El presidente respondió vía Twitter a los cuestionamientos de las Farc en contra de ese mecanismo de refrendación.
Tal vez no sea el punto final de la polémica sobre cómo va a ser la participación de los colombianos para aprobar o desaprobar los acuerdos a los que se llegue con las Farc, pero el tono que utilizó este lunes el presidente Juan Manuel Santos en uno de sus trinos dejó la idea de que, independientemente de que el tema haga parte de la agenda de conversaciones, la apuesta final del Gobierno es por el plebiscito.
Las palabras del Presidente aparecieron poco después de que, en una carta abierta, el Estado Mayor Central de las Farc afirmara que el plebiscito “no es ni la vía política, ni el instrumento jurídico-constitucional adecuado” para someter lo que se pacte en La Habana a una refrendación popular.
En ese mismo documento las Farc expusieron una serie de argumentos entre los cuales está que el tema no puede ser definido por solo una de las partes, pues hace parte del sexto punto de la agenda pactada desde 2012—Implementación, verificación y refrendación—:
“No se puede de manera unilateral actuar en contravía de las formas y del fondo del Acuerdo General sellado con nuestras firmas”, escribió la guerrilla.
Por otra parte, se refirieron en concreto a lo consignado en las leyes colombianas sobre el plebiscito como mecanismo de participación ciudadana. Según la ley 134 de 1994, el plebiscito es una herramienta para poner en consideración una determinada “decisión del ejecutivo”. Y, para la guerrilla, “la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento que en este caso ha sido posible gracias a este proceso bilateral de conversaciones entre las FARC-EP y el Estado colombiano, no por una decisión individual o dadivosa de una persona. Lo acordado en la Mesa de La Habana no puede confundirse con una ‘determinada decisión del Ejecutivo’”.
Además, entre otras razones, cuestionaron la modificación del umbral necesario para que el plebiscito sea aprobado, que fue fijado por el Congreso en el 13 por ciento del censo electoral. Eso lo calificaron como “un serio déficit democrático”.
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Finalmente, insistieron en que no aceptan ese mecanismo para que los colombianos aprueben o desaprueben lo acordado en la mesa de conversaciones y agregaron que con él se pone en riesgo lo construido hasta el momento en la negociación.
Otro asunto llamó la atención, y es que en ese texto no insistieron en la fórmula de la asamblea constituyente que han defendido casi desde el inicio del proceso. En cambio, invitaron a que “de manera bilateral y reposada” se continúen abordando los temas restantes de la agenda, incluyendo, por supuesto, lo relacionado con la refrendación.
Al respecto, su carta termina afirmando que se deben encontrar “conjuntamente vías jurídicas que permitan la inmediata implementación de todo lo acordado en La Habana”.
¿Un suicidio para el proceso de paz?
Más allá de la extensa lista de razones expuesta por la guerrilla y del breve trino del Presidente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, insistió en que una constituyente no es un mecanismo de refrendación y dijo que quienes insisten en esa fórmula parecen tener el objetivo “de confundir a la gente, de enredar los mecanismos de refrendación, porque es evidente que la Constituyente lo único que haría sería reabrir discusiones sobre lo que se ha acordado y dilatar la posibilidad de un acuerdo definitivo del fin del conflicto”.
Cristo agregó que para el Gobierno la constituyente “no va” y que las Farc deberían entender “que cualquier otro camino distinto al del plebiscito es un suicidio para el proceso de paz”.
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Lo cierto es que el antecedente de las semanas anteriores, cuando varios sectores usualmente contradictorios empezaron a coincidir sobre la necesidad de una constituyente, es un hecho político que seguramente el Gobierno tendrá en consideración. Eso, a pesar del “les guste o no” que cierra, tal vez solo por ahora, este nuevo capítulo sobre la aprobación popular de los acuerdos de paz.
