Evidencias de los últimos seis años muestran que las prácticas de empresarios bananeros y compañías fumigadoras no son las más adecuadas en Urabá. Graves afectaciones a la salud de trabajadores de los cultivos y a la infraestructura de la Universidad de Antioquia son apenas dos ejemplos de las consecuencias de malas actuaciones. Aún hoy no existe certeza de que hayan sido corregidas.
Por Pacifista y La Liga Contra el Silencio.
Un manto de cultivos de banano extendido hacia todas direcciones se ve desde el aire en Urabá, subregión de Antioquia que concentra el 70 % de hectáreas cultivadas en todo el país. Desde la tierra, inquieta el paso continuo de naves fumigadoras que realizan un trabajo necesario, pero cuestionado por trabajadores, pobladores y la Universidad de Antioquia (UdeA).
Cada año en Urabá se vierten al menos 10,5 millones de litros de fungicidas y químicos para el control de la sigatoka negra, una de las enfermedades más comunes que afecta a los cultivos de plátano y banano en el mundo. De las 50.685 hectáreas de cultivos de banano reportadas en Colombia en 2018, 35.123 estaban en esa región. El problema particular de esta zona es la aspersión aérea que arroja toneladas de residuos tóxicos, con consecuencias irreparables para el ambiente y la salud.
Por el tema están en la mira las fumigadoras que trabajan en la zona (Caaisa y Calima SAS), empresarios que forman parte de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), la comercializadora Unión de Bananeros de Urabá (Uniban) -miembro de Augura- y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá (Corporurabá).
Uno de los casos de daños a la salud por fumigaciones es el de Manuel Montaño, un ex trabajador bananero. Su testimonio retrata la situación de otros en la región.
“Mi ojo izquierdo está cubierto por una capa blanca. Perdí la visión después de que el 23 de noviembre de 2016, una avioneta esparciera veneno sobre la finca El Paso (afiliada a Uniban), del municipio de Apartadó, en la que trabajaba. Esa mañana estaba trabajando tranquilo y una avioneta fumigadora empezó a rociar veneno sobre las matas y sobre mí”, contó.
Montaño dijo que corrió y se cubrió con hojas de plátano para esquivar la fumigación, pero al volver al trabajo movió una hoja y una gota le cayó en el ojo. “Sentí ardor, me lavé con el agua que llevaba para tomar y seguí trabajando. Días después me diagnosticaron una úlcera en la córnea, pero solo hasta julio de 2018 la ARL Positiva reconoció mi accidente laboral y hoy sigo esperando el trasplante que me ordenaron”. “Si al menos me hubieran dado equipos de protección, unas gafas, hoy no estaría ciego”, se lamentó.
Aunque en Colombia existe una legislación clara y estricta para la fumigación aérea, hay evidencia de que empresarios violan la norma ante la mirada pasiva de Corpourabá, la máxima autoridad ambiental de la región.
El uso de plaguicidas está regulado por el Decreto 1843 de 1991. En el artículo 87 establece las zonas de seguridad donde no se debe fumigar: 10 metros para fumigación terrestre y 100 metros para aérea, en relación a ríos, carreteras troncales, centros poblados, parques, instituciones educativas y cualquier otro lugar de actividad humana.
No obstante, en Urabá es posible observar las aeronaves fumigadoras sobrevolando los cascos urbanos y operando en proximidades a predios donde no deberían hacerlo. Esto ha provocado quejas ante Corpourabá, como las de la Universidad de Antioquia (sede Apartadó). En un oficio de 2018 la institución recuerda que desde 2014 ha solicitado se evalúe “el cumplimiento de las normas sobre el uso y aplicación de agroquímicos para las fumigaciones aéreas” que han provocado “significativos daños” ambientales, sociales y a la infraestructura, sin que se haya tomado correctivos.
En noviembre de 2017, la universidad incluso tomó muestras y realizó análisis de los techos de la sede ante el “deterioro precoz” que presentaban. Los resultados compartidos a Corpourabá en marzo de 2018 “fueron concluyentes”: presencia de tres sustancias que corresponden a tres productos de degradación química-ambiental del pesticida Tridemorf.
Los reparos al Tridemorf
Uno de los fungicidas más usados para el control de la sigatoka es el Tridemorf, catalogado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) como un químico de categoría toxicológica II: es decir, altamente tóxico.
