‘Los testigos mintieron para obtener a toda costa la condena de Plazas Vega’: Corte
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‘Los testigos mintieron para obtener a toda costa la condena de Plazas Vega’: Corte

María Flórez - Diciembre 17, 2015

Detalles del fallo que absolvió al militar retirado por las desapariciones del Palacio de Justicia.

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El coronel Alfonso Plazas Vega, en su calidad de comandante de la Escuela de Caballería, dirigió el ingreso de los vehículos blindados al Palacio. Foto: Archivo

 

Tres años se demoró la Corte Suprema de Justicia en decidir la suerte del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, condenado en 2012 por la desaparición forzada de dos de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia: Carlos Augusto Rodríguez, administrador de cafetería, e Irma Franco Pineda, militante del M-19. Tal como se esperaba desde 2014, los magistrados decidieron que el coronel (r) es inocente y ordenaron su libertad inmediata.

Plazas era el comandante de la Escuela de Caballería cuando sucedió el holocausto y fue la cara visible de la recuperación del Palacio, asaltado por un comando del M-19 el 6 de noviembre de 1985. En 2012, el Tribunal Superior de Bogotá lo había encontrado culpable por considerar que él coordinó la retoma y que estuvo al tanto de los presuntos crímenes que cometió el Ejército contra los “sospechosos” de militar en esa guerrilla.

En esa ocasión, el Tribunal llegó a la conclusión de que Carlos Rodríguez fue torturado y desaparecido en terrenos de la Escuela de Caballería, que estaban bajo el control de Plazas Vega. Asimismo, determinó que Irma Franco fue desaparecida por personal de inteligencia, que “en últimas tenía que rendirle cuentas” a ese oficial (r).

Todos esos argumentos acaban de ser desvirtuados por la Corte, que en un fallo de 308 páginas sentenció que varios testigos mintieron con el único fin de “obtener a toda costa la condena” de Plazas. La Corte también consideró que el Tribunal de Bogotá malinterpretó documentos y declaraciones para condenar injustamente al coronel, quien ha pasado los últimos ocho años en la cárcel.

El caso se había convertido en un caballo de batalla para los militares, que por décadas han defendido la manera como se realizó la retoma. Ahora le toca a la Corte decidir la suerte del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado en 2014 por la desaparición de cinco personas (entre ellas Rodríguez y Franco).

Estos fueron los argumentos de la Corte para declarar inocente a Plazas Vega:

‘Los testigos mintieron’

“…curso, curso, se me fue este hijueputa…”, le habría dicho un sargento a otro en la Escuela de Caballería en noviembre de 1985, en referencia a la muerte del administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez, supuestamente sometido a una larga jornada de torturas. Al menos eso declaró el suboficial (r) Édgar Villamizar, quien 21 años después de los hechos le soltó esa y otras frases explosivas a la justicia. Según él, pudo presenciar esos hechos porque participó activamente en la retoma y en la custodia de los rehenes.

Su testimonio, que fue aceptado por el Tribunal a la hora de condenar a Plazas Vega, acaba de ser calificado como falso por la Corte Suprema. Según los magistrados, Villamizar nunca participó en la recuperación del Palacio ni estuvo en la Escuela de Caballería. En el fallo consta que el suboficial, adscrito a la Brigada VII (Villavicencio), pudo llegar a Bogotá como refuerzo en las labores de patrullaje de la ciudad, pero no para apoyar la retoma. Además, que las unidades a las que pertenecía se alojaron en la Escuela de Artillería, por lo que no pudo ver a Carlos Augusto Rodríguez.

Otro testimonio calificado como mentiroso por la Corte fue el del suboficial (r) Tirso Sáenz Acero. Sáenz había declarado que él fue uno de los conductores de los vehículos blindados de la Escuela de Caballería que participaron en la retoma. Desde esa posición, habría visto cómo llevaron a seis civiles a las caballerizas de la Escuela, donde se presume fueron torturados. Según la Corte, ningún documento o testigo relaciona el nombre de Sáenz entre los tripulantes de los blindados, por lo que no pudo haber visto a los supuestos detenidos.

