Este 25 de agosto se conmemoran 34 años del asesinato de Héctor Abad Gómez. A propósito de este suceso, PACIFISTA! quiso recordar esa época oscura de asesinatos selectivos, entre 1984 y 1987, en clave de lo que ahora vive Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz.
“Ya somos el olvido que seremos. El polvo elemental que nos ignora, y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres, y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término. La caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso, con esperanza, en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo”.
Este fue el famoso poema inédito de Borges –que ya muchos han leído, pero que igual, me place dejar acá– que Héctor Abad Faciolince encontró en el bolsillo del saco de su papá, junto a la lista de personalidades amenazadas “por las Fuerzas Militares”, el día que lo mataron.
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Héctor Abad Gómez fue un hombre optimista y entusiasta. Adoró a su familia. Cultivó rosas. Deseó justicia social para todas las y los colombianos, en especial para los niños y las niñas. Fue médico salubrista: abanderó campañas de prevención en salud, trabajó incansablemente por el agua limpia en Medellín y su arma favorita fueron las vacunas.
Protegió la vida y los derechos humanos hasta que se quedó sin aliento. Algunos lo tildaron de marxista, aunque nunca había leído a Marx. Otros, de comunista, aunque nunca había leído autores comunistas –los leyó después–.
En Medellín lideró manifestaciones de miles de personas, en oposición a la violencia sistemática contra estudiantes y docentes de la Universidad de Antioquia que simpatizaron con la izquierda; como la ‘Marcha de los claveles rojos’, el 13 de agosto de 1987.
Al tiempo, fue precandidato por el Partido Liberal a la Alcaldía del municipio y presidente en Antioquia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH). Este último, como escribieron Luz Dary Ruíz y Esperanza Tórres, no solo posicionó la “violación a los derechos humanos como un asunto sistemático del Estado colombiano y sin reducirla a hechos del narcotráfico o a casos aislados”, sino que empezó a disputar social y políticamente la importancia de los derechos humanos, a reivindicar la vida y a exigir la protección del Estado como garante de estos derechos.
Fue profesor y catedrático de salud pública en la facultad de medicina de la UdeA; allí fundó el periódico universitario U-235. También participó en radio y fue columnista en El Colombiano, EL TIEMPO y El Mundo. En estos cuestionó y denunció las desigualdades socioeconómicas y la violencia en Colombia.
Todo lo anterior lo convirtió, como dice la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en “blanco para los grupos a quienes les incomodaban sus posturas”.
¡Adiós, salubrista!
El 25 de agosto de 1987, en el centro de Medellín, sicarios del jefe paramilitar Carlos Castaño asesinaron a Abad Gómez y a otros dos docentes, líderes y defensores de la vida: Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancur Taborda.
Danilo Pulgarín es delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y ejecutivo de la subdirectiva de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en Antioquia. En conversación con PACIFISTA! recordó:
“A las siete de la mañana, entrando a ADIDA, una casa grande en ese momento, asesinan a nuestro presidente, Luis Felipe Vélez Herrera. Ya sabíamos de las amenazas a los maestros, líderes sociales y políticos de Antioquia y del país. Desde entonces, el movimiento sindical de profesores ha sido víctima de guerra silenciosa, porque sus obreros y sus maestros entran a zonas en donde quedan al libre albedrío de quienes regentan la violencia contra ellos”.
“Hemos sido un foco fácil. En esa época, a quien le tocaba salir de Medellín y coger una carretera como la de Ituango, luego coger dos días de camino a un sitio llamado Badillo y de ahí seis horas a Santa Rita para permanecer un mes en un rancho donde quedaba la escuela, ¿qué tipo de protección iba a tener?”, agregó.
También hablamos con una persona que estudió medicina en la UdeA y que fue cercana a integrantes de ADIDA. De ese día nos contó: “ADIDA hoy en día es un edificio grande como de cuatro o cinco pisos. Pero en esa época era una casa vieja, de un primer piso, ‘desconchada’, un sindicato feo. Entonces, cuando estos (Abad y Betancur) tocaron la puerta (preguntando por el velorio de Vélez) y les dijeron que no estaba, llegaron los sicarios. Héctor Abad murió en la puerta. Leonardo corrió y corrió hacia adentro de la casa, y estos sicarios lo persiguieron y lo mataron en la cocina”.