En la etiqueta del producto se advierte que podría causar irritación en la piel y que al contacto con los ojos podría provocar un daño severo. Adicionalmente, la hoja de seguridad del pesticida para Colombia, aprobada por el ICA, advierte que en madres gestantes existe el riesgo de ocasionar disminución de peso en la mujer y malformaciones en el feto.
En febrero de 2002, el Parlamento de la Unión Europea ingresó el Tridemorf a la lista de “sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción”. Entonces, se acordó poner como plazo máximo finales de ese año para excluir y prohibir, al Tridemorf y otros agroquímicos de los productos de uso público en Europa para “mejorar la protección de la salud y la seguridad de los consumidores”.
Con relación al uso del Tridemorf en la fumigación de los cultivos de plátano y banano existe una restricción de algunas certificadoras ambientales internacionales, como lo admitió la empresa de fumigación Caaisa en una comunicación al Comité Regional de Agroquímicos Eje Bananero tras la queja de la Universidad de Antioquia. “Aunque el Tridemorf no está totalmente prohibido, algunas certificadoras empezaron a limitar su uso, por requerimiento de los compradores de la fruta. Fairtrade desde el 2014 y RAS desde el 2018”.
Las organizaciones mencionadas están encargadas de asegurar que se cumplan estrictos estándares de sostenibilidad ambiental y otros aspectos relacionados con la producción de fruta en Urabá: Fairtrade Labelling Organizations International (Alemania) y RainForest Alliance (EE.UU.). Emerson Aguirre, presidente encargado de Augura, le explicó a Pacifista y La Liga que “las comercializadoras realizan fumigaciones por medio de terceros expertos y certificados en el tema”.
Para Corpourabá “no está restringido” el uso de productos que tengan como ingrediente activo el Tridemorf. Por eso sostiene que “no se han adelantado medidas de infracción ambiental”, según se recoge de la respuesta a un derecho de petición.
Cuando Jorge Quiroz, entonces director de la Sede Urabá de la Universidad de Antioquia, recibió el informe que demostraba la presencia de Tridemorf en los techos del campus, citó a una reunión que tuvo como objeto la “denuncia de la Universidad de Antioquia sobre aplicación aérea de agroquímicos”. Al encuentro, que se celebró en julio de 2018, asistieron delegados de Corpourabá, de Augura, Uniban y de las empresas fumigadoras Caaisa y Calima SAS, entre otros. Fumigaray no asistió.
El peligro al que estuvo expuesta la comunidad universitaria era evidente y ponía en tela de juicio el trabajo de Corpourabá. El Decreto 1843 de 1991 especifica que la corporación tiene la función de garantizar “la obligación para los pilotos de no sobrevolar poblaciones, acueductos, escuelas y demás lugares que representen riesgos para la salud humana y sanidad animal y vegetal”.
La empresa Calima SAS reconoció el uso de Tridemorf en fumigaciones aéreas: “La empresa Calima SAS sí lo utiliza en la aplicación aérea y dentro de las actuaciones realizadas busca evitar que el producto llegue a las instalaciones universitarias, aplicando las medidas de seguridad necesarias de manera que no se vea afectada la población estudiantil”. Estudiantes, docentes y personal administrativo, sin embargo, han estado expuestos a este y otros químicos.
Caaisa asegura que dejó de usar Tridemorf en noviembre de 2016: “El tema de sobrevuelos lo tenemos en análisis y esperamos que en las próximas aspersiones no se den”. Sin embargo, Corpourabá, entidad garante de la protección ambiental –y ante la evidencia de los hechos– se limitó a aceptar el compromiso de las compañías de fumigación.
“Las tres compañías buscan cambiar patrones de vuelo, de manera que no se presenten afectaciones por ruido, por sobrevuelos en zonas aledañas a la universidad”, indica la respuesta de Corpourabá a la Universidad de Antioquia. Más de un año después, como lo pudo establecer Pacifista y La Liga, se mantienen el ruido, los sobrevuelos y el riesgo de contaminación en la sede universitaria de Apartadó y sus zonas aledañas.
Manuel Bermúdez, docente de la Universidad de Antioquia, afirmó que “son comunes los sobrevuelos sobre la sede de la universidad”. Y añadió: “Uno siente un olor a químico fuerte e irritante (…) Las denuncias de trabajadores bananeros afectados por esto son reveladas constantemente en las redes sociales. Si la Universidad de Antioquia tiene conocimiento del peligro en la sede de Apartadó, es un tema que debería ser abordado”.
