El Centro Nacional de Memoria Histórica presenta este hecho como un genocidio, término que no ha sido utilizado en instancias jurídicas nacionales ni en las internacionales.
La Unión Patriótica fue un movimiento político que surgió en 1985 producto de los diálogos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las Farc. Lo que pretendía ser la inclusión social y política de un movimiento importante de la izquierda en Colombia y la puerta para el tránsito de las Farc a la vida sin armas terminó siendo uno de los exterminios más dolorosos y notorios de nuestra historia. Aún hoy, cuando la Unión Patriótica volvió a la política más de 20 años después del exterminio, hay algunas heridas abiertas.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzó un informe de 500 páginas que incluye testimonios, cifras y explicaciones que hablan de lo que fueron las causas, el desarrollo y las consecuencias del exterminio a la Unión Patriótica en el tiempo entre el acuerdo de paz en la Uribe, Meta en 1984 y la suspensión de su personería como partido político en 2002.
El texto se llama ‘Todo pasó frente a nuestros ojos, genocidio de la Unión Patriótica’, y lo describe como una tragedia nacional que debe dimensionarse así por el daño que le causó a la democracia en Colombia, pues provocó que quedara el imaginario de que en nuestro país “no hay espacios para las expresiones políticas disidentes u opuestas al régimen tradicional”. Explica también que la UP fue víctima de una violencia sistemática y generalizada de la que fueron responsables redes criminales y parte de la sociedad y la institucionalidad por acción o por omisión.
Estas son algunas claves de lo extraído del documento:
Las víctimas
De acuerdo con las cifras recogidas por el CNMH, el ejercicio de la violencia contra la UP entre años 1984 y 2002 dejó, por lo menos, 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. De estas, 3.122 fueron víctimas de asesinato selectivo, 544 lo fueron de desaparición forzada y 478 fueron asesinadas en masacres. Hubo 3.726 hombres y 371 mujeres, y la mayoría de los casos fueron de personas entre los 18 y 45 años.
Además de estos números, el Centro tiene en cuenta los datos de la ONG Reiniciar, que registra 2.049 sobrevivientes de amenazas, intentos de homicidio, tortura, violencia sexual, detención arbitraria, judicializaciones infundadas, desplazamiento forzado y exilio. La mayor parte de estos casos (1.098) fueron de desplazamiento y exilio, y le siguen 353 casos de amenaza y 249 de intento de homicidio. Con esto, el número de víctimas asciende a 6.201 personas, con lo que cada 22 horas hubo una en promedio. Si se tienen en cuenta los asesinatos y los desaparecidos, en promedio cada 33 horas hubo una víctima, es decir, cada día y medio.
Se advierte que tener un rol de liderazgo social y político conllevaba un grado alto de vulnerabilidad. 868 víctimas de asesinato o desaparición forzada eran líderes o dirigentes políticos, lo que equivale a un 20,1 por ciento del total de las víctimas, o sea una de cada cinco víctimas. Sobre el liderazgo, 300 víctimas de la UP eran líderes campesinos, comunitarios, cívicos, estudiantiles, sindicales, líderes indígenas o dirigentes del movimiento político.
El documento advierte que “el liderazgo implicó visibilidad y notoriedad en la vida pública de la UP como movimiento político, así que el ataque contra los liderazgos era un acción intencional y deliberada que no se agotaba en la víctima, sino que la trascendía para provocar una desestabilización de todo el movimiento y sus comunidades de base: un daño individual que era a la vez un daño colectivo”.
Respecto a la participación en cargos dentro de la gestión pública, 264 víctimas eran funcionarios, de los que 227 fueron elegidos a cargos públicos por voto popular: fueron 165 concejales, 14 diputados, 6 congresistas y 17 alcaldes, con lo que el exterminio se dio en el poder legislativo y ejecutivo del nivel local, regional y nacional, incluso después de que las víctimas dejaran el cargo.
Causas
Para el CNMH, la violencia contra la UP se debió a cuatro fenómenos nacionales: las negociaciones de paz entre las Farc y el gobierno en la opinión pública, la implementación de una política de seguridad nacional que no distinguía a combatientes de civiles, las transformaciones del Estado y del régimen político, la entrada del neoliberalismo y la consolidación de economías cocaleras acompañadas por el auge del narcotráfico.
Para resaltar está la política de seguridad colombiana de la época, pues según el informe “proveyó a los victimarios de fuentes de legitimación y formas de acción”. La orientación de esta política estuvo en manos del Ejército y su aplicación fue responsabilidad de la fuerza pública, la Policía y los servicios administrativos de seguridad. A esto se le suma la identidad ideológica anticomunista en todo el continente promovida por Estados Unidos, cuya aplicación hacía que no se distinguieran entre personas alzadas en armas y líderes políticos o militantes pacíficos que hacían oposición a la derecha.
La descentralización político-administrativa y la apertura del sistema de partidos que sucedió en la época también fue un factor que contribuyó a la victimización de la UP. El proceso que siguió a las reformas quedó marcado por intercambios violentos que significaron el cierre del régimen para las fuerzas de oposición. Por otro lado, este tiempo tuvo el cambio del modelo económico al neoliberal, que favoreció más en su momento a los dueños de las empresas de sectores minero-energéticos y agroindustriales, en detrimento de los trabajadores.