En octubre de 2014, la Fiscalía General de la Nación declaró los tres asesinatos como crímenes de lesa humanidad porque “hacen parte de los ataques generalizados y reiterados de forma sistemática contra defensores de derechos humanos”, y, además, el de Abad y Betancur fueron declarados como crímenes de guerra.
“El meridiano de la guerra colombiana ha pasado por Antioquia”: Jesús María Ballén, presidente del CPDH, en 1997
Nueve años antes del asesinato de Abad Gómez, con el gobierno de Julio César Turbay (1978 – 1982) llegó, el 6 de septiembre del 78, la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional. Este desató una serie de actuaciones violentas por parte de la Fuerza Pública en contra de la ciudadanía. Se trataba de allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y consejos verbales de guerra para juzgar a civiles. Así lo aseguró la Comisión de la Verdad.
–Y no es nada lejano a lo que se ha vivido los últimos meses, en el marco del Paro Nacional, bajo el mandato de Iván Duque–.
Luego, en Antioquia, los siguientes 11 años fueron horrendos en términos de violencia. La primera parte se caracterizó por el agrupamiento y crecimiento de la dinámica del conflicto armado; y la segunda mitad, por el comienzo de la “guerra sucia”. Es decir, “la ocurrencia frecuente de asesinatos selectivos contra líderes sociales y políticos de distintas adscripciones”, dijo el CNMH.
Entre el 80 y el 2005, según Luz Dary Ruíz y Esperanza Tórres, Medellín fue la ciudad más violenta en el territorio nacional y en toda Latinoamérica.
Para entonces, apareció el Decreto 358 de 1979, con el que gobernantes alentaron a los ciudadanos a crear grupos de autodefensas como ‘Amor por Medellín’, ‘Muerte a Jaladores de Carros’ o las ‘Autodefensas del Magdalena Medio’, comandadas por Henry Pérez y ‘Ariel Otero’.
Con el mandato, como le explicó a PACIFISTA! Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), inició la limpieza social. Esta fue orquestada por grupos de extrema derecha y agentes de Estado que, actuando en perspectiva de seguridad y convivencia ciudadana, recurrieron a grupos sicariales. Grupos potenciados por el narcotráfico y conformados por unos “híbridos bastantes significativos” entre el pandillismo juvenil y las oficinas de cobro.
Sobre todo, en la capital del departamento, la presencia del Cartel de Medellín fue enorme y funcionó como si fuese el Estado; era cercano a los sectores pobres y enemigo de la élite tradicional y política de Colombia. En cambio, la presencia de las guerrillas no fue tan representativa, pero sí hubo la de miembros de las Farc, el ELN, el EPL, el M-19 y la Fuerza Conjunta conformada por M-19 y EPL.
La ‘guerra sucia’ empezó alrededor de 1984 y coincidió con la firma de los acuerdos de cese al fuego, en La Uribe, Meta, entre el Gobierno Betancur y las Farc. El cese se disolvió en el 87.
Pero para hablar de este periodo, según explicó Manuel, un experto con sendos estudios sobre el conflicto armado en Antioquia y quien pidió a PACIFISTA! no revelar su identidad, es mejor caracterizarlo no por actores, sino por los perfiles de las víctimas más recurrentes.
Fueron cuatro: militantes e integrantes de la Unión Patriótica (con más de 6.000 víctimas), del Frente Popular y del movimiento A Luchar; dirigentes sindicales, la mayoría de ADIDA; 22 líderes y defensores de derechos humanos de la UdeA, incluyendo estudiantes, profesores y otro trabajador; y miembros del CPDH, entre ellos, Abad Gómez.
Algunas de estas víctimas hacen parte de las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH. Su seguimiento dice que solo en 1987 hubo 1.928 víctimas de asesinatos selectivos en todo el país, de los cuales 589 ocurrieron en Antioquia. Además, durante la época de los acuerdos de cese al fuego, entre el 84 y el 87, fueron 5.950 víctimas, 1.867 de ellas de Antioquia.
¿Cómo estamos desde la firma del Acuerdo de Paz en La Habana?
Alrededor de 1.898 personas fueron víctimas de asesinato selectivo en Colombia, desde el año siguiente a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Santos y las Farc, hasta diciembre de 2020. Esto, de acuerdo con el observatorio del CNMH. Es decir, es casi la misma cantidad de asesinatos que se registraron solo en 1987. De estos, 256 ocurrieron en Antioquia. De igual manera, son cerca de la mitad de los asesinatos que se dieron en el departamento para el año 87.