Arlinson Padilla, estudiante de Comunicación Social en la sede afectada, reconoció que se siente “preocupado”. “A principios del semestre pasado (en 2019) me empezó una irritación en la espalda, que se fue agravando a medida que pasaba el tiempo. Me desapareció en vacaciones y reapareció cuando regresé a clases”, contó.
Quejas y cartas sin mucho efecto
El asunto de la Universidad de Antioquia se ha quedado en el ir y venir de cartas y oficios entre instituciones. En 2014 la UdeA solicitó a Corpourabá evaluar “el cumplimiento de las normas sobre el uso y aplicación de agroquímicos para las fumigaciones aéreas”. Después, en marzo de 2018, la misma Universidad le envió a Corpourabá el informe sobre la afectación en las instalaciones de la sede de Apartadó.
La universidad también adjuntó la ficha técnica del Tridemorf con los principales síntomas y lesiones posibles sobre los seres vivos al estar expuestos al químico: puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto, riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, nocivo en caso de inhalación, irritación cutánea, irritación ocular grave, el consumo de una pequeña cantidad de este producto supone un grave peligro para la salud.
“Como la aspersión con este pesticida obviamente es un riesgo de salud pública de quienes ocupan la sede, nuevamente le solicitamos se tomen los correctivos para que se realice la aplicación segura de plaguicidas y se revise el alcance de las fumigaciones que se vienen realizando en la zona”, insistió el rector de entonces, Mauricio Alviar, en la comunicación.
Tras las quejas por las aspersiones de la UdeA, la empresa Calima respondió a Corpourabá el 22 de marzo de 2018 refiriéndose al tema y también a los reclamos de la Brigada XVII del Ejército, que opera en Urabá y está ubicada en el corregimiento El Reposo, de Carepa. La compañía expresó su compromiso de “crear una franja de protección de 100 metros”. La determinación, como se ha visto, más que un compromiso era una obligación legal.
En junio de 2018 la UdeA volvió a insistir ante Corpourabá en las afectaciones a la salud y daños a la infraestructura e interpuso un derecho de petición donde anexó fotos como prueba de que los sobrevuelos continuaban sobre la sede, pese a las quejas anteriores.
El 24 de julio de 2018 mientras se reunían Calima S.A.S y Caaisa en la sede de Apartadó de la UdeA y donde se comprometían, de nuevo, ante Corpourabá, Uniban, la Secretaría de Salud de Apartadó y Augura a cumplir la ley y crear la franja de seguridad, una aeronave de fumigación sobrevolaba el campus universitario, como lo evidencia un registro de vuelo de Caaisa sobre la finca El Casco.
Nuevamente, el 22 de julio de 2019, se registra otra reunión entre representantes de la UdeA, Uniban y Calima. Días después, el 31 de julio, la cita se repite pero con Augura. ¿La preocupación? La misma: las aeronaves que sobrevuelan las instalaciones universitarias esparciendo pesticidas y el ruido que causan.
Una de las explicaciones dadas a la UdeA por el representante de Augura, Gabriel Jaime Elejalde, según Jorge Iván Gallego, director de regionalización de la UdeA fue que “el desarrollo urbano en el municipio de Apartadó se ha extendido a las zonas rurales donde se localizan las fincas bananeras, lo que ha generado que las nuevas viviendas, instituciones, centros comerciales, entre otros, se edifiquen cerca de plantaciones; lo que ocasiona algunas molestias por el ruido y por la fumigación que debe realizarse para erradicar plagas como la Sigatoka Negra” (sic).
Sin embargo, Emerson Aguirre, presidente encargado de Augura, en respuesta a un derecho de petición en octubre de 2019, asegura: “Las operaciones de fumigación en la zona se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad, en los que se da cumplimiento al decreto 1843 de 1991”.
Pacifista y La Liga buscaron por varias vías al director de la Seccional Urabá de la UdeA, Sebastián Rodas, para una entrevista, pero no recibió respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Los trabajadores, las otras víctimas
Aunque el presidente encargado de Augura aseguró que “todos los actores de la cadena productiva se preocupan por el bienestar integral de los trabajadores y por el bienestar de la comunidad de Urabá”, testimonios de habitantes de la región, trabajadores bananeros y el sindicato-Sintracol, muestran lo contrario.
