El alcalde Federico Gutiérrez dijo que las amenaza de un atentado en su contra tendrían relación con planes futuros que se han discutido en consejos de seguridad.
A finales de enero el recién posesionado alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, le puso plazo a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para recuperar el control del Parque de Berrío, uno de los lugares más emblemáticos del centro de la ciudad. “El mensaje es muy claro, el centro tiene que ser de la ciudadanía, no de la criminalidad”, dijo entonces.
El problema de ese lugar y de buena parte del centro de Medellín involucra una compleja máquina para generar ingresos: expendios de drogas, explotación sexual, robos, contrabando, venta de licor adulterado y extorsiones al comercio formal e informal.
Los diagnósticos, para algunos excesivos, empezaron hace años, y las conclusiones apuntan a que las estructuras armadas de la ciudad están interesadas en controlar los recursos que se mueven en una zona por donde circulan a diario alrededor de un millón y medio de personas.
Hace cerca de un año, el seguimiento de la Fiscalía a una de las “plazas de vicio” del sector —se dice que serían más de 100—demostró que solo en ese punto, ubicado muy cerca de la estación Prado del metro, se vendían por lo menos 45 millones de pesos diarios en droga.
Fue en ese contexto en el que Gutiérrez decidió intervenir. Los planes de choque iniciales se extendieron también al barrio Castilla, en ese sector del occidente de la ciudad el alcalde lideró un consejo de seguridad y también dio instrucciones precisas a la Policía para combatir sobre todo la extorsión.
Un plan fraguado en un hotel
Al mediodía del jueves la Alcaldía de Medellín convocó a una rueda de prensa sobre “un tema delicado de seguridad”. Estarían Gutiérrez y el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana. Los detalles se mantuvieron en total hermetismo hasta que a las 4:00 de la tarde el propio alcalde anunció que existía una denuncia sobre un plan para cometer un atentado en su contra.
Según dijo, desde el primero de febrero una persona se acercó a la Procuraduría para entregar nombres, lugares y otros detalles sobre el plan que se habría fraguado en un hotel. “Lo que dice es que se debe a las acciones que se vienen tomando en el centro de Medellín y a operativos que se realizaron los días pasados en Castilla”, dijo Gutiérrez.
En ese momento cuestionó que la Procuraduría se hubiera demorado 10 días para trasladar el caso a la Fiscalía y que el ente investigador, a su vez, se hubiera tomado una semana más para informarle. Aseguró que solo hasta el pasado miércoles se enteró de la situación. El comandante de la Policía, por su parte, tampoco dijo haber recibido antes información sobre el tema.
Gutiérrez señaló que la situación demuestra que su administración está “haciendo la cosas bien” y que no pide solidaridad con su caso sino con toda la ciudad que, reconoció, ha experimentado una marcada disminución en los homicidios, pero al mismo tiempo padece incrementos en otras manifestaciones criminales.
¿Están chuzando los consejos de seguridad?
Pero además del debate sobre si Gutiérrez en efecto está tocando fibras que le duelen a las estructuras criminales de Medellín, varias declaraciones que entregó este viernes demuestran que el problema podría tener relación con personas que están muy cerca del alcalde.
Aunque en principio había dicho que el denunciante asoció el plan del atentado con la intervención del centro y de Castilla, afirmó luego que al parecer se estaría filtrando información confidencial sobre planes futuros en materia de seguridad.
“Quien hace esta denuncia plantea que la incomodidad de los jefes de algunas estructuras ilegales es por una intervención que viene en proceso, que no se ha hecho y que se va a hacer. Es información que yo no he difundido en ninguna parte ni en medios de comunicación, entonces la discusión es: ¿Del lado de quién están las instituciones? Aquí la respuesta es muy concreta, deben estar del lado de la legalidad“, dijo Gutiérrez a RCN Radio.
Esa idea revive lo sucedido en 2008 cuando se conoció que las discusiones de los consejos de seguridad del entonces alcalde Alonso Salazar Jaramillo estarían llegando a manos de redes criminales. Ese año, el primero de la administración Salazar, estuvo marcado por una serie de acusaciones y de pruebas que destaparon una compleja infiltración de la mafia en la Policía y en las autoridades civiles y judiciales de Medellín.