¿Nos podemos aventurar a dar conclusiones solo con estas cifras? Pues no. Aunque la sensación para algunos estudiosos consultados por PACIFISTA! es que el panorama en cuanto al volumen de casos en Antioquia “ha mejorado”. Y también es cierto que es necesario observar el fenómeno con mayor detenimiento en ciertas zonas.
Según nos dijo Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Derechos Humanos de Indepaz, actualmente, en Antioquia, las víctimas de asesinatos selectivos se caracterizan por ser líderes y defensores de los territorios, no solo de la tierra sino del agua y por pugnas por la restitución de tierras. “Sobre todo, en el Nordeste antioqueño, por enfrentamientos que existen con multinacionales, con empresas palmeras o por proyectos agroindustriales”, afirmó.
Además, agregó, en Indepaz también tienen registro de dos zonas en riesgo: Medellín y Bajo Cauca. En la ciudad, los líderes juveniles culturales, que trabajan en defensa de los jóvenes y que quieren “cambiarles el pensamiento o alejarlos del conflicto” desde el rap, el teatro y las artes en general, se están convirtiendo en blancos de los grupos armados.
En el Bajo Cauca, por otro lado, hay minería ilegal y zonas de tránsito de drogas, como también las hay hacia el Nororiente. Para él, ya no se puede hablar de guerrillas, como en los 80, o de grupos “embebidos por la ideología de izquierda y por las guerrillas centroamericanas, que tenían ese objetivo de lucha por la toma del poder. Por el cambio, por el fortalecimiento de las comunidades campesinas, indígenas o afros, por el fortalecimiento de las organizaciones sociales”. Hay que hablar de una lucha por el enriquecimiento.
Zapata, del IPC, fue uno de los que apuntó que los asesinatos en el departamento se han localizado. Pero, en cambio, consideró que las cifras del CNMH están erradas, porque solo en el departamento hubo 1.400 homicidios durante 2020, con una tasa de impunidad del 97% que no permite saber quién fue el autor ni los motivos. Así que, para él, ambos periodos son igual de complejos y dramáticos porque “se están colocando tantas víctimas en el presente como en el pasado”.
Además, sostuvo que es fundamental tener claro que para los años 90, cuando Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia, el paramilitarismo ya era una política regional instaurada; al llegar a la presidencia en 2002, se convirtió en una política de Estado.
Se trata de una política que regresó con el gobierno de Iván Duque y, con ella, la “incursión fuerte de capitales de carteles mexicanos”, dijo. También, que está mezclada con una voluntad nula por implementar el Acuerdo de Paz “en los elementos que podrían contribuir a una paz territorial”. Y a su vez, con el fracaso de la política antidrogas, “que está desangrando nuestros campos y, sobre todo, que está acabando, a una velocidad desmesurada, con la vida de muchos líderes, lideresas sociales, defensores y defensoras”.
La enorme diferencia, puntualizó el coordinador del observatorio del IPC, es que ya no hay magnicidios como antes, sino que los asesinatos son por el control político, económico y territorial. Se concentran en los liderazgos locales que, a falta de la presencia del Estado, son los que ordenan los territorios.
Para Javier, otro estudioso del conflicto armado en Antioquia y de quien tampoco podemos revelar su identidad, hoy los asesinatos selectivos, por lo menos por parte de la Fuerza Pública, “no se presentan con la misma intensidad”. Y los que hay son por un “conflicto irregular donde ya no existe ninguna insurgencia ni grupos contrainsurgentes dentro de una dinámica de guerra nacional”.
Pero con él no coincide Pulgarín, porque así como en los 80, ahora “el terrorismo de Estado, y los crímenes de Estado, y la política del crimen de Estado, aún no desaparece. Al contrario, persiste y se profundiza” en guerras y masacres silenciosas.
«Lo que pasa también es que hay dos fenómenos importantes. Primero, al Estado se le advirtió de todas las formas posibles: “tienen que hacer presencia, hay zonas estratégicas donde las Farc era el Estado. Si ustedes no están, otros van a llegar”. ¡No!, nunca llegaron… Antioquia tiene una dinámica muy preocupante después de eso (la firma del Acuerdo) y es que se ha venido consolidando, a nivel nacional, como uno de los territorios donde se ha producido una reconfiguración del ciclo de violencia», nos aclaró Manuel.
