Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, es el grupo armado criminal más poderoso de Colombia y con la expansión más fuerte desde 2017. Los diálogos y las negociaciones con el gobierno nacional en el marco de la Paz Total son escasas y no han resultado en la firma de un cese al fuego. Expertos analizan la organización criminal “más peligrosa del crimen trasnacional”.
Las estrategias de dominio territorial se evidencian a través de una gobernanza ilegal, el control social y la perpetración de violencia contra la población civil en las áreas bajo su influencia. Este grupo emergió en 2007 tras la desmovilización de miembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el marco de la Ley de Justicia y Paz de 2005. International Crisis Group mencionó que se ha producido “un matrimonio entre combatientes de izquierda y derecha” con disidencias del EPC y paramilitares. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, el grupo “delinque en 392 municipios de 24 departamentos” y cuenta con una membresía estimada en 14.000 individuos. Las AGC poseen la mayor cantidad de recursos económicos, gracias a una amplia cartera de actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, la migración irregular a través del Tapón del Darién, la minería ilegal y la explotación sexual, entre otros. El epicentro de poder del grupo se concentra en el norte del país, específicamente en regiones como Urabá antioqueño, Darién chocoano y el sur de Córdoba. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), entre 2018 y 2023, el grupo creció de 58%, consolidándose como la organización con mayor influencia territorial, según la Defensoría del Pueblo.
“Violencia invisible”
La “violencia invisible” no se manifiesta siempre a través de explosiones y tiroteos, sino que se esconde en la falta de oportunidades, la marginación y el miedo. Es una amenaza constante que pesa sobre los habitantes de las zonas afectadas. La “violencia invisible” puede ocurrir en áreas donde la presencia del Estado es limitada o donde hay una cultura de silencio y miedo que impide que las víctimas denuncien los abusos. Elizabeth Dickinson, analista en International Crisis Group nos afirma:
“La violencia en muchos casos es invisible, se trata de control social, restricciones invisibles, violencia de género, sembrado de minas antipersonales, reclutamiento de menores, cosas que en cambio de homicidios son bastante obvios, visibles. La violencia que domina en los territorios ahora es supremamente difícil de documentar y visibilizar”.
Control social
El grupo armado ilegal ha desarrollado estrategias de control social dentro de los territorios bajo su influencia. Sin embargo, no se materializa en todos los territorios donde se reportó su presencia. Existe en “su centro de poder donde evidentemente controlan desde los más alto hacia lo mínimo, en Urabá antioqueño, Darién chocoano y sur de Córdoba” nos afirma Carlos Espita, investigador en Indepaz.
El control social se materializa con diversos mecanismos de control y sometimiento de la población civil y comunidades más vulnerables. A través de la intimidación y la violencia selectiva, busca controlar la conducta de los habitantes locales y disuadir la colaboración con las autoridades. Elizabeth Dickinson nos enseña: “Pero realmente ellos han aprendido por las décadas de conflicto, que es mucho más eficaz controlar el territorio con cooptación, o sea para decir compromisos, servicios, ellos hacen cosas, por ejemplo, brigadas de salud, regalos para niños en la navidad, organizar bazares etc. Y eso es muy eficaz para someter y silenciar a la población. La otra herramienta muy fácil y claramente importante que ellos manejan es el reclutamiento”. La analista afirma “la forma de escribir su control social es miedo (…) ellos arman una red de vigilancia dentro de la misma sociedad”.
Carlos Espita, nos explica que
“Ahora, dentro de cada sitio, las formas de control social va, desde, emplear, prestar seguridad, apropiación de los recursos públicos y de reconstrucción de obras (…) por ejemplo, este grupo, compró un barrio en Quibdó y ese barrio quienes habitan ahí pagan una cuota mensual por seguridad, por llamarlo de alguna manera, se reducen los índices de violencia, pero pues, todo es en realidad, un ejercicio de gobernanza ilegal. Pero su principal interés no es la seguridad de las personas si no el control territorial por las ventajas estratégicas para acceder por ejemplo a los ríos o a corredores estratégicos, para los diferentes tráficos o para la movilización”.
Violencia de género
Desde relaciones coercitivas hasta abusos sexuales, las mujeres en territorios con presencia o controlados por grupos armados, en este caso, las AGC, enfrentan una multitud de formas de violencia de género. Según Elizabeth Dickinson, “las mujeres se encuentran atrapadas en una zona gris entre la coacción y la falta de opciones. Muchas veces, si un miembro del grupo armado se acerca a una mujer para establecer una relación, una se siente incapaz de rechazarlo, temiendo represalias o violencia aún mayor”. Otra forma de violencia de género ejercida, según la investigadora, es relacionada a la dependencia económica
“que los convierte en un riesgo de vulnerabilidad frente a la violencia de género, porque una vez que existe una relación, si hay violencia, que pasa en muchos casos, no hay forma de denunciar y salir de esta relación. Otra cosa que hemos escuchado, es la utilización de mujeres en riesgo de trabajo sexual”.
