ProyectoCOCA | Samuel Hoyos pasó de pasar un proyecto de ley para crear salas de consumo supervisado de drogas a hundir su propia propuesta.
Hace apenas dos años, el hoy precandidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá Samuel Hoyos defendía que deberían crearse salas de uso supervisado de drogas para consumidores problemáticos, proponiendo incluso un proyecto de ley para impulsarlas que logró superar dos debates en el Congreso.
Sin embargo, apenas Iván Duque arrancó su campaña hacia la Casa de Nariño proponiendo ‘mano dura’ contra el consumo de drogas, Hoyos abandonó su propuesta y casi no ha vuelto a hablar del tema públicamente. Aunque, consultado, promete que seguirá impulsándola.
La innovadora propuesta de Hoyos
En octubre de 2016, Samuel Hoyos –en ese entonces Representante a la Cámara por Bogotá– presentó un proyecto de ley proponiendo, entre otras medidas, crear “centros de consumo controlado, rehabilitación y reducción de riesgos y daños” donde esos usuarios pudieran recibir la sustancia bajo prescripción médica y como parte de un tratamiento más integral.
El trasfondo de su proyecto –que el congresista trabajó de cerca con muchos expertos en salud pública y política de drogas– era el realismo de que hay muchas personas que presentan consumos problemáticos de drogas como la heroína o el bazuco. Y, sobre todo, que hábitos como el uso de jeringas recicladas para inyectarse pueden generar riesgos de salud para ellos y para otras personas, por ejemplo de infecciones como el VIH/Sida o la hepatitis C.
Él mismo lo explicó en un sinnúmero de espacios públicos, desde la plenaria de la Cámara hasta foros académicos, programas de radio y columnas de opinión:
La propuesta de Hoyos va en línea con lo que ha mostrado la evidencia científica y médica en lugares como Suiza, Portugal, Escocia, Dinamarca o la ciudad canadiense de Vancouver.
Suiza es uno de los países que ha liderado las salas de consumo supervisadas, donde las personas que tienen estos consumos problemáticos –como habitantes de la calle– pueden consumir esas sustancias en condiciones higiénicas y con supervisión de médicos. En uno de sus informes, la Comisión Global de Política de Drogas –que integran una veintena de ex mandatarios del mundo que vienen estudiando estos temas– subrayó que este modelo se había traducido en mejoría en la salud de los usuarios, un menor número de problemas de esos consumidores con la Policía y un ahorro tanto para el sistema de salud como para el de cárceles.
Al final, la ventaja de este enfoque de salud pública es que permite reducir los riesgos de salud que enfrentan los consumidores más problemáticos, de violencia para otros ciudadanos y genera confianza entre esta población y el Estado (al que suelen evitar).
En realidad el proyecto de Hoyos no giraba solo en torno a estas salas, sino que se proponía –como él mismo escribió en su encabezado– “crear mecanismos alternativos a los penales para combatir, reducir y desincentivar el consumo de drogas, reducir los riesgos y daños asociados al consumo”.
Entre otras medidas, buscaba impulsar que se determinen las cantidades exactas (o umbrales) de la dosis personal para cada sustancia (algo que Colombia está en mora de hacer), que se regulara la dosis de aprovisionamiento o que se pueda hacer exámenes aleatorios de consumo a personas que ejerzan profesiones –pilotos, militares– de las que dependa la vida o la integridad de otras personas, como medidas para enfrentar un consumo creciente en el país.
De uribista reformista a mano dura
Gracias a temas como este, Hoyos –un psicólogo javeriano de 34 años– se fue posicionando como una figura rigurosa, dispuesta a buscar consensos con sectores políticamente disímiles y ascendente dentro del uribismo.
