Durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo un aumento de 154 % en las ejecuciones extrajudiciales.
Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia –incluidos los llamados “falsos positivos”– serán prioritarias para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En las próximas semanas, por las salas de la JEP pasarán, uno a uno, los integrantes de la Fuerza Pública que habrían participado en este tipo de ejecuciones. Según la Secretaría Ejecutiva de la JEP –que anunció este lunes que este sería su caso 003– 1.749 miembros de la Fuerza Pública se sometieron voluntariamente a la Jurisdicción y están dispuestos a decir la verdad sobre su rol en los casos en donde presentaron a civiles asesinados como “bajas en combate”.
De acuerdo con la Fiscalía, en Colombia están registradas un total de 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales desde 1998 hasta 2014. El 48 % de las víctimas corresponde a hombres entre los 18 y 30 años de edad. La etapa más crítica, según el ente acusador, fue entre 2006 y 2008. “Según la información recibida, el 45 % de las víctimas eran campesinos y el 30 % se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades. Asimismo, la Fiscalía indicó que, en una primera etapa del fenómeno, las víctimas fueron en su mayoría pobladores de zonas rurales que eran señalados de estar relacionados con las guerrillas, y en una segunda etapa las víctimas fueron en su mayoría habitantes de zonas urbanas en condición de vulnerabilidad económica”, dijo la JEP a través de un comunicado.
Los perfiles de las víctimas, según la Fiscalía, incluyen defensores de derechos humanos, sindicalistas, defensores de los derechos de las mujeres, las víctimas y las minorías, incluyendo a la comunidad LGBTI, a las personas con discapacidad física o mental y miembros de comunidades indígenas, en especial Kankuamos, Wiwas y Wayúus.
Las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron en 29 de los 32 departamentos del país. Sin embargo, Antioquia, Cesar, Meta, Norte de Santander y Casanare fueron los más afectados. De otro lado, cuatro divisiones del Ejército (la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima), concentran el 60 % de los casos. De momento, según los informes recopilados por la Fiscalía, existen 2.100 procesos judiciales por muertes presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Para priorizar los casos de ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado, así como los de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual identificó a diez brigadas militares por cometer, presuntamente, “homicidios conocidos como falsos positivos”. El siguiente paso que dará la JEP es comenzar a llamar a los integrantes de la Fuerza Pública para que cuenten sus testimonios ante la justicia. Vale la pena señalar que, a la fecha, de 1.994 miembros de la Fuerza Pública que se han acogido a la JEP, 965 se beneficiaron con libertad transitoria en el marco de la justicia transicional.
¿Qué ha hecho la justicia?
Las ejecuciones extrajudiciales han sido examinadas por la justicia de manera independiente. Las condenas han sido esporádicas y en diferentes tribunales. Lo mismo sucede con las etapas procesales de los casos. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), por lo menos 600 miembros de la Fuerza Pública afrontan procesos judiciales por participar en “los falsos positivos”. Uno de los fallos más recientes fue el emitido por el Consejo de Estado en mayo de este año. El tribunal condenó al Ejército Nacional por el asesinato de un joven de 15 años en Boyacá y que fue presentado como “una baja en combate”. Seis meses antes, el mismo Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército por los asesinatos de dos hermanos campesinos en Caicedo, Antiquia, en 2003. Ambos hermanos fueron presentados como guerrilleros de las Farc.
Una de las sentencias más conocidas fue la del juez primero especializado de Cundinamarca, en la cual fueron condenados 21 militares en marzo de 2017 por los casos de cinco jóvenes asesinados en Soacha. De los militares condenados, el de más alto rango fue el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, exjefe de operaciones de la Brigada 15 de Norte de Santander y quien tendrá que pagar una pena de 46 años de prisión. Este fallo tuvo en cuenta otro de 2011, cuando ocho militares del batallón Rafael Reyes de Cimitarra fueron condenados a hasta 54 años de cárcel. HMRW ha presentado serios reparos sobre la posibilidad de que los “falsos positivos” sean juzgados en la JEP, pues abriría la puerta a la “impunidad” en estos casos.
En octubre del año pasado, cuando la fiscal jefe Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda visitó Colombia, el tema de los falsos positivos volvió a ser noticia. La CPI señaló que adelanta investigaciones contra 23 generales y seis coroneles activos y retirados por estar involucrados en 1.228 casos de falsos positivos. En el listado de altos oficiales está el del comandante de las Fuerzas Armadas, Juan Pablo Rodríguez Barragán y el de tres generales más: Mario Montoya (quien ya se sometió a la JEP) Jaime Lasprilla y Óscar González. También aparecen en la lista los generales Henry Torres Escalante, Luis Pico Hernández, Paulino Coronado y José Joaquín Cortés.
El reto de la JEP no se limita a los falsos positivos pues, como lo han documentado diferentes organizaciones de derechos humanos, a estos crímenes les anteceden otras ejecuciones extrajudiciales, como las que se presentaron en la guerra contra el Cartel de Medellín entre 1988 y 1994. Además, en los registros de la Fiscalía hay casos que fueron cometidos desde 1985. Desde entonces, dice el ente acusador, por lo menos 837 miembros de la Fuerza Pública fueron condenados.
Soacha, un caso tristemente emblemático
El fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales está en el radar de las entidades judiciales desde septiembre de 2008, cuando 16 jóvenes de Soacha, Cundinamarca, desaparecieron después de que les prometieran oportunidades laborales. Ellos fueron encontrados muertos en Ocaña y Cimitarra y reportados por el Ejército como guerrilleros o paramilitares caídos en combate. Según el Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), entre 2000 y 2010, cuando Washington afianzó relaciones militares con Colombia, hubo incremento del 154 % en las ejecuciones extrajudiciales, todo en el marco de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe.
La organización señaló que “militares colombianos de las unidades que recibían asistencia estadounidense intentaban demostrar su eficacia presentando altas cifras de guerrilleros exterminados, aunque en realidad las víctimas no siempre lo eran”. Las cifras todavía no están claras. Organizaciones internacionales hablan de por lo menos 4.700 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2010, mientras que la Fiscalía señala que la cifra oscila entre los 2.500 y 3.000 casos, una cifra similar a la que avaló el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
En el informe “El rol de los altos mandos en los falsos positivos”, de Human Rights Watch, aparece el nombre del expresidente Álvaro Uribe: “Christian Salazar Volkmann, representante de la Alta Comisionada (de la ONU para los Derechos Humanos) en Colombia entre 2009 y 2011, indicó que cuando el escándalo sobre falsos positivos en Soacha cobró público conocimiento, ‘el tipo de delitos del Ejército… no era desconocido, ni para los jefes militares, ni para el ministro de defensa, ni para el presidente del país, Álvaro Uribe Vélez’.
Según Salazar, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había alertado varias veces al gobierno y a las autoridades militares sobre las ejecuciones al menos desde 2003, e incluso había manifestado al presidente Uribe estas preocupaciones ese mismo año y en 2004, pero “[s]i bien había señales de alerta, el presidente aparentemente prefirió creer en las negativas militares e ignoró la información que se le proporcionó”.
