El lento olvido Las cuatro carrozas fúnebres frente a la Catedral Nuestra Señora de Lourdes, de Florencia. Foto por Iván Valencia
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El lento olvido

Staff ¡Pacifista! - Febrero 12, 2015

Bastó una semana para que el país dejara atrás la indignación por la masacre de cuatro niños en Las Brisas, Caquetá. ¡Pacifista! viajó al lugar de los hechos y presenta una crónica del olvido y unas postales que deben quedar inscritas en nuestras pupilas para siempre. Primera entrega.

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Por: David Mayorga

Bastó una semana para que el país dejara atrás la indignación por la masacre de cuatro niños en Las Brisas, Caquetá. ¡Pacifista! viajó al lugar de los hechos y presenta una crónica del olvido y unas postales que deben quedar inscritas en nuestras pupilas para siempre. Primera entrega.

Tan pronto se bajó de la camioneta blindada, el general Rodolfo Palomino frunció el ceño, saludó de afán a los periodistas que se le acercaron y subió con todo su séquito hasta la sala de reuniones del comando de Policía de Florencia, Caquetá. Era sábado, poco después de las 9:00 de la mañana, y había arribado a la ciudad con una orden que más parecía un regaño: encontrar, fuera como fuera, a los asesinos de cuatro niños en una vereda a las afueras de la capital.

El tema había subido de tono. Pasó de ser una noticia regional más del jueves en la mañana a convertirse en un asunto nacional (eso sí, nunca fue una ‘polémica’ de redes sociales: no consiguió igualar los tweets sobre la lesión de James Rodríguez o las cábalas de cara a la entrega de los Premios Grammy). El país apenas vino a cuestionarse sobre la tragedia cuando el presidente Juan Manuel Santos ordenó que Policía, Dijin y Fiscalía se concentraran en Florencia y no dejaran la ciudad hasta resolver el crimen y apresar a los asesinos.

Claro que desde el jueves mismo, cuando los medios locales y la radio regional dieron el primer reporte, los caqueteños comenzaron a reaccionar. A medida que los detalles comenzaron a saberse, el sentido de tragedia los sobrecogió: los disparos a quemarropa, la existencia de un niño sobreviviente, la ausencia de los padres por estar matriculando a sus hijos y, en especial, el ataque a una familia que había sido desplazada.

Tan pronto se supo que los cuerpos serían velados en la Funeraria La Basílica, del barrio 7 de Agosto, se hizo una romería en las puertas tratando de acompañar a los familiares. Esa mañana del sábado, unas 50 personas esperaban su turno para entrar a la sala del primer piso.
—Esto apenas está comenzando. Ayer las filas eran larguísimas –comentó uno de los policías enviados por sus superiores para supervisar la aglomeración.

Lo que tenía enfurecido al general Palomino no era una orden aceptada a regañadientes sino la posibilidad de que sus hombres hubieran cometido un error. La revista Semana había publicado un informe sobre supuestas omisiones por parte de la Policía y el Ejército a la hora de atender el crimen.

El panorama empeoró cuando, 15 minutos después, otro conjunto de camionetas llegó al edificio. De ellas, con paso apresurado, descendieron hombres en camuflado: los generales Gabriel Hernando Pinilla, comandante de la Sexta División del Ejército, conocido por presidir la corte marcial que juzga las acciones de los militares; y Édgar Correa, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter que opera en el departamento. Ellos, junto a Luis González León, director de seccionales de la Fiscalía, entraron al mismo cuarto y se unieron a la reunión.

De puertas afuera, las versiones de lo que en verdad ocurrió se escuchaban tranquilamente en los pasillos.
—Eso es puro cuento. Los del CTI se encabronaron porque les quitaron el caso, por todo lo que se descubrió: las demandas previas que nunca atendieron. Nosotros sí llegamos a la casa cuando lo pidieron, lo tenemos todo grabado. Espere a que nos llamen a declarar –dijo uno de los policías, vestido de civil, esperando alguna señal de sus superiores.

Hasta ahí, un típico caso de negligencia por parte de las autoridades. Lo denunció Jairo Vanegas, el padre de los niños asesinados, cuando lo abordaron los periodistas:  “Una gente que anda con falsa identidad y la Fiscalía yo no sé por qué no ha hecho nada si ellos tienen las pruebas. No han tomado cartas en el asunto. Desde que ellos llegaron a invadir, comenzaron a agredirnos a nosotros física y verbalmente; amenazan con que yo supuestamente trabajaba con la guerrilla”.

