Estos son los resultados del más reciente informe de la la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) .
Los datos lo van demostrando: 2019 es un año convulsionado, en el que la violencia ha escalado. La ONU, en su último reporte sobre desplazamiento forzado y afectaciones del conflicto a la sociedad civil, hizo un llamado de atención por casos preocupantes que se están volviendo repetitivos. Por solo mencionar uno: el pasado 22 de marzo fueron desplazadas 2.159 personas en Córdoba y Antioquia por continuos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. La ONU fue contundente: “desde agosto de 2011 no se registraba un desplazamiento de tantas personas” (en agosto 06 de 2011, más de 1.300 personas se desplazaron en Tierralta, Córdoba).
El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) da varias luces sobre lo que está pasando en el país. Solo en los primeros dos meses de este año, encontraron que 2.049 personas habían sido desplazadas por nueve eventos masivos, principalmente en Nariño y Norte de Santander. Con la situación en el sur de Córdoba y en el norte de Antioquia, el panorama se complica mucho más y ya no hablamos de 2.049 desplazados sino, por lo menos, de más de 5.000. “Los enfrentamientos entre diferentes grupos armados (61%) y los combates (33%), estos últimos con participación de las Fuerzas Armadas, son la principal causa de estos eventos, dada la relación e interés por las economías ilícitas (cultivos de uso ilícito, minería ilegal)”, señala el reporte.
Los problemas no se limitan a los del desplazamiento forzado, que de por sí son complejos. También existen restricciones de movilidad que afectan a los pobladores de Córdoba, Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander. “Aproximadamente 49.895 personas que habitan en comunidades vulnerables se han visto afectadas en los sectores de salud, educación y seguridad alimentaria, por las limitaciones de acceso a medios de vida para el sustento diario y generación de ingresos. Es importante destacar que los datos registrados no corresponden a la totalidad de este impacto, pero representan un indicador de la tendencia en lugares donde se logra obtener la información”.
La población civil, como siempre ha sucedido, es la más afectada en la reactivación de la guerra. Después de la salida de las Farc de regiones como Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Cauca y Córdoba, la ONU encontró que aumentaron los homicidios intencionales en un 64% – en comparación con el mismo periodo del año anterior – y las heridas de civiles por acción bélica en un 75% – y los casos de tortura y violencia sexual en un 250% y 200% respectivamente. Los casos de tortura, dice el informe, se han hecho frecuentes en Arauca, Norte de Santander, Cauca y Nariño. ¿Las víctimas? Principalmente líderes comunitarios y mujeres.
Este escalamiento de la violencia también ha quedado registrado en los asesinatos a líderes sociales. “Varios son los reportes que refuerzan la preocupación por los ataques a la población civil en 2019. La Defensoría del Pueblo ha indicado que solo en el mes de enero fueron asesinados 15 líderes y lideresas sociales (178 fueron asesinados en todo el 2018)”. De acuerdo con nuestro contador de líderes sociales en ¡PACIFISTA!, desde que comenzó a implementarse el Acuerdo de Paz han sido asesinados 174 líderes sociales. Pese a que el presidente Iván Duque declaró 75 municipios libres de minas antipersonales, en el transcurso de 2019 se han registrado 103 hallazgos de minas y 24 víctimas por estos explosivos. En 2018, agrega el informe, hubo 179 víctimas por esta misma causa.
Afectaciones por ataques a oleoductos en 2019
En 2018, los ataques a oleoductos atribuidos al ELN fueron 107. Durante los primeros dos meses de 2019, el número de ataques fue 13. Estos últimos ataques se han concentrado en las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador, afectando a cinco departamentos y causando un desplazamiento masivo.
Los ataques a oleoductos producen derrames de petróleo que afectan la flora y fauna, el acceso a agua de las comunidades y ocasiona pérdidas en los cultivos que son sustento para muchas familias. En Barbacoas, Nariño, al menos 23 familias pertenecientes a comunidades indígenas fueron desplazadas tras el ataque al Oleoducto Trasandino. Del mismo modo, el ataque al oleoducto Caño Limón Coveñas privó a 1.500 personas de acceso al agua, pues el derrame de petróleo causado llegó hasta el río Catatumbo, uno de los más importantes del país.
En cuanto a las acciones armadas, son varios los grupos a los que se puede atribuir la culpa. Aproximadamente, el 14% de los ataques hechos entre enero y febrero de 2019 se pueden atribuir al ELN, mientras que el 29% se han dado por enfrentamientos entre el ejército y diferentes grupos armados, el 8% por disidencias de las Farc y el 25% han sido de autores desconocidos.
La mesa de diálogos con el ELN fue cerrada, tras haber estado suspendida por un año y medio, como consecuencia de la bomba que puso este grupo a la Escuela de cadetes de la policía en Bogotá el 17 de enero.
El gobierno aseguró frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en febrero de 2019, que en Colombia no se puede hablar de la existencia de un conflicto armado al referirse al ELN, contradiciendo a organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a organizaciones de la sociedad civil.
La situación en la frontera con Venezuela y los migrantes
Por otro lado, el boletín de la OCHA trata la doble afectación de venezolanos y colombianos en Norte de Santander, que en el presente año se ha urbanizado; es decir, el conflicto se ha trasladado a la zona urbana de Cúcuta. En esta zona, grupos como “Los Rastrojos”, “La Línea” y los “Botas de Caucho” se disputan el control en la zona fronteriza del tráfico de migrantes y el contrabando. Se estima que en la frontera con Venezuela se encuentran al menos 25,000 migrantes expuestos a estos grupos.
Entre enero y febrero de este año los conflictos armados entre la Fuerza Pública y el ELN en la región fronteriza ha generado tres desplazamientos masivos, la revictimización de 574 personas de comunidades en el marco del conflicto armado y el asesinato de 89 personas, de las cuales 25 eran migrantes.
Además de los riesgos que suponen los enfrentamientos armados, una gran parte de la población en la frontera con Venezuela se encuentra en estado de vulnerabilidad por carencias de los servicios básicos de salud y alimentación. Además de esto, el informe enfatiza en que vale la pena tener en cuenta que hay un número elevado de subregistro de la cantidad de migrantes que ingresan al país de maneras irregulares.
