Decir que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, está saboteando todo el proceso de paz puede resultar exagerado. Analicemos punto por punto.
Desde principios de agosto hubo muchos rumores por la desaparición de ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’, quienes se fueron de los espacios territoriales donde se están reincorporando los excombatientes de las Farc, abandonado sus esquemas de seguridad. Entonces surgieron muchas preguntas: ¿Abandonaron el Acuerdo de Paz? ¿Se unieron a las disidencias de Iván Mordisco y Gentil Duarte? ¿Se desmorona la implementación del Acuerdo? El pasado 22 de septiembre, después de permanecer más de un mes en silencio, los dos excomandantes reaparecieron.
Márquez y ‘el Paisa’ le enviaron una dura carta al Congreso. Aunque en ningún momento dicen que abandonarán el Proceso de Paz, sí critican la implementación del Acuerdo y lanzaron frases preocupantes, como la siguiente: “Manuel Marulanda Vélez siempre nos había advertido que las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos”. En la carta culpan al fiscal Néstor Humberto Martínez por la ausencia de garantías jurídicas, por el estancamiento del plan de sustitución de cultivos y por los cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), los excomandantes no han abandonado el proceso y están manifestando los problemas que todavía están a tiempo de corregirse.
En ¡Pacifista! leímos en detalle la carta y encontramos algunas críticas fundamentadas y otras
1. “La JEP no es la que aprobamos en La Habana, sino la que querían el Fiscal y los enemigos de la concordia; esta ya no es para todos los involucrados en el conflicto; sustrajeron de su jurisdicción a los terceros; rodearon de tinieblas la verdad”.
Iván Márquez y ‘el Paisa’ tienen razón en decir que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es la misma que se aprobó en La Habana. La JEP ha sido uno de las entidades más criticadas por el uribismo, pues, dicen, es un “instrumento de impunidad” por otorgar amnistías a los excombatientes de las Farc. Sin embargo, los dos excomandantes de las Farc no tienen en cuenta dos puntos en su carta: primero, que algunas modificaciones se hicieron después de que ganara el ‘No’ en el plebiscito –como la aclaración de que la JEP no sería un tribunal independiente al margen de la justicia ordinaria– y segundo, que la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la JEP y la blindó ante modificaciones profundas, como la de impedir que excombatientes participen en política. En el caso de los terceros, que ellos mencionan, es cierto que no están obligados a ir a la JEP, pero pueden hacerlo voluntariamente.
Cambios propuestos por el uribismo, como declarar la inhabilidad de varios magistrados por trabajar en temas de derechos humanos o cambiar las reglas sobre extradición para dejar a la JEP totalmente al margen de esos casos y excluir los delitos sexuales no fueron avalados por la Corte Constitucional. Así las cosas, la JEP, pese a los cambios, sigue manteniendo su columna vertebral. No es gratuito que 11.303 excombatientes estén acogidos a ella.
2. La inseguridad jurídica tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el fiscal general, el embajador de los Estados Unidos y la DEA.
Este es el tema que según ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’ llena a los excombatientes de desconfianza. ‘Jesús Santrich’ fue capturado el pasado 12 de abril con posibilidad de extradición a Estados Unidos. La Fiscalía argumenta que Santrich estaría traficando cocaína con el cartel mexicano de Sinaloa y la contraparte argumenta que todo esto es un montaje para minar la credibilidad de la Farc.
A casi 6 meses de la captura, las preguntas son varias porque Santrich no ha sido extraditado, pero la JEP tampoco ha aclarado su situación (no se sabe si cometió los delitos en el marco del conflicto, con lo cual podría tener amnistía, o no). Este exguerrillero sigue preso en Colombia, y el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo la semana pasada que no tiene las pruebas con las que se lo podría extraditar, lo que genera más dudas en el proceso. Hasta no conocer las pruebas que reposan en Estados Unidos, es difícil afirmar que se trata de un montaje judicial o que Santrich sea culpable.
