Una Zona de Reserva Campesina se abre paso en territorios históricos de guerra (y de paz)

Incluiría un plan de desarrollo que abarca desde proyectos de "construcción de poder popular" hasta carreteras y trapiches.

Sólo falta un paso para que los campesinos de 68 veredas ubicadas entre Meta y Caquetá vivan en una Zona de Reserva Campesina (ZRC). La decisión está en manos del Gobierno, del gremio agropecuario y de los delegados de las comunidades negras, indígenas y campesinas que integran la junta directiva de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). A la cabeza del trámite está la Asociación Campesina y Ambiental de Losada-Guayabero (Ascal-G), que lleva dos décadas haciendo las veces de Estado en esa zona.

Cuentan los campesinos que, a punta de fuego y machete, empezaron a poblar la inspección San Juan de Losada —en La Macarena (Meta)— hace más de 50 años. Entraron por San Vicente del Caguán (Caquetá) y por la serranía de La Macarena, huyendo de la violencia o buscando tierra para cultivar. Algunos pocos lo hicieron desde El Pato (Huila), luego de que el Ejército lo bombardeara en 1965 por ser frente de colonización de las guerrillas comunistas y después de haber sido bautizado como una “república independiente”. La misma calificación recibieron los márgenes del río Guayabero, colonizados por comunistas armados desde comienzos de los 60.

Losada, desde donde actúa Ascal-G, está a tres horas de San Vicente por una trocha polvorienta. Es un pueblo amplio, sin señal de celular, donde hay billar, hoteles, cancha de fútbol, panaderías, coliseo, iglesias, minimercados y ferreterías. Tiene energía eléctrica y una red parcial de alcantarillado, pero no cuenta con acueducto. Desde allí, la Asociación coordina el desarrollo de 68 veredas, que ha agrupado en siete núcleos y sobre las que ejerce control a través de juntas de acción comunal.

Ángel Torres es un antiguo líder de Ascal-G, que llegó a Losada desde el Valle del Cauca. Él dice que, para comienzos de los 90, los colonos le estaban causando estragos al medio ambiente “de manera indiscriminada”. La tala, la quema de monte para la siembra de pastos, la pesca sin control y la cacería con perros, así como la inexistencia de servicios básicos, empujaron a los campesinos organizados en juntas a crear Ascal-G en 1996.

Entonces, acordaron que la tala se reduciría a 10 hectáreas por familia, que era obligación conservar la vegetación de las riberas y los nacimientos, y que no se podían cazar paujiles, dantas, osos, chigüiros, pavas, venados o manaos. También definieron que el 50% de cada finca podía destinarse a la siembra de pastos, que el 40% debía mantenerse en bosques y que el 10% restante podía usarse para cultivar comida. Además de esas reglas, con las que buscaba proteger el medio ambiente, Ascal-G creó un sistema de tributación que hoy se mantiene y con el cual ha financiado la construcción de carreteras, puentes y escuelas.

En la zona donde hace presencia la Asociación, los campesinos deben pagar $6.000 anuales por cada cabeza de ganado y respetar los “peajes comunitarios”: $1.000 por moto, $5.000 por camioneta y $10.000 por camión. Según Ángel, esos dineros son administrados por los “comités pro carreteras” de las juntas de acción comunal, que contratan las obras. Él dice que “gracias a eso podemos sacar lo que producimos al centro de Losada o vender la leche en las quesilleras y en las empresas”. Con esa plata, insiste, “se han construido 1.330 kilómetros de vías y puentes de material que nos han costado hasta $500 millones”.

Ese modelo de desarrollo basado en la autogestión le ha traído duros cuestionamientos a Ascal-G. Los más recientes provienen del alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, del Centro Democrático. El pasado 8 de octubre, en la audiencia de socialización del plan de desarrollo de la futura ZRC de Losada-Guayabero, Sánchez dijo que “esas normas son inconstitucionales y van en contra de la comunidad”. Agregó que no va a “permitir que se suplante la institucionalidad” en la zona, que —al menos en Losada— se reduce al Ejército, la Policía y Parques Nacionales.

La del Alcalde no es la única voz crítica, ni llena de estigmas. En esa audiencia, a la que asistieron la Gobernadora del Meta y el Director de Acceso a Tierras de la ANT, un viejo campesino preguntó si “es cierto que las ZRC son estrategias de las Farc para legalizar tierras y convertirlas en republiquetas independientes donde el Estado no pueda ejercer autonomía”. Otro más consultó si “de las ZRC puede entrar y salir la gente con libertad”. Los cuestionamientos apuntan a un señalamiento que ha pesado sistemáticamente sobre Ascal-G: ese que dice que la organización está dirigida tras bambalinas por las Farc, quienes mandaron abiertamente en La Macarena y en otros cuatro municipios de la región durante los diálogos de paz con el presidente Andrés Pastrana.

Ángel apunta que “en el despeje la guerrilla vivió y convivió con nosotros en todos estos caseríos, en las veredas, en el casco urbano de San Vicente. Ha habido una relación directa entre la comunidad y la guerrilla. Esa es una realidad de esta región y nadie lo puede negar, pero no nos pueden recriminar por eso porque el Estado fue el que abrió y cerró el despeje”. Algunos campesinos recuerdan que, en esa época, las Farc hicieron puentes, carreteras y alcantarillas, “repartieron lotes”, y se opusieron a que continuara avanzando la frontera de colonización para mantener intactos los bosques y controlar el mercado informal de tierras que alimentaba la llegada de nuevos colonos.

