Somos las mujeres las que debemos decidir sobre el aborto, nadie más. Ni la pareja, ni el Estado, ni las iglesias.
El pasado 24 de octubre, el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, dijo que desarrollaría un protocolo de atención que excluya al aborto como opción para las mujeres. No era una sorpresa (sobre todo si se tiene en cuenta que Uribe ha hecho alianzas con sectores conservadores y cristianos para llegar al Palacio de Liévano). En todo caso, volvió a poner el dedo en la llaga en uno de los temas más sensibles en el debate actual tanto en Colombia como en el mundo: la relación del Estado con el aborto.
En Colombia, el aborto continúa siendo un gran desafío para las mujeres.
Parece innecesario recordar que la disputa sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres y con el reconocimiento de sus capacidades para decidir sobre sí mismas y sus proyectos de vida. Pero no lo es. De hecho, reconocerlo y evocarlo es uno de los objetivos más fuertes que tiene la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres: un conjunto de activistas feministas y académicas que surgió en 1998 como un espacio de acción colectiva para trabajar en torno al tema del aborto en Colombia.
El pasado 14 de agosto, Florence Thomas, Beatriz Quintero y Ana Cristina González, activistas y cofundadoras de la Mesa, se dirigieron a varios medios de comunicación para presentar Causa Justa una iniciativa colectiva que busca informar sobre esta problemática desde diferentes áreas (derecho, psicología, laicismo) y, de esa manera, incentivar a las personas a tener una opinión más amplia e integral. “Esto es una invitación a sumarse a la causa justa, para que conozcan lo que estamos arrancando como Mesa: un trabajo pedagógico con distintas audiencias porque la idea es sentarnos, conversar, compartir, explicar, entregar información para amplificar y entrar esta conversación en el debate público colombiano”, afirma Ana Cristina González, quien dirigió el conversatorio. Se llama “Causa Justa porque lo que busca es que ninguna mujer vaya presa, ni sea criminalizada por el delito de aborto”, continuó explicando.
La Mesa ha trabajado tres años en este proyecto con el apoyo de organizaciones como la Fundación Oriéntame, la Red Nacional de Mujeres, la Casa de la Mujer, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, ente otras.
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El estado jurídico del aborto se modificó en el 2006 con la sentencia C-355 de la Corte Constitucional que autoriza este procedimiento únicamente bajo tres causales: el peligro para la vida o la salud de la mujer, malformaciones del feto y violación. Esto nos deja en un contexto en que el aborto es al mismo tiempo un derecho y un delito. Situación bastante particular que además depende de la interpretación de jueces, médicos y religiosos: siempre un tercero el que toma la decisión, nunca las mujeres.
En términos generales, el Estado implementa un mandato moral ajeno, mediante el cual pretenden controlar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Termina siendo algo muy problemático, pues se trata de un marco legal que ni siquiera se interesa por reconocer a la mujer como un agente legítimo para la toma de decisiones. Decisiones que recaen exclusivamente sobre su cuerpo. “La penalización parcial o total minimiza la capacidad moral de las mujeres para decidir. Y esto tiene que ver con la dimensión corporal: totalmente ligada a la libertad de las mujeres, pues no es una dimensión, que afecte de la misma manera a los hombres. En general, ellos gozan de plena facultad en todo lo que tiene que ver con la autodeterminación y el proyecto de vida”, asegura González, médica y cofundadora de la Mesa.
Es decir, las mujeres seguimos teniendo menos derecho de decisión sobre nuestro cuerpo que los hombres.
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El modelo jurídico sobre el aborto es insuficiente porque es una contradicción que, en la práctica, produce desigualdades, estigmatiza y discrimina a las mujeres a través de barreras de acceso como la falta de información y problemas en el sistema de salud.
Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2015, el “42.1% de las mujeres y el 41.2% de los hombres de 13 a 49 años que han recibido alguna vez información acerca de la sexualidad cree que a lo largo de su vida les ha hecho falta mucha más información y educación sobre el tema. La proporción de mujeres y hombres que expresa esta opinión es mayor en personas sin educación, residentes en la zona rural y del quintil de riqueza más bajo”. Los departamentos más afectados son “La Guajira (50.3%), Guainía (51%), Magdalena (52.3%), Amazonas (52.3%), Huila (55.9%) y Chocó (59.4%)”.
