Victimarios que son víctimas: los niños de la guerra

¿Puede un guerrillero desmovilizado reclamar su condición de víctima por haber sido reclutado cuando era menor de edad? La ley parece darles la razón pero, ¿están preparadas las instituciones para concederles sus derechos como víctimas?

Por: Natalia Otero Herrera

*(Los nombres de los testimonios han sido reemplazados por sus alias de guerra para proteger su identidad).

‘Jenny’: el sonido de las balas

Había dejado el fusil y el uniforme en la orilla del caño para bañarse. Vio cómo el agua, que le llegaba a los pies, se pintó de rojo con los pequeños hilos de sangre que corrían por sus piernas. Pensó que estaba muriendo. El guerrillero que la acompañaba salió del agua, fue por una toalla higiénica y se la puso en los calzones. Nunca le hablaron sobre la menstruación. La reclutaron cuando tenía 12.

Lloró durante dos años por su mamá, por el dolor y por el cansancio, y la pateaban cada vez que lo hacía. Lloró hasta que un día, con un “tin-marín de do pingüé: pase usted adelante”, mataron a un niño enfrente de todos los recién reclutados, y “ustedes verán si quieren terminar así”. Entonces mató su inocencia, endureció sus emociones y se acostumbró al uniforme, a las armas, a los ejercicios físicos y a la guerra.

Desde entonces, y por 16 años, se convirtió en alias ‘Jenny’, guerrillera del Frente 20 de las FARC.

Un día de 1988 la reclutaron en el camino que recorría de la escuela a su casa, en Honduras, Norte de Santander. Nadie pudo ver cuando dos hombres se bajaron de un camión, la amarraron y la echaron en la parte de atrás. Nadie pudo rescatarla. Alzó la mirada y notó que otros 30 niños la acompañaban. Dos hombres uniformados los vigilaban para que ninguno intentara gritar o escapar. Pasaron por Rionegro y dejaron el pueblo atrás. Pasaron frente a una patrulla de policía y nada pasó. Llegaron a La Gabarra, donde estaba el campamento.

Bajaron a los niños del camión y les dieron las instrucciones sobre el entrenamiento básico al que serían sometidos durante los siguientes seis meses: de ahora en adelante estarían bajo la doctrina de las FARC, vestirían de camuflado, recibirían comida cada vez que los comandantes lo decidieran, aprenderían a manejar las armas, a dominar los caminos y sobre todo, a vivir de acuerdo a la política del grupo. Cuando terminó el curso les dieron un fusil y los pusieron en la raya del combate. Ese día ‘Jenny’ se puso el uniforme y sintió que se había llenado de súper poderes, la adrenalina se le subió a la cabeza y los disparos le sonaron bonito porque nunca había escuchado algo así, y porque con cada bala que salía de su fusil, salían también sus miedos.

“De repente uno ya no siente lástima ni amor, nada. Y es que, ¡ay, jueputa!, a uno lo pueden matar pero esos combates son hasta emocionantes, porque uno descansa de la rutina. Allá todo se muere por dentro. Así me criaron. Ellos me criaron. Y me metieron en la cabeza que la familia no existe y que es solo un método por el cual usted nació, que nadie va a buscarlo”, recuerda ‘Jenny’, hoy de 38, cumpliendo diez años de su desmovilización.

‘Alacrán’: le ofrecieron lujos, le dieron guerra

“El día que cumplí 18 años llevaba seis meses en el Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia. Me di cuenta dos días después de que había pasado la fecha del 24 de octubre. A los dos meses el bloque se desmovilizó. Fueron ocho meses que parecieron años”, cuenta alias ‘Alacrán’, y sus palabras se llenan de remordimiento.

Por el 2005, en Motilones, el barrio de Cúcuta en donde nació, solo se hablaba de grupos armados. Con admiración se comentaba sobre sus armas, dinero y carros lujosos. Y con temor, mucho temor, se especulaba sobre las próximas víctimas. En la zona rondaban los paramilitares, que durante los primeros meses del año andaban convenciendo a los niños para que se unieran al grupo, porque “vea, facilito: con nosotros ganará de a millón mensual, podrá andar en buenos carros, cargar armas de alto calibre, vestir de civil, se la pasará en la ciudad y no tendrá que adentrarse en el monte a batallar”. Así, facilito. O al menos eso fue lo que le prometieron a ‘Alacrán’.

Un amigo le presentó a los miembros del bloque que coordinaban los reclutamientos. Después de conocerlos, todas las tardes lo visitaban: “Ya se comprometió, ya nos dio su palabra. Con esta gente no se puede jugar. Tiene que venir con nosotros”. Y una semana después, ‘Alacrán’ viajaba en el bus de las Autodefensas. No le contó a nadie. Salió una noche de abril sin despedirse. Al día siguiente, sus padres pusieron un aviso en el periódico y avisaron a la policía sobre su desaparición, pero su hijo no volvió.