Carlos Espita menciona otras estrategias.
“Distintas estrategias de reclutamiento, como que va del enamoramiento, el engaño con ofertas laborales que terminan volviendo a las personas víctimas de violencias sexuales o incorporación a el grupo”.
Un informe publicado por la Comisión de la Verdad (CEV) en 2022, ha expuesto las estrategias utilizadas por ciertos miembros del grupo con el objetivo de perpetrar abusos sexuales contra mujeres indígenas. El informe dice “un grupo de mujeres para trabajar en algunos trabajos de artesanía muy específicos, se les convoca a algún lugar particular y en ese lugar las mujeres son detenidas y bajo engaños son llevadas a la fuerza para ser violentadas sexualmente, esto ha sucedido de manera particular en el municipio de Tierral”. Este mismo informe menciona casos de suicidios y desplazamiento forzado como “respuesta al estrés multidimensional”.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la explotación sexual por parte de las AGC y sus redes criminales. En el año 2019, emitió un alerta (número 054), enfocada específicamente en la explotación sexual de mujeres y niñas emberas en municipios del sur de Córdoba. Recientemente, en febrero de 2024, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta (número 524), centrada en las redes criminales de las AGC en Bogotá que se dedican a la explotación sexual.
Reclutamiento de jóvenes
El reclutamiento de individuos armados, en ocasiones menores de edad, y las tácticas empleadas por el grupo, constituyen lo que se denomina “violencia invisible”, difícil de documentar y visibilizar completamente. Carlos Espita afirmó
“hay otros reclutamientos, con la amenaza directa a los padres, a los mismos jóvenes. La adicción es otra forma que se ha documentado de reclutamiento. Entonces los empiezan a volver adicctos, incluso desde el colegio para luego hacerlos dependientes y vincularlos a los grupos. Entonces, son distintas modalidades que hemos identificado. Pero no son exclusivas de las AGC”.
Otra estrategia es el dinero mezclado con el miedo.
“La capacidad económica que ellos tienen por dar oportunidades a los jóvenes, que en muchos casos no tienen otras opciones laborales y buscan sacarse adelante pero eso siempre viene con el riesgo de la amenaza de violencia atrás”
afirma Elizabeth Dickinson.
“Restricción silenciada”
Cuando las AGC imponen un confinamiento de la población civil, es una restricción invisible impuesta por las AGC que controla la movilidad de las personas en los territorios bajo su influencia. A través de puntos de control y vigilancia, estos grupos limitan la capacidad de las personas para desplazarse libremente dentro de sus propias comunidades. El más visible fue en 2022, en el norte del país, cuando se extraditó a Alias Otoniel -ex jefe de las AGC-, pero en algunos territorios las AGC los utilizan con más frecuencia.
“Hay otras violencias que son silenciadas como el confinamiento. Muchas veces es difícil comunicarse. El confinamiento es más favorable para el grupo armado que el desplazamiento de las comunidades. El desplazamiento llama la atención. Hay violencia silenciada, no significa que no exista”
comenta Carlos Espita.
Violencia visible
Las AGC son responsables de violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en las regiones donde operan. Según el informe de la CEV (2022), sus acciones incluyen asesinatos y masacres, y no respetan el principio de distinción entre civiles y combatientes durante enfrentamientos con otros grupos estatales y no estatales. Los miembros de este grupo perpetran asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en las áreas donde tienen influencia.
Estrategias de politización y proyecto político
Elizabeth Dickinson afirma que el proyecto político “está muy relacionado a la forma de gobernanza que ellos ahora ejercen en los territorios”. Además, nos explica algunos aspectos de sus estrategias a nivel local.
“Yo creo que las ambiciones de este grupo a nivel local, es de tener incidencia en los consejos, en las alcaldías, obviamente y muy obviamente con las estructuras comunales y desde allí, tal vez armar un movimiento político.”
Carlos Espita afirma :
“Lo primero que decía, aunque tengan un discurso político o tengan una serie de estatutos, no podemos calificar los como políticos. Ellos cambiaron de nombre como Ejército Gaitanistas de Colombia, para tratar de continuar esa estrategia que es más comunicativa, de romper toda relación con el paramilitarismo. La relación de violencia, de control social todo eso pues digamos, hasta ahora no permiten entender este grupo como un actor político”.
Otra táctica de “politización” empleada por el grupo es la difusión de panfletos. Uno reciente, distribuido en la localidad de Usaquén, declara: “No nos dedicamos a la extorsión, no respaldamos a la delincuencia común, estamos del lado del pueblo y junto al pueblo”.