Como principal actividad económica de esta región de casi 900 mil habitantes, el cultivo de banano configuró las dinámicas urbanas y laborales, y representa a un poderoso sector cuestionado por prácticas que han puesto en riesgo a sus trabajadores. Frente el uso de químicos por parte de la industria bananera, la peor parte la llevan quienes laboran en las fincas productoras.
De las 10 fuentes consultadas para este reportaje, solo cuatro se atrevieron a hablar revelando su identidad. El resto se negó por temor a represalias o amenazas.
El Decreto 1843 de 1991 aborda extensamente el tema de seguridad para ellos: se prohíben las labores de campo durante y después de la fumigación; se habla de duchas especiales para el baño inmediato en caso de contacto; y de la dotación de elementos, equipos y medidas de seguridad para evitar la contaminación.
A pesar de las medidas de seguridad establecidas, su aplicación deja dudas. Pacifista y La Liga encontraron a 10 trabajadores y extrabajadores que han sufrido pérdida parcial de visión y lesiones en la piel, males atribuidos a las tareas de fumigación sin cumplir las normas y que se agravan con tratamientos tardíos, desacato de tutelas, dilaciones de las administradoras de riesgos laborales y otras trabas.
También se pudo documentar el caso de Dina Luz Nerio, trabajadora de la finca Mato Grosso II, del conglomerado empresarial Grupo 20, uno de los socios de Uniban y agremiado a Augura. La mujer falleció el 10 de julio de 2018, después de 20 meses de agonía. Un lupus eritematoso sistémico lentamente le fue lacerando la piel, le afectó riñones y articulaciones, según consta en su historia clínica.
Para Clara Neiro, la madre de Dina Luz, la muerte de su hija “fue por consecuencia del baño de veneno del que fue víctima mientras embolsaba fruta”. “Mi hija escuchó el ruido de la avioneta, pero no le dio tiempo de nada, solo pudo esconderse bajo una hoja de banano”. A los empresarios bananeros les pide que respeten la vida de los trabajadores, les den equipos de protección y cumplan las leyes.
Al ser consultado sobre el riesgo de los agroquímicos, el doctor Óscar Sánchez, microbiólogo especialista en homotoxicología y adicciones, señaló “que el mejor método de controlar las enfermedades de las plantaciones de banano es el uso de agroquímicos, pero aplicados de forma indiscriminada, pueden causar diversas alteraciones a la salud”.
Tras conocer el caso específico de Dina Luz, el doctor Sánchez concluyó que la exposición a fungicidas y plaguicidas “sin las medidas de seguridad recomendadas (…) puede favorecer estados de alteración inmune y derivar a una enfermedad autoinmune. En el caso específico de lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune, la exposición a los agroquímicos por aspersión puede alterar aún más el sistema inmune y potenciar la enfermedad con alteraciones de salud fatales”.
Jorge Villadiego, otro trabajador bananero, contó que el 28 de octubre de 2015, en la finca San Antonio del grupo Aristizábal (ubicada en Apartadó y asociada a Uniban), “estaba embolsando los racimos que principiaban a formarse para protegerlos de insectos y del veneno de las avionetas. Moví unas hojas para poner la bolsa y una gota me cayó en el ojo derecho. La mañana siguiente sentía como si unas hormigas me estuvieran comiendo el ojo”.
Acudió a varias citas médicas, pero perdió la visión del ojo derecho. “Por doce meses me hicieron unas terapias para recuperar los nervios del ojo, a los dos meses de las terapias (el médico) me dijo que era necesario un trasplante de córnea. Apenas terminaron estas, me recetaron gotas por seis meses y en cada cita pasa lo mismo. En agosto de 2018 el médico me hace otro examen y determina pérdida de visión en el ojo derecho y que progresivamente dejaría de ver con el izquierdo. El 27 de noviembre de 2019 tuve la última cita, el oftalmólogo me recetó de nuevo gotas por cuatro meses”.
Villadiego sigue faenando en la finca y dice que cuando hay procesos de auditoría para certificación, como el del 22 de enero pasado, lo enviaron a otra zona, junto con otro compañero “que camina rengo (…) para que no nos viera la señora encargada de la certificación”.
Félix Gutiérrez, extrabajador bananero de la finca El Retiro, también relató su historia. “Con 54 años fui despedido de mi trabajo por sufrir dermatitis alérgica por contacto con productos químicos utilizados en la industria bananera. En 2003 mis afecciones fueron reconocidas como enfermedad laboral, pero tuve que seguir trabajando en la finca El Retiro para llevar sustento a mi hogar. La piel se me llenaba de llagas en carne viva. En 2016, medicina laboral ordenó mi traslado a un ambiente en el que no tuviera contacto con químicos, pero la empresa para la que trabajaba, Agrícola El Retiro, prefirió despedirme”.
