Tres Zonas de Reserva Campesina del Meta y Cundinamarca le ganaron una tutela a la Agencia Nacional de Tierras donde piden su reconocimiento y el respeto por el derecho a la tierra.
A través de una demanda, varias asociaciones campesinas, la organización Dejusticia y la Procuraduría General de la Nación pidieron que se reconozcan las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) de Sumapaz, en Cundinamarca, y de Losada-Guayabero y Güejar-Cafre, en el departamento del Meta.
Tras recibir la demanda en su despacho, el juez octavo de ejecución de penas de Bogotá tuteló los derechos de las comunidades campesinas y ordenó que en máximo 180 días se adopte una decisión definitiva frente a la conformación de las tres ZRC.
El juez aclaró que las ZRC materializan el derecho a la territorialidad campesina. Es importante para los campesinos tener el reconocimiento de sus tierras pues a través de las ZRC es posible promover y dar prioridad a la economía campesina, evitar el acaparamiento de terrenos y frenar la expansión de la frontera agrícola.
Con estas zonas, el medioambiente también se ve beneficiado. A través de los planes de desarrollo sostenible que incluyen las ZRC, se defiende el uso de la tierra y la producción campesina de una forma sostenible. Que las comunidades campesinas puedan cultivar alimentos en estas zonas garantiza una disminución de la deforestación, pues las tierras estarían libres de la ganadería extensiva y de los cultivos de uso ilícito.
Las tres ZRC mencionadas en la demanda empezaron el proceso de reconocimiento desde 2011. Hace cuatro años acreditaron que cumplen con todos los requerimientos para ser reservas campesinas, pero la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no ha dado continuidad al proceso. Para que las ZRC sean reconocidas, la ANT debe presentar las solicitudes en su consejo directivo, pues allí se aprueba o se niega el reconocimiento. Sin embargo, como lo explica Dejusticia, este paso no se ha querido dar.
“El campesinado tiene derecho a una territorialidad y una de sus manifestaciones más importantes son las Zonas de Reserva Campesina, que adquirieron con el Acuerdo de paz un cierto estatus constitucional”, dice Rodrigo Uprimny, investigador y cofundador de Dejusticia. Desde la creación de estas zonas, en 1994, apenas se ha logrado el reconocimiento de siete. En los últimos años se presentaron 23 solicitudes más, pero todavía no hay una respuesta de la ANT.
Las organizaciones y asociaciones campesinas que interpusieron la tutela el pasado 16 de diciembre son la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz), la Asociación Campesina para la Agricultura Orgánica y el Comercio Justo en la Cuenca del Río Güéjar (Agrogüejar) y la Asociación Campesina Ambiental del Losada-Guayabero (Ascal-G).
Además de pedir el reconocimiento de las tres ZRC, estas organizaciones y asociaciones le solicitan a la ANT que garantice la implementación del plan de desarrollo sostenible en cada espacio y que se fortalezcan todas las zonas en el marco del cumplimiento del Acuerdo de paz.
“Existe una mezcla de falta de voluntad política e incumplimiento de la ley en todo el país. Les han puesto talanqueras a los procesos buscando beneficiar otros intereses económicos en las regiones”, comenta Arnobis Zapata, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc).
Con el fallo, ¿ahora qué sigue? El juez dio un plazo máximo de seis meses a la ANT para que implemente un plan de acción y tome una decisión de fondo sobre las tres ZRC. Además, le pidió a su consejo directivo que en casos futuros no incurra en las mismas omisiones que obligaron a interponer esta tutela.
Por acá les dejamos la tutela que presentaron Dejusticia y las asociaciones campesinas.