3. “El expresidente y nobel de paz, Juan Manuel Santos, no tuvo ni el valor ni la convicción de hacer uso de las facultades que le otorgaba la Constitución para salvar el proceso. Prefirió no cruzar el rubicón por temor a la jauría”.
Es cierto que el presidente Juan Manuel Santos bajó la guardia al final de su mandato y no buscó estrategias para sacar adelantes puntos claves del Acuerdo de Paz, como la Reforma Rural Integral. Sin embargo, hay que decir que tanto las facultades como la influencia del expresidente no serían las mismas después de firmado el Acuerdo. La independencia de poderes en Colombia (de la que se quejan en la carta), es explícita en cuanto a que la rama legislativa tiene una autonomía de decisión paralela a la de la ejecutiva. En el fast-track, a Santos se le salieron de las manos muchos temas.
Por más facultades que tuviera Santos, en esos momentos no podía pasar por encima del Congreso para decretar a pupitrazo el Acuerdo. Una decisión como esta habría aumentado la polarización en el país.
4. “Las modificaciones al texto original de lo connvenido transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein. Personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes, se dieron a la tarea de meterle mano para dañar lo construido con tanto esfuerzo y amor. Sucedió después de la entrega de las armas”.
Los firmantes de la carta no se refieren en ningún momento al plebiscito por la paz, en el que ganó la opción del ‘No’ con 6.431.376 votos. Con este resultado, el gobierno de Juan Manuel Santos se vio obligado a sentarse con los opositores del Acuerdo, como Álvaro Uribe. Cuando ellos se refieren a “personajes que nunca fueron ungidos con el honor de ser plenipotenciarios de las partes”, no tuvieron en cuenta los resultados del plebiscito. Ahora, el tema de las modificaciones no se agotó en la renegociación con el ‘No’. En ese momento se hicieron algunos cambios, como la necesidad de que las Farc entregaran un inventario de bienes y activos para reparar a las víctimas o el punto que señala explícitamente que no se violará la propiedad privada. No obstante, la columna vertebral del Acuerdo no se tocó y el uribismo quedó insatisfecho.
No todas las peticiones del uribismo fueron acogidas. En estos momentos, las modificaciones estructurales –como desligar el delito de narcotráfico con el político– están en manos de Iván Duque, quien prometió estos cambios durante su campaña presidencial. Las otras modificaciones ocurrieron en el Congreso, donde se discutieron las leyes para implementar el Acuerdo. Un proceso que, valga la pena decirlo, hace parte del sistema democrático.
5. “El fiscal Martínez sembró en la JEP las minas de la reincidencia, el testaferro y otras argucias para poder llevar encadenados a antiguos exguerrilleros a la justicia ordinaria y saciar así su sed de odio y venganza que comparte con ciertas élites del poder”.
Néstor Humberto Martínez, en nombre de la Fiscalía, le hizo nueve recomendaciones al Congreso sobre la ley de procedimiento de la JEP, entre las que se incluía que los testaferros de las Farc y los reincidentes perdieran los beneficios de la JEP y pasaran a competencia de la justicia ordinaria. El Acuerdo de Paz no contemplaba que los testaferros fueran juzgados por la justicia ordinaria. La opción se abrió con la petición del fiscal. Frente al tema de la reincidencia, lo cierto es que desde que se pactó el Acuerdo de La Habana quedó claro que los exguerrilleros que reincidan en delitos perderán automáticamente los beneficios de la justicia transicional.
6. “Hoy a los guerrilleros los están matando uno a uno en medio de la indiferencia de las autoridades, e igual sucede con los líderes sociales cuyo sacrificio parece no tener fin”.
En este punto tienen razón. Desde que comenzó a implementarse el Acuerdo de Paz –diciembre de 2016– han sido asesinados 134 líderes sociales y tanto el gobierno de Santos como el de Duque han ignorado esta realidad, o por lo menos no le han dado la dimensión que se merece. Por otro lado, según cifras recolectadas por el Cuerpo Élite de la Policía, 76 excombatientes de las Farc han sido asesinados desde noviembre de 2016 hasta junio de 2018 principalmente por las Autodefensas, ELN y disidencias de las Farc.