Tras consultas realizadas, Corpourabá -entidad que ha presidido por más de 10 años el Comité Regional de Plaguicidas de Urabá- indicó que “no se tienen registros de casos de trabajadores bananeros que hayan sido afectados por la aplicación de plaguicidas” y tampoco “de quejas de trabajadores o sindicatos de la industria bananera de Urabá, por malas prácticas en aplicaciones de plaguicidas”. Lo que sí detalló, en la respuesta a un cuestionario enviado después de que las directivas no accedieron a una entrevista, es que recibió en 2018 cinco denuncias de comunidades de los municipios de Apartadó, Carepa y Turbo, y una en 2019, del corregimiento Nueva Colonia, por malas prácticas en la fumigación aérea.
Agregó que atiende solo las que “impliquen afectación ambiental” y traslada las otras a las secretarías de Salud (en el caso de enfermedad) o a la Aeronáutica Civil (en el caso del ruido), pese a que desde el Comité Regional de Plaguicidas también debería asumir otras responsabilidades.
Pacifista y La Liga también tuvieron acceso a las quejas elevadas ante Corpourabá por un ciudadano residente en la urbanización Serranía de Apartadó por los sobrevuelos y fumigaciones. Pese a los reclamos nada ha cambiado.
El Barrio Obrero, entre afectaciones y amenazas
Con alrededor de 35.000 habitantes, el Barrio Obrero es uno de los más populosos de Apartadó. Nació en 1992 cuando cerca de 3.000 familias invadieron 114 hectáreas de la finca La Chinita. Dos años después, ahí mismo, 35 personas murieron en una masacre perpetrada por las Farc.
Según un documento del Archivo de Corpourabá, de julio de 2016, la finca La Chinita es propiedad de Grupo 20 SA, un conglomerado de fincas de la industria bananera que a su vez es uno de los socios mayoritarios de Uniban y que pertenece a la familia del actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, de acuerdo con certificados de libertad y tradición de la oficina de Instrumentos Públicos.
El área de la finca que hoy circunda al barrio está destinada, en buena medida, al cultivo de banano. Por eso, los habitantes de cientos de humildes viviendas que bordean el extenso terreno se ven obligados en las mañanas a cerrar puertas y ventanas; y la gente forzada a guarecerse del veneno que dejan las aeronaves fumigadoras, como ocurrió el 9 de diciembre de 2019 mientras Pacifista y La Liga entrevistaban a los habitantes del Barrio Obrero.
Sin previo aviso, una aeronave dejó caer una estela blanquecina de veneno sobre las viviendas y calles. El aire quedó impregnado, por unos minutos, de un fuerte olor químico que irritaba la respiración y generaba ardor en los ojos.
“El ojo derecho lo perdí y con el izquierdo veo borroso. Seguro mi mal es por culpa del veneno regado por las avionetas. Nos envenenan el aire que respiramos y el agua que tomamos. Si tuviera los medios y la energía ya hubiera tomado mi familia y mis corotos, para irme a vivir a otro lugar”, afirma Alberto Benítez, habitante del Barrio Obrero. Su familia, que vive en una casa de desechos de madera y latas, prepara los alimentos con agua lluvia recolectada en pocetas y canecas. La misma capa blanquecina cubre el líquido después del paso de las avionetas.
El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Barrio Obrero, Tulio Ortiz, se suma a las quejas por las afectaciones de los constantes sobrevuelos sobre las viviendas, zonas recreativas y centros educativos, lo que significa una constante exposición al ruido y a residuos tóxicos. Dijo que la situación ha sido denunciada ante Corpourabá “sin que hasta el momento se hayan tomado medidas preventivas para evitar la contaminación ambiental”.
El dirigente y extrabajador bananero también denunció la contaminación del río Apartadó, de donde se surte el acueducto del municipio: “Tanto desde su nacimiento, como en su trayecto, el río está rodeado por fincas bananeras. El veneno es esparcido por las avionetas fumigadoras, cae al suelo y a los caños que rodean las plantaciones. Ese químico, después que llueve, alcanza al río Apartadó de donde se surte el acueducto. Así llega a nuestras casas”.
