Los ocho ejecutivos que dialogaron con las partes en la mesa de conversaciones en Cuba tendrán un papel determinante para el éxito del posconflicto. ¿Por qué?
Con la inminente firma del acuerdo final, el Gobierno y las Farc atraviesan el último tramo en la carrera por convocar a distintos sectores alrededor de la paz. Por eso, los negociadores acaban de sentarse con los empresarios en Cuba para explicarles los pormenores de lo que se ha acordado hasta ahora y resolver sus preocupaciones de cara a la negociación. Una iniciativa necesaria pues los gremios económicos deberán ser unos de los principales contribuyentes de la gran bolsa de recursos, conocimientos y capacidades técnicas que requerirá la etapa de posacuerdos.
Este jueves, después de sostener reuniones separadas con ambas delegaciones, el grupo de ocho empresarios que viajó a La Habana declaró que puso sobre el tapete distintas propuestas para trabajar en “la construcción colectiva de una visión de paz y un posconflicto sostenibles, que beneficien a la sociedad como un todo”. Su declaración va en la misma línea de la comunicación de ocho puntos que entregó en octubre pasado el Consejo Nacional Gremial, en la que señaló sus preocupaciones por los impactos que pudieran tener sobre los intereses del empresariado temas clave para la paz como el desarrollo rural, la justicia y la verdad.
Los empresarios también discutieron en Cuba “proyectos de inclusión en los territorios”, lo que constituye un avance concreto en la tarea de definir la manera como los gremios y el Estado van a llegar a las vastas zonas del país que han sido históricamente desatendidas y que enfrentan altos márgenes de desigualdad, que es donde se espera tengan mayor impacto las reformas negociadas en La Habana.
Finalmente, el grupo declaró que “reiteramos nuestro respaldo a los esfuerzos por lograr el fin del conflicto armado” y “hacemos un llamado para lograr la firma de un Acuerdo con el propósito de que se pueda superar la página de dolor y guerra que ha vivido Colombia en las últimas décadas”. Pero, ¿quiénes conforman ese grupo de ocho y cuál será el papel de los sectores económicos a los que pertenecen en el posconflicto? Las pistas están en el acuerdo de desarrollo rural integral al que llegaron el Gobierno y las Farc en 2014.
Por ejemplo, uno de los invitados a La Habana fue Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia. Se espera que su gremio, el bancario, esté ampliamente involucrado en la puesta en marcha de los estímulos a la producción agropecuaria. En el subpunto sobre subsidios, generación de ingresos y crédito, el Gobierno y las Farc acordaron “la provisión de líneas de crédito blandas, ágiles, oportunas y subsidiadas para la economía campesina familiar y comunitaria (…), con subsidios progresivos para los medianos productores con menores ingresos”. También se pactó una fuerte campaña de comunicación en temas financieros, que incluye manuales de crédito subsidiado y suministro de información sobre “el uso de los mecanismos de normalización de la cartera”.
Otro que integró el grupo de ocho fue David Bojanini, presidente del grupo SURA. Su gremio, el de las aseguradoras, podrá contribuir a mejorar la oferta de seguros agropecuarios, que serán vitales para el sostenimiento de la economía campesina. En el subpunto sobre subsidios, se determinó que se promoverán “seguros de cosecha subsidiados para la producción agropecuaria” y que se fomentará “una cultura de manejo de todo tipo de riesgos”.
Por su parte, Antonio Celia, presidente de Promigás, integra uno de los sectores que experimentará un mayor dinamismo en la etapa de implementación: el de los servicios públicos domiciliarios. En virtud del acuerdo sobre desarrollo rural, el Gobierno deberá garantizar la provisión de estos servicios en el campo, por lo que estás empresas deberán extender ampliamente sus redes.
También estuvieron, en representación de la agroindustria, Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería; Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa; Gustavo Adolfo Carvajal, presidente de la Junta Directiva de Carvajal y Harold Éder, presidente de Manuelita. Este sector, que representa un modelo de desarrollo agrario complementario al acordado en La Habana, podrá participar al menos en tres frentes.
Primero, en la vinculación laboral de personas en situación de discapacidad y de “mujeres en áreas productivas no tradicionales”, que es una de las tareas consignadas en el acuerdo sobre desarrollo rural. Segundo, en la planeación y ejecución del “sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional”, que incluye “el desarrollo de programas contra el hambre y la desnutrición con cobertura nacional, especialmente para la población rural en condiciones de miseria”. Y tercero, en la integración de los productores rurales con los modelos de producción a gran escala, “en función de la integración campo-ciudad”.
La agroindustria, además, podrá verse afectada por algunas de las decisiones consignadas en el acuerdo, tales como la de “estricta regulación de los transgénicos”.
Por último, estuvo entre los ocho Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit. Las universidades privadas tendrán un papel clave en la etapa de posacuerdos, suministrando asesoría y capacitación a todos los niveles. En lo que se refiere al campo, tendrán la tarea de fortalecer la investigación para el sector agropecuario y ampliar la cobertura en zonas rurales.
Así las cosas, las delegaciones parecen haber convocado a los gremios clave para la ejecución del acuerdo sobre desarrollo rural integral y, en general, para el posconflicto. Sin embargo, el empresariado, como todos los sectores, también deberá participar en otros procesos polémicos y complejos: la reconstrucción de la verdad y la comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