A esto, entonces, se suma un problema social y educativo: dos variables que directa o indirectamente influyen ante la incidencia de embarazos no deseados y, por ende, la necesidad de abortar.
Además, desconocer o no comprender los fundamentos médicos y legales que cobijan el servicio del aborto genera e intensifica la desprotección que tienen las mujeres más vulnerables en situaciones de pobreza y maltrato. No es gratuito que en los estratos más bajos predomine la idea de que el aborto es más que todo un delito. Mientras que en los niveles más altos de educación, las mujeres que viven en zonas urbanas y pertenecen a un nivel de riqueza más alto manifiestan una actitud más favorable frente al aborto como derecho.
(Actualmente, se realizan todos los abortos con la ayuda de profesionales ya orientados en el tema. Las dos instituciones que prestan servicios de aborto legal son Profamilia y Oriéntame. A sus servicios sólo pueden acceder mujeres con un sistema de salud privado. Sin embargo, estas dos entidades también ofrecen un aborto legal para mujeres de bajos recursos a través de los convenios que tienen con la EPS).
En Causa Justa, señalan que el carácter parcial de la despenalización del aborto también implica fallas administrativas en el sistema de salud. Por ejemplo, cuando “las mujeres suelen ser dirigidas a distintas instituciones, las EPS/IPS carecen de sistemas de referencia eficientes, llevándolas a una cadena interminable de consultas que impide una respuesta oportuna para su solicitud de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Este tipo de aplazamientos injustificados y demoras en la atención generan que pase el tiempo haciendo que la edad gestacional de la mujer avance y dificultando, así, cada vez más el ejercicio del derecho. Por esta razón la búsqueda de otras alternativas aumenta: una gran cantidad de mujeres acuden a lugares clandestinos para realizar el aborto de manera ilegal. Un modo potencialmente inseguro, con alto riesgo de muerte, dado que no se tiene ninguna seguridad sobre los instrumentos ni las personas que ejecutan el procedimiento.
Aunque la clandestinidad es uno de los métodos más utilizados, parece no ser el único. En el capítulo “Nosotras decidimos”, Radio Ambulante cuenta que, a falta de opciones, algunas mujeres toman detergente, blanqueador de ropa, ácido, infusiones venosas, sobredosis de medicamentos, se introducen en la vagina ganchos de ropa, agujas de tejer y alambres.
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Hoy en día más del 60% de colombianas y colombianos estamos de acuerdo con legalizar el aborto. La Mesa hizo una encuesta en 31 ciudades del país, en donde demuestra que el “67% de las mujeres y 58% de los hombres consideran que sólo la mujer y nadie más debería tener influencia sobre la decisión de interrumpir el embarazo. El 20,7% de las mujeres piensa que debería ser una decisión de la pareja”.
Actualmente en el mundo se hace cada vez más evidente la defensa por la autonomía de las mujeres, por su derecho a decidir y a ser reconocidas como ciudadanas en plena igualdad. En el caso de Canadá —donde no existe el delito de aborto— la Corte concluyó que el sistema de causales no garantiza una oferta igualitaria ni accesible a los servicios de salud. Su sistema viene acompañado de políticas educativas y acceso a métodos anticonceptivos: herramientas que hacen del aborto seguro y legal un acto democrático que asegura la justicia social. Un buen ejemplo que demuestra, además, que la penalización el aborto no ha modificado la voluntad de las mujeres y tampoco lo hará en el futuro.
Por eso, vale la pena recordarle a nuestro candidato-delfín-conservador que es muy fácil para él —un hombre que nunca jamás tendrá (ni podrá) decidir sobre su cuerpo de esta manera— que el aborto es una decisión que le compete a cada mujer. No al Estado. No a la(s) Iglesia(s). No nuestra pareja. No a las familias. Mucho menos a un candidato a una alcaldía.
Como dice La Mesa: ninguna mujer puede ir presa por el delito de aborto. Tenemos que acompañarnos.