También resultó cuestionada la entonces estudiante de derecho Yolanda Santodomingo, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como víctima de tortura a manos del Ejército. Santodomingo declaró que Plazas tenía voz de mando en la Casa del Florero, a donde eran llevados los sobrevivientes. Sin embargo, los magistrados aseguraron que mientras ella se encontraba en ese lugar Plazas estaba dentro del Palacio, razón por la cual su testimonio era falso.

El último que resultó desmentido fue César Augusto Sánchez Cuesta, entonces funcionario de la Alcaldía de Bogotá y amigo de Carlos Augusto Rodríguez. Sánchez dijo que vio al administrador de la cafetería salir con vida del Palacio y que, cuando indagó por él, recibió amenazas directas de Plazas Vega. Al respecto, la Corte dijo que sus declaraciones eran contradictoras e ilógicas.

‘Plazas Vega no comandó la retoma’ 

En 2012, el Tribunal de Bogotá sentenció que Plazas excedió sus funciones durante la retoma y ejerció el mando sobre unidades distintas a la Escuela de Caballería. A esa conclusión llegó tras analizar los testimonios de varios testigos que aseguraban que él comandaba la operación, pese a que el mando recaía formalmente sobre el general (r) Arias Cabrales. El Tribunal también dijo que la constante aparición de Plazas ante los medios de comunicación durante la retoma era prueba de que él estaba a cargo del operativo.

Al contrario, la Corte declaró que el coronel (r) no le impartió “órdenes a otras unidades militares que no fuera la suya”. Para los magistrados, Plazas se limitó a cumplir órdenes de sus superiores, al punto de que pidió instrucciones para “realizar un tipo de disparo que tenía restringido”. Así, dejaron claro que fue Arias quien siempre estuvo al mando de la operación y que las entrevistas de Plazas “a los medios de comunicación (…) lo muestran como protagonista del operativo militar ante el común de la gente, pero no su comandante”.

En cuanto a los sobrevivientes, la Corte reconoció que el coronel los trasladó desde el Palacio hasta la Casa del Florero por orden de sus superiores, pero dijo que una vez allí la suerte de los civiles corría a cargo del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del B-2. Además, aclaró que Plazas no tenía mando sobre Sánchez.

Por último, la Corte aseguró que en las “caballerizas”, donde supuestamente fueron interrogados y torturados algunos detenidos, Plazas Vega no tenía ninguna injerencia. El área, conocida por los militares como “de coordinación reservada”, estaba a cargo del B-2. El alto tribunal también dijo que aunque el área se encontraba en terrenos de la Escuela de Caballería, sus integrantes no podían ingresar ni tenían conocimiento de lo que allí se realizaba, más allá de que era una zona de calabozos y de concentración de grupos de contraguerrilla.

Para la Corte, responsabilizar a Plazas de lo que allí pudo pasar “francamente es un desatino”.

“En Colombia no existe justicia”: víctimas 

Muy mal cayó entre los familiares de Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco la absolución del coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Entre otras cosas, porque la noche del 16 de diciembre, cuando la decisión se hizo pública a través de un comunicado, ellos no habían sido formalmente notificados de la sentencia. Según las víctimas, la Corte sí tuvo disposición durante el último año para filtrar sus decisiones, pero no para mantenerlas informadas a ellas, que se enteraron del anuncio por televisión.

Por eso, para el abogado Jorge Molano, que representa a la familia de Carlos Rodríguez, “se mantuvo la línea de hacer un espectáculo alrededor de un hecho de suma gravedad para la historia del país”. Y dijo que “la Corte Suprema de Justicia quedó en cenizas hace 30 años; hoy, lo único que seguimos viendo son esas cenizas, pues justicia no existe en Colombia”.

Según él, la justicia “está politizada al servicio del poder militar” y “la Corte demostró que no tiene la capacidad de comprender fenómenos complejos. Es muy triste para la tradición jurídica de la humanidad que se haya considerado que debe haber pruebas directas para condenar a alguien por el delito de desaparición forzada”.

Molano también dijo que “hoy (ayer) se enterró en Bogotá el espíritu del acuerdo sobre víctimas que se firmó en La Habana (pactado entre el Gobierno y las Farc el pasado 15 de diciembre)”, porque, según él, se violaron los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia.

Mientras tanto, Plazas celebró la decisión y reiteró que el proceso en su contra fue “una persecución política”.