Las AGC buscan politizar el grupo en el contexto de posibles negociaciones con el gobierno nacional relacionado con el marco legal de la ley de Paz Total. “Lamentablemente con la paz total hubo un mensaje en el sentido perverso (…) el grupo tenía un incentivo supremamente fuerte para armar, fortalecer y expandir su programa político, más que todo su incidencia en la comunidad” , analizó Elizabeth Dickinson.
Tercerización
Las AGC, introdujeron una “tercerización” o una subcontratación de sus actividades ilegales dentro de las franquicias. El objetivo es cooptar a otras organizaciones delictivas para ampliar su capacidad de control y obtener otros recursos criminales para la organización. El modelo de las franquicias permitió una expansión con un amplio dominio territorial desde 2016. Carlos Espita nos enseña “es un poco digamos tener posibilidad de tomar esas ciudades o que existan estructurales locales muy fuertes que tienen ventajas estratégicas, que son de la zona etc. En fin, que la conocen mucho mejor y todo, han establecido negocios subcontratados de actividades logísticas o de actividades violentas como el sicariato.” Según él, esta estrategia se acompaña de una “urbanización del conflicto “, que no es nueva. En este sentido, La Defensoría del Pueblo emitió una alerta para la ciudad de Bogotá debido a disputas territoriales con el Tren de Aragua, manifestadas a través de las franquicias de estos grupos.
Financiamento
- Tapón del Darién :
El Tapón del Darién representa la ruta migratoria principal para trasladarse de América del Sur a América Central. Este territorio constituye el principal “núcleo de poder” de las AGC, según Carlos Espita. De acuerdo con el informe de Human Rights Watch titulado “Este infierno era mi única opción” de 2023, las AGC generaron ganancias que ascendieron a 57 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, debido a su control sobre la región del Darién. Lo que corresponde a 125$ por cada migrantes. Carlos Espita explica que “las AGC organizaron todas las dinámicas en toda la migración irregular que ocurrían en esta zona, regulando digamos los pasos, lo que ocurre, incluso, estableciendo un pasaje para el tránsito que incluye una prestaciones, hasta la prestación de servicios de salud, por si se presenta un inconveniente de seguridad. Hay una regulación por supuesto de los precios y por supuesto hay una apropiación de rentas”
- Narcotrafico
El narcotráfico se erige como la principal fuente de ingresos de las AGC fundamentada en el cultivo de coca y en sus extensas redes criminales tanto a nivel nacional como transnacional. De acuerdo con las autoridades, ellos controlan las principales rutas de tráfico de cocaína y son responsables de la mitad de la cocaína que salió en los últimos años.
- Minería ilegal
El control de la minería ilegal no solo representa un recurso crucial para el grupo, sino que también es objeto de disputa con el ELN en la región del Chocó.
- Extorsión
Las AGC imponen el pago de sumas de dinero a individuos, empresas y comunidades en las áreas donde operan. Con la ayuda de sus franquicias, pudieron expandir esa práctica. “Pues también hay muchos explicación de porque tenemos una extorsión tan grande, o digamos un crecimiento tan grande en los últimos años y es gracias a las estructuras locales, han logrado tener mayor impacto, mayor alcance de sus actividades”, según Carlos Espita.
- Lavado de activos
El lavado de activos a través de las AGC es una práctica clave en su estructura financiera, utilizada para ocultar y legitimar ganancias ilícitas. Carlos Espita nos menciona que “logísticamente para el tráfico y también todo el tema de lavado de activos, digamos que es el rol principal de las ciudades”.
- Explotación sexual
La explotación sexual perpetrada por el grupo o sus redes criminales, constituye otro recurso dentro de su portafolio, y representa un grave riesgo para las mujeres y niñas.
Relación con el paramilitarismo y miembros del Estado
Las AGC han manifestado reiteradamente su distanciamiento con el paramilitarismo, tanto en el plano ideológico como en su estrecha relación con el Estado. Ciertos individuos dentro de la fuerza pública mantienen vínculos con las AGC. Sin embargo, ya no existe una relación sistemática. “Si yo creo que siguen persistiendo en alguna veces complicidades entre la fuerza pública y los distintos grupos armados, en este caso, las AGC. Por supuesto creo que principalmente pues tienen como objetivo facilitar la apropiación de rentas de estos grupos” dice Carlos Espita.
El grupo establece conexiones a nivel local con empresarios, funcionarios y políticos, aunque no tiene afiliaciones directas con el Estado, a diferencia de lo que ocurrió con las AUC. “Y digamos, lo que se evidencia es también una ruptura de una relación tan estructural del paramilitarismo con el Estado colombiano en términos militares etc. Si bien persisten unos elementos de complicidad, tiene lugar más del regional y del local, de unos acuerdos que se logran ahí, y ya no del Estado Central.” Nos enseña Carlos Espita.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han cambiado su nombre a Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en busca de una negociación con el gobierno nacional. Esa estrategia tiene como objetivo ser reconocidos como un grupo armado político, lo que les otorgaría mayores posibilidades de negociación.