Había llegado al Centro Democrático en 2014, tras haber trabajado en el equipo legislativo del exrepresentante conservador Miguel Gómez Martínez. Ese año, mientras su jefe –un histórico delfín azul, sobrino de Álvaro Gómez y nieto de Laureano Gómez– coqueteó durante dos años con el partido de Uribe pero al final nunca se les sumó, Hoyos logró quedar en el quinto renglón de la lista cerrada a la Cámara que lideró María Fernanda Cabal y arañó la última curul de su partido. (Aun así, Hoyos sí proviene de una familia política: su abuelo Samuel Hoyos Arango fue ministro de Justicia de Alfonso López Michelsen y su padre Roberto Hoyos Botero fue vicecontralor de Julio César Turbay).
En el Congreso, Hoyos rápidamente ganó un perfil mucho más visible que el de sus colegas que tuvieron puestos más altos en la lista, como Esperanza Pinzón de Jiménez, Tatiana Cabello o Edward Rodríguez.
Con esa visibilidad, en 2018 –cuando el uribismo decidió abrir las listas y obligó a muchos de sus políticos a contarse en las urnas por primera vez– Hoyos terminó sacando 40 mil votos. Fue la segunda votación del Centro Democrático y la sexta en Bogotá, doblando a candidatos con más apoyos políticos como Gabriel Santos (hijo de Pacho Santos, asesor suyo y luego rival de lista).
El proyecto de Hoyos recibió críticas de sectores que veían que abrir estas salas podría aumentar los niveles de consumo, patrocinar el consumo recreativo o incluso aumentar la delincuencia. Él, sin embargo, lo defendió con vehemencia, apelando siempre a la evidencia científica.
Por ejemplo, en una columna en El Nuevo Siglo, le lanzó un sablazo al exprocurador Alejandro Ordóñez – hoy embajador de Duque en la OEA– por criticarlo sin leerlo.
Un mes después de salir reelegido para un segundo período, Hoyos anunció que retiraba el proyecto de ley, sin ofrecer mayores explicaciones.
Eso fue poco después de que Iván Duque agitara en su campaña presidencial la bandera de la prohibición de la dosis mínima (aunque él mismo había aceptado ser coautor de la iniciativa de su colega Hoyos).
El sabor amargo que dejó el giro de Hoyos
En el sector de salud pública y políticas de drogas, muchos valoraban el proyecto de ley de Hoyos, aún cuando tenían algunos reparos o preocupaciones frente a aspectos puntuales.
“Abre la posibilidad de tratar el problema de consumo de drogas como uno de salud pública e implementar políticas de reducción de daño (…) Así, finalmente comienza a gestarse un cambio importante en política de drogas, al menos en lo que respecta al consumo”, escribió el economista Hernando Zuleta, exdirector del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes.
Casi todos dicen entender que para Hoyos, que ha subido su perfil público pero no es un peso pesado de su partido, era difícil mantener una idea que iba en contravía de la que escogió en campaña el Centro Democrático.
Sin embargo, sienten que Hoyos los dejó colgados en una discusión que los había animado a ayudarle, sin ninguna explicación y por puro cálculo político. Tres de ellos, que pidieron no ser nombrados, le dijeron a Proyecto Coca sentirse decepcionados por el giro que dio el hoy precandidato al Palacio de Liévano.
“Le faltaban aspectos técnicos, pero en esencia era un paso hacia poder hacer realidad una política de reducción de daños robusta. Era el primer intento por desarrollar, desde lo legislativo, políticas de este tipo en el país”, dice Adriana Muro, una abogada que lidera la consultora en derechos humanos Elementa y que hizo un informe sobre la viabilidad jurídica de las salas de consumo en Colombia.
Para Muro y el equipo de Elementa, a quienes el equipo de Hoyos buscaron por su trabajo previo, el proyecto de ley suponía un gran avance porque no hacía énfasis solo en prevención y en rehabilitación, sino que hablaba específicamente de mitigar los riesgos y los daños que pueden generar los consumos problemáticos.
“Era un avance que pudiéramos discutir el tema, porque la evidencia mundial ha demostrado que en los países con políticas de drogas más restrictivas y criminalizadoras, el impacto en salud pública es más severo”, dice Inés Elvira Mejía, una de las mayores expertas salud pública y drogas en Colombia e integrante de la Comisión Asesora en Política de Drogas que convocó el gobierno Santos.
