Alcanzar la paz en esta subregión de Antioquia será un proceso largo, reconoce la Comisión de la Verdad. La presencia del Estado en este territorio es netamente militar.
“Nosotros vivimos en medio de la guerra. ¿Qué más podemos hacer? Pues esperarla”, dijo un habitante del corregimiento El Guaimaro de Tarazá, en Antioquia, tras una masacre ocurrida en enero de este 2020. El conflicto armado sigue azotando al Bajo Cauca, una subregión donde la gente tiene miedo de hablar con instituciones como la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial para la Paz.
El Bajo Cauca es el hogar de más de 220.000 personas que basan su economía, principalmente, en la minería, la pesca y la agricultura. Allí tienen su cuenca los ríos Nechí y Cauca. Por medio de estas afluentes se mueve el comercio de la subregión, pues faltan vías en buen estado. El viernes de esta semana, en el Jardín Botánico de Medellín, la Comisión de la Verdad organizó un Diálogo para la no continuidad y la no repetición en el Bajo Cauca antioqueño.
En ese espacio se habló del impacto que tuvo la violencia en una zona que desde los años setenta del siglo XX ha visto pasar distintos actores armados: el EPL, el ELN, la desmovilizada guerrilla de las FARC, los paramilitares, entre otros. Después del Acuerdo de paz, no se acabó la disputa por el Bajo Cauca. “Aquí en lo único que hay continuidad es en la presencia de los actores armados”, comentó Marta Villa, directora de la Comisión de la Verdad en Antioquia.
Las guerrillas fueron las que ejercieron control en el territorio hasta mediados de la década de los noventa. Tiempo después llegaron grupos paramilitares como los bloques Mineros y Central Bolívar de la Autodefensa Unidas de Colombia. Sus actividades ilegales giraban alrededor de la coca y la explotación de oro.
Según la Unidad de Víctimas, hasta octubre de este año, los seis municipios que conforman la subregión (Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza) suman 203.318 víctimas del conflicto armado. Este territorio también es uno de los escenarios donde la Comisión de la Verdad ha adelantando un proceso de diálogo. Habló con cerca de 100 representantes de diferentes sectores de la sociedad bajocaucana con el fin de comprender y proponer salidas a la violencia.
La Comisión señaló que el conflicto persiste allí, en parte, por el rol del Estado, ya que su presencia es netamente militar y esto ha traído casos de estigmatización y violación de derechos humanos en contra de la población civil.
“No es suficiente la Fuerza Pública que está presente en el territorio. Este año, el Bajo Cauca ha tenido 7 de las 16 masacres ocurridas en Antioquia; en solo una hay capturas de los autores”, comentó Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno del departamento. El funcionario también expresó su preocupación por la cifra de homicidios que tiene la subregión. Mientras en Tijuana (México), considerada la ciudad más peligrosa del mundo, se registran 134 homicidios por cada 100.000 habitantes, en el Bajo Cauca ocurren 145.
“Si el Estado no hace algo, los actores armados ilegales serán los que van a ordenar el territorio”, dijo Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz – IPC. Además, agregó que es imposible vivir del campo porque no hay vías para distribuir la producción de alimentos. Esta subregión reporta los indicadores económicos y sociales más negativos del departamento y unos altos niveles de pobreza extrema que contrasta con su gran riqueza medioambiental.
La dificultad para terminar el conflicto en la subregión también es resultado de la consolidación como zona cocalera y de minería ilegal, especialmente de oro. Estos negocios financian a los actores armados que hacen presencia en el Bajo Cauca.
Una de las soluciones que propone la comunidad es la legalización de la minería, para que de esta manera se reduzca el monopolio de las mafias sobre esa economía. “Tenemos que dejar de rotular a la minería como criminal. Debemos reconvertir eso porque no todo el gremio es ilegal, necesitamos una formalización en esa cadena de producción, que es la que nos ayuda con las regalías”, expresó Nayibe Cossio, representante de las comunidades afro del Bajo Cauca.
Alcanzar la paz en el Bajo Cauca será un proceso largo. Así lo reconoce Villa, quien aseguró que “es la sociedad civil y la institucionalidad pública a las que les corresponderá seguir trabajando en las garantías de no repetición, porque la Comisión de la Verdad es una institución temporal”.
