La ONG Human Rights Watch denuncia que el ELN, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y otras organizaciones criminales están imponiendo medidas severas y abusivas para contener la propagación del coronavirus en 11 departamentos del país.
“Muchos no entendieron, no acataron las ordenes y no han cumplido con la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional, por lo cual nuestra organización tomará el control con el fin de proteger a la población (…) El horario de atención de los negocios autorizados será de 8 a.m. a 2 p.m.; en ese horario la gente deberá salir a comprar; a partir de las 2 p.m. nadie deberá estar en la calle, excepto por una emergencia médica”.
Ese mensaje no lo publicó una autoridad local en algún pueblo del país, tampoco una organización civil preocupada por la pandemia del Covid-19. No. Hace parte de un panfleto que la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc repartió en un municipio del Cauca a finales de marzo de este año.
La ONG internacional Human Rights Watch (HRW) publicó un breve informe esta semana donde denuncia que varios grupos armados ilegales han amenazado y atacado a la población de varias regiones de Colombia para hacer cumplir sus propias reglas de protección ante la propagación del Covid-19. “Imponen toques de queda, cuarentenas, restricciones de movilidad, horarios al comercio, prohibiciones de ingreso a personas externas a las comunidades, entre otras medidas”, señaló la organización.
HRW habló vía teléfono con 55 líderes sociales, miembros de organizaciones humanitarias, funcionarios públicos y residentes de 13 departamentos para verificar si los grupos armados ilegales están poniendo sus normas durante la pandemia y cometiendo abusos contra la población civil. La organización encontró que por lo menos en 11 está ocurriendo: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
“En al menos cinco departamentos los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas y en otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia”, aseguró HRW.
El Eln, las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y organizaciones criminales como Los Contadores, en Nariño, y La Mafia, en Putumayo, son los responsables de las amenazas y ataques a la población. De acuerdo a lo investigado por HRW, distribuyen panfletos o mandan mensajes por WhatsApp advirtiendo a las comunidades que si no cumplen sus medidas serán “castigados”, incluso, con la muerto.
Un fiscal y un funcionario de la Defensoría del Pueblo de un municipio del Cauca le indicaron a HRW que el 26 de abril fueron asesinados tres civiles y heridos otros cuatro por miembros de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. ¿La razón? Según el fiscal, hay evidencia de que el ataque ocurrió porque las víctimas no cumplieron con las medidas impuestas por el grupo armado.
En Putumayo, el líder comunitario Edison León Pérez fue asesinado el 8 de junio por la organización criminal La Mafia. De acuerdo con un investigador del caso, atentan contra León Pérez días antes de haber enviado una carta a las autoridades locales denunciando que La Mafia estaba obligando a su comunidad a instalar puntos de control sanitario, exponiéndola al contagio del Covid-19. “Señor alcalde, yo en calidad de presidente de la junta de acción comunal no estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte”, se lee en la carta.
“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del virus exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Pueden leer el informe completo aquí.
