Más allá de encontrar y devolver los cuerpos de los desaparecidos, el Estado debería hacer memoria en los campos santos.
- Fotos: Colectivo Orlando Fals Borda
En cinco cementerios de los Llanos Orientales hay enterradas 2.292 personas no identificadas. No registran nombre ni apellido. De ellas, el 65% fueron reportadas por el Ejército como muertas en combate.
La mayoría de estos casos ocurrieron entre 2002 y 2010, durante la estrategia de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Y, desde hace unos años, empezó a crecer la sospecha de que muchos de esos cuerpos correspondían, en realidad, a personas desaparecidas en la guerra.
Desde 2010, para buscar a los desaparecidos, la Fiscalía ha adelantado exhumaciones en los cementerios de La Macarena, Vista Hermosa, Villavicencio, Granada y San José del Guaviare. Hasta ahora, se han logrado identificar 830 cuerpos por medio de registros dactilares y muestras óseas.
Ahora, a través de la campaña “Contemos la verdad, porque todas las personas no identificadas tienen una historia”, el Colectivo Orlando Fals Borda (OFB), que ha acompañado jurídica y psicosocialmente a víctimas, quiere contribuir con la otra mitad del trabajo: juntar a los cuerpos identificados con sus familiares. Por medio de esta iniciativa, 123 restos han sido entregados a quienes los buscaban. Incluso, en el marco del acuerdo al que llegaron las Farc y el Gobierno en octubre pasado para agilizar la búsqueda de desaparecidos, se han devuelto 44 de esas 123 personas no identificadas.
A pesar de los esfuerzos, buscar y entregar los cuerpos no es suficiente para las víctimas y las organizaciones que las acompañan y hoy, ellas mismas piden que las políticas de reparación no echen en saco roto el deber de hacer memoria de lo sucedido.
Así nació una propuesta para que los cementerios, parte esencial del drama de las desapariciones, sean considerados sitios de conciencia y memoria. “Hacemos esta propuesta para que se reconozcan los crímenes que esos lugares han albergado”, dice Pablo Cala, miembro de OFB.
La propuesta es que los cinco cementerios de los Llanos sean los primeros en ser declarados sitios de memoria, pues es allí donde más se ha avanzado en la búsqueda de desaparecidos. Además, insiste en que la iniciativa se extienda al resto del país.
Dentro de los aportes que traería esa estrategia, el Colectivo señala la importancia del reconocimiento del buen nombre de las víctimas que murieron en condiciones indignas o señaladas erróneamente de pertenecer a grupos ilegales. También, que se haga énfasis en reconstruir las historias de cómo las víctimas llegaron hasta ese punto.
La intervención de esos espacios, explica Cala, podría ser de varias maneras: realizando actos conmemorativos, construyendo monumentos, incluso plantando jardines.
Un ejemplo de las posibilidades es el del Cementerio Central de Villavicencio, donde se instaló una placa en memoria de 145 personas desaparecidas y se pondrán los rostros e historias de las víctimas junto a los osarios que contienen sus restos.
La propuesta no se limita a instalaciones físicas. Más allá de eso, teniendo en cuenta las graves violaciones que hubo en esos crímenes, “los cementerios deben ser lugares donde se desarrolle una pedagogía en materia de DDHH y DIH, que incluya un enfoque diferencial, dirigido a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, así como a los miembros de la Fuerza Pública, y abierto a la sociedad en general”.
Para las víctimas, explica Cala, “desarrollar esas propuestas es cumplir con el derecho a la memoria”. Por ello es necesario que “haya disposición de las administraciones municipales y del Congreso para poder convertir los cementerios en sitios de conciencia y memoria”, agrega Cala, y concluye que esa es la mejor forma de que por fin “el país entable una nueva relación con la muerte, lejos de las lógicas del conflicto armado de los últimos 50 años”.
