 efectivos más, para combatir las “amenazas” de seguridad que azotan el Cauca. Ahora el año termina y los cuestionamientos a la fuerza pública continúan. Según las autoridades hay cifras “inéditas” de resultados en las operaciones, pero persiste un gran número de masacres y asesinatos selectivos.
Después de Antioquia, Cauca es el departamento que registra más masacres este año: 13 con 50 víctimas. Es también el lugar con más líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. De las 292 víctimas nacionales, 94 fueron ejecutadas allí, según el registro del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
La situación es tan dramática que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a Colombia proteger a la población frente el aumento de la violencia en zonas rurales. Aunque aludió a la situación general del país, remarcó la situación del pueblo Nasa en el Norte del Cauca, “uno de los grupos indígenas más afectados” en 2020.
Pero no son los únicos. En todo el departamento hay víctimas. En la vereda La Consolata del municipio de Piamonte, muy cerca de Putumayo, ocurrió la primera masacre de este año. Hamilton Gasca, junto a sus hijos Kevin, de 14 años, y Rober, de 11, fueron asesinados en su casa. Su esposa María José Arroyo y su hijo Eliécer, de 7 años, sobrevivieron en un caso lleno de contradicciones.
Una fuente que pidió ocultar su nombre contó a La Liga una versión que no apareció ni en los medios ni ha sido considerada por las autoridades.
“Somos del Gaula del Ejército Nacional. Si se mueven, los matamos”, amenazaron los hombres armados al llegar, según la fuente. Varios medios y organizaciones sociales reportaron esta masacre y mencionaron entre los posibles responsables a carteles mexicanos y grupos como ‘La Constru’, ‘Los Cobra’, ‘Los Escorpiones’, ‘La Mafia’, ‘Los Sinaloa’ y el disidente Frente 48 de las Farc. También dijeron que Hamilton era supuestamente alias ‘Chiki’, del también disidente Frente Primero, donde pertenecía a la comisión de ‘Macury’, el cabecilla en la zona.
Aquella tarde, según la fuente, Hamilton Gasca estaba en casa junto a su esposa y su hijo menor, mientras esperaban a los otros dos, quienes venían desde un caserío cercano. Antes del anochecer escucharon un motor en el río Caquetá, al pie de la casa, y alcanzaron a ver un bote con hombres armados que se acercaba. Al llegar se fueron contra los niños que llegaban en ese momento.
En medio de la confusión, Gasca corrió hacia donde estaban los hombres armados y sus hijos mayores. Su esposa y el niño quisieron seguirlo, pero fueron detenidos por los fusiles, y una voz que identificó al grupo como miembros del Gaula. Los hombres pidieron ir hacia una antena de internet que la pareja había instalado al inicio de la cuarentena. La tumbaron, y atrás empezaron los balazos. Hamilton y sus dos hijos mayores habían sido asesinados. Los supuestos militares corrieron al río y se fueron.
La fuente asegura que Hamilton Gasca no tenía vínculos con ningún grupo armado, y que el alias de ‘Chiki’ se lo puso su familia, pues era el menor de 11 hermanos. La Fiscalía General de la Nación consideró esclarecida la masacre el 10 de abril, con la captura de alias ‘Azul’, supuesto autor material, “integrante del Frente 48, La Mafia o Sinaloa”, según indicó a La Liga la Unidad Especial de Investigación en noviembre. La Fiscalía no respondió si investigaba la participación del Ejército.
En la cercana vereda Yapurá, también en Piamonte, el 13 de octubre, la misma fuente presenció otro asesinato. Hombres armados llegaron vestidos de negro, reunieron a la comunidad y dijeron unas palabras que no recuerda. Se llevaron al líder campesino Nelson Ramos, un vecino, mientras sus padres y algunos pobladores trataban de evitarlo. Después lo asesinaron.
La Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte Cauca (Asimtracampic) denunció el hecho en un comunicado, y añadió que durante el asesinato de Ramos un helicóptero sobrevoló la zona “sin ninguna acción disuasiva de los integrantes del grupo armado ilegal”. Esto lo confirmó la fuente, quien recuerda haber visto otras aeronaves. “Cuando asesinaron a Nelson, pensamos que estaban aliados con el Ejército”, dice.
Las masacres ocurren en zonas donde los grupos armados ilegales se multiplicaron desde el Acuerdo de la paz. En el norte dominan las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, disidentes de la Farc; en el sur, la estructura Carlos Patiño; al suroriente (frontera con Putumayo) otra disidencia, el Frente 48, y otros grupos. A ellos se suman el ELN, las Autodefensas Unidas de Colombia o Clan del Golfo, y narcotraficantes internacionales que buscan sacar la droga por corredores estratégicos hacia el Pacífico. La fuerza pública es otro actor armado al que la población teme y desafía.