Hasta ahí, otro ejemplo de respuestas vacías por parte de las autoridades. Para la muestra, las palabras del general Palomino a la salida de su reunión: “Estamos comprometiendo la capacidad investigativa institucional del más alto nivel y la implementación de equipos técnicos que le permitan una respuesta no solamente al dolor de esta familia, al dolor de estos caqueteños, sino el dolor que vive Colombia, el repudio generalizado a estos hechos execrables”.

Cuando se le preguntó por las versiones de los asesinos (bandas de sicarios en Caquetá o miembros de la Fuerza Pública), interrumpió: “Aquí no hay duda: son asesinos los que perpetraron este hecho. El origen, la individualización de los mismos, es lo que nos corresponde hacer”.

“Estamos estimulando ese llamado a la solidaridad con el ofrecimiento, repito, de una recompensa de 50 millones de pesos para que quien, con su información, nos permita identificar, judicializar y capturar a los responsables”, anunció antes de caminar con su séquito de escoltas y subirse a las mismas camionetas en que llegaron.

Cinco disparos

En esta casa de la vereda Las Brisas, de Caquetá, dos hombres asesinaron a cinco hermanos. Foto por Iván Valencia

“Hermano, esto está delicado. Averígüese más”. Eso le dijo el coordinador nacional de noticias a Julio Díaz, corresponsal de Caracol Radio en Caquetá. La noticia había nacido de un reporte judicial: el miércoles 4 de febrero, hacia las ocho de la noche, dos personas entraron a una casa en el vereda Las Brisas, en el kilómetro 28 de la vía que de Florencia conduce a Suaza (Huila). Allí dispararon contra cinco niños, matando a Samuel (17 años), Juliana (14 años), Laura Ximena (10 años) y Deinner (cuatro años).

Pablo, el sobreviviente, se hizo el muerto y, una vez los asesinos abandonaron la casa, salió corriendo donde los vecinos. A las pocas horas se les dio aviso a la base militar La Fortaleza, a casi 20 kilómetros de distancia.

Hacia el mediodía del jueves, la historia ya era una prioridad de Estado. Quizás fue por el hecho de que los niños se encontraran solos en casa, o sus edades (entre 4 y 17 años), o que hayan sido asesinados a quemarropa, con tiros en la cabeza. O seguramente por la dolorosa historia de la familia Vanegas Grimaldo, que 12 años atrás había huido de San José de la Fragua, una vereda del municipio de Milán, Caquetá, por cuenta de la violencia (según Acnur, esa época coincidió con los ataques de las FARC en respuesta a la arremetida de las autodefensas).

En ese momento la Policía ya ofrecía 50 millones de pesos por cualquier tipo de información que les permitiera identificar a los asesinos, capturarlos y judicializarlos.

Pero fue al día siguiente cuando la historia mostró todo su horror: por un lado, el reporte de Medicina Legal confirmó que “todos los cuerpos presentan heridas por proyectil de arma de fuego en la cabeza”; por otro, el país comenzaba a entender que el padre había denunciado ante la Fiscalía agresiones contra su familia. Los funcionarios nunca movieron un dedo.

“Se le comenzaron a presentar inconvenientes con otras personas que le tomaron ese terreno y se lo invadieron”, explicó Luis Gonzaga Vanegas, tío de los niños, a la salida de la funeraria: “Como él vivía ahí mismo, comenzó a tener inconvenientes, malos entendidos con esa vecindad. Hasta que eso fue trascendiendo en amenazas, que mi hermano y su esposa pusieron en conocimiento de las autoridades desde hace aproximadamente año y medio”.

Esas amenazas fueron escalando: de simples acusaciones de ser guerrilleros desmovilizados pasaron a peticiones de 17 millones de pesos para dejarlos en paz y, de ahí, a prenderle fuego a algunas partes de su lote. La última se produjo en diciembre pasado, en medio de las fiestas de fin de año, cuando su casa recibió disparos en medio de la noche.