Aun hoy, la guerrilla está dentro y fuera de San Juan de Losada. En La Habana se acordó que allí habría un Punto Transitorio, en el que la columna móvil Mariana Páez dejaría las armas. Esa coexistencia sostenida a lo largo del tiempo ha alimentado la idea de que el orden creado por Ascal-G está respaldado por las armas de las Farc, al punto de que, dicen algunos críticos, la organización ha perdido poder de convocatoria después de que la guerrilla decretara el cese al fuego unilateral en julio de 2015 y el fin del cobro de impuestos (o extorsiones) en julio de 2016. Antes de esa fecha, las Farc exigían un porcentaje de las ventas de cerveza, aguardiente y gaseosa, así como el 10% del valor de la venta de cualquier terreno, cuentan en la zona.

Manuel Canchila, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Aires del Perdido, de La Macarena, dice que “antes, si usted no participaba en una reunión de la comunidad tenía una sanción de $50 mil y si no iba a un trabajo comunitario, de $30 mil. Pero eso era antes. En este momento, con la incertidumbre del proceso de paz, la gente ya no quiere trabajar comunitario ni quiere aportar. Pero nosotros no cobramos impuestos, lo que estamos es aportándole a la región”.

Manuel también asegura que en la asamblea “esperábamos una participación masiva de gente, pero no llegó”. Se suponía que asistieran unos tres mil campesinos, pero sólo arribaron 500. Además de la coyuntura generada por el proceso de paz, él cree que la influencia de Ascal-G puede haber disminuido porque “ha entrado mucha gente nueva, que no conoce el proceso”.

Hay personas que, en silencio, tienen una opinión diferente. Un joven campesino dice que los impuestos creados por la Asociación son “un robo”, que no necesariamente benefician a todos los que los pagan y que “si no los pagamos, nos tenemos que ir”. Otra persona consultada apunta a que la organización ha perdido afiliados porque de un tiempo para acá dejó de estar claro que todos los recursos provenientes de los impuestos se invierten en la comunidad. Al respecto, líderes de Ascal-G aseguran que “hay gente que quiere tumbar todo lo que hay, porque las normas internas no les permiten hacer lo que les venga en gana”.

Al margen de esas discusiones, algunas de las cuales les han significado judicializaciones a los campesinos, lo cierto es que Ascal-G lleva 20 años intentando cuidar el medio ambiente y haciendo las tareas que el Estado no ha podido o no ha querido asumir: regular la vida social y garantizar condiciones de vida digna. Aun hoy, el Gobierno no tiene control de la región. Según Diana Herrera, directora de la Unidad de Tierras en el Meta, en las 68 veredas donde se pretende constituir la ZRC hay 27 predios solicitados en restitución que no se han podido intervenir porque la Fuerza Pública no ha dado luz verde para ingresar a La Macarena y a otros cuatro municipios del sur del Meta.

En ese escenario, los afiliados a la Asociación aspiran a legitimar su proceso comunitario ante el Estado, diseñar su propio modelo económico, obtener la legalización de sus tierras y conseguir recursos para inversión social a través de la creación de la ZRC.

Por eso, el plan de desarrollo que crearon incluye proyectos que permitan “la construcción de poder popular” y la reconstrucción de confianza entre el Estado y los campesinos, plan de manejo ambiental, periódico, emisora comunitaria, centro de conciliación, pavimentación de carreteras, mantenimiento de vías terciarias, construcción de viviendas rurales, acceso a salud y a educación técnica y profesional, escuela de formación en derechos humanos, capacitaciones en “ganadería sostenible”, trilladoras, trapiches, granjas agroecológicas y plantas de procesamiento de leche, plátano y yuca.

Buscan, en suma, mejorar su calidad de vida sin sacrificar el modelo de desarrollo a pequeña escala que diseñaron hace dos décadas, en un área rural donde, según los censos de Ascal-G, el 65% de las familias cocina con fogón de leña, el 41% se abastece de nacimientos de agua o de pozos profundos, el 63% alumbra sus casas con velas, el 69% vende sus productos a las orillas de las carreteras y el 89% no tiene títulos sobre sus tierras.

La constitución de la ZRC, según las leyes actuales, también impediría la concentración de la tierra, controlaría la expansión de la frontera agrícola, protegería la economía campesina, facilitaría la llegada de las políticas de desarrollo rural y la adjudicación de tierras baldías a colonos de escasos recursos, y promovería la interlocución entre el Gobierno y las comunidades. En el Acuerdo Final que el Gobierno y las Farc pactaron en La Habana, las partes reconocieron las ZRC como “iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz” y pactaron distintas medidas para apoyar su constitución y sus planes de desarrollo.

Las mujeres que hacen parte de Ascal-G también han visto la creación de la Zona y la implementación del Acuerdo como posibilidades reales para ampliar su nivel de incidencia política. Carolina Ojeda, integrante de la Asociación, cuenta que ninguna mujer ocupa la presidencia de una junta de acción comunal, pero que la participación de las mujeres “es una cosa nueva que se está tratando de promover a partir de la coyuntura de la paz y que no deja de ser difícil, porque la cultura campesina es machista y el papel político de la organización lo han asumido los hombres”.

Dagoberto Ramírez, vicepresidente de Ascal-G, sentencia que “con la ZRC queremos decirle al Gobierno que aquí sí hay campesinos, que estas tierras no son de las Farc”. La decisión está en manos de la ANT, que deberá analizar el tema en una coyuntura en la que sectores que se opusieron al Acuerdo Final en el plebiscito del 2 de octubre, como el Centro Democrático, piden eliminar los beneficios contemplados en el Acuerdo para las ZRC y limitar la participación de las comunidades.