Entre 2013 y 2019, según un informe de varias organizaciones, fueron violentadas 1.399 lideresas y defensoras de derechos en el país. No solo las agreden físicamente, también las discriminan por ser mujeres.
Las lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia sufren sistemáticamente todo tipo de violencias debido a sus causas y luchas. Entre 2013 y 2019 ellas fueron víctimas de 1.399 agresiones que van desde la amenaza hasta el asesinato. Estos datos los reveló el informe ‘Defensoras: voces de vida y resistencia‘, elaborado por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL), el programa Somos Defensores, Sisma Mujer y las plataformas de mujeres Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y GPaz.
Además de enumerar y clasificar los tipos de violencia, el informe demuestra que las lideresas y defensoras también están expuestas a la discriminación por el género, al machismo y a las expresiones sexistas. Es decir, fueron doblemente vulnerables: por ser mujeres y por sus liderazgos. Las agresiones más recurrentes contra ellas en los años que cubre el informe fueron las amenazas (1.132 casos), los asesinatos (84) y los atentados (57).
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), del Programa Somos Defensores, fue el encargado de recopilar la información. Según este sistema, los territorios con baja o nula presencia del Estado aumentan los riesgos en seguridad para las lideresas y las defensoras.
Las amenazas son la violencia que más sufrieron ellas, pues representan un 85 por ciento del total de las agresiones. Bogotá es la zona del país donde más las intimidaron, con 483 casos. Sin embargo, son muchas las violencias a las que se enfrentaron. Solo por enumerar algunas: asesinatos, atentados (donde algunas resultaron heridas), judicializaciones, desapariciones forzadas, robo de información y abusos sexuales. Para las organizaciones que presentaron el informe preocupa que estas agresiones crecieron, especialmente en regiones alejadas a las grandes ciudades, y que debido al subregistro no es tan claro cuántas víctimas hay de estas violencias.
Ahora, cabe resaltar que ese subregistro puede deberse a la poca presencia del Estado en los territorios, la falta de mecanismos de seguimiento y el poco o nulo enfoque de género en los liderazgos sociales. Estas son barreras que dificultan conocer realmente cuántas lideresas y defensoras fueron agredidas. Adicional, el miedo a ser nuevamente violentadas o que sus familias resulten afectadas hace que guarden silencio y no denuncien ante las autoridades.
Cauca, Antioquia y Norte de Santander son los departamentos en los que más asesinaron a lideresas y defensoras, según el informe. Es una práctica que va en aumento, pues en 2018 se registraron 15 homicidios mientras que en 2019 la cifra llegó a 19. Que las repriman y las amenacen es constante, especialmente por parte de grupos armados ilegales. Esto es un obstáculo más en la defensa de sus causas, ya que la mayoría no trabaja en la mejores condiciones.
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La defensa de la tierra, del medioambiente y del territorio fue el liderazgo más atacado. Por otro lado, las lideresas y defensoras indígenas recibieron 118 agresiones físicas, las comunitarias registraron 75 casos, las campesinas y las defensoras de víctimas acumularon 68 cada una y las afrodescendientes identificaron 63.
Los principales responsables de las violencias, señala el informe, son los grupos paramilitares, a los que se les atribuyen al menos 880 casos. Le siguen las disidencias de las Farc, el Eln y agentes del Estado, aunque este último responsable no está involucrado en agresiones físicas. Sin embargo, tiene la tarea de dar medidas de prevención, protección y garantías de no repetición de violencias contra las lideresas y defensoras, algo que está incumpliendo.
En 2008 la Corte Constitucional ordenó la creación de programas para combatir las causas estructurales que afectan el liderazgo social y la discriminación de género de esos procesos. “Es más difícil esta actividad (el liderazgo) cuando se trata de mujeres defensoras de derechos humanos, pues no puede perderse de vista que la sola condición de mujer es un factor que agrava la situación de riesgo”, aseguró esa alta corte en 2015. Con esto se le pidió al Estado dar las garantías mínimas para que ellas puedan defender sus causas.
Desde la intervención de la Corte en 2008, las organizaciones y movimientos sociales de mujeres han logrado, entre otras cosas, la inclusión del enfoque diferencial de género dentro de la Unidad Nacional de Protección, la creación de un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas, la participación de representantes de organizaciones de mujeres en todo tipo de escenarios y la incorporación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos (PIGMLD) en el Plan Nacional de Desarrollo.
