OPINIÓN| Hace unas semanas adjudicó la compra de 1.143 buses nuevos para Transmilenio. Del total de automotores, 59,7% serán Volvo, alimentados por diésel, un gas potencialmente cancerígeno.
Por: Carlos Rueda Ardila*
Termina el año 2018 y el alcalde Enrique Peñalosa se salió con la suya: hace unas semanas adjudicó la compra de 1.143 buses nuevos para Transmilenio. Del total de buses, 59,7% serán Volvo, alimentados por diésel, un gas potencialmente cancerígeno. El 40,2% de los otros buses fueron adjudicados para la empresa Scania Gas. ¿Cuántos buses eléctricos vamos a recibir? Cero. Así de simple: estaremos condenados a otros 13 o 20 años con buses contaminantes.
Es cierto: la licitación de la nueva flota de Transmilenio era necesaria desde hace varios años y las administraciones anteriores, por ineficiencia, no la abrieron. Sin embargo, lo que está haciendo Peñalosa no es de aplaudir: la renovación de la flota no tiene en cuenta las necesidades ambientales. Por el contrario, deja este elemento como el último de la lista.
El proceso de licitación de la nueva flota de Transmilenio ignoró los beneficios a corto, mediano y largo plazo de incorporar buses eléctricos. Es cierto que la calidad del aire puede mejorar con buses de tecnología Euro V, pero al final estamos hablando de sostener buses diésel hasta 2031. Sí, 2031. Esta era una oportunidad perfecta para que el alcalde diseñara un sistema verdaderamente amigable con el medio ambiente y pensando, como sería lógico, en la salud de los ciudadanos. No bastaron las observaciones de la Contraloría, la Procuraduría y los expertos ambientales para que la Alcaldía modificara la licitación. La suspendió pero al final terminó favoreciendo a la misma empresa de siempre: Volvo.
Cuando le preguntaron por el tema, la gerente de Transmilenio, María Consuelo Araújo, dijo que “la licitación daba incentivos a las tecnologías más limpias y los proponentes que ganaron ofrecieron una propuesta más competitiva económicamente que los eléctricos”. Después, el alcalde Enrique Peñalosa salió con esta perla en la FM: “Nosotros ensayamos un bus eléctrico desde el año pasado eléctrico, pero hemos tenido muchos problemas con ese vehículo, es una tecnología que no está pulida y tiene costos más altos, nosotros no podemos aumentar la tarifa por tener los buses eléctricos”.
Como si Peñalosa no fuera experto en subir tarifas. Recordemos que subió el pasaje de Transmilenio en 500 pesos y el del SITP en 600 pesos. ¿Con qué beneficios ambientales para la ciudadanía? Peñalosa parece olvidar el impuesto al carbono y su aumento gradual, costo que asumirían los usuarios de forma indirecta. El comprador de diésel asume el costo cada año y, al disponerlo para el transporte público, es apenas previsible que incrementen las tarifas y se termine perjudicados los usuarios.
Recordemos que el impuesto nacional al carbono fue creado por medio de la Ley 1819 de 2016 relativa a la Reforma Tributaria Estructural. Este impuesto tuvo un valor para 2017 de 15,000 pesos colombianos por cada tonelada de CO2 emitido producto del uso de combustible fósiles. El impuesto al carbono es causado bajo tres circunstancias relacionadas con la cadena de distribución de combustibles fósiles: cuando se vende en el territorio nacional; cuando el productor del combustible lo retira para consumo propio y cuando el combustible se importa.
Por otro lado, los ciudadanos no entendemos cómo ganó la oferta de los buses tradicionales en la licitación, pues en teoría la Alcaldía iba a tener en cuenta otros incentivos tributarios, como la deducción de renta a personas jurídicas por inversiones ambientales en control y mejoramiento del medio ambiente, deducción que puede ser de hasta un 20% de la renta líquida del contribuyente en el año gravable. Además, el alcalde también parece olvidar las exenciones tributarias que existen por importaciones en maquinarias o equipos que contribuyan con el mejoramiento ambiental.
Otro punto que debemos recordarle al alcalde: Colombia tiene obligaciones internacionales y por eso debe legislar en pro de reducir la emisión de gases. El Acuerdo de París, firmado por el gobierno colombiano, fijó, entre otras metas, mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C sobre los niveles preindustriales, al igual que el limitar el aumento a 1,5°C. Específicamente, Colombia aprobó el acuerdo por medio de la Ley 1844 de 2017, comprometiéndose a reducir en un 20% antes del 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero.
Con buses diésel hasta 2031 dudo que lo logremos.
Las fuentes móviles son responsables del 80% de las emisiones de material particulado. Además, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la contaminación del aire genera 800 muertes cada hora en el mundo y 8,052 muertes al año en Colombia. Las muertes y enfermedades causadas por la contaminación, por lo menos en 2015, le costaron al gobierno el 1,5% del PIB.
Alcalde, no saque excusas, usted quiere perpetuar los buses Volvo en la ciudad. Y si no es así, ¿por qué no nos cuenta qué estaba haciendo su asesor, Óscar Edmundo Díaz, reunido con los representantes de Volvo durante la fase de concurso de la licitación? Y dejémonos de vainas. Sí es posible tener una flota 100% eléctrica, como sucede en la ciudad de Shenzen, en China. El último bus que funcionaba con combustible contaminante en esta ciudad fue retirado de circulación en diciembre del 2017. Y no se trata de una ciudad pequeña, Peñalosa: es una urbe con 12 millones de habitantes.
*Abogado, especialista en Derecho Ambiental.
