La experiencia internacional muestra que la concentración debe ser limitada en el tiempo para reducir riesgos de reincidencia.
Por ahora cualquier idea sobre los lugares donde sería concentrados los combatientes de las Farc una vez inicie el proceso de desarme es una especulación. Si bien se han mencionado algunas zonas de influencia histórica de esa guerrilla, donde eventualmente podrían ubicarse las misiones de verificación internacional, no hay ninguna información oficial que permita anticipar con certeza cuáles serían esos lugares.
Sin embargo, la experiencia de otros procesos de paz sí ofrece luces sobre las implicaciones logísticas, financieras y de seguridad, entre muchas otras, que tiene un proceso de verificación del cese al fuego como el que se implementaría en Colombia.
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En 2007, cuando se avanzaba en acercamientos de paz entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el ELN, la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (ECP) publicó un documento en el que recogía el análisis de 27 procesos de negociación en otros países con el propósito de ofrecer lecciones para el proceso que se desarrollaba entonces en Colombia.
La primera conclusión que arrojó el estudio es que en ninguno de los casos analizados hubo concentraciones de las tropas antes de la firma de un acuerdo: “El acantonamiento sólo se produce al finalizar las negociaciones y tras la firma de un acuerdo de paz, lo cual permite iniciar un proceso de DDR (desmovilización, desarme y reintegración)”.
Lo anterior significa que el modelo planteado en Colombia, en el cual se contempla la concentración y la dejación de armas en un plazo de 60 días posterior a la firma de un acuerdo definitivo, va en consonancia con los 27 casos analizados por la Escuela de Cultura de Paz en África, Europa, Asia y Oriente Medio.
No obstante, el mismo análisis también indica que solo en la mitad de los casos se han creado mecanismos de verificación para el cese al fuego, mientras en Colombia esa fórmula fue establecida como condición, casi desde el inicio de las conversaciones. Una idea que fue ratificada el pasado 19 de enero al acordar la creación de un organismo tripartito conformado por las Farc, el Gobierno y un actor internacional integrado por la ONU y la Celac.
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En ese último punto también se encuentra otra coincidencia entre el caso colombiano y los 27 procesos analizados por la (ECP): en una cuarta parte de esos casos ha existido presencia de la Organización de las Naciones Unidas en los procesos de verificación. Sin embargo, hay un campanazo de alerta: “En un 60% de los casos, las declaraciones de alto al fuego han sido violadas de forma reiterada”.
Los ejemplos más cercanos
Si bien no se trata de procesos tan recientes y tienen profundas diferencias, los casos de El Salvador y Guatemala, tal vez por su cercanía geográfica, se han convertido en puntos de referencia para contrastar sus procesos de paz con el que avanza hoy en Colombia.
El Salvador
En cuanto a la concentración o acantonamiento de combatientes, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la experiencia con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) en El Salvador fue positiva: “La concentración duró seis meses y se hizo en 15 centros regionales, con cobertura en todo el territorio. Allí se prestó la “atención de emergencia” con viviendas temporales, alimentación y vituallas y atención médica. Se atendieron 7.000 personas y la inversión fue de $8.2 millones de dólares”.
En ese caso, el papel de la Misión de Observadores de las Naciones Unidad en El Salvador (Onusal), organismo conformado para la verificación de los acuerdos de paz, fue supervisar a las tropas de ambas partes (las Fuerzas Militares del Estado fueron trasladadas a las posiciones que tendrían en tiempos de paz), verificar inventarios de armas y personal, autorizar y acompañar los movimientos de las fuerzas desde sus sitios de concentración, e investigar las denuncias sobre violaciones.
Esa misión de la ONU en El Salvador se extendió entre julio de 1991 y abril de 1995. Contó con 380 observadores militares y 631 observadores de Policía.
Guatemala
En Guatemala, por su parte, el proceso que llevó a la terminación del conflicto con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) también pasó por un proceso de concentración con la verificación de Naciones Unidas.
El texto de los acuerdos logrados en diciembre de 1996 estableció que la misión verificadora haría presencia tanto en los puntos de concentración de las guerrillas como en varias unidades militares. “La concentración de los efectivos de la URNG se hará en los puntos acordados por las partes. Su tamaño será determinado por la cantidad de efectivos a concentrar y deberá permitir la estancia temporal en condiciones adecuadas”, dice el texto.
También, entre otros asuntos, se definieron lugares desmilitarizados y se estipuló que tendría que haber por lo menos seis kilómetros de separación entre las unidades militares y los puntos de concentración “a efecto de garantizar el desarrollo del proceso sin ningún incidente. Los puntos de concentración de la Urng deberán ubicarse de preferencia a distancias no menores de 20 kilómetros de la línea de la frontera”.
En febrero de 1997 un grupo de observadores militares se desplegó en seis centros de verificación que tendrían a su cargo supervisar ocho puntos de concentración de la guerrilla.
Pocos días después, en marzo de 1997, luego de casi un año de que se iniciara el cese, se inició el proceso formal. Para entonces, la Urng había entregado un inventario de armas y explosivos que estaban en su poder, así como información sobre campos minados. También el listado con cerca de 3.500 efectivos que serían desmovilizados.
“Con arreglo a lo previsto en el Acuerdo, se destacaron dos observadores militares de las Naciones Unidas en cada una de las unidades del Ejército de Guatemala sujetas a verificación. A medida que los excombatientes iban llegando a los puntos de concentración, sus armas, municiones, explosivos, minas y demás equipo militar complementario eran registrados y entregados a observadores militares de las Naciones Unidas para su almacenamiento en contenedores especiales y depósitos de explosivos”, dice la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Mingua) en el recuento que hace del proceso.
Esa misión se extendió desde enero hasta mayo de 1997 cuando más de 500 mil armas, municiones, material de guerra y un listado de explosivos destruidos fueron entregados al Ministerio del Interior de Guatemala por parte de los observadores militares.
La recomendación
En su análisis sobre el caso de El Salvador, la Fundación Ideas para la Paz coincide en que las zonas de concentración deben ser limitadas, pues su prolongación “tiene varios riesgos; por ejemplo, la urbanización de los campamentos, el no retorno de los desmovilizados a sus hogares, el retraso de las actividades de reintegración social y económica que maduran la transición de los desmovilizados”.
Por su parte, la Escuela de Cultura de Paz se refiere a la importancia de que, una vez firmados los acuerdos, los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, se inicien en el menor tiempo posible: “Por desgracia, hay procesos de DDR que empiezan con años de retraso, manteniendo en algunos casos a los combatientes en lugares de acantonamiento a la espera de que lleguen los recursos necesarios o se organice la infraestructura pertinente. Un retraso excesivo desmotiva, por un lado, pero corre el riesgo de que una parte de los combatientes se busquen la vida en actividades ilícitas y/o violentas. Para que ello no ocurra, es aconsejable que quienes intervienen en la negociación de un acuerdo de paz prevean con la antelación suficiente cómo será un futuro proceso de DDR y busquen los apoyos necesarios para que pueda iniciarse con prontitud”.
