Las víctimas de estos crímenes tienen derecho a la verdad y a la justicia, algo que las instituciones no han podido brindarles. Como respuesta a la impunidad, muchas acuden a otros canales para denunciar, pero allí también suelen enfrentarse a la revictimización y a la duda de quienes creen que no tener un fallo judicial a su favor significa que sus relatos no son ciertos.
El aparato judicial no ha podido proteger a las mujeres y niñas víctimas de violencia de género y con ello, garantizar su derecho a “la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. Se trata de un enunciado contemplado en la Ley 1257 de 2008 que en la práctica dista mucho de ser real.
La noción de verdad no solo es individual, sino también colectiva, explica Maria Paula Lemus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR). Por eso, este derecho se viola cuando no se escucha a las víctimas y, además, cuando no se hace explícito en qué circunstancias sistemáticas ocurre la violencia de género, por qué y en especial, cuál es la responsabilidad de los victimarios.
“El derecho a la verdad de las mujeres víctimas de violencia de género es poder poner de presente la ocurrencia de estas agresiones que, aunque son históricas y siempre han existido, son minimizadas”, explicó a PACIFISTA! Lemus. En eso coincide Claudia Yurley Quintero, defensora de los derechos humanos y directora de la Corporación Anne Frank, que trabaja con víctimas de violencia sexual, para quien poder acceder a la verdad es un proceso importante no solo para la recuperación emocional de las mujeres, sino para que la sociedad deje de revictimizarlas y entienda que ellas no tienen la culpa de lo que les sucedió: los culpables siempre serán quienes cometen estas agresiones.
“Las mujeres no confían en las instituciones; ni en la Fiscalía ni en la Policía ni en las Comisarías de Familia, porque estas reproducen lógicas patriarcales y de estigmatización contra ellas. Por eso, no quieren someterse a procesos largos, desgastantes, emocionalmente costosos y, además, con altísimas probabilidades de que no tengan resultados favorables. El sistema de justicia no garantiza la verdad para las mujeres”, le dijo a PACIFISTA! Mónica Godoy Ferro, investigadora y docente, quien además ha acompañado múltiples procesos y denuncias de acoso y otras violencias de género en todo el país.
Lo cierto es que hay múltiples razones por las cuales una mujer podría no tener una sentencia que condene a su agresor y esto no significa que lo que le sucedió no pasó, añadió Godoy. Por ejemplo, puede que ella decida no denunciar a su victimario, porque no quiere someterse a largos trámites con costos emocionales incalculables. Aun cuando lo hace, es posible que el funcionario que recibe su testimonio desestime la gravedad de las agresiones e intente convencerla de no iniciar una acción penal; o que en el proceso no reciba el acompañamiento suficiente de las autoridades para recabar las pruebas necesarias y por eso el juez no tenga material suficiente para que, en los términos en los que lo exige la ley, pueda emitir una condena. También suele suceder que la investigación se dilata o se archiva y pasan años antes de que la víctima obtenga justicia.
En este escenario, resulta aún más revictimizante exigirles a las víctimas tener una sentencia judicial para creer que sus relatos sí son ciertos. “Esto hace parte de una cultura en la que se ha implementado la lógica de desconfiar de las mujeres que denuncian estas violencias, con todo y que es un porcentaje mínimo el que se atreve a hacerlo”, sostuvo Lemus.
Durante el 2019, solo el 6,4% de los casos de violencia intrafamiliar que conoció la Fiscalía General de la Nación tuvo una sentencia condenatoria, según los resultados que dio la entidad en la rendición de cuentas de ese año. Y frente a los delitos sexuales, la cifra es similar: apenas el 7% fueron condenados. Es decir que, cuando se trata de violencia de género, la impunidad supera el 90%. Eso, sin contar que el subregistro es alto, porque no todas las personas que han afrontado estas agresiones pueden o desean acudir a las autoridades.
La impunidad, explica Godoy, tiene impactos directos para las víctimas y sus relatos porque un sector de la sociedad no está dispuesto a creerles hasta que un juez no declare a su favor. Y para Lemus, la falta de respuesta y sanción de las autoridades también viola directamente el derecho a la no repetición. “Cuando no hay una investigación, no se pueden determinar los móviles y no hay juzgamiento, casi siempre los agresores están en la libertad de volver a cometer estos hechos. La impunidad es un mecanismo que oculta y protege a los victimarios, en tanto nadie conoce lo que hacen y las formas de violencia que ejercen”, sostuvo.
