En muchos casos, la respuesta estatal a las amenazas es insuficiente o nula.
“No tienen idea de con quién se metieron y se las cobro a muerte”, dice un mensaje amenazante que llegó, desde un número de teléfono desconocido, a los celulares de cuatro consejeros de la Asociación de Consejeros Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Estas personas, que ejercen liderazgo en temas como el control a la minería, a los cultivos de uso ilícito y al despojo de tierras recibieron la ‘alerta’ el pasado 9 de agosto.
Ese mismo día, en Cali circuló un panfleto firmado por el ‘bloque suroccidental’ de las Águilas Negras en el que se argumenta, bajo un supuesto respaldo al gobierno de Iván Duque, la necesidad de contrarrestar fuerzas de oposición y de izquierda y eliminar a “la insurgencia camuflada como supuestos líderes sociales”. El mensaje declara objetivo militar a 10 líderes del Valle del Cauca junto con dirigentes políticos y organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica y el Partido Verde.
Un día después, en Pontezuela, Bolívar, se estaba desarrollando una reunión de líderes de la Junta de Acción Comunal, el Concejo Comunitario y el Concejo Comunal para la defensa de la Escuela (las tres organizaciones comunitarias más importantes de este corregimiento), cuando llegó un panfleto firmado por el ‘bloque norte’ de las Águilas Negras con amenazas a 12 líderes de esta zona. “Sabemos dónde viven y sabemos quiénes son sus familiares, sabemos que van por mal camino y si quieren ser objetivo militar, sigan (…)”, dice el mensaje.
Luego, el 12 de agosto, un grupo armado secuestró en Santander a Junior Maldonado Cabrejo, líder juvenil de la organización Juventud Rebelde, quien se dedica a la promoción de la paz en la región del Catatumbo. Un día después, Junior fue liberado en tierra venezolana, y aunque no supo identificar qué organización fue la que lo capturó, sí dijo que fue interrogado por su labor social en la zona.
Lo que tienen en común estos cuatro casos, de la violencia de los mensajes, es la persecución a los líderes y lideresas por las causas que defienden en sus territorios. Si sumáramos a todas las personas que han recibido estas intimidaciones, encontraríamos un total de 27. Casi tres decenas de líderes que han sido amenazados de muerte en los últimos cinco días.
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Amenazas a consejeros de la ACONC. | Foto: Cortesía.
Cada causa, un potencial riesgo
De acuerdo con la ACONC, los riesgos que afrontan sus líderes “están directamente relacionados con los intereses económicos y la disputa por la tenencia de las tierras de los consejos comunitarios, además de la ausencia de garantías de los derechos étnicos colectivos por parte del Estado Colombiano”. De otra parte, Franklin Lucas, uno de los líderes amenazados en Pontezuela, le dijo a El Tiempo que “lo único que hemos hecho es trabajar por la comunidad, no tenemos fines políticos ni económicos. Es solamente un trabajo comunitario cuyo único interés es el progreso del pueblo”.
Así que las causas que defienden los líderes parece ser su principal fuente de riesgo. Somos Defensores, una de las organizaciones que se dedica a registrar el número de asesinatos y amenazas a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia reveló que en 2017 fueron amenazados 370 líderes en el país, siendo los principales afectados los líderes comunales, campesinos, comunitarios e indígenas.
Aunque aún no hay un número oficial de amenazas para lo que va corrido de 2018, en departamentos como Nariño o Antioquia ya se conocen más de 100 amenazas a líderes.
Lo alarmante de las amenazas es que además de generar desplazamientos, acallar a los líderes en algunos casos y crear miedo en las comunidades, están relacionadas de manera directa con el número de asesinatos. De acuerdo con Somos Defensores, desde 2010 ha existido un aumento en el número de amenazas, directamente proporcional al número de homicidios. Por citar algunos ejemplos: en 2011 fueron amenazados 140 líderes y 49 fueron asesinados; en 2014, la relación fue de 88 amenazados y 55 asesinados; y el año pasado, de 370 amenazados y 106 asesinados.
La respuesta estatal no ha sido suficiente. Si bien la Corte Constitucional le hizo un llamado hace poco a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que atendiera con celeridad las amenazas y proporcionara seguridad a los líderes, la incapacidad de esta entidad ha impedido reaccionar de la mejor manera posible. De hecho, desde 2012, se han interpuesto 105 demandas al Estado por parte de líderes y defensores a quienes se les negó o se les quitó sus esquemas de protección. Estas demandas podrían costarle a Colombia alrededor de 200.000 millones de pesos.
El orígen de las amenazas
Según Somos Defensores, las amenazas a líderes y defensores de Derechos Humanos que se registraron durante 2017 vinieron en mayor número (56 %) de grupos paramilitares. A las Autodefensas Gaitanistas de Colombia les atribuyen el 14 % del total de las amenazas y les siguen en el listado otras agrupaciones como el EPL y las Águilas Negras. Los métodos más comunes de intimidación fueron los panfletos, llamadas, mensajes de texto y correos.
Sobre el grupo de las Águilas Negras, el investigador del conflicto y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila asegura que no hay campamentos, líderes o comandos armados que revelen o confirmen su existencia, y que grupos criminales como el Clan del Golfo, sicarios contratados y hasta agentes institucionales usan este nombre para infundar miedo y no ser identificados en sus acciones criminales.
Lo cierto es que los datos demuestran que las amenazas y los homicidios de líderes llevan ya varios años en aumento en el país. Un hecho preocupante en esta historia, además, es que lo registros citados incluyen solamente los casos que fueron denunciados y recogidos por organizaciones como Somos Defensores. Sin embargo, en los territorios el influjo de la violencia podría ser mayor si se tiene en cuenta que hay personas que prefieren guardar silencio frente a las amenazas para no exponerse de más.