También esta época coincidió con la consolidación del narcotráfico y las economías cocaleras en el país, que terminó siendo un factor que afectó a la UP por los conflictos entre las primeras generaciones de los narcotraficantes y las Farc por la diferencia de intereses entre los productores y los traficantes. Influyó el control territorial y las relaciones entre los narcotraficantes y el Estado para una “alianza contrainsurgente”.
Del mismo modo, el análisis del CNMH deja claro que aunque los ataques contra la UP ocurrieron en un contexto de intensa violencia política en el país, en este caso hubo un carácter más selectivo que tiene una relación directa con su éxito electoral. Para las elecciones presidenciales de 1986, la Unión Patriótica obtuvo el tercer lugar, y llegó a tener presencia en el Congreso, en los Concejos, en las Asambleas Departamentales y en las Alcaldías.
Responsables
Para casi 3.000 casos de victimización a la UP, el CNMH tiene datos de los perpetradores: los principales son los grupos paramilitares con 2.120 víctimas (71,5 por ciento), seguidos de agentes de Estado con 486 víctimas (16,4 por ciento) y agentes de Estado en acción conjunta con los grupos paramilitares con 187 víctimas (6,2 por ciento).
Esto significa que el 94,1 por ciento de la violencia contra la UP ha sido, presuntamente, perpetrada por los distintos grupos paramilitares y por agentes de Estado. Esto, según el documento, indica el “efecto perverso” de la privatización de la estrategia contrainsurgente promovida por el Estado. “No puede desarrollarse en simultáneo una democratización política que abre el juego a la competencia electoral, con una privatización de la estrategia contrainsurgente que pone las armas en manos de los particulares, pues no hay democratización política que sea compatible con una democratización violenta”, dice el texto.
-
Invitación paramilitar del Quindío en los años 80 | Foto: CNMH
Entre los agentes de Estado que cometieron estos crímenes, el 70,8 por ciento de los casos se le atribuyen a miembros del Ejército Nacional, el 16,7 por ciento a miembros de la Policía y el 3,5 por ciento le corresponde a agentes del extinto (Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Las principales modalidades de ataque utilizadas por los perpetradores de los crímenes contra la Unión Patriótica fueron asalto (27,5 por ciento), sicariato (21 por ciento) y 160 retención o ejecución (19,7 por ciento). Estas tres modalidades de ataque concentraron el 68,5 por ciento de los casos, o sea dos de cada tres.
Consecuencias
El documento describe que la violencia perpetrada contra la UP dejó profundas huellas en los sobrevivientes, en los familiares, en el movimiento político y en el conjunto de la sociedad colombiana. Cambió la vida de las víctimas de muchas formas, afectó su salud física y emocional, implicó que cambiaran sus proyectos de vida y les imposibilitó organizarse y manifestarse políticamente.
El daño se dio hacia la militancia de la Unión Patriótica y sus familias, sus proyectos de vida políticos, económicos, familiares y al colectivo como partido, al punto de hacerle perder su personería jurídica en 2002 e impedirle participar en las elecciones de ese año. La victimización de la UP también generó un daño que se extendió a las comunidades locales, al perderse prácticas sociales y políticas cotidianas y concretas, de participación y liderazgo público que eran propias de la construcción del movimiento y su acción política.
Por ejemplo, en el municipio de Segovia del nordeste antioqueño, el CNMH constató que “la masacre del 11 de noviembre de 1988 tuvo como móvil el castigo a los pobladores por haber apoyado y elegido como alcalde a una representante upecista; los hechos violentos generaron terror y desconfianza entre la población y entre los militantes, conduciendo al silenciamiento de su identidad, así como al resguardo de su participación pública y de su organización política”.
Se describe también el daño a las mujeres, correspondiente al 10 por ciento del total de las víctimas, que por el hecho de ser mujeres y pertenecer la Unión Patriótica fueron vulnerados en sus derechos humanos. Se caracteriza además el daño a la democracia y al ejercicio de la ciudadanía, con el efecto no solo del asesinato de los pertenecientes a los partidos sino del exilio de algunos de ellos, como le sucedió por ejemplo a Imelda Daza y Aída Avella.
Impunidad
El texto define a la impunidad para el caso de el exterminio contra la Unión Patriótica como “la falta, en su conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condenas apropiadas (penales, civiles, administrativas o disciplinarias) de los responsables de las violaciones y el esclarecimiento de los patrones criminales cometidos”.
La victimización de la UP se ha caracterizado por una respuesta deficitaria del Estado, en particular por parte de la justicia. El documento describe que institucionalmente se falló en la protección de los derechos humanos, a la vida e integridad personal, la libertad y la seguridad, aun cuando hubo sistematicidad en los crímenes y móviles y autores similares. Dice, además, que no se concretaron las garantías para la asociación y participación política, y hubo carencia de protección.
Esto ha resultado en que el caso colectivo de las víctimas de la Unión Patriótica no se ha juzgado todavía como un genocidio político por parte de tribunales nacionales ni internacionales, y mucho menos por parte de las autoridades nacionales. Hasta ahora, se ha hecho referencia a los crímenes y violaciones a los derechos humanos como un exterminio, una eliminación progresiva, un ataque sistemático o un delito de lesa humanidad, pero no como un genocidio.
El documento, finalmente, reconoce la existencia de casos en los que los distintos operadores judiciales involucrados se implicaron en la victimización de los miembros de la UP, con lo que también hubo procesos de “impunidad delictuosa”.
