Según fuentes del Ejército, la orden del presidente de Iván Duque es intensificar las operaciones militares en esta región del país.
No bastaron los gritos de auxilio de la comunidad indígena awá de Nariño, las medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ni las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo para impedir el asesinato de Holmes Alberto Niscue, líder del resguardo indígena awá del Gran Rosario, en Tumaco. A Niscue lo asesinaron dos sujetos armados el pasado domingo 19 de agosto, a tan solo 200 metros de la estación de Policía del corregimiento de la Guayacana.
Este asesinato estaba previsto. Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, el líder social recibió amenazas en junio por grupos armados al margen de la Ley, como el Frente Óliver Sinisterra, el cual es liderado por alias ‘Guacho’, quien ha intentado expandir su control las en zonas rurales de Tumaco, donde hay por lo menos 23.000 hectáreas de coca, según los últimos reportes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Este Frente, según el Ministerio de Defensa, cuenta cerca de 500 integrantes.
El caso de Holmes Alberto Niscue nos remite inevitablemente a la historia de José Jair Cortés, líder afro de Tumaco asesinado en octubre de 2017. En ambos casos están presentes los siguientes factores: los dos vivían en zonas con cultivos de coca, habían sido amenazados y, al conversar con el gobierno para implementar planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, se convirtieron en objetivos militares para las disidencias. La diferencia es que José Jair trabajaba en el corregimiento de Río Mira, cercano a la frontera de Ecuador, mientras que Niscue estaba lejos de la costa Pacífica, a dos horas de Tumaco. Que el Frente Oliver Sinisterra controle ambas zonas devela el poder que ha adquirido esta disidencia durante los últimos meses.
“Las comunidades del resguardo Gran Rosario quedan sin un líder que buscaba velar por la protección de quienes vivimos la guerra”, dijo la Unipa a través de un comunicado. Según Riber Nastacuas, consejero mayor awá, la situación, teniendo en cuenta los antecedentes, puede ser considerada como un “exterminio”. Las amenazas, cuenta, “son directas y se han hecho realidad. Estamos bastante preocupados por los enfrentamientos que se han presentado entre las disidencias y el Ejército Nacional. En esos enfrentamientos han muerto compañeros nuestros”.
En octubre del año pasado, recuerda el consejero, fueron asesinados dos integrantes de la comunidad awá en el mismo sector donde fue asesinado el líder social: la Guayacana, sector cercano al municipio de Llorente. Otros dos indígenas awá también fueron asesinados en la masacre del cinco de octubre en el sector El Tandil, donde la Fuerza Pública se enfrentó con comunidades campesinas que viven de los cultivos de coca. En febrero de este año, la misma comunidad denunció que el 90 % (un total de 199 familias) de la población del Resguardo Inda Guacaray se vieron obligados a salir de su comunidad por constantes amenazas de grupos armados.
Hasta el momento, la hipótesis de la comunidad awá es que a Holmes Alberto Niscue lo asesinaron por mediar entre el Ejército y las disidencias, quienes lo habrían visto como presunto colaborador de la Fuerza Pública. “El compañero se había reunido unos días antes con los grupos armados para que se hicieran a un lado y no afectaran a la población, por lo menos que no hicieran presencia cerca de los colegios. La comisión indígena le pidió al grupo armado que se retirara de ahí y luego entró el Ejército a combatir en esa zona y pues dijeron que el compañero era el culpable de que llegara el Ejército”, nos dijo el alto consejero.
La relación entre el gobierno y la comunidad awá se ha deteriorado. Por el momento la única presencia estatal es la del Ejército y los planes de sustitución de cultivos con la comunidad indígena no lograron concretarse. Pese a que los indígenas se han aferrado a las medidas cautelares de la CIDH, la situación tiende a empeorar. Con Iván Duque en la presidencia, nos confirmó una fuente del Ejército, “habrá más intensidad en el conflicto en Tumaco. El gobierno llegó apretando tuercas, exigiendo determinados objetivos, como ‘Guacho’, quien ha tenido un alto perfil por los medios de comunicación. Para este gobierno Santos fue muy laxo y los operativos tienen que dar resultados”.
Desde octubre de 2017, cuando fue asesinado Jair Cortés, el gobierno envió 6.000 efectivos de la Fuerza Pública a Tumaco en el marco del Plan Atlas, en el que se articulan Policía, Ejército y Fiscalía. Hasta el momento, el aumento de pie de fuerza no ha reflejado los resultados esperados por el gobierno, pues el Frente Oliver Sinisterra sigue controlando los cultivos de coca. Y el nivel de pobreza en Tumaco se mantiene en niveles muy altos: 84,3 % de la población, según el DANE.
