Chocó es el departamento con mayor número de víctimas por confinamiento en el país, con un 57% del total de afectados.
El boom mediático de las empanadas parece eclipsar otras realidades en el país. Durante las últimas semanas, Chocó, uno de los departamentos estratégicos en la implementación del Acuerdo de Paz, ha vivido una serie de episodios violentos que no han merecido la atención suficiente. Ya lo había advertido Goyo, la cantante de Chocquibtown, el pasado 11 de febrero: “Hace rato no se veía esto”, dijo refiriéndose a los enfrentamientos que se presentaron en el municipio de Tadó entre la Fuerza Pública y la guerrilla del ELN.
En este departamento, como lo hemos contado, los frentes Cimarrón y de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN han sostenido enfrentamientos armados con el Ejército y con las Autodefensas Gaitanistas, generando desplazamientos y confinamientos en la población. Esta situación ha sido constante en los últimos cuatro años por los enfrentamientos entre grupos armados que se disputan los ríos Baudó y San Juan, ambos con desembocadura al Pacífico, ideales para sacar droga hacia Centroamérica.
En la ONU, a través de un reporte interno, llamaron la atención sobre diferentes episodios que ocurrieron en días pasados. El 8 de febrero, por ejemplo, se presentó el intento de homicidio de Jesús Hebert Theran Hinestroza, candidato a la Alcaldía de Atrato, y a su gerente de campaña, Domingo Ramos. Hombres armados los atacaron con varios disparos cuando recorrían las calles de Quibdó en un automóvil.
Dos días después, las comunidades étnicas del municipio Medio San Juan fueron convocadas por el ELN para que aceptaran la consolidación de esta guerrilla en la zona. Las comunidades Bebedó, Noanama y Wounnan son las que están en riesgo por los planes de expansión de este grupo armado. Los integrantes del ELN, nos confirmó una fuente que por seguridad nos pidió mantener su nombre en reserva, “realiza campeonatos de fútbol, llama a los jóvenes de las comunidades y hace entrega de regalos a los pobladores que pretenden reclutar. Incluso les dan crédito en tiendas a las mujeres que trabajan en la prostitución; las cuentas las pagan ellos. Todo esto lo están haciendo para que los respalden ante la llegada de las Autodefensas Gaitanistas”.
Mientras tanto, en el Bajo Atrato, según información de Pastoral Social, han circulado panfletos con amenazas firmadas por el ELN a dos profesores de los municipios Carmen del Darién y Riosucio, supuestamente, por abusos sexuales a menores y prácticas de corrupción . El 11 de febrero, también en Riosucio, encontraron el cuerpo de un hombre en el cementerio municipal, custodiado por integrantes de las Autodefensas. Los dos “académicos”, como señala la denuncia, fueron retirados del municipio por el Ejército y la Policía. Por esos días, de hecho, los municipios de Bajo Atrato y Alto Baudó se paralizaron por el paro armado del ELN –que los medios tomaron como falso –, donde en efecto se presentaron restricciones de transporte y una parálisis comercial. Sobre la parálisis de estos días, las instituciones gubernamentales y locales mantuvieron el silencio.
Según las cifras del Registro Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, en 2018 se registraron 4.8797 víctimas de desplazamiento en el departamento. El municipio de Bajo Baudó fue el más afectado, con 907 personas. De acuerdo con el reporte más reciente de la ONU, “del total de los eventos de desplazamiento masivo que se han presentado en el Chocó, el 42% se ha originado por enfrentamientos entre el ELN y las AGC quienes, principalmente en la subregión del Bajo Atrato, están en constantes disputas por el control territorial de la zona”.
El informe de la ONU revela otras cifras preocupantes que deberían sacudir a las instituciones del gobierno. En el transcurso de 2018, por ejemplo, “se presentó un aumento significativo de víctimas de restricciones al acceso y confinamiento, con 15.388 afectados. Chocó es el departamento con mayor número de víctimas por confinamiento en el país, con un 57% del total de afectados”. Por otro lado, en ese mismo lapso se registraron siete víctimas por minas antipersonal. A la fecha, concluye el informe, “se estima que 543.790 m2 del territorio chocoano se encuentran contaminados por minas antipersonal y munición sin explotar”.
Desde que Iván Duque se posesionó en la presidencia, las organizaciones sociales del departamento le han pedido, de diferentes maneras, que continúe con los diálogos de paz con el ELN y con la implementación del Acuerdo de Paz. Son de momento 76 organizaciones sociales, incluyendo consejos comunitarios, los que también le solicitaron al ELN un Acuerdo Humanitario por los desplazamientos forzados constantes, los confinamientos, los asesinatos contra líderes sociales, los secuestros, las torturas, la desaparición forzada, el reclutamiento de menores y la violación a los derechos de las mujeres.
Por más videos virales y denuncias en las ciudades, no olvidemos a Chocó. No olvidemos a las víctimas de los desplazamientos ni de las minas antipersonal.
