Insisten en que es evidente que el prohibicionismo fracasó.
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Foto vía flickr. Modificada por Melissa Vásquez.
“Los gobiernos nacionales deben liberarse urgentemente de las restricciones de este arcaico y punitivo marco legal”, pidió con vehemencia la Comisión Global de Política de Drogas en su último informe, titulado Avanzando la reforma de la política de drogas: un nuevo enfoque para la descriminalización.
Insistió, además, en que causan más daño las políticas para combatir la drogas que las drogas en sí mismas. El llamado concreto es a la descriminalización y la regulación como los caminos más viables para hacerle frente al problema de las drogas, pues “la evidencia de qué tan dañinas son las leyes contra las sustancias es irrefutable”.
La comisión, integrada por personalidades como el exsecretario de Naciones Unidas Kofi Annan, el escritor peruano Mario Vargas Llosa y varios ex presidentes del mundo, entre los que está por Colombia, César Gaviria, demuestra a lo largo del informe de 2016 por qué considera que las políticas prohibicionistas y criminalizadoras son un fracaso.
Solo por citar un ejemplo, en 2003, se estimaba que, a nivel global, 185 millones de personas entre los 15 y 64 años había consumido alguna droga ilícita en el último año, para el 2014, esa cifra se había incrementado en un 33%, pasando a 247 millones de personas.
Y es que esa idea de un mundo libre de drogas, en la que se ha basado el enfoque punitivo y prohibicionista, se aleja cada vez más de lo posible. “Creo que las drogas han destruido muchas vidas, pero las políticas erróneas de los gobiernos han destruido muchas más”, admitió Kofi Annan en 2015.
Pero no es solo una cuestión de cifras, esa idea de un mundo libre de drogas es imposible si se es consciente de que las drogas han acompañado a los seres humanos a lo largo de su historia. Por eso el informe aboga con intensidad en cambiar la manera en que se mira no solo a las sustancias sino a quienes las consumen. Despojarse de prejuicios y empezar a respetar los derechos y la dignidad, sobre todo el derecho a la privacidad, a que la gente decida si consumir o no y se le respete.
“Las personas que usan drogas deben ser reconocidas como miembros iguales y responsables de la sociedad, con todos sus derechos y dignidad (…) Es tiempo de retar la forma en la que las sociedades ven las sustancias y a aquellos que las usan”, dice el documento.
De acuerdo con la comisión, entre los daños que ha causado la prohibición se suelen destacar siempre los más visibles, los encarcelamientos masivos; los abusos a los derechos humanos, que van desde la pena de muerte hasta las ejecuciones extrajudiciales; la crisis en la salud pública; los programas inhumanos de tratamiento y rehabilitación; y la brutalidad policíaca, entre otros. Sin embargo, se olvidan otros daños, los que causan los prejuicios y la estigmatización, que marginalizan y cohíben las libertades individuales.
El modelo que propone el documento apunta a la descriminalización de la posesión personal de drogas, que evitaría que los usuarios sean criminalizados y haya alternativas distintas al encarcelamiento. Con la regulación, se les quitaría el negocio a los narcos, que hoy excede los $320 billones de dólares anuales. Y, en términos de salud, propone que sean los gobiernos los que estén a cargo de las sustancias ilícitas pues “ya que, son potencialmente dañinas, deben ser reguladas por gobiernos responsables, quienes están a cargo del bienestar de su población”, no por criminales.
A lo largo del informe también se cotejan experiencias tanto de prohibición como de descriminalización, así como sus éxitos y fracasos. Las más destacadas y opuestas podrían ser las de Portugal y Filipinas. El primero descriminalizó la posesión de todas las sustancias ilícitas en 2001, incluida la heroína. Los resultados, entre otros, han sido: la reducción del uso de drogas y de los índices de transmisión de VIH en poblaciones consumidoras y vulnerables; igualmente, se redujeron significativamente las muertes relacionadas con el uso de sustancias, hubo un declive en el número de delitos relacionados con drogas y disminuyó el número de personas encarceladas por delitos relacionados con estupefacientes.
Por su parte, Filipinas ha hecho todo lo contrario. Desde que empezó su campaña para gobernar ese país, Rodrigo Duterte prometió, “si asumo la Presidencia, puedo garantizar que no va a haber una limpieza sin derramamiento de sangre” y calculó que en su cruzada contra las drogas acabaría con la vida de unas 100.000 personas.
Y lo está cumpliendo, a octubre de 2016, en cuatro meses de gobierno, la cifra oficial llegó a los 4.726 muertos (1.725 en operaciones policiales y 3.001 a manos de aquellos que decidieron tomar justicia por mano propia); 32.000 detenciones y unas 750.000 entregas voluntarias. Todas, personas señaladas de estar relacionados con delitos de drogas.
Esta iniciativa filipina contra las drogas y el narcotráfico también incluye a funcionarios corruptos. Tanto así que, en agosto, el Gobierno publicó una lista con los nombres de 160 personas entre jueces, políticos, policías y militares acusados de tráfico de drogas o de ayudar a los narcos.
Las diferencias en los enfoques y en los resultados son evidentes.
Teniendo en cuenta estos y otros ejemplos, la comisión insiste en que es hora de descriminalizar y regular. “Solo así se podrá mitigar la destrucción de la sociedad causada por la prohibición de las drogas. Es tiempo de tomar el control”.
