OPINIÓN. En los próximos días, 700 integrantes de organizaciones sociales y feministas participarán en la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.
- Foto: Santiago Mesa
Por Ana Jimena Bautista Revelo y Margarita Martínez Osorio*
En Antígona, Sófocles nos cuenta la tragedia de una mujer que interpeló abiertamente el poder de Creonte, rey de Tebas, al desobedecer la orden que le prohibía enterrar a su hermano Polinice. Bajo la ley de Creonte, el destino que le deparaba al cadáver de Polinice era el de ser devorado por perros y cuervos. La desobediencia de Antígona causó la admiración de todo el poblado, pero no evitó su muerte, consumada por su propia mano, pues ella prefirió matarse antes que ser ejecutada por el rey.
Antígonas son incontables mujeres en Colombia, que en medio del conflicto armado desafiaron y desafían el poder impuesto a través del miedo y de las armas; mujeres que han buscado con fervor el rastro de los desaparecidos, soportado el desarraigo del desplazamiento, convivido con las violencias sobre sus cuerpos y llorado a los muertos. El saldo oficial al 8 de septiembre de este año: 3.894.250 mujeres reconocidas dentro del registro único de víctimas, dato que —pese a los problemas aún existentes con el subregistro— ya supera el de los hombres, que se encuentra en 3.889.433. Las mujeres colombianas en escenarios altamente dominados por la lógica de las armas y la violencia han padecido todo tipo de afectaciones, que recaen sobre sus cuerpos en formas de violencia sexual, desplazamiento forzado, amenazas, torturas, entre otras.
Como actoras, las mujeres hemos tomado en repetidas ocasiones decisiones políticas sobre nuestro posicionamiento en la guerra y en la paz. Frente a esto, debemos tener cuidado de caer en equívocos y estereotipos: al contrario de lo que defiende un imaginario ampliamente difundido, las mujeres no somos pacíficas por naturaleza. Así lo demuestra el haber participado dentro de los ejércitos enfrentados, y en no pocos casos, haber sido beneficiadas en términos políticos y económicos del conflicto. Defender la guerra o la paz son decisiones profundamente políticas y no posturas derivadas de supuestas inclinaciones naturales.
Hace más de dos décadas, una expresión del movimiento social de mujeres tomó la decisión política de buscar una salida negociada al conflicto armado. En medio de una movilización de 2.000 mujeres al Urabá antioqueño se propusieron, además, no acallar ante el dolor o el sufrimiento producido por la guerra. Postura repetida en diferentes regiones del país por un número creciente de mujeres.
Esta exigencia de parar las guerras se ha dado en diferentes partes del mundo. “Nos negamos a parir hijos e hijas para la guerra”, postuló el movimiento internacional de mujeres de negro en Israel. En 1988, estas mujeres tomaron la decisión de desafiar públicamente los órdenes armados y violentos promovidos por su propio gobierno ante la ocupación de los territorios palestinos [1]. Lo mismo han dicho muchas mujeres colombianas, quienes se han negado a amamantar carne de cañón para la guerra y han interpelado la lógica del conflicto en los lugares más recónditos de la geografía, durante los 54 años de una guerra que ha cobrado la vida de al menos 40.787 combatientes, según datos oficiales.
En Colombia, abundan las historias de mujeres que persiguieron el rastro de sus hijos reclutados por grupos armados para exigirles que fueran devueltos, que retiraron las trincheras de sus pueblos porque las hacían objetivo militar, que prefirieron el desplazamiento antes que entregar a sus hijas al guerrero. Mujeres que políticamente, a través de sus historias de resistencia, y en medio del fuego cruzado, han exigido el fin del conflicto.
El haber padecido de manera particular y con especial violencia el conflicto, pero a la vez, el haber perseguido con terquedad una salida negociada, hace que celebremos la existencia de un acuerdo final entre las Farc y el Gobierno. Desde el comienzo de las negociaciones, las mujeres que han impulsado esfuerzos de paz en medio de la violencia cotidiana se comprometieron con el proceso y exigieron ser pactantes de los acuerdos.
“La paz sin mujeres no va” fue la consigna con la que interpelaron a los negociadores —en principio todos hombres— para que reconocieran que sin las voces de las mujeres, víctimas mayoritarias del conflicto y con trayectoria de décadas en liderazgo en sus regiones, la paz sería incompleta e injusta. Exigieron así, tener voz y voto en acuerdos que las afectarán directamente y en los que su perspectiva es fundamental.
En este contexto, diversas organizaciones feministas y de mujeres, del nivel regional y nacional, se reunieron en octubre de 2013 para ratificar su decisión política de apoyar los acuerdos de paz. La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, como se llamó este encuentro, tuvo como objetivo principal recoger sus experiencias como gestoras de paz en las regiones para articular una agenda común que planteara los mínimos con los que debía contar el acuerdo de paz [2].
La participación política, la victimización diferenciada en el conflicto y los cuestionamientos profundos sobre la desigualdad, opresión y patrones de discriminación en contra de las mujeres, fueron algunos de los temas discutidos en la Cumbre, con miras a que la refrendación, implementación y verificación de los acuerdos fueran procesos que se comprometieran con la justicia y la construcción de pactos sociales más equitativos. En este contexto, una de las grandes apuestas de la Cumbre fue visibilizar que la desigualdad de género ha sido un elemento fundamental en la articulación y desarrollo del conflicto y, por ello, esta perspectiva no puede ser ignorada en las políticas del llamado posconflicto.
La incidencia de la Cumbre sobre la mesa de negociación tuvo su mayor expresión con la creación de la Subcomisión de Género, el nombramiento de dos plenipotenciarias como negociadoras y la incorporación de las perspectivas de derechos de las mujeres y de género en cada uno de los puntos del acuerdo final.
Pero estos avances son apenas el comienzo de una historia que promete ser larga. En los próximos días —19, 20 y 21 de septiembre— las mujeres gestoras de paz tendrán una nueva cita. Al menos 700 mujeres de organizaciones sociales y feministas participarán en la Segunda Cumbre para ratificar nuevamente el compromiso político con la construcción de la paz, que tiene una oportunidad histórica en la efectiva implementación del Acuerdo Final, pero que no se agota en el mismo [3].
Los compromisos del acuerdo en equidad de género son innegables: establecen la necesidad de una participación equilibrada entre hombres y mujeres en todas las instituciones y procesos vinculados con la implementación, priorizan el empoderamiento de las mujeres rurales —quienes han sido mayoritariamente afectadas por el conflicto y la inequidad histórica del campo colombiano— y posibilitan el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de los mecanismos para que entren en la arena pública con garantías de seguridad y de igualdad.
Sin embargo, estos compromisos generan grandes desafíos para el aparataje institucional. Es preciso diseñar mecanismos para que la participación equilibrada se traduzca en paridad, para que las voces y experiencias de género sean fundamentales en el trabajo de construcción de la verdad del conflicto; para que las organizaciones de mujeres no solo sean incluidas en los procesos, sino también representadas por las decisiones que se tomen; para que el presupuesto se distribuya de manera coherente con el enfoque de género y se den las condiciones que garanticen un restablecimiento de la ciudadanía vulnerada de las mujeres víctimas.
Frente a estos avances y desafíos, desde la Segunda Cumbre, las mujeres nos declaramos agentes, actoras y veedoras de la implementación de los acuerdos. Nuevamente, y a pocos días del plebiscito, Antígonas le decimos “SÍ” a la paz, con una voz propia construida tras años de ser protagonistas de historias de luchas y resistencias.
* Investigadoras de Dejusticia