“Les presento a su comandante. Este será su lugar de trabajo”, les dijo uno de los paramilitares. Luego les entregó los uniformes, los paseó por el campamento y les advirtió que si alguno quería irse, que avisara de una vez. Uno de ellos lo hizo. Lo mataron de un tiro.

Victimarios que son víctimas 

‘Jenny’ a los 12, ‘Alacrán’ a los 17 y 6.920 niños más que siguen en las filas de los grupos al margen de la ley. La situación se repite sistemática y exhaustivamente en 153 municipios de 28 departamentos de Colombia, según el informe entregado por la Defensoría del Pueblo. 28 de los 32 departamentos, es decir, más del 80% del país presenta reclutamiento forzado.

Los victimarios que quieren que los reconozcan como víctimas porque fueron reclutados siendo menores de edad, están amparados por la Ley 1448 que les otorga el derecho a la reparación integral. Sin embargo, les pone una condición: haberse desvinculado del grupo con 17 años o menos. Y aquí esta la trampa: el artículo 184 señala que “cuando los niños, niñas o adolescentes hubieren sido víctimas del reclutamiento ilícito, deben haber sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad para acceder a la indemnización”.

Entonces, ¿cómo debe tratarse un caso de un desmovilizado, como ‘Jenny’ o ‘Alacrán’, que aunque se desvinculó siendo mayor de edad, fue reclutado a la fuerza siendo menor?

La primera vez que ‘Jenny’ quedó embarazada pensó que sería su oportunidad para salirse de la guerra. Tenía 27 años, cumplía 15 de estar en la guerrilla y, para ese momento, prefería morirse. Cuando los comandantes supieron de su embarazo la castigaron porque se negó a abortar; durante seis meses le tocó trabajar, a fuerza bruta, dos hectáreas de cultivos. A los tres meses de dar a la luz, le quitaron a su hijo.

En varias ocasiones ‘Jenny’ intentó escapar, pero como desconocía el terreno siempre daba a parar en otro campamento de las FARC. Cuando quedó embaraza por segunda vez, llegó la vencida. Su pareja era el oficial de servicio que organizaba la guardia y eso facilitó la huida. Llegaron al cruce con Venezuela, en donde los recogió un amigo que los llevó hasta Cúcuta. Viajaron a Bogotá y durante el camino, ‘Jenny’ tuvo que esconderse para que no la detuvieran en los retenes, porque llevaba 16 años indocumentada. Sacó la certificación del Comité de Dejación de Armas (CODA) y completó la ruta de reintegración social de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

Por casos como este, la Corte Constitucional encontró que la Ley de Víctimas es insuficiente porque no tiene en cuenta que vincularse o desvincularse de dichos grupos no depende enteramente de la voluntad del reclutado. Además, no toma en consideración que el delito se cometió cuando el reclutado era menor de edad, independientemente de que su desmovilización se efectuara siendo mayor.

Para subsanar este vacío legal, dictó la Sentencia C-253A-12, en la que se establece que: “es incuestionable que el mayor de edad debe asumir, desde que lo es, la responsabilidad de sus actos (…), pero, que si se trata de una persona que siendo menor fue reclutada a la fuerza y obligada a vivir en medio de criminales y a participar de sus actos, y se desvincula de tales grupos a la primera oportunidad que tenga de hacerlo, aun siendo ya mayor, los daños sufridos por dicho reclutamiento forzoso (…) ameritan serle reconocidos, pues esta persona también ha sido víctima del conflicto”.

En Colombia se corrió la voz sobre la existencia de la sentencia. Miguel Solano, reintegrado de las AUC estudió derecho para poder devolverle a las víctimas lo que él en algún momento les quitó. En 2013, convocó a veinte desmovilizados que fueron reclutados siendo menores de edad y que por desvincularse siendo mayores nunca se les había reconocido como víctimas, para comunicarles que a partir de esa sentencia habría una nueva oportunidad. Entre ellos estaban ‘Jenny’ y ‘Alacrán’.

“Cogí el primero, me fui con la víctima y lo presentamos en la Defensoría del Pueblo de Cúcuta. Nos cerraron las puertas. Dijeron que ‘¿cómo va a traer a este muchacho que ya es mayor de edad?’, y que ‘él no tiene por qué acceder a los beneficios de víctimas por que la Ley 1448 así lo establece’. Y así sucedió repetidamente con los otros que presenté. Entonces, me di la pelea con la Personería de Cúcuta, les mostré la Sentencia y el personero, Orlando Arturo Puentes, me atendió”, explica Miguel.

La vuelta para registrarse como víctima es larga, y la espera, peor. Un desmovilizado que decide reclamar su condición de víctima debe presentar, personalmente, una declaración al Ministerio Público. Una vez sea aceptada, la Personería, Defensoría o Procuraduría tienen 16 días para hacerla llegar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en Bogotá. Luego, esta última tiene 60 días hábiles para expedir una resolución favorable o desfavorable, respecto a si considera o no registrar a la persona como víctima. Es decir, más de tres meses para recibir una respuesta, y eso si cumplen los tiempos estipulados.