Integrantes de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos, y otras fuentes en la región dicen que allí las estructuras armadas que se presentan como ‘La Constru’, ‘Sinaloa’, ‘Los Bonitos’ y el disidente ‘Frente 48’, se aliaron bajo el nombre de ‘Comandos de la Frontera’ para disputarle el territorio y las rutas de narcotráfico al Frente Primero ‘Carolina Ramírez’.
Maidany Salcedo, lideresa de Asimtracampic, asegura que muchos saben quiénes son los violentos. Suelen verlos armados, pero no denuncian por miedo. En Piamonte, según ella, hay negligencia oficial. “Pregúnteselo al Ejército, a la Policía. Ellos hacen consejos de seguridad, y por donde sea fácil salirse, por ahí se salen”, dice.
La Liga consultó a la secretaria de Gobierno de Piamonte, Carolina Muñoz. Tras cinco minutos de conversación telefónica, la funcionaria detuvo la entrevista para pedir una presentación formal de esta alianza y un cuestionario enviado a su correo institucional. Las exigencias se cumplieron, pero no hubo respuesta. También se buscó al general Jorge Herrera Díaz, comandante de la Sexta División del Ejército, que tiene incidencia en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas y parte del Cauca, pero tampoco hubo respuesta.
En otra parte del departamento -la que limita con el Pacífico, Valle del Cauca y Nariño-, tiene jurisdicción la Tercera División del Ejército, encargada de la seguridad en esas regiones. Cuenta con cerca de 20.000 uniformados a los que se sumaron tres unidades militares, activadas por Duque en enero: el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) No. 4 y la Brigada Liviana de Caballería.
Pero el contingente militar no ha desactivado las amenazas. “Cauca sigue teniendo los niveles más altos de violencia contra líderes sociales, a pesar del despliegue de la fuerza pública, que casi se ha duplicado desde el comienzo del año”, alertó la ONU en un informe de junio. Para Camilo González Posso, presidente de Indepaz, los grupos armados son solo la parte visible de una estructura mayor, y en la estrategia militar “hay un desenfoque”. “¿A quiénes están combatiendo? A ‘Guacho’, a ‘Mayimbú’. Bandiditos que son reciclables y no el centro del problema”, dice a La Liga.
Dos fuentes con 20 años en conflicto armado e investigación judicial estiman que el Ejército podría acabar con las estructuras ilegales del Cauca en poco tiempo. Dicen que al activarse los grupos disidentes después del acuerdo de paz, cada uno contaba con 20 o 30 miembros. Su estrategia, explican, es una guerra de posiciones donde un grupo se apropia del territorio y desde ahí desarrolla su acción armada. “Con solo ese hecho (…) es más que suficiente para saber dónde están y actuar”.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha analizado el comportamiento de las facciones reacias al acuerdo de paz. En un informe realizado entre junio de 2016 y marzo de 2018 dice que en el país existían 18 estructuras disidentes, de las cuales cuatro estaban en el Cauca. Para ese momento, añade, los grupos aún no tenían gran capacidad bélica y sumaban entre 700 y 1.500 hombres.
Para la FIP las estrategias desarrolladas por las autoridades “han sido insuficientes” frente a las disidencias. Aunque los operativos permitían capturas e incautaciones, estos grupos crecían y lograban nuevas áreas de control. Esa organización considera que las estrategias militares ‘Plan Orus’, ‘Operación Perseo’, ‘Operación Éxodo’ y la Directiva 037 del Ministerio de Defensa tuvieron alcances limitados, pues se enfocaban en desarticular las estructuras de mando, pero ignoraban otros factores de las organizaciones. “En el caso de la Directiva 037 (…) da prioridad a la neutralización de los cabecillas, medida que en el pasado resultó ineficaz en el desmonte de las Farc y otros grupos”, dice el informe.
¿Pactos de connivencia?
En el Cauca, y en los departamentos aledaños de Nariño y Putumayo, los cultivos de coca se han incrementado en los últimos años. Quienes defienden el Plan de Sustitución de Cultivos de Coca lidian con los incumplimientos del gobierno y las amenazas de los grupos armados. Los cultivos en el Cauca pasaron de casi 6.000 hectáreas en 2010 a 12.595 en 2016, y para 2019 sumaron 17.356 hectáreas, según un informe de monitoreo de territorios realizado por la ONU y el gobierno colombiano.
El documento identifica entre los “enclaves productivos” a Argelia y El Tambo, donde han ocurrido cuatro de las 13 masacres de este año en Cauca. Nariño, segundo departamento con más coca después de Norte Santander, tiene 36.964 hectáreas. Putumayo, tercero en la lista, suma 24.973.
