Esta jurisdicción citó a una audiencia pública a varios altos funcionarios del gobierno Duque para que expliquen qué medidas han tomado para proteger la vida de los excombatientes de las Farc.
Con el asesinato de Plutarco Cardozo y Juan de Jesús Monroy, esta semana la cifra de excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc asesinados luego de la firma del Acuerdo final de paz, hace casi cuatro años, llegó a la preocupante cifra de 323 según el partido que salió de ese desmovilizado grupo armado.
Cardozo, de 46 años, vivía cerca del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal, ubicado en San José del Guaviare. Su hija y una enfermera lo encontraron muerto y con heridas provocadas por arma de fuego. Monroy, de 47, lideraba varios proyecto con reincorporados en el municipio de Uribe, Meta.
https://twitter.com/PartidoFARC/status/1315984753238179841
⚠️ Es asesinado Juan de Jesús Monroy, líder de la Nueva Área de Reincorporación #NAR de La Julia, municipio de Uribe (Meta). "Albeiro" promovía diversos proyectos de reincorporación en el Meta. https://t.co/ve2vCePvBt
— Reincorporación Comunes (@CNRCOMUNES) October 16, 2020
Debido a estos crímenes contra los exFarc, este viernes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a una audiencia pública a varios altos funcionarios del gobierno Duque para verificar “el cumplimiento de las órdenes dadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes”.
A la audiencia, que se hará el próximo 25 de noviembre, están citados el fiscal general Francisco Barbosa, el alto comisionada para la Paz Miguel Ceballos, el consejero presidencial para la Estabilización (que antes era para el Posconflicto) Emilio Archila, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Alfonso Campos y los ministros de Hacienda, Interior y Defensa —Alberto Carrasquilla, Alicia Arango y Carlos Holmes Trujillo—.
Estos altos funcionarios deberán explicar ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP qué medidas han tomado para garantizar la seguridad de los excombatientes y si incluyen los enfoques territorial, étnico y de género. “También se revisará lo hecho para prevenir y superar la estigmatización (hacia los desmovilizados) en el marco de las garantías de no repetición y el proceso de reconciliación”, señaló la jurisdicción en un comunicado.
Acerca de la citación, Archila dijo que este llamado de la JEP es una oportunidad para que el país sepa qué se está haciendo para proteger a los exFarc. “Para el presidente Duque siempre ha sido prioridad la seguridad de los excombatientes, de sus familias y de los miembros del partido Farc (…) Tenemos más de 50 medidas especiales de protección, la UNP tiene 450 personas en protección. Hemos desplegado alrededor de 3.100 efectivos de la Policía y el Ejército; y la Fiscalía tiene más de 25 sentencias de condena contra los responsables de estos crímenes”.
Pese a este balance que hace el consejero presidencial para la Estabilización, los excombatientes han dicho en varias oportunidades que se sienten inseguros y desprotegidos. El pasado 15 de julio, por ejemplo, un grupo de ellos y sus familias que estaban en el antiguo ETCR Román Ruiz, de Ituango (Antioquia), tuvieron que abandonar ese espacio debido a la falta de garantías para preservar sus vidas —entre 2017 y 2019 fueron asesinados 12 excombatientes que residían en ese sitio— y la violencia por parte de grupos armados como las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Los Caparrapos. Varias alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo habían advertido sobre esa situación. Sin embargo, las agresiones contra ellos continuaron y eso los llevó a desplazarse hacia Mutatá.
¿Salieron? No, así sacaron a los excombatientes de las Farc en Ituango
Días después de ese desplazamiento, varios exFarc se reunieron con magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP para expresarles la preocupación que sienten por la violencia en contra de los excombatientes. “Es el Gobierno y las instituciones los responsables de este genocidio que empieza a configurarse contra los ciudadanos y ciudadanas que dejaron las armas (…) Resulta insuficiente, sin la existencia de voluntad política y el establecimiento de una política pública, restablecer una cultura de paz”, dijo en esa reunión Pastor Alape, delegado del partido Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación. Sus palabras las recogió un artículo de El Espectador.
El partido también ha denunciado ante Naciones Unidas la desprotección y la inseguridad para quienes dejaron la lucha armada. En junio de este 2020, el presidente de ese movimiento político, Rodrigo Londoño, y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunieron para hablar de ese tema.
Anterior a la audiencia del 25 de noviembre, la JEP ha hecho tres más acerca de las medidas de seguridad para los excombatientes. La última fue el pasado 23 de septiembre, donde el magistrado Alejandro Ramelli, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, señaló que de “las instituciones vienen, hacen un resumen de una cantidad de acciones desarticuladas completamente, pero la realidad es que estamos hablando de más 100 personas asesinadas y no hay una explicación”.
Por eso la JEP fijó que Ceballos, Archila y Campos deben cumplir la citación para dar explicaciones. “Solo podrán delegar su asistencia a la diligencia a viceministros y al vicefiscal; y únicamente con previa justificación y verificación”, comunicó la jurisdicción.
