Los indígenas habían asumido el control de la planta Gibraltar a finales de julio pasado.
- Parte del Resguardo Indígena Unido U’wa, en Cubará (Boyacá). Foto: Identidad Muisca
A finales de julio pasado, y durante ocho días, los indígenas U’wa se tomaron la planta de gas Gibraltar, propiedad de Ecopetrol. Fue la última acción de una protesta pacífica que completaba 50 días, durante la cual los indígenas bloquearon los accesos a la planta encargada de suministrar gas natural a Bucaramanga y a la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja.
El motivo de la toma era, de acuerdo con los U’wa, presionar al Gobierno para que cumpliera los acuerdos pactados en mayo de 2014, cuando la comunidad impidió la reparación de un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas que había sido dinamitado por el ELN.
En ese entonces, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri; el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, y el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, entre otros altos funcionarios, acordaron con los U’wa el reconocimiento de los títulos coloniales sobre tierras que están por fuera del Resguardo Unido, el saneamiento de ese territorio y la suspensión de las operaciones del pozo Magallanes, ubicado a pocos metros del territorio indígena.
Aunque el cierre del pozo se hizo efectivo, los U’wa aseguran que el Gobierno incumplió los acuerdos relacionados con la tierra. Así que, este año, decidieron impedir el suministro de víveres y la salida de obreros de la planta Gibraltar, ubicada entre Toledo (Norte de Santander) y Cubará (Boyacá), además de protestar en dos puntos del gasoducto que atraviesa esa zona y en el Parque Nacional El Cocuy, considerado sagrado por los indígenas.
Al final, fue la toma de la planta de gas la que desembocó en extensas reuniones con el Gobierno que produjeron 12 acuerdos, algunos de los cuales involucran a las comunidades campesinas del área.
El documento con los pactos, alcanzados el pasado 27 de julio, está firmado por las tres asociaciones de los U’wa, los ministerios del Interior, Ambiente, Minas y Energía, y Transporte, así como por Ecopetrol, la Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales Naturales, Invías, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Toledo y Cubará. Como garantes figuran la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras entidades.
- Toma de la planta Gibraltar. Foto: Identidad Muisca
Los indígenas y el Gobierno acordaron, como primera medida, buscar soluciones al problema de la tierra. El Ejecutivo se comprometió a constituir un nuevo resguardo y a suscribir un convenio con la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia por más de $12 mil millones, con el fin de sanear los terrenos del Resguardo Único que están dentro del Parque Nacional El Cocuy.
El proyecto busca clarificar la propiedad de tres predios de casi 20 mil hectáreas, en un proceso en el que los U’wa ejercerán “control y vigilancia” sobre la ejecución de los recursos. Las partes también decidieron acelerar la revisión de los títulos coloniales con miras a su reconocimiento.
Otro de los acuerdos consistió en suspender el ecoturismo en El Cocuy hasta tanto no se contrate a una “entidad independiente” para que realice un estudio de impactos ambientales con el acompañamiento de los indígenas y Parques Naturales. También, se pondrá en marcha un plan de salvaguarda para garantizar la pervivencia del pueblo U’wa, que habita territorios de Arauca, Casanare, Boyacá, Santander y Norte de Santander.
Además, el Gobierno, el Ejército y Ecopetrol se comprometieron a “no ejercer ninguna acción penal, denunciar o tomar represalias físicas, jurídicas, sociales ni de ninguna otra índole” por la toma de Gibraltar y de otros focos de protesta. Las mismas entidades deberán rectificar los señalamientos según los cuales los U’wa habían “secuestrado” a los trabajadores de la planta.
Las partes también decidieron culminar las labores de enterramiento del oleoducto Caño Limón-Coveñas, poner en marcha estudios ambientales sobre los impactos de la explotación de los recursos naturales en el área, iniciar obras de gasificación en Arauca, reubicar a familias campesinas que habitan zonas de riesgo y hacerle mantenimiento a la vía Soberanía, que comunica a Toledo con Cubará.
En el documento quedó constancia de que “la Nación U’wa expresa su posición de oponerse a la expedición de licencias ambientales vigentes y nuevas dentro de su territorio”.
Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, Estado e indígenas decidieron conformar una mesa técnica de seguimiento que afine los detalles y la logística de los puntos pactados, así como formalizar la interlocución permanente entre los indígenas y el Gobierno.