El Barrio Obrero es la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Sintracol), que ha acogido los casos de los trabajadores afectados citados a lo largo de este reportaje. Por las denuncias públicas del sindicato, algunos de sus miembros han sido víctimas de persecuciones y amenazas.
Es el caso de Luis Fernando Pertuz, dirigente de Sintracol, quien señala a un miembro activo del Ejército. Las amenazas ocurrieron durante una reunión con los afiliados al sindicato en agosto de 2018 en la finca La Chinita. Hablaban de temas laborales y de las aspersiones aéreas cuando “pasó una avioneta fumigando y nos echó veneno”.
Veinte minutos después de iniciada la reunión, otro hecho les causó más zozobra. “Llegó un señor en una moto, con casco cerrado. Entró a las oficinas de la finca, habló con el administrador y cuando salió se dirigió a nosotros: ‘¿Quién les dio permiso a ustedes de estar acá?, se van ya, o no respondo’”. Pertuz dice que quien los amenazó fue “el cabo tercero del Ejército Jorge Enrique Morelo”. “Activamos nuestro protocolo de seguridad y el cabo fue retenido por la Policía y llevado a la Estación de Apartadó. Allí, apenas verificaron que era un miembro activo del Ejército, le entregaron su arma y le permitieron tomar fotografías de nuestros documentos con su teléfono celular. Cuando se retiró, nos miró y se despidió de forma burlona”.
Según documentos de Sintracol, al cabo Jorge Enrique Mórelo la Fiscalía le abrió el 30 de agosto de 2018 un proceso de investigación por el delito amenazas.
Diofer Durango, presidente de la Seccional de Carepa de Sintracol y obrero bananero en Finca Lejanía de Agrícola El Retiro, va más allá en las denuncias. Se refiere a los procesos de certificación nacional e internacional del banano y asegura que existe un “amaño” protagonizado por ciertos productores bananeros, algunas comercializadoras de fruta y los encargados de hacer el peritaje.
Durango explicó que “una semana antes de llegar los auditores, los empresarios ya conocen la finca, fecha y hora en que se va a hacer la visita para la certificación. Desde ese instante, los administradores de algunas fincas empiezan a hacer el acomodo” y entregan mascarillas y gafas a los trabajadores, que luego de terminada la visita de certificación les quitan, y les instruyen sobre lo que deben decir a los peritos.
Sobre las fumigaciones afirma con rabia: “Es normal que a los trabajadores no les avisen cuando va a haber fumigación y en el mejor de los casos, los llevan a los casinos de las fincas, los cuales son destapados a los lados. Las avionetas pasan a baja altura y cerca de estos, lo que conlleva a que puedan ser bañados por el rocío de veneno. (…) Al trabajador tampoco le informan de los peligros de estar expuestos a los venenos usados en las fumigaciones”.
El representante del sindicato dice que estas situaciones las han denunciado ante las comercializadoras y ONG europeas que certifican, lo que ha desatado “una persecución por parte de Sintrainagro y los empresarios bananeros”.
¿Quién responde por las fumigaciones?
La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, evade respuestas claras aduciendo que no realiza “ninguna actividad relacionada con la fumigación”, pero, a la vez, asegura que “las operaciones de fumigaciones aéreas se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad en los que se da cumplimiento al decreto 1843 de 1991”, según su respuesta tardía a un derecho de petición.
A través de su presidente encargado Emerson Aguirre, Augura defiende los sobrevuelos: “no hay otra forma de combatir la enfermedad del banano Sigatoka Negra” (sic). Aunque en la página web de la entidad se promocionaba la existencia de una “solución natural para la Sigatoka Negra del banano”. Augura cuenta con estudios científicos sobre métodos alternativos para el control de la plaga como el uso de drones.
Desde el 18 de agosto de 2019, se enviaron derechos de petición a las empresas fumigadoras Calima, Caaisa y Fumigaray. Esta última no respondió. Ninguna entregó las certificaciones ambientales que se les solicitó, con el agravante de que Caaisa le reconoció a Corpourabá y a la UdeA, en julio de 2018, “no estar certificada en normas ambientales”. A pesar de ello, realiza tareas de fumigación.
Por su parte, Calima S.A.S., en la respuesta a un derecho de petición del 18 de agosto de 2019 dijo que suspendió el uso de Tridemorf “hace tres años”. “Actualmente no usamos Tridemorf ni otros agentes químicos basados en el Calixin”, indicó.