En medio de ese escándalo fue capturado el entonces director seccional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio. En 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 15 años de cárcel luego de que se demostrara que, por solicitud del empresario Juan Felipe Sierra y a cambio de dinero, ordenó retirar del organigrama de la banda de “Don Mario” —origen de Los Urabeños— a John Freddy Manco Torres, alias “El Indio”, el segundo al mando de esa organización.
Pero además del caso de Valencia Cossio, lo que se destapó ese año llevó a la salida del general Marco Antonio Pedreros, quien al empezar la alcaldía de Salazar ejercía como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y en junio de 2008 fue promovido a la Región 6 de la Policía con jurisdicción en Antioquia, Córdoba y Chocó. La instrucción que le dio el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fue desarticular la organización de “Don Mario”. Paradójicamente, solo un par de meses después el oficial fue señalado de vínculos con esa organización y presentó su renuncia por solicitud de Uribe.
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Gustavo Villegas renunció en 2008 a su cargo como director de los Juegos Suramericanos de Medellín en medio de un escándalo por supuestos vínculos con paramilitares. Hoy es el secretario de Seguridad de la administración municipal. Foto Secretaría de Seguridad de Medellín.
Pero los escándalos no pararon ahí. Pocos días después, el alcalde Salazar le pidió la renuncia al encargado de la organización de los Juegos Suramericanos en Medellín. El funcionario había sido asesor de Paz y Reconciliación y secretario de Gobierno durante la administración de Sergio Fajardo y había liderado el proceso de reinserción de los paramilitares en la ciudad.
Entre 2004 y 2007 ese funcionario había firmado varios contratos para la seguridad de un grupo de exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con la compañía de vigilancia privada Control Total, propiedad de Juan Felipe Sierra, quien de esa forma se convertía en el común denominador del escándalo y para ese momento ya también era procesado por vínculos con paramilitares.
En el comunicado de la administración municipal se decía que el director de los Juegos “continuó contactos personales con el hoy detenido Juan Felipe Sierra, sobre cuyas relaciones deberán pronunciarse los Organismos Judiciales”. El propio exalcalde Salazar dijo haber perdido la confianza y no haber quedado satisfecho con las respuestas del director, quien luego de dejar su cargo reconoció que tenía una relación personal “y no comercial” con Juan Felipe Sierra.
El nombre de ese funcionario, del director de los Juegos Suramericanos, es Gustavo Villegas Restrepo quien, paradójicamente, es hoy el secretario de Seguridad de Medellín por designación del alcalde Federico Gutiérrez. Es también la misma persona que a principios de febrero se vio envuelto en una polémica por afirmar que la Oficina de Envigado ya no existe.
El futuro de la seguridad en Medellín
Cuando Villegas desmintió la existencia de la Oficina, Gutiérrez lo desautorizó. Dijo que su papel no es negar la realidad y que si bien es cierto que las redes de esa organización pueden haber cambiado, también es claro que sigue siendo una realidad en Medellín y el Valle de Aburrá.
Ese ha sido el tono del alcalde desde que ganó las elecciones. Al denunciar la amenaza de atentado en su contra aseguró que esa es la respuesta lógica cuando se combate a “unos criminales que han estado acostumbrados a hacer lo que quieren”.
Un investigador social dice que la amenaza contra el alcalde es una advertencia: “El mensaje es ‘sabemos qué haces y qué dices’ (…) puede relacionarse, más que con lo de la recuperación del territorio, con cuñar a la Policía”. La misma persona señala que a la amenaza le podría seguir un aumento en el número de homicidios en la ciudad: “Eso golpea la imagen y la gobernabilidad”.
Lo cierto es que faltan pocos días para que se cumpla el primer plazo que Gutiérrez le puso a la Policía. Será a partir de ese momento cuando se vean a ciencia cierta los alcances de su discurso y, por qué no, cuando quede claro porqué su decisión de resistir las críticas y ubicar a un personaje como Villegas al frente de la dependencia que tiene a su cargo velar por la seguridad en la ciudad.