7. “Cinco años después de lograr el primer Acuerdo Parcial no hay titulaciones de tierras, ni fondo de tres millones de hectáreas para los que no la tienen, ni nada que signifique dignificación de la vida en el campo”.
La Agencia Nacional de Tierras, ANT, entidad encargada de adelantar el proceso de titulación de tierras, tiene un balance que deja mucho que desear. La titulación de tierras es uno de los primeros pasos para que se haga realidad la restitución de tierras para campesinos y poblaciones afectadas por el conflicto. A la fecha se han titulado 44.000 predios de más de 3 millones que necesitan ser restituidos.
De otro lado, es cierto que existe una lenta implementación del Acuerdo en el punto de la Reforma Rural Integral. Según el Instituto Kroc, la Reforma se ha implementado apenas en un 2%.
8. “Tengan en cuenta que hasta el sol de hoy no se ha producido ningún desembolso para financiar proyectos productivos en los Espacios Territoriales”.
No es del todo cierto que los proyectos productivos no cuenten con ningún dinero, pero hasta el momento este lo han aportado otros países a través de donaciones. Incluso el presidente Iván Duque admitió ante la Misión de Verificación de la ONU que es necesario agilizar estos desembolsos, pues actualmente hay proyectos productivos para menos de 100 excombatientes, cuando, como mínimo, deberían estar beneficiándose 1.000.
9. “El Congreso anterior hundió la Reforma Política y las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz. No se aplicó plenamente la amnistía; todavía quedan guerrilleros presos”.
Los dos excomandantes tienen razón en este punto: en el período fast-track en el Congreso, la Reforma Política sufrió serios cambios, tantos que el mismo partido de Farc la rechazó, pues ya no conservaba su espíritu inicial. De hecho, el pasado 5 de septiembre, el partido Farc y Decentes presentaron un nuevo proyecto de reforma política en el Congreso acorde con lo que se pactó en La Habana, contemplando cambios en varios elementos: como la creación de un organismo electoral sin origen partidista, el apoyo para partidos de alcance regional y nuevas medidas de transparencia (como la implementación del voto electrónico).
Por otro lado, las Circunscripciones Especiales para la Paz también se cayeron en el Congreso. En el Acuerdo de Paz estaba pactado que en el Congreso se abriera un espacio para 16 representantes de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Esta promesa no pudo ser posible pues, para el uribismo, esas eran “curules para las Farc”.
10. “La sustitución está empantanada porque el Fiscal no permite el tratamiento penal diferencial para los campesinos cultivadores y mujeres pobres, y porque no hay formalización de la propiedad de la tierra ni proyectos económicos alternativos”.
Es cierto que la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito está en el limbo. No obstante, según el último informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 83.161 familias están vinculadas al proceso de sustitución y adquirieron el compromiso de erradicar voluntariamente 49.049 hectáreas de coca. Este es un logro importante para un país que históricamente ha optado por medidas como la erradicación forzosa o la fumigación con glifosato para disminuir las hectáreas de coca cultivadas; estas opciones las contempla el gobierno de Iván Duque.
Si bien es cierto que el tema del tratamiento penal diferencial para cultivadores está engavetado, el fiscal es uno de los actores en todo este problema, no el principal responsable. Ahora, cuando Iván Márquez y ‘el Paisa’ dicen que no hay proyectos alternativos, no es cierto. En Proyecto Coca hemos contado cómo algunos productos, como la pimienta o el cacao, se han convertido en opciones serias para sustituir la coca. De acuerdo con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), en 2018 se desembolsarán 490 mil millones de pesos para las familias que están en el programa. Decir que “la situación está empantanada” por el fiscal, no resulta acertado.
