Las autoridades indígenas consideran necesario que los excombatientes de las distintas etnias sean sometidos a las normas ancestrales.
Piense por un momento que el Gobierno y las Farc llegan a un acuerdo de paz, que hay un cese al fuego bilateral y definitivo, que la insurgencia deja las armas, que algunos exguerrilleros deciden participar en política. Todos son escenarios posibles, pero para llegar a ellos hay que superar todavía un punto importante: ¿cuál va a ser el modelo de justicia que cobijará a quienes abandonen la guerra?
La discusión sobre justicia en La Habana, Cuba, que continuó con la instalación del ciclo 40 de conversaciones, tiene muchas aristas. La intención es que haya garantías para las partes, que no se repitan errores del pasado y, sobre todo, que a las víctimas se les garanticen sus derechos. Pero hay ingredientes de esa discusión que se deben mirar con lupa. Uno de ellos es la situación de los indígenas dentro del conflicto.
Según cálculos de la Organización Nacional Indígena, en las filas de las Farc puede haber cerca de mil indígenas y, dicen, es necesario discutir qué va a pasar con ellos cuando dejen las armas. Desde la Onic proponen que ellos no entren al modelo de justicia transicional que surja de los diálogos sino que se acojan a las normas de sus propias comunidades. Una posibilidad que estaría sujeta a la implementación de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI).
La Jurisdicción Especial Indígena, en principio, no es lo mismo que la justicia indígena. La justicia indígena es un conjunto de normas y principios, basados en valores propios, que regulan las sociedades indígenas desde hace cientos de años. Este sistema no es único, sino que varía de acuerdo a la comunidad. Solo en Colombia hay al menos 86 comunidades, que equivalen a 86 sistemas distintos. La Jurisdicción Especial Indígena, en cambio, es el espacio que hay dentro de la ley colombiana para que esas justicias actúen de manera autónoma.
La existencia de la JEI supone que los crímenes cometidos por indígenas dentro de su territorio sean juzgados por sus propias autoridades, en lugar de ser juzgados por la justicia ordinaria. Pero esa posibilidad ha generado un debate en torno a la legitimidad de los juicios indígenas. El debate es atravesado por el posible choque cultural que hay entre las etnias y el resto de la sociedad colombiana.
Por ejemplo, el año pasado, en Toribío, Cauca, fueron juzgados siete indígenas miembros de las Farc por el asesinato de dos hombres de la Guardia Indígena. A diferencia de la justicia ordinaria, quien decidió la pena no fue un juez sino la misma comunidad. Después de recolectar las evidencias hubo una asamblea donde, inmediatamente y en voz alta, se debatió la sentencia. Al final fueron 60 años de cárcel para el autor intelectual, 40 años para otros cuatro implicados y 20 latigazos para los dos menores de edad que participaron del crimen.
La pena la pagan en cárceles del Inpec, que actúan bajo la figura de “patio prestado”. Es decir que, aunque estén en una cárcel del Estado colombiano, los responsables de su custodia y bienestar son las autoridades indígenas que en principio los juzgaron.
Más allá del caso de Toribío, donde la condena fue más rápida que en la justicia ordinaria, ha habido casos en que hay una fuerte oposición porque las diferencias culturales hacen que las condenas no parezcan legítimas. Esto ha pasado en casos por abuso sexual o que implican a menores de edad, donde las penas suelen ser latigazos, que no son “suficientes” o que pueden violar derechos de los sindicados en comparación con la justicia ordinaria.
Llegado el acuerdo de paz, los indígenas de las Farc deberán pasar, como todos aquellos que dejen las armas, el filtro de un modelo de justicia transicional que garantice los derechos de las víctimas y el derecho de todos los colombianos a la paz. Desde ya, se sabe que ese modelo cobijará con penas alternativas sobre todo a los individuos que puedan ser considerados máximos responsables. Y ahí viene un problema: las partes tendrán que decidir, no sin antes escuchar a las autoridades indígenas, si a esos insurgentes los cobijará el modelo de justicia transicional o si deberán volver a responder ante sus propias comunidades.
Voceros de la Onic dicen que casi todos los indígenas en las filas de las Farc son jóvenes reclutados por la fuerza o víctimas de la falta de garantías económicas y sociales por parte del Estado. Eso quiere decir que el campo de reparación a las víctimas también es complejo porque ellos serían a la vez víctimas y victimarios. De hecho, en la Onic se habla de que los indígenas podrían hacer parte de una doble victimización: primero, la que los llevó a la guerra, y, segundo, la que podrían sufrir si los juzga una justicia diferente a la propia.
Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic, cree que el problema es que lo que se negocia en La Habana no está incluyendo a los indígenas. Dice que la negociación es más sobre política que sobre justicia, y eso hace que se deje de lado el debate sobre cómo deben ser juzgados estos y otros casos especiales: indígenas que han cometido crímenes en servicio al Estado o del paramilitarismo, o la misma dirigencia eclesiástica en los territorios.
Para el secretario general de la Onic, Juvenal Arrieta, el problema es que si el Gobierno y las Farc no incluyen la justicia indígena dentro de los términos del proceso, el resultado del acuerdo sería ilegítimo al interior de las comunidades. Arrieta se pregunta cómo cree el Gobierno que los indígenas se van a acoger a que los juzgue una autoridad diferente a la suya. Dice, exagerando un poco, que es como si por un robo ocurrido en Colombia a un ciudadano colombiano lo condenara el Gobierno de Ecuador.
Para el caso específico del proceso de paz en La Habana, aunque no lo han discutido formalmente, los voceros de la Onic proponen que se deje volver a los indígenas guerrilleros a sus pueblos para que sean juzgados allá. Saben que el recibimiento va a ser duro, porque han victimizado a su propia comunidad, pero también entienden que es la mejor forma de reintegrarlos, que, en últimas, es uno de los objetivos principales de los diálogos de paz.
