Estigmatizar la protesta como política de Estado y despojo de tierra en la Orinoquia para enriquecimiento privado
Por Lina Gabriela Cortés.
Tres actores gubernamentales figuran entre los mayores victimarios de violaciones a derechos humanos en Colombia en 2021, según el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entidad que lanzó el número 64 de la revista Noche y Niebla. El informe hace un balance de la crisis humanitaria del país entre julio y diciembre del año pasado, con énfasis en la estigmatización de la protesta social.
Además de la violenta represión a la protesta social y la falta de cumplimiento de las 37 recomendaciones que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita al país en medio de las manifestaciones, el Banco de Datos del CINEP registró que durante el 2021 se cometieron 1472 casos de violaciones a los derechos humanos, de los cuales en 832 las víctimas fueron hombres y en 220 mujeres, de 422 personas no se tiene información. Así mismo, como presuntos responsables de estas violaciones figuran la Fuerza Pública y los grupos paramilitares: la Policía Nacional en 1102 casos, paramilitares en 286 casos, la Fiscalía General de la Nación en 83 y el Ejército Nacional se presume como responsable de 73 de estos casos.
En este sentido, el CINEP también alertó —y manifestó preocupación— sobre la posible expansión de la acción paramilitar. Según su informe, se “constató el evidente fortalecimiento del paramilitarismo en 2021, a través de la amenaza (194 amenazas de muerte) y la ejecución de ciudadanos inocentes (52 ejecuciones extrajudiciales)”; grupos que también dejaron otro saldo: 9 personas heridas, 17 desapariciones forzadas, 5 personas torturadas y 7 víctimas de violencia sexual.
Por otro lado, el informe también cuestiona el actual operar del aparato judicial contra quienes se manifiestan en una protesta. Si bien la estigmatización de la protesta social no es nueva en el país, en 2021 se agudizó el estigma de forma considerable y de diversas maneras. El padre Javier Giraldo, investigador del CINEP, aseguró que el aparato judicial ha ido conformado una especie de “kit estandarizado de acusaciones contra los protestantes, un kit de diez supuestos delitos que se endilgan a los manifestantes y que violan los principios rectores constitucionales”; kit que, al parecer, se estaría activado contra algunas personas que conformaron las llamadas “primeras líneas”.
El informe también presentó un caso regional y es la crisis humanitaria que vive la región de la Orinoquía. Alcibiades Rodríguez, líder indígena del pueblo Sikuani y quien estuvo en la presentación del texto, habló de la crisis que atraviesa el pueblo indígena y campesino en esta región colombiana. “De los 102 pueblos indígenas, el 32 por ciento (32%) estamos en la región de la Orinoquía, pero varios de esos pueblos están desapareciendo”. La falta de reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de las autoridades del pueblo indígena sobre sus territorios, las graves violaciones a derechos humanos en la región y el acelerado acaparamiento de tierras por partes de diversas empresas, incrementa la desaparición de la población indígena y campesina en el territorio, asegura Alcibiades.
Según el Banco de Datos del CINEP, en 2021 en la región de la Orinoquia fueron asesinadas 29 personas, hubo 4 amenazas, se registraron 15 lesiones físicas, 6 raptos y 1 atentado de violencia sexual.
En su estudio, el CINEP confirma la denuncia del líder indígena Alcibiades Rodríguez, y asegura que uno de los problemas centrales de la Orinoquia es el acaparamiento de la tierra, ya que “grupos de poder legales e ilegales siguen violando de manera sistemática los Derechos Humanos y crean mecanismos jurídicos que les permiten la legalización del despojo (…) La impotente víctima de estos atropellos es la población civil que por generaciones ha visto cómo los grandes beneficiados con el despojo son empresarios nacionales y extranjeros quienes, con su gran músculo económico, su influencia política y aparatos paramilitares de violencia, siguen excluyendo a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas”.
Finalmente, en el lanzamiento del informe, diferentes organizaciones que acompañan los procesos de los pueblos indígenas y campesinos de la Orinoquía denunciaron que en esta región el Estado colombiano ha buscado vaciar los territorios para implementar proyectos mineroenergéticos y agroindustriales —como proyectos de complejo de caña y complejos de aceite de palma—. De ser así, la Orinoquía sería el espejo de otras regiones rurales de Colombia. Como lo señaló Olga Silva, directora de la corporación jurídica Humanidad Vigente, en el evento: hay una estrecha relación entre vaciamiento, violencia e implementación de proyectos mineroenergéticos; es decir, hay una coincidencia entre el despojo y el “desarrollo”.