La respuesta contradice las pruebas recolectadas por Pacifista y La Liga, que evidencian su uso por lo menos hasta 2018. Calima S.A.S. tampoco entregó datos sobre los fungicidas usados para el control de las plagas en el banano y se limitó a responder que usa “diferentes marcas de fungicidas, todas ellas autorizadas y con registro de uso ICA”.
Caaisa, por su lado, respondió a un derecho de petición el 26 de septiembre de 2019 y negó tener conocimiento de la contaminación en centros poblados, sedes educativas u otros lugares con flujo de seres humanos, a pesar de haber asistido a la reunión de 24 de julio de 2018 en la Universidad de Antioquia, en la que además se comprometió a crear la franja de seguridad. Caaisa reconoce que “el tema de sobrevuelos” lo tiene “en análisis y esperamos que en las próximas aspersiones no se den”.
Las respuestas de Corpourabá
Pacifista y La Liga buscaron sin suerte a la directora de Corpourabá, Vanessa Paredes. La subdirectora de gestión ambiental, Kelis Hinestroza, sí accedió a una entrevista pero momentos antes de la cita pidió enviar las preguntas por correo electrónico.
Cuando se consultó por qué no se han tomado medidas por el vertimiento de residuos tóxicos, Corpourabá adujo que su función es “colaborar en la protección contra la contaminación de suelos y de aguas marinas y continentales”. De forma extraña, la corporación excluye al aire, pese a que la ley que reglamenta las funciones de las corporaciones autónomas regionales, como Corpourabá, contempla todos los recursos naturales y comprende el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a agua, aire y suelos.
Cuando se consultó a Corpourabá si la empresa Calima recibió sanciones o algún llamado de atención ante la evidencia sobrevuelos en lugares prohibidos, asperjando elementos tóxicos como ocurrió en la Universidad de Antioquia, su respuesta fue: “Dado que en la acción realizada no se incurrió en una afectación ambiental, no se inició investigación sancionatoria en contra de la empresa”. Tampoco ocurrió nada contra Calima.
Corpourabá reconoció, con respecto al Tridemorf, que Calima, Caaisa y Fumigaray presentaron “respuesta con las restricciones de uso de cada compañía”. Sin embargo, no aclaró que Calima reconoció el uso del fungicida. Los sobrevuelos continúan hasta hoy, entonces deja la duda de si Calima aún usa Tridemorf y de si el actuar de Corpourabá en estos casos está marcado por la negligencia.
Otros venenos que llueven en Urabá
Al no tener una respuesta clara de Augura, Corpourabá y las empresas fumigadoras sobre los químicos usados en reemplazo del Tridemorf para control de la sigatoka negra, Pacifista y La Liga hablaron con trabajadores de una empresa fumigadora, quienes pidieron la reserva de su identidad y mencionaron el uso de Clorotalonil, Volley y el Sico.
Entre los riesgos que se advierten sobre el Clorotalonil se menciona que “debe manipularse como Un Cancerígeno: Con Extrema Precaución (sic); puede causar hemorragia nasal, salpullido en la piel y podría afectar al riñón”, según un estudio del Estado de Nueva Jersey de junio de 2005, que se basó en los análisis hechos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
En cuanto al Volley, forma parte del grupo químico de la morfolina, según el Departamento de Salud de Nueva Jersey (EE.UU.), que señala las advertencias sobre la molécula tipo morfolina que “puede afectar por inhalación, puede ser absorbida a través de la piel, es una sustancia química corrosiva, al contacto puede producir graves irritaciones y quemaduras en la piel y ojos y puede producir daño ocular, podría causar daño el pulmón y hígado”.
Al igual que el Tridemorf, el Volley, según BASF, la empresa productora, es “peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión”. El Sico, de otra parte, es considerado por Syngenta, la empresa que lo produce, como “muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos duraderos en el ambiente acuático”. El principio activo de fungicida Sico es el Difenoconazol, para el que la empresa europea DC Fine Chemicals emite advertencias para su uso prolongado en la piel y los ojos.
Urabá es el único territorio antioqueño con mar y considerado como la mayor reserva acuífera del departamento. Cuenta con importantes ciénagas como las de Tumaradó y Tumaradocito y es atravesado por el río Atrato. Por su importancia ambiental y económica y por la población asentada en el lugar se hace urgente la aplicación de las normas establecidas y el control de las autoridades sobre procedimientos y productos que ponen en riesgo ecosistemas y vidas.
