OPINIÓN | Las exhumaciones resultantes de este doloroso episodio del conflicto obligaron a la creación de un protocolo que limitó el cubrimiento periodístico y de terceros.
Por: María Ximena Dávila*
El 2 de mayo de 2002, en medio del fuego cruzado entre guerrilla y paramilitares, más de ochenta habitantes de Bellavista, en Bojayá, murieron debido a la explosión de un cilindro bomba dentro de la iglesia donde se refugiaban de los enfrentamientos. Este hecho, junto con su tragedia y atrocidad, quedó grabado en la memoria colombiana como la Masacre de Bojayá. Quince años después, en mayo de 2017, se exhumaron los cuerpos de las víctimas de la masacre como parte de un proceso que buscaba garantizar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación simbólica.
El proceso de transición a la paz fue el escenario propicio para que el Estado reconociera a las víctimas de Bojayá y pudiera darles a sus familiares –que también son víctimas– una nueva oportunidad para despedirlas dignamente. La exhumación y traslado de los cuerpos fueron acompañados de cantos y ceremonias propias de la comunidad. En la cultura de Bojayá, cuyos integrantes son principalmente afrodescendientes e indígenas, estos rituales son esenciales para separar la vida de la muerte y garantizar que las almas descansen en paz. Debido a su importancia histórica, algunos medios regionales que venían trabajando con la comunidad desde hace un tiempo se acercaron a registrar fotográficamente el proceso. La comunidad de Bojayá vio este tipo de registro como un agravio al derecho a vivir un duelo digno, uno que no pudieron llevar cuando sucedió la masacre, pues en ese momento muchos debieron huir de sus hogares para protegerse de la violencia. Como respuesta, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá redactó un protocolo que limitó el cubrimiento de las exhumaciones por parte de terceros.
Este caso expone una tensión con pocos precedentes, pero fundamental para pensar la transición como un campo con retos inexplorados. Las exhumaciones tienen gran significancia para entender los procesos de reparación y de construcción de memoria, pero ¿cómo retratar estos actos sin pasar por encima de las víctimas y su duelo? ¿De qué forma se cuentan las historias de las víctimas y la transición a la paz? ¿Cómo asegurar una representación que las dignifique y no las revictimice?
Estas son algunas preguntas que aborda el libro Víctimas y prensa después de la guerra: tensiones entre intimidad, verdad histórica y libertad de expresión, una nueva publicación de Dejusticia en la que estudiamos las tensiones que generó la expedición del Protocolo del Comité de Víctimas de Bojayá. En el lenguaje de los derechos el problema se traduce en la tensión entre el derecho de los periodistas a la libertad de expresión, el derecho de las víctimas a la intimidad y el derecho de la sociedad colombiana a la verdad histórica. Sin embargo, no se trata de un debate puramente legal, pues en el trasfondo ético de la discusión se encuentra la pregunta por la forma en que los medios representan la transición a la paz en general y las víctimas en particular.
Una de las principales conclusiones del libro es que el dolor de las víctimas no puede instrumentalizarse y que el cubrimiento periodístico debe darse desde la sensibilidad y el respeto por el otro. Esto implica hacer un esfuerzo por investigar y entender cuál es el contexto y las condiciones de las personas o grupos cuya historia quiere narrarse. A partir del caso de Bojayá, ofrecemos recomendaciones para un debido cubrimiento de la transición a la paz y las dejamos a disposición de las víctimas y los periodistas. Por ejemplo, si las víctimas pertenecen a una minoría étnica, el cubrimiento periodístico debe considerar la cultura y la cosmovisión del grupo. La comunidad de Bojayá tiene un sistema de creencias culturales distinto al de la mayoría de colombianos, lo que hace que conceptos como la intimidad, la muerte o la familia también lo sean.
Por esa razón, las cámaras fotográficas eran una amenaza al poder reparador de las exhumaciones. Un reto crucial para el periodismo es entender que solo en el reconocimiento de la diferencia es posible saber cuándo es válido cierto tipo de cubrimiento y cuándo no. Para lograr esto, es importante que la prensa se informe previamente sobre las circunstancias y la historia de las víctimas y, para el caso de actos sensibles, haga un esfuerzo por concertar un cubrimiento que garantice sus derechos y al mismo tiempo permita contar historias valiosas.
Sin embargo, así como ha habido tensiones, no podemos olvidar el gran papel que ha tenido el periodismo para dar a las víctimas la voz que nunca han tenido y aportar información útil para esclarecer los hechos del conflicto. Por este importante rol, las limitaciones y pautas de cubrimiento deberían estar en el terreno de la autorregulación. Cuando los periodistas y medios son quienes deciden guiar o limitar su propio ejercicio, los resultados son más legítimos, efectivos y útiles. Una relación sana entre el periodismo y la transición no solo implica que el gremio de periodistas se acerque a las víctimas, sino que las víctimas vean la prensa como una aliada.
Narrar Bojayá nos enseña algo, y es que contar las historias puede ser un antídoto contra el olvido, pero contarlas mal puede ser un camino a la fragmentación.
*Investigadora de Dejusticia – mdavila@dejusticia.org – @mariaxdavila
Este artículo está basado en las reflexiones del reciente libro publicado por Dejusticia: Víctimas y Prensa después de la guerra: tensiones entre intimidad, verdad histórica y libertad de expresión, escrito por Vivian Newman Pont, María Paula Ángel y María Ximena Dávila. Disponible en el sitio web de Dejusticia.
