Luis Pérez le pidió apoyo al presidente para nombrar militares en cargos civiles en 25 municipios de ese departamento.
Nombrar militares en cargos civiles. Esa fue la propuesta que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, le presentó por escrito al presidente Juan Manuel Santos el pasado 18 de octubre. Pérez, que llegó a la Gobernación con el apoyo de la Unidad Nacional, asegura: “Una propuesta que vamos a implementar en Antioquia es crear vicealcaldías de seguridad ejercidas por militares activos en comisión de trabajo, con funciones de comisarios de policía y corregidores, capaces de coordinar toda la presencia institucional de salud, educación, convivencia y políticas sociales en el territorio municipal que se les asigne”.
La razón para volver a esa práctica (ya conocida en Antioquia), según el Gobernador, es que “uno de los problemas más palpitantes en el camino a la paz es cómo llevar la institucionalidad a los territorios abandonados por las guerrillas, donde los insurgentes han sido la única autoridad durante 30 o 40 años. Si no se lleva la institucionalidad, la presencia del Estado, de una manera inmediata, otros ilegales o bandas criminales podrían tomarse esos territorios y crear un problema más grave que el que se quiere solucionar”. Dos temas le preocupan a Pérez: los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.
El gobernador asegura que “cada alcalde o concejo municipal creará el cargo de Vicealcalde de Seguridad y Convivencia con funciones civiles”, pese a que los gobernadores no pueden darles órdenes a los alcaldes o a los concejales. Los últimos militares en cargos civiles que se recuerdan en Antioquia ejercieron funciones en la segunda mitad de los 90, cuando el entonces gobernador, Álvaro Uribe Vélez, hoy senador y dirigente del Centro Democrático, declaró que “allí donde un alcalde sea asesinado por razones de orden público u obligado a renunciar por una acción de los violentos, solicitaré el nombramiento de un alcalde militar”.
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Uribe hizo el primer nombramiento de ese tipo en 1995, en Amalfi, después de que una bala rozara la frente del entonces alcalde de ese municipio, Francisco Quintero, en un atentado ejecutado por dos hombres armados. Un año más tarde, nombró al capitán del Ejército Carlos Alberto León como alcalde de Nariño, luego de que el alcalde civil Luis Alfonso Giraldo fuera asesinado, presuntamente, por las Farc. Lo mismo hizo en 1997, después de que cuatro alcaldes del oriente antioqueño fueran secuestrados, supuestamente, por esa guerrilla. Entonces, el hoy senador eligió a dos capitanes de la Policía y dos del Ejército para que gobernaran Cocorná, San Francisco, Granada y San Luis.
Jairo Libreros, experto en seguridad ciudadana y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado, opina que “el Gobernador tiene razón en que es necesario crear capacidad instalada a nivel local y departamental para gestionar políticas públicas de seguridad”. Sin embargo, es enfático en que “las Fuerzas Militares, desde ningún punto de vista, pueden ser tomadoras de decisiones de política pública. Los militares son ejecutores y, en esa medida, yo creo que este mensaje (del Gobernador) es muy fuerte, porque estaríamos sacando aún más de la órbita constitucional a las Fuerzas Militares y llevándolas a adoptar funciones que no les corresponden”.
Según el profesor, el nombramiento de militares como vicealcaldes también podría impactar negativamente los derechos humanos: “En el Derecho Internacional Humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, está muy claro que los militares no son tomadores de decisiones y que cualquier decisión que ellos adopten en materia de uso de la fuerza puede romper el principio de proporcionalidad”. Y agrega que “si uno revisa las sentencias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas militares, encuentra que más del 50% de los casos en América Latina, incluido Colombia, han ocurrido porque los militares han tomado decisiones sobre asuntos que no corresponden a sus roles ni a sus misiones”.
En las organizaciones defensoras de derechos humanos de Antioquia tampoco cayó bien el anuncio de Pérez, que ha sido duramente cuestionado por respaldar políticamente la “retoma” de la Comuna 13 durante la operación Orión, ejecutada en 2002, cuando el hoy gobernador era alcalde de Medellín. Para Max Yuri Gil, presidente de la Corporación Región, “no se puede pensar que la consolidación de la paz o la necesidad de encarar los retos del posconflicto implican que los militares asuman labores administrativas ni políticas, porque eso desdibuja nuestro ordenamiento democrático”.
Gil cree que, si de garantizar la seguridad de los territorios se trata, el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc en Cartagena incluía las reformas necesarias para generar entornos seguros para las comunidades. En ese sentido, dice que “el Acuerdo establecía un conjunto de acciones territoriales que son un reto grande para la institucionalidad y lo que habría que hacer es pensar cómo se avanza en su implementación. Es más, el Alto Comisionado para la Paz dijo en numerosas ocasiones que la paz se firma en La Habana, pero se construye en los territorios. Eso implicaba una presencia en términos de justicia, inversión social y agraria, promoción de los derechos humanos, erradicación de cultivos, limpieza de minas y participación ciudadana”.
El Acuerdo también contemplaba una Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía, que ya fue creada y que está hoy en el limbo, para perseguir a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo que el Gobernador señala —junto al ELN— como amenazas para la seguridad en Antioquia. Otro avance incluido en el documento era la puesta en marcha del Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, que estaría a cargo del Ministerio del Interior y que sería concertado con las organizaciones sociales de las regiones.
En un consejo de seguridad realizado en Medellín el pasado 18 de octubre, Pérez informó que el tema fue discutido el sábado con el presidente y con el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, quienes viajaron al municipio de Nariño para declararlo, junto a Guatapé y La Unión, como territorios “libres de minas antipersonal”. Según Pérez, en el encuentro hubo “unanimidad y entusiasmo para que estas vicealcaldías de seguridad las empecemos a crear en los territorios de 24 o 25 municipios que han estado entintados con la presencia de las Farc y de algunos actores ilegales que están saliendo de la zona”.
