OPINIÓN Los procesos de reconstrucción de memoria deben hacer más visibles los relatos de quienes no han gozado de protagonismo.
Columnista: Max Yuri Gil Ramírez
En los últimos 20 años Colombia ha vivido una explosión de iniciativas de recuperación de la memoria de las víctimas del conflicto. Se trata de propuestas estatales y desde la sociedad civil que, de cara al posconflicto, serán centrales para avanzar en la reconstrucción del tejido social devastado por años de guerra y barbarie.
Estos procesos no están exentos de conflictos y contradicciones. Por el contrario, son un campo de disputa y de relaciones asimétricas, por lo que un tratamiento democrático será fundamental para promover la pluralidad de memorias que requiere una sociedad que busca la reconciliación.
El tema de la memoria ha sido objeto de interés de las ciencias sociales y humanas. Sus primeros abordajes lo consideraron más como un proceso individual, en el que alguien recuerda, selecciona y prioriza sus experiencias de vida y las dota de sentido y significado.
(Vea también: Los retos de la Alcaldía de Medellín frente al proceso de paz)
Posteriormente, se empezó a hablar de memoria colectiva, ligada a los procesos de identidad étnica, racial, de género y, más recientemente, de diversidades sexuales. Y si bien se reconoce que hablar de memoria colectiva implica una cierta abstracción, es más que la sumatoria de varias memorias individuales.
Los procesos de violencia sistemática vividos en sociedades víctimas de regímenes totalitarios o de conflictos armados han generado altos niveles de victimización para millones de personas. Esta situación se ha convertido en objeto de deliberación pública y uno de sus productos es la construcción de un conjunto de derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral, la satisfacción y las garantías de no repetición.
A diferencia de los trabajos sobre memoria colectiva e identidad, los procesos de reconstrucción de memoria con víctimas de violaciones de derechos humanos parten de la necesidad del reconocer el impacto individual y colectivo y, también, los daños a grupos de pobladores y a la sociedad en general. Surgen entonces las necesidades de trabajar para superar la afectación y de disponer todo lo necesario para que reconstruyan sus proyectos de vida.
Este debate ha mostrado que la verdad es un derecho fundamental de las víctimas, pero que ellas son libres de elegir si reconstruyen la memoria de los graves hechos que han vivido, si recuerdan u olvidan. También, que la verdad es una obligación del Estado y que, por ello, se debe establecer la memoria histórica de lo que ha pasado, identificar responsabilidades, y esclarecer los objetivos y las estrategias utilizadas por sectores de la sociedad y por grupos armados para la consecución de sus pretensiones.
Entonces, a pesar de la complejidad de las dinámicas de violencia, no se puede generalizar y decir que todos somos responsables, que todos somos víctimas y victimarios.
La igualación de todos, de víctimas y victimarios, es un falsa actuación democrática.
En los procesos de reconstrucción de memoria la lucha por la legitimidad también se extiende a los relatos. De allí la proliferación de versiones por medio de las cuales los sectores sociales y los grupos armados, incluyendo las organizaciones estatales, explican y justifican los motivos que tuvieron, unos para defender el orden y otros para impugnarlo. Como dice la profesora Maria Teresa Uribe, las guerras se libran y se narran.
Solo en el caso de grupos totalmente derrotados pueden esperarse memorias vergonzantes y de arrepentimiento, pues lo normal será que todos se identifiquen como héroes y mártires que tuvieron que hacer uso de la violencia como último recurso para defender la patria, para defender la propiedad o para alcanzar la justicia social. Será normal que los victimarios, en sus explicaciones, justifiquen sus actos y extiendan un manto de sospecha sobre la inocencia de las víctimas.
En contextos de transición existe el riesgo de confundir, en aras de la reconciliación, la comprensión de los factores que llevaron a la violencia. La evasión de la responsabilidad y la igualación de todos, de víctimas y victimarios, es una falsa actuación democrática.
(Vea también: Los museos no deben ser de las víctimas ni de los victimarios: Adriana Valderrama)
No todas las verdades lo son, hubo víctimas y victimarios, hubo ganadores y perdedores, hubo quienes se beneficiaron de la guerra y se apropiaron de tierras y recursos, y hubo quienes sufrieron despojo y marginación. Y aunque haya discursos para explicar y justificar lo que pasó, no se puede caer en el relativismo de que todo fue justificado, de que todas las justificaciones valen.
Así mismo, no todas las memorias tienen el mismo nivel de reconocimiento, ni se originan en lugares con el mismo valor social y simbólico, ni han recibido el mismo tratamiento de visibilización y escucha. También en esto se expresan las desigualdades sociales exacerbadas por la confrontación armada.
Un enfoque democrático en los procesos de reconstrucción de memoria debe hacer visibles las voces de quienes no han gozado de protagonismo en el poder ni en los medios de comunicación, a diferencia de quienes de entrada gozaban de la legitimidad y han tenido espacio más que suficiente para transmitir sus relatos sobre la violencia, su responsabilidad y sus procesos de victimización.
Entonces, se debe reconocer que hay diferencias entre unos y otros para facilitar que aparezcan relatos que han quedado en la marginalidad. Trabajos de memoria histórica como los realizados por entidades estatales o la sociedad civil, con la participación activa de las víctimas, hacen audibles esas voces, contribuyen a la compresión de la victimización de poblaciones y territorios, y son una forma justa de resarcimiento que permite avanzar en garantías de no repetición.
Reforzar los relatos de los victimarios solo conduce a la revictimización y a mantener la justificación de la barbarie.
Reforzar los relatos de los victimarios solo conduce a la revictimización y a mantener la justificación de la barbarie. Es obvio que ellos también pueden producir sus relatos y divulgar sus explicaciones, pero el papel del Estado y la sociedad democrática es potenciar los relatos de las víctimas.
También se debe tener claro que el Estado no fue un tercero impotente ni un árbitro rebasado por las circunstancias y debe reconocer su responsabilidad en la guerra. En cuanto a la verdad, como lo exigen los instrumentos internacionales, debe cumplir con su mayor esfuerzo por garantizarla, como un derecho de las víctimas y como un deber institucional.
El papel del Estado no es construir una verdad oficial, ni apoyar solo aquellas expresiones de las organizaciones de víctimas que sean más funcionales a las prácticas institucionales. Todas sus acciones deben regirse por el imperativo de contribuir al restablecimiento de los derechos de las víctimas y a que la memoria sea una condición básica para que nunca más la sociedad repita el horror de lo vivido.