En Argelia distintas voces han denunciado supuestos “pactos” entre las estructuras criminales y la fuerza pública. El representante a la Cámara por el Partido de la U, John Jairo Cárdenas, ha respaldado esta acusación. “Lo que me afirma la gente es que el Ejército no realiza ninguna acción ofensiva contra estos grupos. Cada uno circula por su lado y se respeta mutuamente (…) Entre tanto, se presentan masacres de manera continua”, dijo en un medio local.
“Nadie entiende que en unos territorios tan militarizados estén ocurriendo este tipo de hechos”, dice la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, en un comunicado donde denuncia “un plan macabro” entre “fuerzas oscuras” y la fuerza pública. Guido Albán Rivera, integrante de la organización, explica que hay intereses en la ejecución de proyectos que enfrentan resistencia de la comunidad: la minería, la vía al mar, y la construcción de hidroeléctricas en El Patía y el Cañón del Micay y la llegada de multinacionales. “Hay una estrecha connivencia para sacar a la población donde hay estos intereses”, dice.
Las comunidades además denuncian “una estrecha convivencia del Ejército” con la estructura Carlos Patiño, que actúa en Argelia y zonas aledañas, según recoge el documento ‘Contexto de derechos humanos de los municipios de Argelia Tambo (Cañón del Micay)’, presentado por líderes de la comunidad en noviembre durante la Mesa Territorial de Garantías a miembros del Gobierno nacional, departamental, municipal, Fuerzas Militares. “La fuerza pública se ha ubicado a pocos metros sin realizar ninguna acción de confrontación militar; se dice que en las veredas de Agua Clara y la Hacienda mercan en la misma tienda y en horarios similares”, añade el documento.
El brigadier general Marco Vinicio Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, en una respuesta a La Liga dice que la estructura Carlos Patiño es de las más golpeadas por sus tropas este año. Dieron de baja a 40 de sus integrantes. “No veo dónde hay pactos de no agresión. En este momento los resultados se triplican, quintuplican”, en comparación al año anterior, dice.
Mayorga se refiere a las “inéditas” cifras de resultados en 2020: 87 combates contra grupos ilegales, en los cuales se incautaron 501 armas y 40.782 municiones; también 18,8 toneladas de coca, 89 toneladas de marihuana creepy, destrucción de 292 laboratorios, cristalizaderos y cocinas, e incautación de 265 toneladas de insumos para el narcotráfico. Mayorga dice que en el Cauca hay aproximadamente 1.400 hombres en armas que pertenecen a diferentes estructuras, y que 317 fueron neutralizados este año. “Casi el 26 % de la totalidad en el departamento”, añade.
El general pide a las organizaciones sociales revisar las cifras. “Hay que ser menos furibundos, y como corresponde a profesionales, buscar datos”, dice, e insiste en que la seguridad en el Cauca no se ha deteriorado. “Una cosa es la sensación y otra es la cifra que está documentada”, afirma. Mayorga habla de las cifras de resultados operacionales, no de las de masacres y los asesinatos.
Pero más hechos cuestionan a la fuerza pública. En octubre, en el corregimiento El Plateado, de Argelia, fue asesinado el líder comunitario Pompilio Narváez. Las cámaras muestran a dos hombres armados, de camuflado y con brazaletes de las Farc, entrando a una edificación. Se ve que buscan a alguien. En las imágenes aparece luego Narváez. Uno de los armados le habla y le da una palmada en el hombro izquierdo. Al parecer por orden del sujeto, Narváez, que era invidente, busca las escaleras para salir. Después se conoció su asesinato.
Habitantes de la zona que pidieron ocultar sus nombres no entienden cómo los asesinos se movieron en camionetas y motos cerca del Ejército, llegaron a la cabecera del corregimiento y mataron a Narváez sin una reacción.
Las masacres del 9 y 21 de noviembre en Argelia también plantean dudas para sus habitantes. En la primera, registrada en el casco urbano, mataron a tres personas. Un líder político de la región dice que resulta extraño que todo pasara a una cuadra del puesto policial. “Algo está pasando”, afirma. Otra fuente añade: “Curioso que dos asesinatos se dieran cerca a la base de la Policía y el Ejército; y otro en un barrio periférico, donde se supone también hay seguridad”.
La segunda masacre ocurrió en el corregimiento de El Mango y dejó cinco víctimas. “Ellos (los militares) estaban en Argelia, a 20 minutos de El Mango”, dice una fuente. En un documento oficial que conoció La Liga, un líder del corregimiento cuestionó la reacción de los uniformados, quienes habrían llegado al día siguiente. También le generó suspicacias la captura de un supuesto integrante del ELN, que habría participado en los hechos. Se trata de Reneider Juzpián, alias ‘Brayan’, capturado solo 24 horas después por el Grupo Especial Itinerante con apoyo del CTI, la Sijín de la Policía y el Ejército. “Cuando capturan a la persona que perpetró la masacre, sabían cuál era su apodo, como si se conocieran de antes. En ningún momento lo esposan y llega un helicóptero a recoger al capturado para sacarlo del lugar”, cita el documento.