Cuando ‘Alacrán’ volvió a Cúcuta, en 2006, las personas que lo conocían lo juzgaron por haberse ido por voluntad propia, lo tildaron de asesino y nadie se le acercó por un buen tiempo. Retomó los estudios que había dejado diez meses atrás. Se graduó de bachiller y, con el programa para la reintegración de la ACR, estudió contaduría pública. Pero sigue titulado como victimario, un apellido que pesa. Las ofertas laborales son mínimas y la comunidad sigue viéndolo con temor. Por eso, el 6 de junio de 2014, con la asesoría de Miguel, presentó su declaración. Fue aceptada y enviada a Unidad de Víctimas, pero hoy, después de ocho meses, no ha recibido respuesta.

“Lo que me ocurrió a mí fue un reclutamiento ilícito. Usted a los 17, incluso a los 18, no tiene idea de qué quiere, no puede tomar una decisión de vida como esa. Se deja llevar por la plata, por la presión, por el miedo. Además, el llegar a la mayoría de edad no implica que uno pueda desvincularse. Eso no lo dejan a uno. No es así como así, tan fácil”, explica.

¿Qué dice La Unidad de Víctimas?

Las solicitudes de los reinsertados que buscan ser considerados víctimas son examinados y aprobados (o rechazados) por el departamento de registro de la Unidad de Víctimas. La directora de esta área, Gladys Prada, le dijo a PACIFISTA que “efectivamente, tienen razón las personas que están enviando solicitudes que tengan que ver con el reclamo para registrarse como víctimas, aun cuando sean mayores de edad”. Siempre y cuando los desmovilizados, que pertenecieron a las AUC o a la guerrilla, presenten la certificación del  CODA y demuestren que hacen parte del programa de reintegración social de la ACR, no tendrían por qué tener problemas.

Sin embargo, solo tres de los veinte casos a cargo de Miguel Solano, que llegaron a Unidad de Víctimas, han sido resueltos exitosamente a pesar de que todos tienen los documentos en orden. El de ‘Jenny’, junto con otros dos, fueron negados y los 14 restantes, incluyendo el de ‘Alacrán’, siguen a la espera de una respuesta por parte de la entidad, aunque para varios de ellos ya ha pasado más de un año.

“Por ejemplo, si a ‘Jenny’ se le negó el registro y tiene todo en orden, debe presentar una reposición a la que yo misma daría prioridad y entraría a examinar qué pasó, porque este tipo de casos no pueden quedarse irresueltos”, dijo Gladys Prada, pues hasta el momento de esta entrevista, desconocía la Sentencia C-253A-12.

La entidad ha registrado como víctimas a 7.722 personas con este tipo de casos pero no tiene la cifra para los negados o aquellos sin resolver.

“Hasta agosto del año pasado, recibíamos cerca de 28 mil solicitudes mensuales, de repente empezaron a ser 33 mil e irán aumentando porque el 10 de junio de este año se cierra el plazo para las declaraciones. No es excusa, lo sabemos, pero pedimos que la gente comprenda la complejidad que representa manejar un sistema como este”, dice Gladys.

Mientras los reintegrados esperan a que el sistema funcione, después de que la frustración y la rabia los desgastan, se resignan ante una burocracia que les obstaculiza la oportunidad de reconstruir su futuro y dar cierre a su pasado.

Los niños de la guerra

Una vez se instalaron en Cúcuta, la pareja de ‘Jenny’ fue asesinada por un compañero de filas que cobró venganza. Hoy sigue recibiendo amenazas por mensajes de texto en los que le advierten que cuide a sus “dos colitas” (dos hijas) porque en cualquier momento las desaparecen. Está completamente desprotegida, sin indemnización y muerta de miedo. ‘Alacrán’ y ‘Jenny’ son solo dos de los niños que fueron arrastrados por esta guerra que no para.

Entre 1999 y 2013 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió a 5.330 menores de edad en su programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes. Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional Contra el Reclutamiento Infantil, el 12 de febrero, Cristina Plazas, directora del ICBF, dijo que “para construir la paz necesitamos que no haya ni un solo niño o niña cargando un fusil” y demandó, especialmente a las FARC, “excluirlos del conflicto (y) que aquellos que están en las filas de grupos al margen de la ley sean devueltos inmediatamente a sus hogares “.

Ese mismo día, el grupo armado anunció su compromiso de no volver a reclutar menores de 17 años en sus filas. De todos modos, queda un sinsabor: puros trapitos húmedos, puro intento de tapar el sol con un dedo. ¿Qué hay de los más de 6.000 niños que siguen en las filas? ¿Significa, entonces, que ya no reclutarán a niños menores de 17 pero sí a los que recién cumplan 18? ¿Y el reclutamiento forzoso seguirá cometiéndose, incluso, con personas mayores de edad?

Además, si la Unidad de Víctimas no da abasto ahora, ¿cómo se las va a arreglar, en caso de firmarse el acuerdo de paz, con los miles de casos de niños que fueron reclutados por las FARC y que procederán a reclamar su derecho como víctimas?

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