“Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, podría ser una síntesis del caso por el que sucedió la última sentencia contra Dávila.
Por: Emmanuel Vargas Penagos
Puede que a usted no le guste el periodismo de Vicky Dávila, pero las condenas en contra de ella son un peligro para todo el mundo. Son decisiones que parecen esperar una prensa y una ciudadanía que no incomode a la autoridad.
En octubre de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá (El Tribunal) consideró que Vicky Dávila, cuando trabajaba en la F.M., se extralimitó por hacer lo siguiente: publicar un audio en el que, al parecer, un coronel estaba direccionando contratos estatales; entrevistar al coronel; entrevistar al inspector de policía por la investigación sobre esa posible irregularidad; preguntar si el audio no era una prueba contundente para sancionar y reclamar por la falta de avances de la investigación. Todo con el estilo Vicky Dávila que quizá a usted no le gusta. A comienzos de abril de 2021, la Sala Laboral de la Corte Suprema (la Corte Suprema) le dio la razón al Tribunal.
Al Tribunal le pareció incorrecto que Dávila “de manera inexplicable y totalmente inquisidora presionó, con ironía, sarcasmo en sus preguntas” y también dijo que ella y la F.M. debían “apenas informar la existencia de la denuncia, más no asegurar, prejuzgar, acusar e incluso condenar una conducta de la cual nada les constaba”. Uno lee eso y puede opinar fácilmente que a las magistradas del Tribunal les faltó ordenar que les apartaran una silla en las salas de redacción de la F.M. y de cualquier sitio en el que Dávila trabaje.
Aunque vergonzoso y retrógrado, no es la primera vez que un juez parece creer que está en una mejor posición para decir cómo se debe hacer el periodismo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha revisado situaciones similares en varios momentos y ha dicho que a las cortes no les compete “sustituir a la prensa para decir qué técnica de reportaje deben adoptar los periodistas”.
Todo para el pueblo, pero sin el pueblo: las autoridades hacen todo por nuestro bien, no debemos preocuparnos; sentémonos tranquilos a esperar y no cuestionemos nada. Si tenemos alguna crítica o duda sobre cómo actúan los poderosos, guardémonos el reclamo para nosotros. Y si de verdad, verdad, tenemos que decir algo, conservemos las formas. Olvidemos todos los avances en libertad de expresión de las últimas décadas, o siglos.
Sí, ese es el estado de cosas que tenemos que esperar si se admite que los jueces tomen decisiones con razonamientos como los del caso de Dávila. Atrás quedan otras sentencias que le daban más valor a la libertad de expresión, como una en que la Corte Constitucional permitió que un periodista abordara a un fiscal en un baño público para cuestionarlo por una posible falta de diligencia en su trabajo. También quedan en el olvido decisiones de esa corte diciendo que, cuando se trata de denuncias sobre delitos “la información sea indudablemente verdadera, sino que se haya desplegado un esfuerzo diligente por verificar, constatar y contrastar”. Dávila mostró una denuncia, llamó al implicado y llamó a un funcionario de alto rango con funciones de investigación. ¿Qué más podía hacer?
Atrás quedan también las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que dicen que, cuando se trata de discusiones de interés público, se protegen las expresiones que “chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”.
El Tribunal dijo, y a la Corte Suprema le pareció bien, que el coronel y sus familiares “han sufrido padecimientos emocionales por la divulgación de la noticia” y por eso deben ser indemnizados. Al hacer esto, estas dos cortes trataron a un coronel de la Policía como un vecino cualquiera. Y con eso, las dos cortes dejaron en el pasado decisiones de la Corte Constitucional y la Corte IDH que dicen que los funcionarios públicos, a la hora de escoger su trabajo, se sometieron al escrutinio y las críticas del público. Atrás queda una sentencia de la Corte Constitucional que dijo que personas como el general (r) Palomino “están expuesto[s] a las preguntas, al control e incluso al reproche ciudadano, principalmente cuando se trata de procesos de notorio interés general y más cuando han sido formalmente vinculados a las investigaciones que por tales episodios se adelantan”.
Queda una esperanza y es que la Corte Constitucional seleccione el expediente de la sentencia de la Corte Suprema y, al final, eche para atrás la sentencia del Tribunal. Tiene todos los argumentos para hacerlo. Las sentencias tienen más errores de los que caben en una columna, pero puede mirar en el salvamento de voto de dos magistrados de la Corte Suprema, o en los comunicados de la FLIP (este y este) sobre el caso.
Usted puede criticar todo lo que quiera a Vicky Dávila por su trabajo porque, de todos modos, ella es una figura pública. El problema es que sentencias como estas pueden alentar e institucionalizar decisiones parecidas en contra de periodistas que sí le gusten, en contra de usted, o en contra mío. En el imperio de los jueces, cualquiera es irónico o sarcástico y cualquiera es castigado por serlo.