Mejía también le veía falencias, pero consideraba que eran susceptibles de ser afinadas y corregidas. Entre ellas, sentía que había un énfasis en la abstinencia que debería ser diferenciado (porque en algunas drogas hay mayores riesgos de sobredosis tras períodos de abstinencia total, como sucede con el ‘mono’ de la heroína) y que había que identificar bien cuáles podrían ser los sustitutos para cada sustancia.
“Hoyos hablaba con frecuencia del caso de Portugal. Yo siento que tenía una convicción personal en el proyecto”, dice Paula Aguirre, coordinadora de la sede de Elementa en Colombia.
La explicación -y la promesa- de Hoyos
“Yo no me he echado para atrás: sigo creyendo que hay que hacerlo y, si llego a ser alcalde, lo haré”, le dijo Samuel Hoyos a Proyecto Coca.
De hecho, repitió cuatro veces durante la conversación que sigue convencido de la necesidad de abordar el consumo bajo una óptica de salud pública, en llave con la definición de parámetros claros para diferenciar a consumidores de microtraficantes.
“Yo fui a Portugal expresamente a hablar con gente como Joao Castelo-Branco Goulao, que lideró –durante el gobierno de António Guterres– un proyecto que tuvo un impacto muy grande en el consumo de heroína”, dice Hoyos, citando el célebre modelo portugués que combinó varias estrategias de reducción de daño como entrega de kits de jeringas limpias, sustancias sustitutas como la metadona y salas de consumo supervisado.
Para Hoyos, quien jugó un papel protagónico en la campaña de Duque en Bogotá, su proyecto de ley fue víctima de la coyuntura política y de la necesidad de conciliar su propuesta con otras que surgieron.
“Lo retiré porque en ese momento el candidato Duque, ahora Presidente, estaba sugiriendo la posibilidad de incautación de la dosis personal. Mi idea era volver a presentarlo en el mismo sentido, pero incorporando la modificación del decreto (sobre consumo) del Presidente Duque”, explica. Su idea, añade, era presentarlo de nuevo este año, una posibilidad que se truncó con el pedido de su partido –que él dice le agarró por sorpresa– de lanzarse a la Alcaldía y tener que renunciar al Congreso como consecuencia.
Hoyos cree que el espacio no está cerrado y que se necesita abordar el tema con pragmatismo. Está convencido de que, en palabras suyas, “el valor de la iniciativa era que venía del Centro Democrático” y que él incluso persuadió al expresidente Uribe durante un viaje que hicieron juntos a la Universidad de Harvard. Por eso, promete volver a ‘vendérserlo’ a sus copartidarios, aunque se muestra consciente de que él era su defensor más visible.
“La política es el arte de lo posible. Yo necesito poder conciliar posiciones que quizás se alejan de lo mejor, pero que siguen siendo buenas. Si me iba en contravía de la posición del candidato, se iba a hundir. El mundo académico tiene que entender eso”, dice, refiriéndose a las distintas instituciones y organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz, el Cesed, Elementa o Acción Técnica Social, cuyos estudios y expertos consultó durante el proceso de redacción del proyecto de ley.
Ahora que salió de la Cámara y está metido de lleno en una nueva campaña electoral, queda por ver si se anima a volver a abordar el tema o si éste vuelve a caerse en la coyuntura política.
Si quiere saber más, recomendamos leer:
Hoyos, Samuel. Proyecto de Ley 161/2016 Cámara (“Por medio del cual se da un enfoque de salud pública a la problemática del consumo de drogas en Colombia y se dictan otras disposiciones”) (2016).
Comisión Global de Política de Drogas. El impacto negativo del control de drogas en la salud pública: la crisis global de dolor evitable (2015).
Fundación Ideas para la Paz (FIP) y Elementa. Las salas de uso supervisado de drogas: ¿Una alternativa para Colombia? (2017)
Elementa. Salas de consumo supervisado de drogas: entre la salud y la prohibición (2017).