“Así se obtengan sentencias (a favor de las víctimas), ellas van a quedar en tela de juicio. En el país no existe una cultura de construcción de la verdad y memoria frente a las mujeres víctimas de violencias basadas en género”, sostuvo Claudia Quintero en diálogo con PACIFISTA!. La defensora, quien acompaña a mujeres víctimas y sobrevivientes de explotación sexual, considera que dado que la carga de los procesos judiciales siempre recae sobre las mujeres sobrevivientes de violencia, “ellas optan por su derecho al silencio, porque esta es una manera de salvar su vida y también hace parte de su recuperación. Obtener una condena es muy difícil ¿Para qué hablar si no le van a creer a las víctimas?”, se pregunta.
La impunidad en casos de violencia sexual cometidos en medio del conflicto armado es aún más alta. Todavía está sin resolverse el 97% de estos crímenes, según las cifras presentadas, en su séptimo y segundo informe, por la mesa de seguimiento de los autos 092 del 2008 y 009 del 2015 que emitió la Corte Constitucional, acerca del impacto diferenciado y la violencia sexual que han sufrido las mujeres y las niñas en el conflicto armado. De las 768 víctimas cuyas denuncias conoce la Fiscalía, solo 34 tienen una sentencia y apenas 16 de estas son condenatorias por violencias basadas en género.
"En conclusión, en Colombia continúan los obstáculos para que las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado puedan acceder a la justicia y a programas de protección y salud integral" María Paula Lemus, abogada del @Ccajar #ViolenciaSexualImpune pic.twitter.com/99pubSUTgh
— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) November 26, 2020
“Una de las luchas que más se ha dado en el país para visibilizar la verdad de violencia de género es la de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno, porque existe una presunción constitucional que ampara a estas mujeres y que relaciona sus casos directamente con el conflicto. Y también, que establece que las agresiones que sufrieron fueron una estrategia de guerra usada por los actores armados”, dijo Maria Paula Lemus.
Como ella, Quintero es enfática en que todos los actores, legales o ilegales, cometieron estos crímenes. Por eso y porque el país tiene el derecho y el deber de conocer esta verdad, para la directora de la Corporación Anne Frank ese es uno de los casos que la Jurisdicción Especial para la Paz debió haber abierto hace mucho tiempo.
“Desde una mirada patriarcal se ven más importante otros delitos que la violencia sexual. Y eso no es bueno ni malo, pero sí desventajoso para las mujeres. Abrir la macrocausa de violencia sexual va a traer una puja muy fuerte en el país. Todos los grupos armados legales e ilegales cometieron violencia sexual y por eso, muchas víctimas han tenido que acudir a otros métodos de denuncia, porque no han sido escuchadas. Sí es bien importante que se abra (el caso) pero desde la voz de las sobrevivientes. Y que sean las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto las que puedan acercarse a la JEP para que esta jurisdicción las escuche. Esto va a traer mucha sanación para ellas”, dijo.
Además, sobre el trabajo que ha adelantado la Comisión de la Verdad, Quintero agregó que ya que hay más hombres que mujeres comisionados, “hay más voces de hombres de mujeres”, un llamado que otras defensoras también hicieron durante el 2020. “Ya le queda poco tiempo a la Comisión y nos queda debiendo muchos escenarios sobre la verdad de las mujeres”, sostuvo.
En medio de la impunidad que rodea a la violencia de género, cometida fuera y dentro del conflicto armado, es poderoso para las víctimas contar sus historias y construir sus relatos a través de otros canales no institucionales. Es una forma de volver a tener control sobre su verdad y narrarla, sin que esta esté sujeta al resultado de una sentencia judicial. “No creo en el escrache como un proceso realmente efectivo de acceso a la justicia -argumenta Quintero- Sí creo en la documentación de casos, en el intercambio de experiencias, en las audiencias públicas y populares y en los procesos en los que las mujeres se acompañan por las organizaciones de derechos humanos, de las universidades, de las mujeres feministas, de las mujeres barriales y de las académicas”.
“Hay una distancia enorme entre la verdad de las víctimas y la verdad procesal. Una cosa es lo que ellas vivieron y cuentan y otra es lo que se puede probar en un proceso penal”, dijo Mónica Godoy. Esta tensión entre ambas verdades, argumenta, implica que cuando una mujer levanta la voz es sometida a la revictimización y a que se ponga en duda su testimonio. Por eso, dice, debemos aprender a escuchar y a acompañar a las víctimas cuando toman la decisión de hablar.
A Laura la pueden leer acá.
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