Además, según aseguró a PACIFISTA!, las primeras alertas sobre esa reconfiguración empezaron hace tres años en el Bajo Cauca, cuando hubo una ruptura entre las Autodefensas Gaitanistas y el Clan del Golfo, lo que dio inicio a Los Capárros. Eso coincidió con una ofensiva del Eln para ganar territorio en la zona y las dos disidencias de Farc, el Frente 18 y 36, que estaban más hacia Ituango. Así comenzaron a bajarse para copar territorio. “Y se produjo una guerra interna, de las más letales”, agregó, porque esa es una zona estratégica por la extorsión a la ganadería y por la minería del oro.
El otro fenómeno al que se refirió este experto, es que cuando un actor se impone, es normal que la violencia directa baje. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en dos zonas; una es el Urabá. Al mirar las tasas de homicidios de esa región se puede evidenciar que son bastante bajas, porque hay un actor hegemónico que gobierna ese territorio, y que es conocido por la institucionalidad, la comunidad internacional y la sociedad, sostuvo.
Otro ejemplo es el de Medellín, que es importante porque, sin desconocer el trabajo de las organizaciones sociales, la resistencia de la sociedad y los movimientos de derechos humanos, en la ciudad “el control de la vida cotidiana, en la mayoría de los barrios, es un control ilegal ejercido por la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo –en este momento están en una especie de pacto no ofensivo–, y que no significa que el Estado no esté. El Estado está, pero está de manera no antagónica con los poderes criminales”.
Así como para González y Zapata, para Manuel el perfil principal de víctimas de asesinatos selectivos en Antioquia se centra, en mayor medida, en líderes sociales y defensores de los territorios.
Según datos suministrados a PACIFISTA! por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020 fueron asesinados 620 líderes sociales y defensores de derechos humanos en toda Colombia. El departamento donde más homicidios hubo fue Cauca con 185, seguido de Antioquia con 100 casos. Pero Indepaz vislumbra un panorama más oscuro, pues en su registro no son 100, sino 142 asesinatos y con una alta tasa de subregistro.
¿Y entonces?
Antioquia está en la cuerda floja. A nivel general, entre 2017 y 2020, la cantidad de víctimas de asesinatos selectivos no llegó a las tasas del 84 y el 87 –según el CNMH–. Pero la reconfiguración de los actores y de la dinámica de la violencia en las subregiones y municipios que históricamente han sido de los más afectados por el conflicto armado, sumada a la falta de la presencia integral del Estado por hacerse el ciego, sordo y mudo a la implementación del Acuerdo Final, tiene en vilo a los habitantes de esos territorios. Ese es el caso de Tarazá:
“La tasa más alta de homicidios que habíamos tenido en una ciudad capital fue la famosa Medellín del 91, con 384 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y vas a ver el Tarazá del año 2018, tenés 404. Pero claro, eso no se presenta porque Tarazá es un pueblito de (cerca de) 47.000 personas. Yo creo que hay territorios que están viviendo la violencia más compleja, y en términos estadísticos, más alta de su historia. (…) Lo peor de todo es que la gente está pobre, ¿y de qué está viviendo? pues de la ilegalidad. Y con estas reformas tributarias y las políticas que está teniendo este Gobierno, lo que se está viendo es más empobrecimiento”, aseguró Zapata.
Durante lo corrido de 2021, en Antioquia han asesinado a 17 líderes y defensores de derechos humanos según nos compartió Indepaz, y 102 en toda Colombia.
Ya no queremos ser el olvido o el posible olvido. Ya no queremos seguir esperando hechos por lamentar. Ya no queremos que exigir los derechos fundamentales nos cueste la vida. Ya no queremos seguir sumando líderes, lideresas, defensoras y defensores asesinados a nuestro contador. Pero seguiremos resistiendo.
“Hasta que entendamos que la vida es el más fundamental y elemental de todos los derechos humanos, y que la constante violación de este derecho no puede seguir tolerándose impunemente, calladamente, resignadamente. Debemos decir basta, debemos decir no más atropellos a la vida humana, a la integridad de las personas a su derecho a vivir sin temor, en paz y armonía (…). Yo creo que hay que ser valiente, yo creo que uno debe afrontar la vida y decir la verdad cueste lo que cueste”. Esas son las palabras que Héctor Abad Gómez escribió en su columna “¿Hasta cuándo este desangre diario?”, publicada por la Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública de la UdeA, acá.
A María Camila la pueden leer acá.
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