Les preguntamos a los expertos qué significa y qué le espera al modelo acordado por las Farc y el Gobierno para el "blindaje" jurídico de los acuerdos de paz.
- Delegación del gobierno junto al senador Roy Barreras en reunión para trámites legislativos de lo acordado en La Habana. Foto: Omar Nieto.
En un comunicado leído por representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, el Gobierno y las Farc anunciaron el jueves en La Habana que la forma de introducir un eventual acuerdo final en el ordenamiento jurídico colombiano y de garantizar su aplicación será por medio de la figura de un Acuerdo Especial regido por los convenios de Ginebra.
Ese tipo de acuerdo, de orden internacional, permite insertar lo pactado en Cuba dentro del bloque de constitucionalidad colombiano y el proceso para hacerlo pasa por la inclusión de un artículo transitorio en la Constitución.
Para introducir ese artículo, primero el Congreso tendrá que aprobar el acto legislativo para la paz con las modificaciones que contempla el acuerdo. En el comunicado se asegura que el trámite para la declaratoria del acuerdo final de La Habana como Acuerdo Especial incluirá cuatro debates, los mismos que una ley ordinaria, y que el tránsito de una cámara a otra será en un periodo no mayor a ocho días.
Para Laura Wills, directora del programa Congreso Visible, esto significa que “radican ante la Secretaría del Senado y 20 días más tarde tendremos sanción presidencial. No se están teniendo en cuenta los plazos que exige la ley para su tramitación”.
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Wills agrega que “en primer lugar, se está tratando como una ley ordinaria, lo cual es raro porque finalmente se va a reformar la Constitución. Por otro lado, los debates no van a tener el tiempo que establece la ley entre uno y otro. ¿Qué discusión va a poder haber en un plazo tan corto cuando se va a tramitar de manera ordinaria?”.
Por su parte, el profesor del departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, doctor en derecho constitucional y filosofía del derecho, Rodolfo Arango, explica que “los acuerdos de paz entre las Farc y el Gobierno van mucho más allá de un acuerdo humanitario. En algunos aspectos tiene carácter humanitario, como la protección de los civiles y de los guerrilleros reinsertados. Pero no se puede hacer pasar como si fuera un acuerdo humanitario algo que es mucho más grande. Se están pactando reformas estructurales en lo político”.
Para Diego López, experto en derecho constitucional comparado, “no será un tratado público internacional, pero sí por lo menos un acuerdo internacional humanitario. Ellos piensan que por lo tanto queda completamente inmune a cambios internos porque no podrá ser tocado por el Estado”.
Además, López sostiene que, aunque el Gobierno haya firmado este acuerdo, “no significa que los actores políticos y jurídicos en Colombia vayan a dar la misma interpretación. El artículo 13 de la constitución explica cómo se cambia ésta. El mecanismo propuesto por la mesa de negociación es altamente irregular”.
De momento, el Gobierno se compromete a que antes del 18 de mayo introducirá en el proyecto de acto legislativo para la paz lo contemplado en el acuerdo anunciado el jueves. Habrá que ver, en su trámite, a qué se enfrenta el texto que la mesa de negociaciones espera.