El domingo, el día después del entierro multitudinario, comenzaron a salir a flote las primeras respuestas. Documentos de la Fiscalía, diligenciados a mano por Jairo Vanegas, el padre, relataron cómo un día dos hombres tocaron a su puerta reclamando ser los dueños de su lote. Se trata de Ricardo Tamayo Garzón y Silvio Martínez, quienes, supuestamente, habrían amenazado a toda su familia.

“Entre el kilómetro 28 y los túneles, de la vía a Suaza, mi hermano y su esposa adquirieron un lote de terreno a través de un documento. Según me contó, le había costado 12 millones de pesos. Él hizo un crédito en el Banco Agrario por 7 millones y  Victoria, su esposa, hizo otro –no sé si en Bancamía– por 5 millones”, cuenta Luis Gonzaga.

La investigación

Hoy, a una semana de ocurrida la masacre, se habla de líos de tierras. La Fiscalía expidió un retrato hablado de los asesinos y retiró sus acusaciones de negligencia; hasta Silvio Martínez, señalado de amenazar a la familia Vanegas Grimaldo, le respondió a los periodistas: “El que nada debe nada teme. No debo nada”.

También surgen señalamientos sobre el pasado del padre, además de versiones de una convivencia tensa entre vecinos. Y así el caso va quedando muy atrás en el radar noticioso: detrás de los últimos tweets de Álvaro Uribe, de la tercera fecha del fútbol profesional, del estreno de Juan Guillermo Cuadrado como titular en el Chelsea, de lo que ocurrió en el último capítulo de la telenovela de turno, de la nueva vida en Nueva York de la Miss Universo colombiana.

Y, en especial, muy lejos de esa indignación virtual que se evidencia con mensajes de apoyo por una masacre contra dibujantes franceses. El asesinato de cuatro niños campesinos colombianos no tiene tanto glamour.

Lo único que le ha quedado a la familia Vanegas Grimaldo de esta tragedia son dos cosas: por un lado, el apoyo psicológico que instituciones como el ICBF o la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Víctimas, al igual que la inclusión, por parte de la Fiscalía, en el esquema de protección a testigos.

“Tenemos con ellos una responsabilidad del Estado por ser víctimas del conflicto. Normalmente la unidad no tiene competencia sobre un hecho de delincuencia común, pero al tener una victimización preexistente hemos asumido el caso”, explicó Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, quien afirmó que el acompañamiento de sus funcionarios se mantendrá hasta que los padres decidan si vuelven a su casa o salen de la región.

La segunda estuvo en lo emocional: el apoyo de los más de 3.000 caqueteños (vino gente de los pueblos cercanos del Huila) que acompañaron los ataúdes de sus hijos hasta el cementerio. Mientras Jairo y Victoria, los padres, fueron resguardados por la Alcaldía de Florencia en un hotel e iban digiriendo paso a paso cada detalle de la muerte de sus hijos con ayuda de psicólogos, la fila en las puertas de la funeraria fue aumentando hasta obligar a la Policía a cerrar la calle de enfrente.

Uno de los caqueteños que llegó hasta allí fue don Arturo, un hombre que, según él, tiene 107 años, que ahorró cuanto pudo en su juventud y ahora en su vejez se da el privilegio de salir a caminar por la ciudad, sentarse en una tienda y beber una cerveza. “Cuando era joven nunca dejaba que le pegaran a los niños. Me metía en unas peleas grandes, pero nunca lo dejé. Cuando se les pega, se pierden”, dijo mientras apuraba un sorbo.

Poco después de las tres de la tarde llegaron tres carrozas fúnebres que se abrieron paso entre las personas y se estacionaron frente a la funeraria. De la nada aparecieron globos blancos que pasaron de mano en mano. Cuando abrieron las puertas y sacaron el primer ataúd, se escuchó un grito tímido: “Caquetá pide paz”. A medida que montaron los tres restantes a la carroza, aumentó de intensidad: “¡Caquetá pide paz!”.

Veinte minuto después, comenzó la procesión.  La gente salió de las tiendas de zapatos, los almacenes de ropa, los asaderos de pollos, las tiendas de electrodomésticos, y miraron en silencio la marcha.

Ese mismo silencio predominó en al día siguiente en toda la ciudad. El domingo, Florencia volvió a su rutina mientras los noticieros aseguraban que las autoridades trabajaban para encontrar a los asesinos. Parece ser el fin de esta historia: la búsqueda continúa y todo va quedando atrás. En el lento olvido de un país desmemoriado.

Postales de la barbarie