El hombre fue procesado por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. No aceptó cargos y está detenido.
Los hechos que se presentaron después de la masacre de El Mango también muestran otro lado de la relación entre las autoridades y las comunidades, de desconfianza y reproches mutuos.
En diligencias posteriores, la Fiscalía allanó tres inmuebles donde fueron incautados elementos “que tendrían relación con el homicidio”, junto a 300 millones de pesos en efectivo y dos armas. También dijo que durante esas tareas algunas personas se acercaron “en masa” y evitaron la captura en flagrancia de quienes tenían en su poder estos objetos.
“Querían hacer un falso positivo”, dice Libardo Muñoz, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Mango, en un video publicado por varios medios. Según él, ante la falta de una orden de allanamiento de la Fiscalía, reunieron a la comunidad para evitar las capturas de personas que no tienen relación con lo sucedido.
“Piden seguridad, se quejan de que están habiendo masacres, capturamos a los autores de la masacre y la misma comunidad nos los quita”, se queja el comandante Mayorga, quien califica estos incidentes como “la nueva arma de la guerra en el Cauca”. El General admite que la relación entre sus tropas y las comunidades “se ha vuelto complicada”.
Otros roces se han registrado: habitantes de una vereda de El Tambo expulsaron a militares; también indígenas destruyeron el arma de un militar en Corinto.
Pero la fuerza pública tiene una larga tradición de abusos en el Cauca. De los 43 casos registrados como “ejecuciones extrajudiciales” en el Banco de Datos de Violencia Política y Derechos Humanos Noche y Niebla, del CINEP, donde están involucrados escuadrones del ESMAD desde 1999 hasta junio de 2019, 21 se dieron en el Cauca, la mayoría en movilizaciones y protestas. En agosto el periodista indígena Abelardo Liz fue asesinado cuando cubría una manifestación reprimida por la fuerza pública. Las denuncias dicen que las balas eran del Ejército.
¿Un ejército aliado con criminales?
Según las dos fuentes con experiencia en conflicto armado e investigación judicial, existen omisiones, alianzas y narcotráfico detrás de esta violencia estructural. Los militares, dicen, dejan que los grupos armados ilegales se expandan por el territorio y atemoricen para generar la idea de que son estructuras fuertes.
Existen antecedentes de alianzas similares. Hay registro de colaboraciones con los paramilitares del Bloque Calima, que actuó en Cauca y Valle del Cauca. Sobre este caso, la Fiscalía detalló en 2014 -como cita Verdad Abierta– que “en un 49 % de los hechos (de ese grupo), que se pudieron verificar, hubo participación de la fuerza pública”.
En mayo pasado, Semana reveló detalles de la ‘Operación Bastión’, del Ejército, que descubrió casos de corrupción, como el de un general y 12 oficiales que protegían y trabajaban con grupos de minería ilegal y narcotraficantes del Clan del Golfo en el Valle, Cauca y Nariño. También han sido noticias las capturas de militares involucrados en negocios de droga que han salido de territorio caucano. “Son sobornados o llevan parte del negocio”, dice una de las fuentes.
A mediados de mayo, en el conversatorio ‘¿Por qué continúa la guerra en el Cauca?’, liderado por la Comisión de la Verdad, se habló de la alianza entre la fuerza pública, el narcotráfico y la minería ilegal. La versión de un oficial del Ejército evidenció los posibles nexos de algunos militares con carteles mexicanos, o con el robo de municiones para grupos paramilitares en el norte del Cauca.
Un testimonio al sur del departamento, citado por la Comisión de la Verdad, sostiene que un policía quiso entrar a Balboa o Argelia para comprar pasta de coca. Otra persona citada por la Comisión dijo que en las zonas donde hay narcotráfico siempre han coexistido grupos armados y el Ejército. “Ellos están ahí, porque de eso viven, de eso han vivido”, aseguró.
En estas comunidades, donde cada vez es más difícil que la prensa llegue porque existen amenazas, la zozobra, la confusión y la incertidumbre siguen latentes. La Liga habló con cinco personas cercanas a víctimas de las masacres en Mercaderes, El Tambo y Buenos Aires, junto a otras personas que prefirieron no involucrarse. A todas las une un miedo que paraliza. La única forma de sobrevivir, esa es su esperanza, consiste en guardar silencio para mantenerse alejadas de la sangre.
