OPINIÓN | La prioridad para el Estado no debería ser reducir el número de hectáreas, sino generar condiciones para que las comunidades no dependan de la coca.
Esta columna forma parte de nuestro proyecto #NiUnMuertoMas, de la estrategia latinoamericana de reducción de homicidios Instinto de Vida de Open Society Foundations e Igarapé. Para ver todos los contenidos haga clic aquí.
Lea la primera, segunda y tercera entrega de ‘Todos nuestros muertos’
Por Juan Carlos Garzón*
En el primer semestre de 2017 el conjunto de municipios con cultivos de coca tuvo un aumento del 14 por ciento en el número de homicidios, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Mientras tanto, en los municipios sin coca, los asesinatos se redujeron en 15 por ciento. No obstante, la escalada de las muertes letales en las zonas cocaleras no ha sido la misma en todos los territorios y no está estrictamente ligada a los cultivos ilícitos, más bien podría ser el resultado de una fase de restructuración de los actores ilegales en la cadena del narcotráfico.
Si bien el nuevo boom de la coca no parece tener una correlación estadística con la expansión del homicidio, en algunos municipios, la disputa por el control de la economía cocalera sigue siendo uno de los factores que disparan los asesinatos.
Los datos señalan que no necesariamente donde hay coca hay más violencia letal. Se estima que hubo un aumento en el número de homicidios durante el primer semestre del año, en casi la mitad de los 183 municipios con cultivos de coca. Si lo comparamos con las cifras del mismo periodo de 2016, en el 14% de esas regiones no hubo ningún cambio, mientras que en el 30% bajó el número de muertes violentas
Al observar lo que sucede en los diez municipios que concentran el mayor número de hectáreas de coca – 48 por ciento del total nacional — se encuentra que Tumaco (Nariño) y Tibú (Norte de Santander) tienen un aumento notable en el número de muertes violentas durante el primer semestre de 2017, con un alza del 52 y 58 por ciento respectivamente. Como lo señala un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz, desde el 2016, en estos dos municipios los homicidios vinculados con la reconfiguración y disputa por el control del narcotráfico entre diferentes actores armados comenzaron a subir.
En Tumaco, el ELN, disidentes y el denominado Clan del Golfo – con apoyo de redes criminales locales -intentan ocupar las rutas que antes eran manejadas por las Farc. En ese municipio, la disputa pasó de disidentes contra disidentes a las disidencias de las Farc en contra el Clan del Golfo. En Tibú, se ha dado un proceso de reconfiguración territorial, con una división del territorio entre el ELN y el EPL.
El alza de los homicidios en este municipio estaría relacionada, por un lado con la incursión del Clan del Golfo – y redes subcontratadas – en el casco urbano, y por otro con la incursión del EPL en zonas rurales y urbanas durante la concentración de las Farc y su movilización a la zona veredal de Caño Indio.
En ese lugar del país resalta el asesinato de dos líderes sociales que apoyaban la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Hay que resaltar lo que sucede en Guaviare: Si comparamos las cifras del primer semestre de 2016, en Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare, el número de muertes violentas en ese mismo periodo de este año subió. La misma tendencia se registró en La Montañita y Macarena en el departamento del Meta.
Sin embargo, en la lista de los diez municipios con mayor número de cultivos también hay territorios en los que no aumentaron los homicidios. Como ejemplos encontramos regiones como El Tambo (Cauca) el número de muertes violentas bajó 16 por ciento, en Valle del Guamuez (Putumayo) 31 por ciento, en Sardinata (Norte de Santander) 33 por ciento y en El Tarra (Norte de Santander)
No obstante, las formas de amenaza y control por parte de actores armados ilegales siguen vigentes. Las tendencias sugieren que, en la fase posterior a la firma de los acuerdos, las dinámicas de violencia difieren de región a región, pues están ligadas, en parte a la disputa por el control de las economías ilegales.
“Para detener este ascenso, se requiere de un nuevo equilibrio en estas zonas”
Mientras en algunos territorios, la transición de las Farc a la vida civil se ha dado – hasta ahora – de manera ‘pacífica’, en otros ha activado disputas que se reflejan en incrementos en las tasas de homicidios en 2017. Para detener este ascenso, se requiere de un nuevo equilibrio en estas zonas, que puede ser el resultado de la predominancia de un actor criminal o de la presencia fortalecida del Estado y la “domesticación” de las facciones ilegales, es decir, que el Estado logre que estas organizaciones al margen de la ley no incurran en violencia. Este es justamente el pulso que se juega tras la salida de las Farc.
La tregua con el ELN y el sometimiento a la justicia del Clan del Golfo podrían contribuir también a disminuir la violencia. Mientras que eso sucede, es urgente que el Estado resuelva la tensión entre la construcción de la paz – ligada a la implementación del acuerdo en esos territorios– y la lucha contra las drogas.
Si bien la idea de que mientras que haya coca será imposible cesar del todo el conflicto armado en estas zonas ha ido ganando adeptos, lo que nos dice la evidencia empírica es que la relación es a la inversa: se requiere fortalecer la presencia del Estado y proteger a las comunidades para conseguir que haya menos cultivos ilícitos. Cuando la política antinarcóticos es la guía para el despliegue y operación de la Fuerza Pública en los territorios, la seguridad de las poblaciones pasa a un segundo lugar.
En el caso específico de municipios como Tumaco y Tibú, la prioridad para el Estado no debería ser reducir a toda costa el número de hectáreas, sino generar las condiciones para que estas comunidades disminuyan su dependencia de esta economía ilegal, lo cual incluye la provisión de seguridad: ¿Qué ganaríamos si, al final del año, en estos municipios tenemos menos coca, pero más homicidios?
*Juan Carlos Garzón es investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y asesor regional del Instituto Igarapé. Este artículo fue realizado con la colaboración de Manuela Suárez, investigadora de la FIP.
