Ahora es el “Clan del Golfo”. ¿Por qué les volvieron a cambiar el nombre a Los Urabeños?

El Gobierno nuevamente rebautizó al grupo armado más grande del país. ¿Paramilitares o simplemente crimen organizado?

Si no fuera porque los medios locales acogieron de inmediato la directriz oficial, los habitantes de Urabá ni siquiera se habrían enterado de que algo ha cambiado. Y es que nada ha cambiado, por lo menos en términos prácticos, para los pobladores de las zonas de influencia del grupo armado más grande del país. Una organización que parece también cargar con el récord del mayor número de nombres posible.

Hace ya dos semanas, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas anunció la decisión de rebautizarlos, de nuevo. Quienes han respondido a los nombres de Los Héroes de Castaño, Los Urabeños, Las Autodefensas Gaitanistas o el Clan Úsuga ahora se conocen como el Clan del Golfo. Sin embargo, en el fondo, siguen siendo la misma estructura delincuencial que en menos de una década se ha consolidado como la más visible heredera del paramilitarismo.

En algunos de esos casos, la explicación para el cambio de nombres es el estigma que uno u otro puede generar sobre algunos sectores: si se les llama “Urabeños”, se deteriora la imagen de los urabaenses. Si se acoge el nombre con el que ellos mismos se denominan, el de “Autodefensas Gaitanistas”, es un insulto a la memoria del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Hasta el nombre que les daba el Gobierno hasta hace poco, el de “Clan Úsuga” –para hacer referencia a algunos de sus cabecillas–, fue cuestionado por una mujer del mismo apellido que incluso le escribió una carta al presidente de la República asegurando que se estaba mancillando la honra de todos los Úsuga del país.

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De acuerdo con el general Fabio López, comandante del Bloque de Búsqueda contra el Crimen Organizado de la Policía, la motivación en esta oportunidad está relacionada justamente con el estigma que representaba una u otra denominación. “El cambio de nombre es por las demandas de personas que se sienten afectadas por la imagen negativa que se genera, como en los casos de los urabeños y el apellido Úsuga. No es por estrategia”, le explicó a ¡PACIFISTA! el oficial que está al frente de la persecución contra esa organización criminal.

Este cambio de nombre ocurre mientras investigadores y pobladores de varias zonas del país aseguran que el poder de ese grupo permanece intacto a pesar de varias capturas e incautaciones de toneladas de droga. Dicen que hoy funcionan como redes que, si bien surgieron en Urabá, en la actualidad se extienden a por lo menos otras cinco subregiones de Antioquia. Incluso, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, a otros 22 departamentos.

A juicio de investigadores como Álvaro Villarraga, coordinador del informe Desmovilización y reintegración paramilitar del Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh), ese constante cambio de denominaciones está diluyendo la discusión sobre la naturaleza de estructuras armadas que, a su juicio, preservan muchas de las características de los antiguos grupos paramilitares.

“La discusión de fondo nació cuando el Gobierno Uribe adoptó el concepto de ‘bacrim’, que no respondía la complejidad del fenómeno existente. El Gobierno actual ya reconoció que esa definición entró en crisis”, dice Villarraga.

“En resumen —continúa el directivo del Cnmh—, con la nueva denominación se acepta que hay expresiones y algunas formas de actuación que se prolongan del paramilitarismo. Ayuda en eso el proceso de paz, la exigencia de garantías en La Habana y la postura de organizaciones de derechos humanos, porque se siguen percibiendo muchas víctimas que no dejaría la simple delincuencia común”.

Villarraga se refiere a la directriz del Ministerio de Defensa que a finales de abril definió los requisitos para que algunas de las estructuras que antes eran denominadas “bandas criminales” ahora sean catalogadas como Grupos Armados Organizados (GAO), una categoría que no reconoce la subsistencia del fenómeno paramilitar, pero sí la existencia de agrupaciones con redes criminales, control territorial y unidad de mando.

Uno de los efectos prácticos de esa decisión es el de la posibilidad de ordenar bombardeos contra los GAO. Igualmente, abre una rendija a la posibilidad de entablar contactos que lleven a una negociación. Esto último a pesar de que las autoridades insisten en que las únicas conversaciones posibles con ese tipo de organizaciones son aquellas que conduzcan a pactar su sometimiento a la justicia.

Esa nueva denominación implica un cambio en la forma como la Fuerza Pública actúa contra organizaciones que, como el ahora llamado Clan del Golfo, cumplen con en esos criterios. Sin embargo, la postura de Mindefensa está lejos de cerrar la discusión sobre el paramilitarismo.

En abril, Indepaz presentó un informe en el que aseguró que organizaciones, a su juicio paramilitares, están presentes en 149 municipios. En su análisis, asegura que su supervivencia se debe a que si bien se desmontó parte de la estructura militar del paramilitarismo, su estructuras económicas y políticas permanecen.

La propuesta criminal de los paramilitares tuvo origen en una lucha contrainsurgente financiada por comerciantes y empresarios en diferentes zonas del país

Álvaro Villarraga coincide con esa postura, aunque afirma que el contexto ha cambiado y que sí ha existido una desestructuración parcial de algunos fenómenos asociados con el paramilitarismo: “Las AUC controlaban vastos territorios, municipios y estaban muy cerca de algunas capitales. Sucedía en territorios altamente militarizados. Esa no es la situación ahora, por eso hay síntomas positivos de superación. Uno no puede decir que hay la misma colaboración con la Fuerza Pública que había antes. Ya hay directrices nacionales para su combate, no hay una cooperación tan general y tan uniforme. Aunque todavía hay estructuras económicas, policiales, de políticos locales y a veces militares aliadas con estos grupos”.

Lo que Villarraga sí discute es la postura del fiscal general (e), Jorge Fernando Perdomo, quien el lunes pasado aseguró que en Colombia el fenómeno paramilitar no existe. El funcionario sustentó su afirmación en que esas organizaciones y las actuales tienen motivaciones diferentes. Aunque reconoció que algunas de las estructuras del crimen organizado de hoy están conformadas por excombatientes, el fiscal afirmó que la distancia está en que “la propuesta criminal de los paramilitares tuvo origen en una lucha contrainsurgente financiada por comerciantes y empresarios en diferentes zonas del país”.

Para el investigador del Cnmh, ese es “un debate sano”, pero asegura que el análisis no se puede reducir porque no existan enfrentamientos entre las guerrillas y los que para él también son grupos herederos del paramilitarismo. “Los paramilitares, solo en algunos lugares y en algunas ocasiones, chocaron con la guerrilla. No eran un ejército contrainsurgente. La gran mayoría de sus casi 2.000 masacres fueron contra civiles. En el caso del Bloque Catatumbo, solo el 4% de los choques fueron contra la guerrilla. Carlos Castaño explicaba que realmente lo que atacaban era lo que ellos llamaban ‘guerrilleros de civil’. Entonces, decir que no son paramilitares porque no chocan con las guerrillas es irónico”, dice Villarraga.

Mientras ese debate persiste, las autoridades preparan una nueva forma de combate contra esas estructuras a partir de lo negociado en el proceso de paz de La Habana. Por ahora, el “Clan del Golfo”, que como quiera que se llame es el principal exponente de esa dinámica criminal, estrena nuevo nombre. ¿Cuánto tiempo durará esta vez?